Victor Lopez Sanchez

Expediente 1636/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1636/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Victor Lopez Sanchez

Actuaciones

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1636/2019-II., promovido por Víctor López Sánchez, por derecho propio, contra actos del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca y otras autoridades, se integra por duplicado el presente incidente. Requerimiento de informe previo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo el que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; al efecto, remítase copia simple de la demanda. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, además de que se harán acreedoras a una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Señalamiento de audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del siete de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. Precisión acto reclamado. La orden de aprehensión, comparecencia, presentación, localización, retención o cualquier otra medida ordenada por las responsables. Procedencia de la suspensión provisional. Antes de entrar al estudio de la suspensión, es pertinente precisar que los artículos 107 fracción X de la Constitución General de la República, 128, 129, 138 fracción I y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario del amparo debe reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, las cuales son: la naturaleza de la violación alegada; la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso con su ejecución; los que la suspensión origine a los terceros interesados; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso. Concesión de la suspensión. Ahora bien, respecto de la privación de la libertad personal (orden de aprehensión), reclamada a las autoridades judiciales, se concede la suspensión provisional, para que no sea privado de su libertad con motivo de dicho acto; lo anterior, bajo los parámetros siguientes: I) Para el caso que el delito por el que se giró la orden de captura reclamada amerite prisión preventiva, conforme a lo dispuesto en la legislación procesal penal aplicable, se concede la medida cautelar, para el único efecto que una vez que sea capturado el quejoso, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere, quedando a disposición del Juez de la causa, para la continuación del procedimiento; hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. II) A su vez, en el supuesto que el delito por el que se libró la orden de captura reclamada no amerite prisión preventiva, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado de su libertad personal, hasta en tanto, se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva. Por lo que respecta a la privación de la libertad personal (orden de comparecencia, presentación, localización o retención), reclamada a las autoridades administrativas se concede la suspensión provisional y los efectos serán que no se realice la presentación del quejoso ante la autoridad investigadora por medio de la fuerza pública, esto es, no sea privado de su libertad personal con motivo de dichas órdenes. Es así, porque las órdenes de búsqueda, localización, presentación o comparecencia, si bien no constituyen una orden de detención, de manera temporal afecta la libertad deambulatoria del quejoso, por lo que procede otorgar la suspensión en los términos citados. Es aplicable en lo conducente, jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a.), visible en la página 1059, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 160811, Décima Época, que a la letra dice: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada". Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva. En el entendido que la medida cautelar decretada no tiene el efecto de paralizar la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, tal como lo establece el artículo 150 de la Ley de la Materia; y, tampoco tiene efectos si proviene de alguna autoridad distinta a las señaladas como responsables. Requisitos de efectividad de la suspensión concedida. Garantía. A la fecha no se tienen datos precisos sobre la naturaleza del delito atribuido al quejoso, ni aporta documento alguno que acredite su situación económica y menos aún se tienen datos ciertos para determinar la posibilidad de que se sustraigan de la acción de la justicia. En ese orden, al considerar que el acto impugnado deriva de un procedimiento penal y afecta la libertad del quejoso, acorde con el artículo 168 de la Ley de Amparo, que faculta a este juzgado a fijar los requisitos y efectos de la suspensión provisional, se estima necesario determinar las medidas de aseguramiento siguientes: 1) Deberá otorgar garantía a satisfacción de este juzgado por $5. 000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), misma que podrá exhibir en cualquiera de las formas establecidas por la ley, dentro del plazo de cinco días, en conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento del agraviado que en caso de exhibir la garantía antes precisada en billete de depósito, este deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, es decir, en este se deberá hacer constar que: El depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. Se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo del Apoyo a la Administración de Justicia para solicitar y recibir información de la institución crediticia depositaria que le permita el control del depósito. 2) Exceptuado el caso de la suspensión concedida contra la orden de aprehensión decretada por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa y el quejoso estuviese en libertad, deberá comparecer dentro del plazo de tres días ante la responsable ordenadora a declarar en relación con los hechos que se le imputan, para que continúe surtiendo efectos la suspensión, lo cual tienen que acreditar con las constancias respectivas ante este juzgado de Distrito. 3) Asimismo, deberá presentarse tantas y cuantas veces sea requerida su presencia por la responsable y cumplir con todas las obligaciones que se le impongan en relación con la carpeta administrativa en que se encuentre involucrado, con la acotación efectuada en el numeral que antecede. En la inteligencia que, la medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado, y en su caso, de la autoridad que la emitió, lo cual ocurre cuando las autoridades responsables rinden su informe previo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil ocho, Novena Época, con número de registro 170432, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a las anteriores medidas de aseguramiento, la suspensión será revocada y quedarán expeditas las facultades para ejecutar el acto combatido, como lo prevén los artículos 166 y 167 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, la suspensión decretada no surtirá efecto legal alguno, si se sorprende al agraviado en la comisión de flagrante delito, o si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables o si el acto resulta ser uno distinto a los combatidos en el presente asunto. En la inteligencia que la suspensión otorgada, no surtirá efectos en tratándose de actos posteriores a la concesión de la misma. Autoridades inexistentes. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en caso que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se tendrá como inexistentes y por ende no se les dirigirá comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia incidental el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Autorizados.. En atención al contenido de la certificación de cuenta se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Andrea Lucia Cervantes Medina, por encontrarse registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las demás personas nombradas en términos restringidos, por no contar con la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por no tener dicho registro. Domicilio procesal. En otro orden, de conformidad con el artículo 26 fracción lll, la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en el local que ocupa este Juzgado de Distrito, toda vez que no señaló domicilio en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, ello aunado a que cuenta con autorizados en el presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este Juicio de Garantías; de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia interlocutoria, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Visto el oficio y anexo de cuenta, envidados por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelia, Michoacán, a través del cual hace del conocimiento el auto de doce de diciembre del presente año, emitido en el juicio de amparo 1367/2019 de su índice estadístico, en el que determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Víctor López Sánchez, por derecho propio, contra actos del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca y otras autoridades; por tanto, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto, acúsese el recibo de estilo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1636/2019-II. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda intentada. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado el quejoso. Intervención del ministerio público. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al artículo 26 fracción III, de la ley de la materia, notifíquesele por lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el presente acuerdo; dejando a su disposición en este órgano judicial, copia simple de la demanda y auto admisorio. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil veinte para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclaman; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Autoridades inexistentes. Se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrán como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Autorizados.. En atención al contenido de la certificación de cuenta se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Andrea Lucia Cervantes Medina, por encontrarse registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las demás personas nombradas en términos restringidos, por no contar con la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por no tener dicho registro. Domicilio procesal. En otro orden, de conformidad con el artículo 26 fracción lll, la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en el local que ocupa este Juzgado de Distrito, toda vez que no señaló domicilio en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, ello aunado a que cuenta con autorizados en el presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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