Victor Joel Santos Ramirez
Expediente 81/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Joel Santos Ramirez
Actuaciones
- Principal
MESA II. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintitrés de enero del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA II.Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Joel Santos Ramírez, quien se ostenta Secretario General del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, contra los actos que reclama del Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con residencia en la Ciudad de México, y de otras autoridades, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto ahora reclamado, es una licencia emitida por una autoridad administrativa federal, cuyos actos se encuentran regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El citado precepto legal establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) Esencialmente, la norma transcrita consagra la infracción a la inobservancia del principio constitucional de definitividad que rige en el juicio de amparo. De acuerdo con tal principio, el juicio resulta improcedente si antes de promoverlo no se interpuso el recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, aun cuando la parte interesada no lo hubiera hecho valer oportunamente. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establezca para impugnarlo de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, el amparo resulta improcedente. Indiscutiblemente, ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de control constitucional como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados. En efecto, el juicio de amparo representa una figura jurídica instituida para frenar los abusos y arbitrariedades de las autoridades, toda vez que su código de valoración es la Constitución General de la República, que expresa la más pura voluntad del pueblo sobre sus propias reglas de gobierno y, en específico, el catálogo de derechos mínimos e irreductibles de todo individuo. Es así que tal medio de control constitucional no puede ser empleado como un simple recurso más, obligatorio para combatir cualquier acto de autoridad, sino sólo aquellos que ya no puedan ser atacados ordinariamente. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, intentando que su promoción y la consecuente activación del mecanismo de control constitucional encargado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando la conducta de la autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. A fin de explicar por qué se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, se reitera que el acto reclamado lo constituye la autorización otorgada a Armando Manzanero Canché, por el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con residencia en la Ciudad de México, mediante oficio 00330, de uno de noviembre de dos mil diecisiete, para la realización de un evento denominado "Celebrando a Armando Manzanero en vivo desde Chichen Itzá", el tres de febrero del año en curso, dentro de las instalaciones de la zona arqueológica de Chichen Itzá, y en consecuencia, los permisos, licencias, orden y aprobación para que los monumentos arqueológicos sean administrados por terceros durante el evento de referencia, así como la omisión de proteger y conservar la zona arqueológica de Chichen Itzá, ubicada en el municipio de Tinum, Yucatán, derivada de la autorización impugnada por esta vía constitucional. El artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por autoridades fiscales que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Luego, como la autorización de uno de noviembre de dos mil diecisiete, por oficio 00330 a Armando Manzanero Canché, fue emitida por el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con residencia en la Ciudad de México, la cual resulta ser una autoridad administrativa federal, es inconcuso que debió impugnarse a través del juicio contencioso administrativo federal antes de combatirla en amparo. Máxime que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad, puesto que, en el caso, no se reclama la fundamentación del acto, en razón de que basta examinarlo objetivamente para advertir que en él se invocaron diversas normas jurídicas. En el presente juicio, no se reclamó la inconstitucionalidad de alguna norma general autoaplicativa o heteroaplicativa. Además, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado dentro del juicio contencioso administrativo federal, que aquellos que exige la Ley de Amparo vigente en la época de la presentación de la demanda, para otorgar dicha medida cautelar. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia siguiente: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En esa tesitura, la autorización de uno de noviembre de dos mil diecisiete, por oficio 00330 a Armando Manzanero Canché, que fue emitida por el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con residencia en la Ciudad de México, para que se lleve a cabo un evento en la zona arqueológica de Chichen Itzá, y en consecuencia, los permisos, licencias, orden y aprobación para que los monumentos arqueológicos sean administrados por terceros durante el evento de referencia, así como la omisión de protegerlos y conservarlos derivada del permiso impugnado, carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR Víctor Joel Santos Ramírez, quien se ostenta Secretario General del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como autorizados para tal fin a Irving Espinosa Betanzo, Rebeca Carolina Cervantes Ortiz y Carlos Iram González Martínez, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, Ante los Órganos Jurisdiccionales. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
- Principal
MESA II.Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Joel Santos Ramírez, quien se ostenta Secretario General del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, contra los actos que reclama del Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con residencia en la Ciudad de México, y de otras autoridades, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto ahora reclamado, es una licencia emitida por una autoridad administrativa federal, cuyos actos se encuentran regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El citado precepto legal establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) Esencialmente, la norma transcrita consagra la infracción a la inobservancia del principio constitucional de definitividad que rige en el juicio de amparo. De acuerdo con tal principio, el juicio resulta improcedente si antes de promoverlo no se interpuso el recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, aun cuando la parte interesada no lo hubiera hecho valer oportunamente. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establezca para impugnarlo de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, el amparo resulta improcedente. Indiscutiblemente, ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de control constitucional como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados. En efecto, el juicio de amparo representa una figura jurídica instituida para frenar los abusos y arbitrariedades de las autoridades, toda vez que su código de valoración es la Constitución General de la República, que expresa la más pura voluntad del pueblo sobre sus propias reglas de gobierno y, en específico, el catálogo de derechos mínimos e irreductibles de todo individuo. Es así que tal medio de control constitucional no puede ser empleado como un simple recurso más, obligatorio para combatir cualquier acto de autoridad, sino sólo aquellos que ya no puedan ser atacados ordinariamente. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, intentando que su promoción y la consecuente activación del mecanismo de control constitucional encargado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando la conducta de la autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. A fin de explicar por qué se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, se reitera que el acto reclamado lo constituye la autorización otorgada a Armando Manzanero Canché, por el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con residencia en la Ciudad de México, mediante oficio 00330, de uno de noviembre de dos mil diecisiete, para la realización de un evento denominado "Celebrando a Armando Manzanero en vivo desde Chichen Itzá", el tres de febrero del año en curso, dentro de las instalaciones de la zona arqueológica de Chichen Itzá, y en consecuencia, los permisos, licencias, orden y aprobación para que los monumentos arqueológicos sean administrados por terceros durante el evento de referencia, así como la omisión de proteger y conservar la zona arqueológica de Chichen Itzá, ubicada en el municipio de Tinum, Yucatán, derivada de la autorización impugnada por esta vía constitucional. El artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por autoridades fiscales que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Luego, como la autorización de uno de noviembre de dos mil diecisiete, por oficio 00330 a Armando Manzanero Canché, fue emitida por el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con residencia en la Ciudad de México, la cual resulta ser una autoridad administrativa federal, es inconcuso que debió impugnarse a través del juicio contencioso administrativo federal antes de combatirla en amparo. Máxime que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad, puesto que, en el caso, no se reclama la fundamentación del acto, en razón de que basta examinarlo objetivamente para advertir que en él se invocaron diversas normas jurídicas. En el presente juicio, no se reclamó la inconstitucionalidad de alguna norma general autoaplicativa o heteroaplicativa. Además, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado dentro del juicio contencioso administrativo federal, que aquellos que exige la Ley de Amparo vigente en la época de la presentación de la demanda, para otorgar dicha medida cautelar. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia siguiente: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En esa tesitura, la autorización de uno de noviembre de dos mil diecisiete, por oficio 00330 a Armando Manzanero Canché, que fue emitida por el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con residencia en la Ciudad de México, para que se lleve a cabo un evento en la zona arqueológica de Chichen Itzá, y en consecuencia, los permisos, licencias, orden y aprobación para que los monumentos arqueológicos sean administrados por terceros durante el evento de referencia, así como la omisión de protegerlos y conservarlos derivada del permiso impugnado, carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR Víctor Joel Santos Ramírez, quien se ostenta Secretario General del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como autorizados para tal fin a Irving Espinosa Betanzo, Rebeca Carolina Cervantes Ortiz y Carlos Iram González Martínez, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, Ante los Órganos Jurisdiccionales. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
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