Víctor Hugo Vidal Méndez

Expediente 1395/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1395/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Vidal Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de trece de enero de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de enero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Estado de autos. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones, en específico de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: La dilación procesal, omisión y/o retraso en dictar el acuerdo para resolver la calificativa de reinstalación de trabajo, de acuerdo a la determinación de fecha siete de octubre del año dos mil veintidós; dentro del expediente laboral ********************, del índice del tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. En ese sentido, del informe justificado de cuenta, el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, refirió que el acto reclamado no es cierto, toda vez que el uno de diciembre de dos mil veintidós se pronunció entre otros puntos, respecto de la diligencia de reinstalación efectuada el siete de octubre de dos mil veintidós (fojas 31 y 33). De lo anterior, remitió copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Entonces, pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo -dos de diciembre de dos mil veintidós- no existía el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la dilación procesal, omisión y/o retraso en dictar el acuerdo para resolver la calificativa de reinstalación de trabajo, de acuerdo a la determinación de fecha siete de octubre del año dos mil veintidós; dentro del expediente laboral ********************, del índice del tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; de ahí que no se puede considerar que la responsable ha sido omisa en su emisión. Resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de garantías es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto. Tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, no podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Al respecto, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las constancias que remite el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Cobra aplicación la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 49/2017 (10a.), con número de Registro Digital 2015699, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Como puede verse, durante el trámite del juicio de amparo indirecto, cuando rinden los informes justificados las autoridades responsables, debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones. Tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que de las constancias que remite el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, Ley de Amparo, ya que de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado, pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda. Asimismo, independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. Lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa manera, si la dilación procesal, omisión y/o retraso en dictar el acuerdo para resolver la calificativa de reinstalación de trabajo, de acuerdo a la determinación de fecha siete de octubre del año dos mil veintidós; dentro del expediente laboral ********************, del índice del tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, cuya omisión en su emisión constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se dictó el uno de diciembre de dos mil veintidós, es evidente que la omisión reclamada es inexistente pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo relativa -dos de diciembre de dos mil veintidós-, no existía la referida omisión reclamada, circunstancia que resulta suficiente para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, ya que la existencia del acto debe acreditarse respecto a la fecha de presentación de la demanda. Corrobora lo anterior la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, XIII.1o.P.T.4 K (10a.), cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". De igual manera, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, I.16o.T.7 K (10a.), de rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional". En tal virtud, al haberse acreditado la inexistencia del acto reclamado consistente en la dilación procesal, omisión y/o retraso en dictar el acuerdo para resolver la calificativa de reinstalación de trabajo, de acuerdo a la determinación de fecha siete de octubre del año dos mil veintidós; dentro del expediente laboral ********************, del índice del tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con dos minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se desprende que en proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************y, se requirió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala su informe justificado, proveído que le fue notificado el siete de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, a la fecha en que se actúa se encuentra transcurriendo el plazo para que la responsable rinda su informe. Lo anterior es así, toda vez que constituye un hecho notorio, que mediante oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio ********************, recibido el diecinueve de los actuales en el cuaderno de varios 2/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, se tuvo, al Presidente y Representante Legal del Tribunal Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, haciendo del conocimiento a este Juzgado de Distrito que el segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintidós comprendería del veinte de diciembre del año en curso, al tres de enero de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional que está señalada para este día SE DIFIERE para las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el veinte de mayo de dos mil veintiuno (fojas 119 a 141), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Quiroz Fernández, para efecto de que la responsable realizara lo siguiente: ".se traduce la concesión de la tutela constitucional; para que la autoridades responsables: "1. Le paguen al quejoso las prestaciones como servidor público por la prestación de sus servicios, como son vacaciones y aguinaldo, de manera proporcional, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil veinte". Así por sentencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno (fojas 119 a 141), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. Inconforme con dicha determinación, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, interpuso recurso de revisión (fojas 162 a 174), mismo que fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número 117/2021 (fojas 190 a 196), y resuelto en ejecutoria de trece de septiembre de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. En materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por José Quiroz Fernández, respecto delos actos reclamados al Ayuntamiento y Síndico del Municipio de Apizaco, Tlaxcala. TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Quiroz Fernández, en contra del acto reclamado a las autoridades responsable consistente en la remoción del quejoso como policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, Tlaxcala. CUARTO. -La Justicia de la Unión ampara y protege a José Quiroz Fernández, respecto del acto reclamado consistente en la falta de pago de diversas prestaciones que se le adeudaban (.)" Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió la ejecutoria citada y requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (foja 197 a 199). Mediante proveído de once de marzo de dos mil veintidós, se declaró la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector (fojas 247 a 249). Por lo anterior en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se ordenó emitir los autos al Tribunal Colegiado para los efectos legales conducentes (foja 261). En consecuencia el Primer Tribunal Colegiado radicó el incidente con el número 1/2022, y lo resolvió en ejecutoria de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, ordenando a este Juzgado de Distrito tramitar y resolver sobre la cantidad que debe entregarse al quejoso (foja 265 a 263). Atento a ello, en auto del catorce de junio de dos mil veintidós, se ordenó aperturar de oficio el incidente de liquidación (fojas 274 y 275), mismo que se resolvió el veintitrés de septiembre, determinación que causó estado el diecinueve de octubre (fojas 352 a 364). Asimismo, se tuvo por recibido el oficio signado por la Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo y con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera (foja 383). Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que la, Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala realizó lo siguiente: a) Puso a disposición del quejoso en la Tesorería Municipal localizada en Boulevard Emilio Sánchez Piedras número 204 Colonia centro Apizaco, Tlaxcala, el cheque expedido por la institución bancaria Banorte, por la cantidad de $6,723.18 (seis mil setecientos veintitrés pesos con dieciocho centavos), a fin de que el quejoso pueda, con la documentación correspondiente, recibirlo y hacer con él lo que a su derecho convenga. b) Dicha cantidad asciende a la suma determinada por interlocutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia es evidente que las autoridades del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, acreditaron haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo; lo anterior, pues pusieron a disposición del quejoso un cheque que ampara las cantidades que debían pagarse conforme a lo resuelto en la interlocutoria de liquidación. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido.

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