Victor Hugo Rivera Rivera

Expediente 1505/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1505/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2017

Partes del expediente

  • Victor Hugo Rivera Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    - Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . . .

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por Victor Hugo Rivera Rivera, contra actos de la Titular de la Coordinación de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otras autoridades, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1505/2017-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y, si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el invocado precepto, el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que de la demanda de garantías se obtiene que el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad y en forma expresa que el acto reclamado lo constituye: "La omisión de la autoridad responsable de dar cumplimiento a la orden instruida por el Juez Décimo de Primera Instancia Civil en el Distrito Judicial de Querétaro, dentro del exhorto 165/2017, esto es, designar personal actuarial para requerir la desocupación y entrega de la casa número 80, de Circuito Balvanera, Fraccionamiento Balvanera Polo & Country, Corregidora " Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo vigente, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Resulta ilustrativo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página trescientos setenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve (Novena Época): "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de "cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la "Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete "primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo "establecen algunos de los supuestos de improcedencia del "juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en "que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen "otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos "de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de "los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es "exacto que exista imprecisión en torno de las causas de "improcedencia que se prevén en esa fracción." Ahora bien, la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, que el juicio es procedente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; --- [.]" Precepto que es aplicado a contrario sensu, e implica que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se trate de actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Sobre los actos dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación debe entenderse lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, como aquéllos cuyas consecuencias afectan de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Ello es así, si se toma en consideración que los actos de imposible reparación, son aquellos que de una manera inmediata lesionan los derechos sustantivos de una de las partes en el juicio, en que se pronuncie o bien haga imposible la prosecución del procedimiento y, por tanto, el fallo definitivo cause a una de las partes un agravio no reparable. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011338, de rubro y contenido siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Del mismo modo robustece lo expuesto la tesis número P.LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, Página 9, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto se transcribe: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Como puede advertirse existe una fórmula legal para que tales actos, sean calificados como "irreparables"; esto es: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Entonces si el quejoso se duele de "La omisión de la autoridad responsable de dar cumplimiento a la orden instruida por el Juez Décimo de Primera Instancia Civil en el Distrito Judicial de Querétaro, dentro del exhorto 165/2017, dicho acto no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, toda vez que es factible que al momento de la prosecución del trámite, se repare la violación alegada, máxime que está en aptitud de comparecer ante la responsable y solicitar boleta de cita para el desahogo de su diligencia. De tal suerte, que dicha circunstancia por sí sola, no basta para estimar que la ejecución de ese acto sea de naturaleza irreparable, pues para ello es menester la existencia de una violación directa a los derechos sustantivos de la parte promovente, contenidos en las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Federal, y además, que la citada violación ya no pudiese ser reparada en la resolución definitiva que se llegase a dictar en el juicio natural; lo cual no sucede en la especie, pues la violación alegada aún puede ser reparada, lo cual haría que los efectos de la violación combatida quedaran extinguidos y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, en términos generales, el juicio de amparo indirecto actualmente ya no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo, cuando se reclama el fallo definitivo. En base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último a contrario sensu. Por ende, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Victor Hugo Rivera Rivera, en términos del artículo 113 ibídem, en virtud de que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, la certeza de la improcedencia del juicio de amparo. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado, únicamente para oir y recibir todo tipo de documentos y notificaciones a licenciado Jorge de la Vega Nicasio, hasta en tanto acredite estar registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal los estrados de este recinto judicial. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. En diverso aspecto, se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación, en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente.

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