Víctor Hugo Sánchez Domínguez

Expediente 766/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
766/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Sánchez Domínguez
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 31 a 35), en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado Hágase la anotación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurrido el plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Víctor Hugo Sánchez Domínguez el contenido del proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho...Agréguese el oficio signado por el Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Autoridad remite constancias y se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante remitiendo copia certificada del proveído de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, deducido del expediente laboral C.D.T. 118/2017-1, de su índice, por medio del cual proveyó respecto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral número 118/2017-1, documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido del oficio de referencia, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, que establece que el juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Así las cosas, si el objetivo del juicio de amparo es volver las cosas al estado que tenían antes de verificarse el acto violatorio, si éste es de carácter positivo o si el acto es de carácter negativo, forzar a la autoridad a realizar la conducta que indebidamente omitió, por ello, si desaparecen los efectos del acto reclamado, éste se torna improcedente. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al dictar acuerdo respecto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral número 118/2017-1, se arriba a la convicción de que cesaron los efectos del acto reclamado; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, y que no haya razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Asimismo, las causales de improcedencia pueden surgir con antelación al juicio de amparo, o bien, durante el trámite del mismo, y siendo su análisis en forma oficiosa, tal y como se desprende en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, a cargo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 386, Registro: 184572, que textualmente establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de dictar acuerdo, respecto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral número 118/2017-1; lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; remitió copia certificada del auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, donde se emitió el acuerdo correspondiente a lo solicitado por el impetrante en su demanda de amparo. Con lo anterior, es evidente que la responsable proveyó lo solicitado por la parte quejosa, -acto reclamado- omisión del acuerdo que debía recaer al ofrecimiento y admisión y de pruebas, dentro de los autos del expediente 118/2017-1, del índice del citado Tribunal. Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su inactividad, durante la tramitación del presente juicio, toda vez que al emitir el auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, cesaron los efectos del acto reclamado. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miguel Piantzi Tlilayatzi, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la razón actuarial de veintinueve de agosto del año en curso, y visto su contenido, téngase al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, informando que al cumplir con lo ordenado y entregar el oficio número 28996/2018 dirigido a la Universidad Autónoma de Tlaxcala (Tercero interesado), fue atendido por Israel Galicia Nava, quien le informó no poder estampar el sello de recepción en el oficio y acuse de entregado, en virtud de no contar con dicho sello, por tal motivo recibe el oficio y para constancia de notificación asienta su nombre, fecha y hora; en consecuencia, se tiene por hecha la notificación del oficio respectivo, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Víctor Hugo Sánchez Domínguez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de quien reclama la omisión de dictar acuerdo, respecto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral número 118/2017-1. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 766/2018-lll. Admisión de demanda de amparo. En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Sánchez Domínguez, por derecho propio, contra actos de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado lo constituye: la omisión de dictar acuerdo, respecto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral número 118/2018-1. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiérasele para que dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. No se tramita incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente en la demanda. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Tercero interesado Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tercero interesado a: Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de quien legalmente la represente, con domicilio para ser emplazada a juicio en Calle del Bosque, sin número, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, específicamente en la oficina de abogado general de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, misma que se encuentra en el interior de la coordinación de Criminología. Se ordena emplazar. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a la Universidad Autónoma de Tlaxcala; por tanto, al tener carácter de autoridad, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo, se ordena emplazar al tercero interesado de referencia mediante oficio, adjuntándose copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído, asimismo se le haga saber el derecho que tiene de apersonarse a juicio a través de su representante legal si a su interés conviene. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos en su escrito de demanda. Asimismo, en términos del artículo 12 de la ley de la materia, se tienen como autorizado en términos amplios a Noemí Caleco Torres y Luis Patricio Acevedo y Cortes, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Enrique Cordero Herrada, Rafael José Enrique Coredro Esquivel y Daniel Pérez Carbarin, ello en virtud de no contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales Federales. Pruebas. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Ahora bien, en cuanto a las pruebas documentales que hace consistir en el informe justificado que rinda la autoridad responsable, así como las actuaciones contenidas en el Juicio Laboral 118/2017 del índice de la responsable, se tienen por admitidas, sin embargo, las mismas se desahogaran hasta en tanto obren en el presente expediente, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.

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