Victor Ignacio Gil Hernandez

Expediente 2379/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2379/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
03/02/2022

Partes del expediente

  • Victor Ignacio Gil Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el diecisiete de enero del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Auxiliar de la Junta Especial Número Tres en funciones de Presidente por ausencia temporal de su Titular, con sede en esta ciudad. Ahora bien, en principio, se estima pertinente precisar que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, el directo quejoso Víctor Ignacio Gil Hernández, presentó su demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado. En dicha demanda, el quejoso reclamó de la Junta señalada como responsable, la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 434/2010. En tanto que al rendir su informe justificado, la Junta responsable precisó, que el tres de enero de dos mil diecinueve, esto es, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, decretó la caducidad del mismo, lo cual notificó a las partes por lista de estrados en esa misma fecha. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Ello, cuenta habida que, como quedó precisado con antelación, la omisión de dar dictar el laudo correspondiente, deviene inexistente, precisamente porque con anterioridad a la presentación de la demanda, esto es, desde el tres de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable decretó la caducidad del juicio laboral 434/2010, lo cual notificó a las partes por lista de estrados, en esa misma fecha. Por tanto, es notorio y manifiesto que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no existía la omisión que se le pretende atribuir a la Junta responsable, precisamente porque desde el tres de enero de dos mil diecinueve, decretó la caducidad en el juicio laboral de origen. En ese tenor, se estima que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que esta Juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituir a la parte quejosa en el goce de derechos respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito; toda vez que en el caso particular, la constancia que en este acto se agrega, actualiza indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintitrés minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Finalmente, debe decirse que no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; ello, toda vez que con el sentido de la presente determinación, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556, que establece: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; catorce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no rindió su correspondiente informe justificado a pesar de estar debidamente notificado. Por otra parte, requiérase a dicha autoridad para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita copias certificadas de la totalidad de las constancias que integren el juicio laboral de origen 434/2010; lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se les impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En virtud de lo anterior, se señala el VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 2473/2021, suscrito por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, con anexo que adjunta, sin que sea el caso dictar providencia alguna, ya que, en proveído de ocho de diciembre de la presente anualidad, se recibió lo relativo a la información que proporciona y se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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