Victor López Ramirez
Expediente 595/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2017
Partes del expediente
- Victor López Ramirez
Actuaciones
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; ocho de mayo de dos mil diecisiete. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo recibida vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, promovida por ************* por propio derecho, contra actos del Secretario Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese expediente y regístrese con el número 595/2017-IV. Desechamiento. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." De análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que el impetrante reclama: - El acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 443/2017 por el Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el que se declaró incompetente para conocer y resolver del juicio y ordenó remitirlo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por los ordinales 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, 172 y 174 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo en estudio. Lo anterior, pues del escrito de amparo se obtiene lo siguiente: - Víctor López Ramírez demandó de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, diversas prestaciones. - Dicha demanda fue radicada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con el número 443/2017. - Mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, determinó carecer de competencia y ordenó remitirla al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Tal actuación constituye el acto reclamado. En virtud de ello, se precisa que, el proveído reclamado no constituye acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." De lo transcrito se obtiene que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen tácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio y por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan tales valores. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, por regla general, entre otros supuestos, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga un sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de un sentencia favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En lo conducente, es aplicable, la jurisprudencia 189 visible en la páginas 154, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sobre la base expuesta, se colige que el acto reclamado en la presente vía de amparo, consistente en el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 443/2017 por el Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el que se declaró incompetente para conocer y resolver del juicio y ordenó remitirlo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, no afecta de modo inmediato derechos de carácter sustantivo, como son los que se contienen en los derechos fundamentales, toda vez que, si bien es cierto el tribunal responsable determinó declararse incompetente para seguir conociendo del procedimiento laboral 443/2017, también lo es que se tendría que verificar si se aceptó o no la competencia declinada y, en el supuesto de que no se aceptare, tendría que promoverse el conflicto competencial correspondiente y en consecuencia, estarse a lo que en su momento se resolviera respecto de tal conflicto. Por tanto, el acto reclamado, por sí solo, no infringe de manera directa e "inmediata los derechos sustantivos de la peticionaria de amparo, puesto que, en hipótesis de que no sea aceptada la competencia declinada y, en caso de que se resuelva el conflicto competencial que se llegue a instaurar, en ese sentido, cesarían los efectos de las posibles violaciones adjetivas que reclama, sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia P./J.29/2015 (10a), publicada en la página 22 de la Gaceta del Semanario Judicial de Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, con número de registro 2009912, cuyo rubro y texto son: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. Asimismo, la jurisprudencia P./J.17/2015 (10a), publicada en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, con número de registro 2009721, de contenido: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." No pasa inadvertido para este Juzgado de Distrito lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en vigor, contenido en el título segundo denominado: "De los Procedimientos de Amparo", capítulo I, "El Amparo indirecto", sección primera, "procedencia y demanda", en su redacción vigente a partir del tres de abril de dos mil trece que, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". De donde se advierte que el juicio de amparo en la vía indirecta procede contra actos de autoridad que determinen declinar su competencia o el conocimiento de un asunto, precepto que actualmente, si bien es cierto incluye dentro de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, aquellas resoluciones relativas a la competencia; lo cierto es que, también debe atenderse a las reglas de procedencia que lo rigen, respecto de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, procede contra actos dentro del juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, como quedó precisado, el acto reclamado en la vía constitucional fue la determinación en que de inicio la autoridad declara su incompetencia legal, sin saber si la diversa local a la cual se la declinó, la acepta o no, esa resolución no trae aparejada una transgresión de imposible reparación que cause un grado de afectación predominante o superior al quejoso, contra la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, pudiera proceder el juicio de amparo indirecto. En tal virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, procede desechar la demanda promovida por Víctor López Ramírez, contra actos del Secretario Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. En abono a lo anterior, es pertinente indicar que si bien es cierto, en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador estableció puntualmente en la fracción VIII, del artículo 107, que el juicio biinstancial procede en contra de aquéllos actos de autoridad, en los que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; no menos cierto es que, en el caso particular, la determinación reclamada no es la resolución definitiva que establezca el conocimiento del asunto, ya que una vez que se acepte la competencia, o en su caso, la que resuelva el conflicto competencial que se llegue a suscitar, es cuando en su caso sería procedente el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, al existir disposición expresa que delimita la procedencia del juicio de amparo, en cuanto a los actos de autoridad relativos a la competencia legal de la autoridad responsable y no encuadrar el acto reclamado en ninguno de sus supuestos, debe de desecharse la demanda de amparo. Domicilio. Notifíquese al quejoso, vía electrónica las determinaciones que se dicten en el presente asunto, conforme a las reglas previstas en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. De igual manera, en la consulta de expediente electrónico, se encontró registró del usuario VICTOR.L.R., en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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