Víctor Hugo Santos León

Expediente 432/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
432/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Santos León

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vistos los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que, mediante proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo origen del presente asunto, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Santos León, contra actos del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Santa María Ixcotel, Centro, Oaxaca, y otras autoridades. Fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo; asimismo, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 432/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Precisión del acto reclamado. La orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el causa penal 45/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad. Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de dicha demanda, este Juzgado Federal advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo. De dicho precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos anexados a tales promociones; y, lo "indudable" de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, aún en el supuesto de admitirse la demanda y de substanciarse el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa y diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda; de igual manera, debe observarse el trascrito artículo 113 de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese sentido, los preceptos antes citados facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV y 77, fracción I, interpretadas armónicamente, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El amparo indirecto procede:... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y;..." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." De los numerales en cita, se advierte que en la especie el juicio de amparo resulta improcedente, pues en caso de concederse la protección constitucional solicitada, la sentencia que en su caso se llegase a dictar, no podría alcanzar los fines previstos en el trascrito artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que se estima, sería materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado; es decir, la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que la sentencia protectora que pudiese llegar a dictarse, produzca la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho trasgredido, lo cual se considera no podría ocurrir en el caso particular, según se precisará. Por su contenido, sirve de apoyo la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Volumen 151-156, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del tenor siguiente: "EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven"; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Ahora bien, resulta oportuno reiterar que en el particular el acto aquí reclamado, en esencia, lo constituye la orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno emitida en la causa penal 45/2017, por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Ixcotel, Oaxaca. Asimismo, cabe precisar algunos de los antecedentes relacionados con el acto reclamado en el presente asunto: 1) Que en este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, existe diverso juicio de amparo 809/2019, promovido por Víctor Hugo Santos León, el cual guarda relación con el presente juicio, ya que deriva de la causa penal 45/2017, del índice de la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Santa María Ixcotel, Centro, Oaxaca, en el que existe copia certificada de la orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno emitida en la causa penal 45/2017, la cual resulta ser el acto reclamado por la parte impetrante, misma que obra en este órgano jurisdiccional. 2) Que en dicho juicio de amparo el quince de abril del presente año, después de analizar el acto reclamado anterior, se determinó no tener por cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se requirió al Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que: en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, acreditara haber dejado insubsistente la resolución con la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia amparadora; y, dentro del mismo término; emitiera una nueva resolución en la que se cumplieran con todos los aspectos de la ejecutoria de amparo. 3) Que en cumplimiento a lo anterior, el veintinueve de abril del año en curso, la responsable remitió el oficio 1254/2021, al que acompaña copia certificada de la resolución de veintisiete de abril del presente año, emitida en la causa penal 45/2017, en la que se advierte, la autoridad responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, orden de captura que en este juicio resulta ser el acto reclamado; entonces a la presentación de la demanda que se verificó el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el acto reclamado ha quedado insubsistente. Lo cual, se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. En ese orden de ideas, se estima que en el caso particular existe una imposibilidad legal para su estudio, ya que ante una eventual concesión de amparo, los efectos de ésta se considera no podrían concretizarse, virtud a la actual situación que impera, pues reitérese el acto aquí reclamado consistente en la referida orden de aprehensión, la cual ha quedado insubsistente por la determinación de veintisiete de abril de la presente anualidad; de ahí que, se estime que el acto reclamado fue sustituido por una diversa resolución. Así, en el particular se estima actualizada la referida causa de improcedencia de amparo, virtud esencial a que, sin prejuzgar, con independencia de la constitucionalidad o no de la referida orden de aprehensión, aquí reclamada, la autoridad señalada como responsable estaría imposibilitada jurídicamente para restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho violentado, al ser físicamente imposible, en caso de una eventual concesión de amparo, insístase, al haber quedado sin efectos. En tal virtud, al partir de la premisa de que el juicio de amparo es improcedente cuando exista imposibilidad jurídica de materializar una sentencia amparadora, se estima se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus razonamientos la Jurisprudencia 230, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 187, Tomo VI, del Apéndice 2000, Novena Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.-El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Bajo esa condición, se impone DESECHAR DE PLANO la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con los siguientes datos: Novena Época, Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo; IX, Enero de 1999, Tesis: XVII.2º.J/11. Página: 648: con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.". Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". III. Domicilio y autorizados del promovente. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabriel Montesinos Paz, ya que de la certificación de cuenta se aprecia que al consultar la base de datos del Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), se encontró su cédula profesional registrada; asimismo se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios y se conceden al Actuario Judicial de la adscripción, facultades de investigación de resultar necesarias para lograrlas. V. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". VI. Ley de Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VII. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

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