Víctor Hugo Zaca Téllez

Expediente 1014/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1014/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Zaca Téllez
  • Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destacan las Circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, signadas -electrónicamente- por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo, relativa a las "Propuestas de medidas que deben adoptarse del 1 al 17 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", mediante las cuales se decretó que del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en la referida circular en la fracción II, numeral 16 se determinó que Puebla (Sexto Circuito), deberá de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, V, VI y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional; cuya reanudación de plazos operará, hasta que se notifique el presente proveído. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el referido portal de servicios en línea. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. De conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. En otro contexto, vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de doce de enero de la presente anualidad, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido, en el entendido que el presente asunto, se tramitó sin incidente de suspensión. DESTRUCCIÓN Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con una determinación que sobresee fuera de audiencia el juicio; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional y se señalan las nueve horas con ocho minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; cuya reanudación de plazos operará, hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Ahora, de autos se advierte que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, compareció la parte quejosa a ratificar el contenido y firma del escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veinte, en cumplimiento al requerimiento de dos de diciembre del citado año; por tanto, se acuerda: Visto su contenido del escrito signado por la parte quejosa y presentado el uno de diciembre de dos mil veinte, se le tiene desahogando el requerimiento de veintisiete de octubre de dos mil veinte; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de la demanda respecto de la nueva autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y Diligenciario adscrito al citado Juzgado, así como de los actos reclamados precisados en su escrito de cuenta y por los conceptos de violación esgrimidos. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con copia del escrito de ampliación de la demanda, requiérase al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y Diligenciario adscrito al citado Juzgado, para que dentro del término de quince días, contados a partir de aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, rinda su informe justificado acompañado copia certificada de las constancias de las cuales derive el acto tildado de inconstitucional, ante este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no anexar las constancias que lo apoyen, las cuales deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entreselladas, se presumirá cierto el acto reclamado; se presumirá cierto el acto reclamado, y se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de 86.88 [ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte. Ahora, a fin de evitar en la medida de lo posible el contacto innecesario entre personal de la autoridad responsable y servidores públicos de este órgano jurisdiccional mientras dura la presente contingencia, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en lo subsecuente, podrán remitir sus informes a través de correo electrónico a la dirección oficial de este órgano jurisdiccional, que es: 3jdo6ctocaljf@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que, las autoridades responsables de optar por rendir sus informes justificados por vía electrónica, deberán hacerlo desde su correo electrónico oficial; asimismo, deberán constar plenamente identificado en el correo electrónico, el nombre de este Juzgado, el expediente al que va dirigida la comunicación, la dependencia remitente, el nombre completo de la persona que remite el correo, el número de oficio al que dan contestación o la fecha del acuerdo o actuación a la que se refiere, así como los demás datos necesarios para la plena identificación de la comunicación oficial correspondiente. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, deberán remitir sus informes a través de dicho sistema, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que de remitir vía correo electrónico o sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado o alguna causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve el oficio que contiene la trascripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, se tendrá como inexistente y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. Por otra parte, de conformidad con los artículos 64, 238 y 51, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $86.88 [ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte; la cual, en su caso, será impuesta al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Comuníquese la presente determinación a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este Juzgado y a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y documentales que indica, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, respecto a la suspensión provisional que solicita el promovente a partir del señalamiento de nuevas autoridades responsables, dígasele que no ha lugar a tramitar dicha suspensión, atento que respecto del acto que atribuye a las mencionadas autoridades ya existe un pronunciamiento en torno a la medida cautelar. Cierto, en acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte, se tramitó por duplicado el incidente de suspensión relativo al presente juicio promovido por la parte quejosa contra las autoridades y por los actos siguientes: "1.- De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA se reclama: el emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad en el juicio ejecutivo mercantil 91/2006 la sentencia, remate y adjudicación del inmueble identificado como 'vivienda urbana marcada con el número 79 de la calle Tulipanes, perteneciente al conjunto habitacional denominado Villa Floresta, Tercer Etapa, 8, que forma parte de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, identificada como S.A.-22 02 ubicada en San Andrés Cholula, Puebla'. b.- Como consecuencia de lo anterior se reclama la sentencia definitiva y todo lo actuado dentro del expediente señalado en el párrafo anterior, toda vez que como el SUSCRITO NO fui notificado ilegalmente del juicio, en franca violación con el artículo 14 constitucional, por ende no fui oído ni vencido en juicio por tanto se me dejó en completo estado de indefensión, así como la sentencia (s) de liquidación, remate, adjudicación que en su caso se hayan decretado en mi contra. 2.- De las AUTORIDADES RESPONSABLES EJECTORAS se reclama: a.- La falta absoluta e ilegal del emplazamiento que dice se llevó a cabo en el expediente 91/2006 y como consecuencia las notificaciones y actuaciones posteriores devienen nulas e ilegales. b.- Así como de la ejecución de todas las actuaciones subsecuentes como son sentencia, resoluciones de liquidaciones de intereses, remate, adjudicación dictados en el expediente 91/2006 en mi contra." En esa misma fecha, este juzgado concedió la suspensión provisional solicitada para los efectos siguientes: ".con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y Fernando Luis Alarcón Santillana, no sea desposeído del inmueble identificado como "vivienda urbana marcada con el número 79 de la calle Tulipanes, perteneciente al conjunto habitacional denominado Villa Floresta, Tercer Etapa, B, que forma parte de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, identificada como S.A.-22 D2 ubicada en San Andrés Cholula, Puebla", con motivo de lo actuado y ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 91/2006 del Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México; ello, hasta en tanto las autoridades responsables tengan notificación de la resolución que se emita de manera definitiva en este incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Amparo." Por interlocutoria de trece de marzo de dos mil veinte, se determinó conceder la suspensión definitiva solicitada por el impetrante, para los efectos siguientes: ".con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y Fernando Luis Alarcón Santillana, no sea desposeído del inmueble identificado como "vivienda urbana marcada con el número 79 de la calle Tulipanes, perteneciente al conjunto habitacional denominado Villa Floresta, Tercer Etapa, B, que forma parte de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, identificada como S.A.-22 D2 ubicada en San Andrés Cholula, Puebla", con motivo de lo actuado y ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 91/2006 del Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México; ello, hasta en tanto las autoridades responsables tengan notificación de la resolución que se emita de manera definitiva en el cuaderno principal del que deriva el incidente en que se actúa." De lo anterior se sigue que, aun cuando inicialmente el quejoso no señaló como autoridades responsables al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y Diligenciario adscrito al citado Juzgado (quienes actuaron en auxilio de las labores del Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México), lo cierto es que la medida cautelar se otorgó para que no se desposeyera al impetrante del inmueble que defiende en esta instancia con motivo de lo actuado y ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 91/2006 del Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, lo que incluye las actuaciones efectuadas por las autoridades que en este auto se tienen como responsables. Bajo ese contexto, es evidente que respecto de los actos por los que se solicita la medida cautelar con motivo de haber señalado como nuevas autoridades responsables al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y Diligenciario adscrito al citado Juzgado, ya existe pronunciamiento. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena hacer del conocimiento del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y del Diligenciario adscrito al citado Juzgado, el contenido de la interlocutoria de trece de marzo de dos mil veinte, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, respecto al señalamiento de domicilio para recibir notificaciones, autorizados para tal efecto y oposición a publicación de datos personales, dígasele que se proveyó lo conducente en auto de quince de enero de dos mil veinte; en tanto que la solicitud de la consulta electrónica del presente asunto, fue acordada en acuerdo de veintisiete de noviembre pasado. En otro orden, se instruye al Analista Jurídico SISE realizar las anotaciones correspondientes en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], así como en los libros de gobierno. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el referido portal de servicios en línea. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo suscrito por la Directora General del Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Puebla, por medio del cual remite la constancia de notificación por el que hizo del conocimiento al perito oficial Raúl Hernández Márquez el auto de nueve de diciembre de dos mil veinte; de lo que este órgano toma conocimiento y tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento decretado en el citado proveído. Por lo anterior, a fin de que el perito oficial designado en autos se encuentre en aptitud de ratificar el dictamen pericial que exhibió en autos, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con seis minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y toda vez que a la data en que se actúa, transcurre el término legal concedido por auto de ocho de diciembre reciente, al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, para que remita la constancia de notificación hecha al aquí quejoso VÍCTOR HUGO ZACA TÉLLEZ, respecto a la contestación dada a su escrito de fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, presentado en la oficialía de partes de las oficinas a su cargo, con la fecha de referencia. REQUERIMIENTO Por otra parte, para estar en condiciones de resolver lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita fotocopia certificada del oficio de veintiocho de octubre de dos mil veinte, mediante el cual aduce que dio respuesta a la petición formulada el diecinueve de octubre de dos mil veinte, por el aquí quejoso VÍCTOR HUGO ZACA TÉLLEZ. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte. DIFERIMIENTO En consecuencia, para dar margen a lo anterior, así como para no causar alguna violación al procedimiento, difiérase la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. ALEGATOS Finalmente, con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrese al expediente el escrito del quejoso VÍCTOR HUGO ZACA TÉLLEZ, visto su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos con que se hace relación, para sean tomados en consideración en su momento oportuno. NOTIFÍQUESE.

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