VICTOR HUGO VALLADARES BARAJAS y Otros.
Expediente 671/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victor Hugo Valladares Barajas
- VICTOR HUGO VALLADARES BARAJAS y Otros.
- Francisco Valladares Villanueva
- Licenciada Martha Isela Sanchez Coria, Titular de la Notaria Pública Ciento Ochenta Y Siete En el Estado Con Ejercicio Y Residencia En la Ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: CAUSA EJECUTORIA Toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto que sobreseyó en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En esa virtud, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal; debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En los autos del cuaderno incidental se aprecia que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En esa virtud, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: ACTA DE RATIFICACIÓN Agréguese al sumario, para que obre como corresponda, el acta de ratificación del manuscrito registrado bajo el folio ********************, del índice de este juzgado, levantada en catorce de febrero del presente año; de lo anterior, se toma el debido conocimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo ******************** y su acumulado ********************, promovido por ********************y********************, por su propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. 1.1. Presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto ********************. Mediante ocurso presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, Francisco Valladares Villanueva, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de las autoridades que hicieron consistir en: "(.) AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1.- LA C. Lic. MARTHA ISELA SANCHEZ CORIA Titular de la Notaria Pública Ciento Ochenta y Siete en el Estado con ejercicio y residencia en la Ciudad de Uruapan, Michoacán con domicilio en la esquina que forman la calle Roma y Paseo Lázaro Cárdenas segundo piso en esta Ciudad de Uruapan, Michoacán. 2.- El C. LIC. ALFREDO RAMIREZ BEDOLIA, Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con domicilio en Avenida Francisco 1. Madero Poniente número 63, (Palacio de Gobierno) de la Ciudad de Morelia, Michoacán. 3.- El C. LIC. CARLOS TORRES PIÑA, Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con domicilio en Avenida Francisco I. Madero Poniente número 63, (Palacio de Gobierno) de la Ciudad de Morelia, Michoacán. 4.- LA C. Licenciada MONICA ERANDI AYALA GARCIA, Directora del Notariado y Archivo General de Notarias en el Estado, con domicilio en Avenida Raza Maya sin número esquina con calle Ingeniero Heber Soto Fierro, de la colonia Lomas de Santiaguito, de la Ciudad de Morelia, Michoacán. 5.- El C. LIC. LIBERO MADRIGAL FLORES, Titular de la Notaria Pública Ciento Setenta en el Estado con ejercicio y residencia en la Ciudad de Uruapan, Michoacán con domicilio en la calle Argentina número noventa y ocho de la colonia Los Angeles en esta Ciudad de Uruapan, Michoacán. (.) ACTOS RECLAMADOS.- De dicha autoridad responsable le reclamo el no dar continuidad y culminación al trámite solemne de escrituración que celebré, así como que tampoco se me informa ante quién y en donde se encuentra la escritura pública número 1377 mil trescientos setenta y siete, Volumen número VEINTISEIS de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintidós consistente en EL CONTRATO DE COMPRAVENTA, QUE CELEBRAN DE UNA PARTE, LA SEÑORA MARIA FELICITAS ARREGUIN SANDOVAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODARADA LEGAL LA SEÑORA ANAI MARAVILLA ARREGUIN, COMO VENDEDORA; y, los señores FRANCISCO VALLADARES VILLANUEVA Y VICTOR HUGO VALLADARES BARAJAS, COMO COMPRADORES, la cual se celebró ante el Fedatario Público titular de la Notaria Pública número 187 ciento ochenta y siete en el Estado, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, mismo que fue asesinado el día 7 siete de abril del año en curso, situación está por la cual las instalaciones de dicha notaria ubicada en la calle Durango número 3 letra "A" de la colonia Ramón Farías fueron cerradas al público en general, y desde entonces solo se me ha informado que las autoridades ahora señaladas como responsables, serán las que designaran quien seguirá con la continuación del trámite de mi escritura, misma que manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que se encuentra totalmente pagada en su totalidad tanto en honorarios como impuestos fiscales correspondientes, desde el momento que se celebró ante el Fedatario Público Lic. Ricardo Alberto Esparza Cortina. Situación está que se ha prolongado en exceso, puesto que ya ha transcurrido aproximadamente ocho meses desde su firma y no se me ha entregado mi escritura con todos los tramites de autorización, así como que tampoco se me ha informado cual es el estado de trámite en que se encuentra y/o quién proseguirá con el mismo. (.)". Asimismo, en su escrito de ampliación, la parte quejosa señalo, lo siguiente: "(.) II.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS QUE HEMOS RECURRIDO EN FORMA PRESENCIAL TANTO CON EL NOTARIO PUBLICO NUMERO 170 EN EL ESTADO, A SOLICITAR INFORMES SOBRE NUESTRA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1377, EN DONDE FUIMOS INFORMADOS QUE SOLO TENIAN UNA PARTE DE ESCRITURAS, PERO QUE NO SE ENCONTRABA LA NUESTRA, Y QUE ACUDIERAMOS CON LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 187 EN EL ESTADO, SIENDO ESTA ULTIMA QUIÉN NI SIQUIERA NOS QUISO RECIBIR Y AL PRESENTARLE A SU SECRETARIA POR ESCRITO LA SOLICITUD EN LA CUAL LE PEDIAMOS INFORMES SOBRE EL TRAMITE DE LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1377 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE VOLUMEN VEINTISEIS, TAMPOCO NOS LO RECIBIO Y MUCHO MENOS SELLAR DE RECIBIDO NUESTRA PETICION, CON LO QUE NOS DEJA EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN; POR LO QUE LE SOLICITAMOS PARA AUTORICE A QUIEN CORRESPONDA Y LE HAGA SABER NUESTRA APREMIENTE NECESIDAD DE QUE SE NOS ENTREGUE LA ESCRITURA YA CONCLUIDA EN SUS TRAMITES LEGALES A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. (.)". 1.2. Presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto ********************. Mediante ocurso presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo,********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de las autoridades que hicieron consistir en: "(.) AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1.- LA C. Lic. MARTHA ISELA SANCHEZ CORIA Titular de la Notaria Pública Ciento Ochenta y Siete en el Estado con ejercicio y residencia en la Ciudad de Uruapan, Michoacán con domicilio en la esquina que forman la calle Roma y Paseo Lázaro Cárdenas segundo piso en esta Ciudad de Uruapan, Michoacán. 2.- El C. LIC. ALFREDO RAMIREZ BEDOLIA, Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con domicilio en Avenida Francisco 1. Madero Poniente número 63, (Palacio de Gobierno) de la Ciudad de Morelia, Michoacán. 3.- El C. LIC. CARLOS TORRES PIÑA, Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con domicilio en Avenida Francisco I. Madero Poniente número 63, (Palacio de Gobierno) de la Ciudad de Morelia, Michoacán. 4.- LA C. Licenciada MONICA ERANDI AYALA GARCIA, Directora del Notariado y Archivo General de Notarias en el Estado, con domicilio en Avenida Raza Maya sin número esquina con calle Ingeniero Heber Soto Fierro, de la colonia Lomas de Santiaguito, de la Ciudad de Morelia, Michoacán. 5.- El C. LIC. LIBERO MADRIGAL FLORES, Titular de la Notaria Pública Ciento Setenta en el Estado con ejercicio y residencia en la Ciudad de Uruapan, Michoacán con domicilio en la calle Argentina número noventa y ocho de la colonia Los Angeles en esta Ciudad de Uruapan, Michoacán. (.) ACTOS RECLAMADOS.- De dicha autoridad responsable le reclamo el no dar continuidad y culminación al trámite solemne de escrituración que celebré, así como que tampoco se me informa ante quién y en donde se encuentra la escritura pública número 1377 mil trescientos setenta y siete, Volumen número VEINTISEIS de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintidós consistente en EL CONTRATO DE COMPRAVENTA, QUE CELEBRAN DE UNA PARTE, LA SEÑORA MARIA FELICITAS ARREGUIN SANDOVAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODARADA LEGAL LA SEÑORA ANAI MARAVILLA ARREGUIN, COMO VENDEDORA; y, los señores FRANCISCO VALLADARES VILLANUEVA Y VICTOR HUGO VALLADARES BARAJAS, COMO COMPRADORES, la cual se celebró ante el Fedatario Público titular de la Notaria Pública número 187 ciento ochenta y siete en el Estado, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, mismo que fue asesinado el día 7 siete de abril del año en curso, situación está por la cual las instalaciones de dicha notaria ubicada en la calle Durango número 3 letra "A" de la colonia Ramón Farías fueron cerradas al público en general, y desde entonces solo se me ha informado que las autoridades ahora señaladas como responsables, serán las que designaran quien seguirá con la continuación del trámite de mi escritura, misma que manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que se encuentra totalmente pagada en su totalidad tanto en honorarios como impuestos fiscales correspondientes, desde el momento que se celebró ante el Fedatario Público Lic. Ricardo Alberto Esparza Cortina. Situación está que se ha prolongado en exceso, puesto que ya ha transcurrido aproximadamente ocho meses desde su firma y no se me ha entregado mi escritura con todos los tramites de autorización, así como que tampoco se me ha informado cual es el estado de trámite en que se encuentra y/o quién proseguirá con el mismo. (.)". Asimismo, en su escrito de ampliación, la parte quejosa señalo, lo siguiente: "(.) II.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS QUE HEMOS RECURRIDO EN FORMA PRESENCIAL TANTO CON EL NOTARIO PUBLICO NUMERO 170 EN EL ESTADO, A SOLICITAR INFORMES SOBRE NUESTRA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1377, EN DONDE FUIMOS INFORMADOS QUE SOLO TENIAN UNA PARTE DE ESCRITURAS, PERO QUE NO SE ENCONTRABA LA NUESTRA, Y QUE ACUDIERAMOS CON LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 187 EN EL ESTADO, SIENDO ESTA ULTIMA QUIÉN NI SIQUIERA NOS QUISO RECIBIR Y AL PRESENTARLE A SU SECRETARIA POR ESCRITO LA SOLICITUD EN LA CUAL LE PEDIAMOS INFORMES SOBRE EL TRAMITE DE LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1377 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE VOLUMEN VEINTISEIS, TAMPOCO NOS LO RECIBIO Y MUCHO MENOS SELLAR DE RECIBIDO NUESTRA PETICION, CON LO QUE NOS DEJA EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN; POR LO QUE LE SOLICITAMOS PARA AUTORICE A QUIEN CORRESPONDA Y LE HAGA SABER NUESTRA APREMIENTE NECESIDAD DE QUE SE NOS ENTREGUE LA ESCRITURA YA CONCLUIDA EN SUS TRAMITES LEGALES A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. (.)". La parte quejosa expuso que se transgredieron los derechos humanos reconocidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes del acto reclamado, y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LAS DEMANDAS DE AMPARO ******************** Y ********************. Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se decretó oficiosamente la acumulación de los juicios de amparo ******************** y ********************; con esa fecha, se previno a la parte quejosa; consecuentemente, se tuvo a la misma desahogando dicho requerimiento mediante escrito de quince de noviembre de dos mil veintidós; en esa propia fecha, se admitieron a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021; lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos y omisiones con ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: 1. La negativa de las autoridades a darle continuidad al trámite de la escritura pública 1377 mil trescientos setenta y siete, volumen número VEINTISEIS de diecinueve de febrero del año dos mil veintidós derivada del contrato de compraventa, que celebraron Maria Felicitas Arreguin Sandoval, representada en por su apodarada legal Anai Maravilla Arreguin, como vendedora; y, los señores ********************y Victor Hugo Valladares Barajas, como compradores, ante el extinto Notario Público número 187; y, 2. La negativa de proporcionarle información de ante quién y donde se encuentra la escritura 1377. 3. La negativa de la actual Notaria Pública número 187 Martha Isela Sánchez Coria, a recibir la solicitud de informes que por escrito le formularon para conocer el trámite de la escritura. TERCERO. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA EXISTENCIA NO QUEDÓ ACREDITADA. Las autoridades responsables Notario Público 170 Ciento Setenta en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, así como Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, negaron la existencia de los actos reclamados al rendir su informe. Tiene aplicación a esta determinación la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA EXISTENCIA QUEDÓ ACREDITADA. Son ciertos los actos reclamados al Notario Público 187 Ciento Ochenta y Siete en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, pues si bien, negó la existencia de los mismos al rendir su informe, después de ello, realizan manifestaciones de las que se desvirtúa su negativa. En efecto, en su informe la responsable sostiene que, no ha sido omisa en dar continuidad al trámite solemne de la escritura pública 1377 mil trescientos setenta y siete, volumen número VEINTISEIS de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintidós derivada del contrato de compraventa, que celebraron Maria Felicitas Arreguin Sandoval, representada en por su apoderada legal Anai Maravilla Arreguin, como vendedora; y, los señores ********************y Victor Hugo Valladares Barajas, como compradores, ante el extinto Notario Público número 187; así como, a recibir la solicitud de informes que por escrito le formularon para conocer el trámite de la escritura; en razón a que, no hay registro alguno de dicho instrumento, así como que tampoco ha recibido persona alguna, a efecto de esclarecer dicha circunstancia. Manifestaciones de las que se advierte la certeza del acto reclamado, pues la quejosa se duele precisamente de que la citada Notaria no ha dado continuidad a su trámite de escrituración, máxime que por tratarse de actos negativos, le correspondía a la autoridad demostrar que no incurrió en la omisión que se le atribuye. Cobra aplicación, a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del epígrafe y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Asimismo, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos atribuidos al Director del Notariado y Archivo General de Notarías del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, quien fue omiso en rendir su informe, no obstante estar debidamente notificados, como se advierte del acuse respectivo. Cobra aplicación, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 1363, del tomo XV, marzo de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal". QUINTO. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. En el presente caso, no se hará el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, pues en el caso, sobrevino una causa que da origen al sobreseimiento, prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. De las constancias que obran en el sumario se advierte que mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado de Distrito, ********************y********************, comparecieron a desistirse de la acción intentada con el presente juicio de amparo. Dicho escrito fue ratificado con data trece y catorce de febrero del año en curso, levantada por la secretaria de acuerdos de la adscripción, en la que nuevamente reiteraron su voluntad de desistir de la prosecución del presente juicio constitucional, respectivamente. Ahora, es preciso señalar que la voluntad es un principio fundamental para promover el juicio de amparo, por lo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, de ahí que también pueda válidamente desistirse en cualquier momento con la simple declaración en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, aun y cuando sea con posterioridad a la fecha en que se celebren las etapas de pruebas y alegatos de la audiencia constitucional, siempre y cuando no se haya dictado sentencia ejecutoriada, como en el presente caso, pues de continuar con el procedimiento, a pesar de que ya no lo quiere la parte agraviada, sería incumplir con lo establecido por el invocado artículo 107 Constitucional. De acuerdo con lo anterior, el desistimiento propuesto por la parte quejosa debe operar dada la renuncia expresa a que este órgano judicial continúe con el procedimiento en el presente juicio constitucional. Consecuentemente, se tiene a la parte quejosa ********************y********************, desistiéndose de la prosecución del presente juicio de garantías y con fundamento en el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL MISMO. Apoya lo anotado, la jurisprudencia 2ª./J.33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 147, Tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO DE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar su renuncia." Asimismo, por su idea jurídica la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1279, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ******************** y su acumulado ********************, promovidos por ********************y********************, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: ACTA DE RATIFICACIÓN Agréguese al sumario, para que obre como corresponda, el acta de ratificación del manuscrito registrado bajo el folio ********************, del índice de este juzgado, levantada en esta propia fecha; de lo anterior, se toma el debido conocimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes
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- Víctor Hugo Benavides Torres311/2018
- Víctor Hugo Madrid Bueno448/2019
- Víctor Hugo Marroquín Moreno287/2023
- Victor Hugo Salcedo Tapia266/2020
- Víctor Hugo Torres Ponce584/2018
- Víctor Hugo Y/O Salvador Santoyo Prado307/2019
- Víctor Isaac Valencia Orta297/2023
- Víctor Isaac Valencia Orta565/2023
- Víctor Isaac Valencia Orta767/2023
- Vìctor Magaña Cazarez769/2022
- Víctor Manuel Amado Ramírez175/2018