Víctor Hugo Santos León

Expediente 434/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
434/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Santos León
  • Víctor Hugo Santos León y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse sobreseído el presente juicio, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señaló como responsables, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el numeral 21, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con los puntos 7.1.1., del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículos 18 fracción I, inciso a) del citado acuerdo general, los cuadernos incidentales el original y duplicado son depurables, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción y depuración del expediente principal y original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario Judicial a que firme los oficios que deriven del presente acuerdo. Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Finalmente, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de este año, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 434/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y que correspondió conocer a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, Victor Hugo Santos León, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la autoridad siguiente: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Se señala en la calidad de autoridad ordenadora: 1) Al Ciudadano Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. [.] Por otro lado, se señala en calidad de autoridades ejecutoras: 1) Al Fiscal General del Estado de Oaxaca. [.] 2) Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones. [.]. IV. 4. Acto reclamado: La orden de aprehensión escrita, librada con fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, en contra del suscrito, dentro de la causa penal 50/2017, del índice del índice del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. (.)" SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa estableció los antecedentes del acto reclamado; y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 9.1 15.1 y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 9, 11.2 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. TERCERO. Admisión de la demanda, trámite y celebración de la audiencia constitucional. Por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que quedó registrada con el número de juicio de amparo 434/2021; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde (foja 71), quien no formuló pedimento; luego, se tuvo como parte tercera interesada al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud, ordenando su emplazamiento (fojas 46 a 49), los cuales tuvieron verificativo el catorce de mayo del año en curso (fojas 60 y 63); finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, a los apartados Primero, fracción III, Segundo, fracción III, punto 3 y Cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013 y 20/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse actos cuya ejecución tendrían lugar en el ámbito territorial en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción. De igual manera, se considera que en observancia a la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que la suscrita secretaria en funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2820/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, pues está facultada para dictar sentencia aún en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 67/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 853, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL." SEGUNDO. Fijación de los actos. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la quejosa al promover este juicio constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En esa tesitura, se tiene que la parte quejosa reclama: - Del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: a) La orden de aprehensión de veintitrés de octubre de dos mil veinte, engrosada y autorizada el diez de diciembre de dos mil veinte, dictada en el causa penal 50/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad. - Del Fiscal General del Estado de Oaxaca y del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca: b) Su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por así advertirse de su respectivo informe con justificación (fojas 67 y 68). Certeza que se corrobora con las documentales relativas a un cuaderno relativo a la causa penal 50/2017, del índice de la responsable, que remitió en apoyo a su informe justificado, así como las que mediante proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, se trajeron a la vista en el presente juicio, en las que obra la orden de aprehensión que ahora se reclama; constancias que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." Por su parte, el Fiscal General del Estado de Oaxaca y el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca (fojas 53 y 56), respectivamente, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto que se les reclama; sin embargo, al tener el carácter de ejecutoras y habiendo aceptado la ordenadora Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, la existencia del acto reclamado, es dable presumir que aquéllas de un momento a otro pueden recibirla y así proceder a la ejecución de la misma, por lo cual, el acto de ejecución debe tenerse como cierto. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, DEBE TENERSE POR CIERTO." CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Aquí, debe destacarse que tratándose del análisis de la procedencia de la demanda de amparo, la regla general es que para ello no opera la suplencia de la queja deficiente, que ordena el artículo 79 de la Ley de Amparo, porque dicha suplencia se ha instaurado para que proceda cuando advierte el juzgador que la queja es deficiente, abarcando en esta materia, incluso la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios, por lo que no puede llegarse al extremo, alegando dicho beneficio, de hacer procedentes los juicios de garantías en los que se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que ello traería consigo el total quebrantamiento de las reglas que rigen tal instancia de control constitucional. Apoya lo anterior, la Tesis I.7o.A.64 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1150, Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO ES PROCEDENTE EN UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA". Antes de continuar, conviene precisar que el juicio de amparo 719/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, guarda estrecha relación con el presente asunto; mismo que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, a fin de resolver el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Ahora, de dicho sumario constitucional, en lo que aquí interesa, conviene hacer mención de las siguientes actuaciones: Mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciocho se tuvo por recibida y se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por VICTOR HUGO SANTOS LEÓN, contra actos del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y otras autoridades, consistente en: La orden de aprehensión de quince de junio de dos mil dieciocho librada en la causa penal 50/2017, por el delito de abuso de autoridad. Del Fiscal General y del Coordinador Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General, ambos del Estado de Oaxaca. La ejecución de la citada orden de aprehensión. Seguida la secuela procesal del juicio de amparo en comento, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; sin embargo, la tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, quien por ejecutoria pronunciada el treinta de julio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 428/2019, modificó la sentencia recurrida. Luego, mediante auto de nueve de octubre de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al juzgado responsable. Así, previo otorgamiento de prórroga, por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, se recibió copia certificada de la resolución del veintitrés de octubre de dos mil veinte terminada de engrosar el diez de diciembre del mismo año, dictada por el resolutor responsable dentro de la causa penal 50/2017, en la que por una parte, dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada en dicho juicio, y por otra, dictó una diversa resolución en su lugar, en la que decretó una nueva orden de aprehensión contra el aquí quejoso Víctor Hugo Santos León (determinación que en el presente juicio constituye el acto reclamado). Por auto de veintinueve de octubre del año en curso, se tuvo por no cumplida la sentencia amparadora dictada en ese juicio de amparo (719/2018), y en lo que interesa, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días, computado legalmente, acreditara haber dejado insubsistente la resolución con la que pretendió dar cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo y dentro del mismo plazo, emitiera una nueva resolución en la que cumpliera con todos los aspectos de la misma. Con base a lo anterior, se estima que respecto al acto aquí combatido, se actualiza la causa de improcedencia que resulta, de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 77, fracción I, éste último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación;". De los numerales en cita, se advierte que en la especie el juicio de amparo resulta improcedente, pues en caso de concederse la protección constitucional solicitada, la sentencia que en su caso se llegase a dictar, no podría alcanzar los fines previstos en el trascrito artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que se estima, sería materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado; es decir, la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que la sentencia protectora que pudiese llegar a dictarse, produzca la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho trasgredido, lo cual se considera no podría ocurrir en el caso particular, según se precisará. Por su contenido, sirve de apoyo la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Volumen 151-156, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del tenor siguiente: "EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven"; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Establecido lo anterior, conviene recordar que el acto reclamado en este asunto, es la orden de aprehensión de veintitrés de octubre de dos mil veinte, engrosada y autorizada el diez de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el causa penal 50/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad. Luego, si como se mencionó en párrafos precedentes, en el juicio de amparo 719/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, mediante proveído de veintinueve de octubre del año en curso, se declaró no cumplida la ejecutoria de amparo, y se requirió a la responsable, para que en el término de tres días, emita una nueva resolución en la que se cumplan con todos los aspectos de la ejecutoria de amparo; por consiguiente se dejara insubsistente la orden de aprehensión veintitrés de octubre de dos mil veinte, engrosada y autorizada el diez de diciembre de ese mismo año, dictada en el causa penal 50/2017, de su índice -que resulta ser el acto aquí reclamado-. En ese orden de ideas, se estima que en el caso particular existe una imposibilidad legal para su estudio, ya que ante una eventual concesión de amparo, los efectos de ésta se considera no podrían concretizarse, virtud a la actual situación que impera, pues el acto aquí reclamado consistente en la orden de aprehensión de veintitrés de octubre de dos mil veinte, engrosada y autorizada el diez de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el causa penal 50/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad, emitida por la responsable en cumplimiento del diverso juicio de aparo 719/2018, del índice de este órgano jurisdiccional. Pues, mediante proveído de veintinueve de octubre del año en curso, fue materia de estudio de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se determinó que no cumplió a cabalidad con los efectos de la ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días, emita una nueva resolución en la que se cumplan con todos los aspectos de la ejecutoria de amparo emitida en dicho juicio, por consiguiente se dejara insubsistente la orden de aprehensión referida. De ahí que, de una eventual concesión en el presente juicio de amparo, la autoridad responsable se encontraría imposibilitada para el cumplimiento de la misma, ello con motivo a lo determinado por este Juzgado mediante proveído de veintinueve de octubre del año en curso, dictado en el diverso juicio de aparo 719/2018, del índice de este órgano jurisdiccional. Así, en el particular se estima actualizada la referida causa de improcedencia de amparo, virtud esencial a que, sin prejuzgar, con independencia de la constitucionalidad o no de la referida orden de aprehensión aquí reclamada, la autoridad señalada como responsable estaría imposibilitada jurídicamente para restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho violentado, al ser físicamente imposible, en caso de una eventual concesión de amparo, como ya se dijo dejar insubsistente el acto aquí reclamado, emitido contra la aquí parte quejosa, así como emitir una nueva resolución, en donde subsane la ilegalidad que en su caso hubiere, ello reitérese, en atención a que dicho acto reclamado fue materia de estudio de cumplimiento en el juicio de amparo 719/2018, en el cual mediante proveído de veintinueve de octubre del año en curso, se determinó que no cumplió a cabalidad con los efectos de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, no prejuzga en cuanto a la legalidad del acto aquí reclamado que, en su caso, pueda atribuirse a la autoridad que tuvo participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, su pretensión. En tal virtud, al partir de la premisa de que el juicio de amparo es improcedente cuando exista imposibilidad jurídica de materializar una sentencia amparadora, se estima se actualiza la causa de improcedencia en análisis, por tanto, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente sumario constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus razonamientos la Jurisprudencia 230, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 187, Tomo VI, del Apéndice 2000, Novena Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.-El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Así, al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Es aplicable la Jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Cabe precisar que no representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, en razón de que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este órgano jurisdiccional está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo el aserto anterior en la Tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, leíble en la página 544, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA". Finalmente, se autoriza a la Secretaria y Actuario Judicial a firmar los oficios que derivan de la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124, 217 y relativos de la Ley de Amparo, se;; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Hugo Santos León, respecto de los actos reclamados precisados en el considerado TERCERO, por los motivos expuestos en el considerando ÚLTIMO de la presente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; y, mediante oficio a las autoridades responsables y, a las partes terceros interesadas.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito de Gabriel Montesinos Paz, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la ley de amparo, mediante el cual solicita la consulta vía internet del expediente electrónico de este juicio de amparo, con los nombres de usuarios ****. Ahora bien, en atención a su contenido y vista la certificación de cuenta, se autorizan los citados usuarios en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, se ordena al analista jurídico SISE de la adscripción realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Incidental

    R E S U E L V E: Único. Se concede a ******, la suspensión definitiva del acto reclamado, materia de esta litis incidental; en términos del considerando CUARTO de esta interlocutoria. Notifíquese.Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

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