Víctor Isaac Valencia Orta
Expediente 565/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Isaac Valencia Orta
Actuaciones
- Principal
En cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el folio 12544. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO COMPETENCIAL. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, al que acompaña testimonio autorizado, de la ejecutoria emitida en sesión de trece de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del conflicto competencial número 19/2023, en el cual se declaró al Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por **, contra actos del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades. Acúsese recibo a la superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno con que cuenta este Juzgado. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 19, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con lo establecido en el referido artículo del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de seis meses de conservación, previo a la visita física destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir dentro de los treinta días siguientes constancia de la baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. COLEGIADO INFORMA ADMISIÓN DE CONFLICTO COMPETENCIAL. Téngase al Actuario del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, informando que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mismo que se registró con número 19/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho
- Principal
En veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 10801. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Agréguese a los autos, el oficio que remite el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el titular del referido juzgado insiste en la competencia declinada, respecto del juicio de amparo 469/2023, de su índice, y remitió dicho expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esa ciudad, para lo que a bien tenga determinar, en el conflicto competencial planteado. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En once de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta a la secretaria encargada del despacho, con un oficio y anexos, recibido físicamente en la oficialía de partes de este Juzgado, registrado bajo el folio 10253. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de agosto de dos mil veintitrés. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. REGISTRO. Por recibido el oficio suscrito por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que adjunta el juicio de amparo ********************/2023, formado con motivo de la demanda promovida por ********************, contra actos del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades, en razón a que estimó carecer de competencia legal para conocer de la misma, por razón de territorio; por tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ********************/2023. 1.2. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. Ahora bien, este Órgano de Control Constitucional, no comparte el criterio sostenido por Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con apoyo en las consideraciones y fundamentos que a continuación se exponen. En principio, es oportuno destacar que, la competencia por razón de territorio se encuentra regulada por los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, los cuales señalan: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" LEY DE AMPARO "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior, se colige que, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto que se promueve contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridades administrativas, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; de lo cual se desprende la voluntad del Constituyente de atribuir competencia al juez del lugar en donde haya de ejecutarse o se ejecute el acto, lo que implica facilitar al agraviado ocurrir al juzgado de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en cada uno de sus párrafos diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: a. Será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se promueva la demanda. c. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El precepto en consulta indica que, por regla general, son competentes para conocer del juicio de amparo los jueces que tengan jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo parte de la naturaleza y el lugar en que tiene o tendrá ejecución el acto reclamado; siendo que las dos primeras reglas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. Asimismo, el legislador previó una salvedad a la hipótesis anterior la cual se actualiza cuando los actos reclamados: a) Puedan tener ejecución en más de un distrito; b) Se hayan comenzado a ejecutar en uno y se continúen ejecutando en otro; o c) Carezcan de ejecución material. En ese tipo de asuntos, se determinó que deberá conocer del asunto, el Juez de Amparo ante el que se haya presentado la demanda. En vista de ello, la diferencia entre el primer y segundo párrafos del artículo 37 de la Ley de Amparo, estriba en que mientras el primero presupone que la ejecución se materializa en un solo lugar o en una sola jurisdicción; el segundo, en cambio, contempla la posibilidad de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito, esto es, que por la naturaleza de tracto sucesivo del acto, éste se realiza de manera continuada en dos o más lugares. Así, en ese párrafo segundo el legislador creó una regla de competencia territorial que, comprendiendo esos dos o más lugares de ejecución, se define a favor del juez de Distrito ante el que materialmente se hubiera presentado la demanda de amparo, es decir, de quien previno en el conocimiento del asunto. Precisado lo anterior, procede establecer, el acto reclamado y su naturaleza, para delimitar cuál de las hipótesis contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia, se actualiza en el caso concreto. En ese orden, según se desprende del análisis de la demanda de amparo, el quejoso reclama lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable ordenadora, se reclama el hecho de haber ordenado y ejecutado el traslado por medidas de seguridad del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla "Modulo Diamante" al actual CEFERESO número 17 "CPS" Michoacán. (...) La resolución de fecha 15 de octubre de 2021 emitida por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el cual confirma la legalidad de traslado. (...) El dar nuevamente por legal traslado el día 20 de mayo de 2022 emitida por el Doctor Nemecio Guevara Rodríguez, Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penal de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Tres, con sede en el Reclusorio Oriente. (...) La resolución de fecha 1 de febrero del 2023, emitida por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el cual nuevamente confirma la legalidad del traslado. (...)" De lo anterior, se aprecia que el quejoso reclama la orden de traslado y su ejecución, así como las resoluciones que califican y confirman de legal el traslado. Al respecto, cabe señalar que, por su naturaleza jurídica, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, constituye un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que la persona de que se trata es ingresada en el otro centro penitenciario. Por ello, para que se cumpla la orden de la autoridad se requiere de tres momentos que conforman el traslado: 1.- El primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido. 2.- El segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto. 3.-El tercero, es aquél por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, en esta etapa culmina la ejecución de la orden. En el caso, de los antecedentes expuestos en la demanda de amparo, se advierte que la orden de traslado del quejoso comenzó a ejecutarse en la Ciudad de México, en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla "Modulo Diamante", pues ahí es donde se encontraba recluido y de donde se extrajo, y culminó su ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicado municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, lugar al que fue trasladado. Por lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que en el caso, se actualiza la segunda hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que los actos reclamados comenzaron a ejecutarse en un Distrito y siguieron ejecutándose en otro, como se puso de relieve con antelación, por ello es competente el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda. Lo anterior, con independencia si el traslado ya se había ejecutado al momento de presentar la demanda de amparo, puesto que esa circunstancia de ningún modo quita a ese acto de autoridad el ser de tracto sucesivo, pues en atención a su naturaleza jurídica es de los que requieren ejecución material, la cual, como se señaló in supra, se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta última condición, relacionada con la esencia misma del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo promovidos en su contra, sin importar si la ejecución ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Bajo ese orden de ideas, si de los antecedentes narrados por el quejoso en su escrito inicial se desprende que la ejecución de la orden de traslado a la fecha de presentación de la demanda ya se había ejecutado, esa sola circunstancia no lleva a concluir que la competencia territorial para conocer del juicio de amparo promovido en su contra deba decidirse en favor de este Juzgado en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues por la naturaleza jurídica del acto, la mencionada competencia debe fijarse conforme a las reglas aplicables a los actos de autoridad que sí requieren ejecución material, sin importar el estadio en que la misma se encuentre. Esto es así, pues conforme a esa fracción si la citada ejecución debe comenzar en un Distrito Judicial y continuar ejecutándose en otro, la competencia territorial para conocer del caso corresponderá a los Juzgados de Distrito con jurisdicción en cualquiera de esos lugares, a prevención, inclusive, si el traslado está totalmente ejecutado, pues su consumación no modifica su naturaleza jurídica. Tales consideraciones fueron plasmadas en la contradicción de tesis 322/2017, de la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la jurisprudencia 63/2019 , de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia." En dicha ejecutoria las posturas contendientes que se analizaron estuvieron encaminadas a decidir la competencia territorial de los Jueces de Distrito, tomando como referencia la naturaleza de la orden de traslado de un reo y las circunstancias en que se materializaría o materializó su ejecución. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recordó que al resolver la contradicción de tesis 90/2007, determinó que, por su naturaleza jurídica, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, constituye un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que la persona de que se trata es ingresada en el otro centro penitenciario. Con base en ello se concluyó, con apoyo en lo previsto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, actualmente abrogada, que si esa orden comienza a ejecutarse en un Distrito Judicial y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, sería el legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido en su contra. Enseguida procedió a dar respuesta a la interrogante ¿qué sucede cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, o bien, está totalmente ejecutada? La respuesta se hizo en el sentido de que la orden de traslado al ser un acto de tracto sucesivo, es un factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Bajo ese orden de ideas, la Primera Sala concluyó que si de los antecedentes narrados por el quejoso en su escrito inicial se desprende que la ejecución de la orden de traslado aún no inicia, o bien, ya se ejecutó, esa sola circunstancia no hace que pierda la condición de tracto sucesivo. Así, la Sala dispuso que atento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, si la orden de traslado debe tener ejecución, trata de ejecutarse, se está ejecutando o se ejecutó en un solo Distrito Judicial, del asunto conocerá el juzgado que ejerza jurisdicción en dicho lugar, pero si la citada ejecución debe comenzar en un Distrito Judicial y continuar ejecutándose en otro, la competencia territorial para conocer del caso corresponderá a los Juzgados de Distrito con jurisdicción en cualquiera de esos lugares, a prevención, en términos de lo previsto en su párrafo segundo del aludido numeral, inclusive, si el traslado está totalmente ejecutado, pues su consumación no modifica su naturaleza jurídica. Con base en lo anterior, es claro que la postura de la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia de amparo Penal en la Ciudad de México, no encuentra sustento legal; en tanto que, acorde a las consideraciones expuestas, le corresponde la competencia para conocer de la demanda de amparo en términos del artículo 37, párrafo Segundo de la Ley de Amparo, por haberse presentado la demanda ante el Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México en turno, del que inicialmente correspondió al Juzgado Noveno de dicha especialidad. Por tanto, con fundamento en el artículo 37, párrafo segundo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgador no acepta la competencia planteada y se ordena devolver los autos del juicio de amparo ********************/2023 al Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar; solicitándose atentamente el acuse de recibo de estilo, y tenga a bien informar el pronunciamiento que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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