Victor Hugo Sanchez Merchant

Expediente 465/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
465/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
07/09/2015

Partes del expediente

  • Victor Hugo Sanchez Merchant
  • Juez Octavo de lo Penal de Puebla
  • Victor Hugo Sanchez Merchant y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, no ha acusado recibo de la copia certificada del proceso 79/2015, mismo que le fue remitido mediante oficio 6062/2015-I, el cual fue recibido en esa oficina el veintidós de treinta de julio de dos mil quince, gírese atento oficio a dicha autoridad, para que de no tener inconveniente alguno informe lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil quince. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la nueva Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de siete de julio de dos mil quince, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, se determina que este asunto no es de relevancia documental. Finalmente, devuélvase al Juez Octavo delo Penal de la ciudad de Puebla la copia certificada del proceso 79/2015 de su estadística, con la que se formó el ANEXO I del juicio en que se actúa, solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, René Uriel Mendoza Torres, a través de su defensor Víctor Hugo Sánchez Merchant, promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridades responsables al Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla y al Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, de quienes reclama el auto de formal prisión de nueve de marzo de dos mil quince, y su ejecución (foja 3). Al respecto, la autoridad responsable ordenadora Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, y como apoyo remitió copia certificada del proceso penal 79/2015 de su índice, instruido en contra del aquí quejoso (anexo I del presente juicio), a las cuales se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, y de las que se conoce que el nueve de marzo de dos mil quince, se notificó de manera personal al aquí quejoso René Uriel Mendoza Torres, el auto de formal prisión reclamado (foja 115 vuelta del anexo I), tal como lo expuso Víctor Hugo Sánchez Merchant en su carácter de defensor particular del impetrante en su demanda de garantías (foja 3). Ahora bien, en el caso debe destacarse que atendiendo a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, a este juicio son aplicables las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, pues ésta entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Conforme a las disposiciones de la ley aplicable a este asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la nueva Ley de Amparo, lo que conduce al sobreseimiento en el juicio, toda vez que transcurrió el término de quince días hábiles previsto en el artículo 17 del citado ordenamiento, para que la parte quejosa promoviera el juicio de amparo, sin que así lo hiciera. El artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la nueva Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, el numeral 17 de la legislación en cita ordena "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De la lectura de los numerales transcritos se colige que el juicio de amparo que no sea promovido dentro del término de quince días que marca el artículo 17 transcrito, deviene improcedente, salvo las excepciones contenidas en este numeral, las cuales evidentemente no se actualizan en el caso. Al respecto es preciso establecer que de conformidad con el artículo 22, fracción II, la Ley de Amparo abrogada, la demanda de garantías en la que se reclamaran, entre otros, ataques a la libertad personal, era procedente en cualquier tiempo por disposición expresa de este numeral. Sin embargo, en la nueva Ley de Amparo no se prevé una excepción, salvo aquellos casos en los que se reclaman ataques a la libertad personal fuera de procedimiento (fracción IV del artículo 17 de la ley citada, transcrito anteriormente). En este orden de ideas, el auto de formal prisión, al ser un acto que ataca a la libertad personal, pero dictado dentro de procedimiento penal, no se ubica en la hipótesis de excepción que se examina, y por ello, debe sujetarse por mandato del legislador, al término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo en su contra. Bajo esa perspectiva, debe señalarse que la notificación del auto de término constitucional reclamado en esta instancia se regula por los artículos 44 y 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que disponen: Artículo 44. Las notificaciones y citaciones se harán, cuando más tarde, el día inmediato siguiente a aquél en que se dicten las providencias respectivas. Al infractor de este precepto se le impondrá de plano una multa de uno a tres días de salario mínimo. Artículo 48. Los términos judiciales establecidos en este Código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, sin incluirse los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver, sobre su situación jurídica. De los preceptos trascritos se advierte que las notificaciones se harán, cuando más tarde, el día inmediato siguiente a aquél en que se dicten las providencias respectivas y se establece que éstas surten efectos el día en que se practican, atento que, el segundo de los dispositivos transcritos señala que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al en que se hubiese hecho la notificación, lo que corrobora que las notificaciones en materia penal surten sus efectos el mismo día en que se practican, pues de otra manera no podría justificarse que los términos comiencen a correr a partir del día siguiente del que se hubiere efectuado la notificación. Bajo esa perspectiva, si el auto de término constitucional reclamado le fue notificado de manera personal al aquí quejoso el nueve de marzo de dos mil quince, el término para la presentación de la demanda de garantías comenzó a correr el día diez de marzo de dos mil quince (por ser el hábil siguiente a la notificación) y feneció el treinta y uno de marzo de dos mil quince, debiéndose descontar de ese computo los días catorce, quince, dieciséis, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de marzo de dos mil quince, por ser inhábiles. Por consiguiente, si la demanda de amparo que dio origen al presente sumario fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla el seis de abril de dos mil quince, según se desprende del sello de recepción respectivo, entonces, se afirma que la acción de amparo se instó fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 íbidem, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por lo que procede decretar el sobreseimiento de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la misma ley. Cabe señalar que con la aplicación de las disposiciones vigentes en estudio no se deja al impetrante en estado de indefensión, pues desde que fue notificado del auto de formal prisión estuvo en aptitud de promover su demanda de garantías, o bien interponer el recurso de apelación en términos de la legislación penal aplicable; esto, habida cuenta que puede inconformarse en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el proceso penal correspondiente. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto de los actos reclamados, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia, y cuyo análisis emergió en razón de las constancias que fueron remitidas por el juez responsable como justificante de su informe. Amén de lo anterior, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en ejecutoria de veintiuno de mayo de dos mil quince, emitida dentro del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del desechamiento de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, expuso que para determinar si en el caso la demanda de amparo resulta o no improcedente por la fecha de su presentación, o incluso, si en la especie pudiera actualizarse una causal diversa de improcedencia sólo podría sustentarse en las constancias que en justificación de su informe remitieran las autoridades, lo cual, como se indicó en párrafos precedentes, se desprende que el nueve de marzo de dos mil quince, se notificó al solicitante del amparo el auto de formal prisión reclamado, por lo que el haber presentado su demanda el seis de abril de dos mil quince, su interposición resulta extemporánea. Por tanto, se dejan sin efecto las once horas con veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil quince, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, René Uriel Mendoza Torres, a través de su defensor Víctor Hugo Sánchez Merchant, promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridades responsables al Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla y al Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, de quienes reclama el auto de formal prisión de nueve de marzo de dos mil quince, y su ejecución (foja 3). Al respecto, la autoridad responsable ordenadora Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, y como apoyo remitió copia certificada del proceso penal 79/2015 de su índice, instruido en contra del aquí quejoso (anexo I del presente juicio), a las cuales se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, y de las que se conoce que el nueve de marzo de dos mil quince, se notificó de manera personal al aquí quejoso René Uriel Mendoza Torres, el auto de formal prisión reclamado (foja 115 vuelta del anexo I), tal como lo expuso Víctor Hugo Sánchez Merchant en su carácter de defensor particular del impetrante en su demanda de garantías (foja 3). Ahora bien, en el caso debe destacarse que atendiendo a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, a este juicio son aplicables las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, pues ésta entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Conforme a las disposiciones de la ley aplicable a este asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la nueva Ley de Amparo, lo que conduce al sobreseimiento en el juicio, toda vez que transcurrió el término de quince días hábiles previsto en el artículo 17 del citado ordenamiento, para que la parte quejosa promoviera el juicio de amparo, sin que así lo hiciera. El artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la nueva Ley de Amparo dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, el numeral 17 de la legislación en cita ordena Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De la lectura de los numerales transcritos se colige que el juicio de amparo que no sea promovido dentro del término de quince días que marca el artículo 17 transcrito, deviene improcedente, salvo las excepciones contenidas en este numeral, las cuales evidentemente no se actualizan en el caso. Al respecto es preciso establecer que de conformidad con el artículo 22, fracción II, la Ley de Amparo abrogada, la demanda de garantías en la que se reclamaran, entre otros, ataques a la libertad personal, era procedente en cualquier tiempo por disposición expresa de este numeral. Sin embargo, en la nueva Ley de Amparo no se prevé una excepción, salvo aquellos casos en los que se reclaman ataques a la libertad personal fuera de procedimiento (fracción IV del artículo 17 de la ley citada, transcrito anteriormente). En este orden de ideas, el auto de formal prisión, al ser un acto que ataca a la libertad personal, pero dictado dentro de procedimiento penal, no se ubica en la hipótesis de excepción que se examina, y por ello, debe sujetarse por mandato del legislador, al término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo en su contra. Bajo esa perspectiva, debe señalarse que la notificación del auto de término constitucional reclamado en esta instancia se regula por los artículos 44 y 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que disponen: Artículo 44. Las notificaciones y citaciones se harán, cuando más tarde, el día inmediato siguiente a aquél en que se dicten las providencias respectivas. Al infractor de este precepto se le impondrá de plano una multa de uno a tres días de salario mínimo. Artículo 48. Los términos judiciales establecidos en este Código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, sin incluirse los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver, sobre su situación jurídica. De los preceptos trascritos se advierte que las notificaciones se harán, cuando más tarde, el día inmediato siguiente a aquél en que se dicten las providencias respectivas y se establece que éstas surten efectos el día en que se practican, atento que, el segundo de los dispositivos transcritos señala que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al en que se hubiese hecho la notificación, lo que corrobora que las notificaciones en materia penal surten sus efectos el mismo día en que se practican, pues de otra manera no podría justificarse que los términos comiencen a correr a partir del día siguiente del que se hubiere efectuado la notificación. Bajo esa perspectiva, si el auto de término constitucional reclamado le fue notificado de manera personal al aquí quejoso el nueve de marzo de dos mil quince, el término para la presentación de la demanda de garantías comenzó a correr el día diez de marzo de dos mil quince (por ser el hábil siguiente a la notificación) y feneció el treinta y uno de marzo de dos mil quince, debiéndose descontar de ese computo los días catorce, quince, dieciséis, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de marzo de dos mil quince, por ser inhábiles. Por consiguiente, si la demanda de amparo que dio origen al presente sumario fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla el seis de abril de dos mil quince, según se desprende del sello de recepción respectivo, entonces, se afirma que la acción de amparo se instó fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 íbidem, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por lo que procede decretar el sobreseimiento de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la misma ley. Cabe señalar que con la aplicación de las disposiciones vigentes en estudio no se deja al impetrante en estado de indefensión, pues desde que fue notificado del auto de formal prisión estuvo en aptitud de promover su demanda de garantías, o bien interponer el recurso de apelación en términos de la legislación penal aplicable; esto, habida cuenta que puede inconformarse en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el proceso penal correspondiente. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto de los actos reclamados, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia, y cuyo análisis emergió en razón de las constancias que fueron remitidas por el juez responsable como justificante de su informe. Amén de lo anterior, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en ejecutoria de veintiuno de mayo de dos mil quince, emitida dentro del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del desechamiento de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, expuso que para determinar si en el caso la demanda de amparo resulta o no improcedente por la fecha de su presentación, o incluso, si en la especie pudiera actualizarse una causal diversa de improcedencia sólo podría sustentarse en las constancias que en justificación de su informe remitieran las autoridades, lo cual, como se indicó en párrafos precedentes, se desprende que el nueve de marzo de dos mil quince, se notificó al solicitante del amparo el auto de formal prisión reclamado, por lo que el haber presentado su demanda el seis de abril de dos mil quince, su interposición resulta extemporánea. Por tanto, se dejan sin efecto las once horas con veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil quince, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.

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