Victor Hugo Rivera Rivera

Expediente 1541/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1541/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2017

Partes del expediente

  • Victor Hugo Rivera Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    - Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . .

  2. Principal

    - Vista la demanda de garantías promovida por . . . contra actos de la Juez Décimo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otras autoridades, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1541/2017-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y, si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el invocado precepto, el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que de la demanda de garantías se obtiene que el quejoso señalo bajo protesta de decir verdad y en forma expresa que el acto reclamado lo constituye: Al Juez Décimo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. La orden de retornar el exhorto cuyo número de expediente es el 165/2017 sin haber diligenciado lo ordenado por el juez Exhortante ni verificado el cumplido la orden hecha por el propio Juez Décimo Civil, ahora autoridad responsable, a la Coordinación de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, publicado el 31 de octubre de 2017. La falta de cercioramiento de la ejecución de la orden hecha por el juez exhortado, hoy autoridad responsable, respecto del requerimiento de la desocupación y entrega de la casa número 80 de Circuito Balvanera, Fraccionamiento Balvanera Polo & Country, Municipio de Corregidora en el Estado de Querétaro al demandado Alejandro Gutiérrez Muñoz. Ambos incumplimientos son respecto de la orden instruida por el Juez Décimo de lo Civil de dicho Tribunal en su carácter de Juez exhortado en el expediente de exhorto 165/2017 contenida en el auto de fecha 31 de agosto de 2017, consistente en requerir al C. Alejandro Gutiérrez Muñoz la desocupación y entrega de la casa número 80 de Circuito Balvanera, Fraccionamiento Balvanera Polo& Contry, Municipio de Corregidora en el Estado de Querétaro. La omisión de ejecución del auto de fecha 31 de agosto de 2017 dictada por el Juez Décimo Civil del Estado de Querétaro, consistente en el requerimiento y la desocupación y entrega de la casa número 80 de Circuito Balvanera, Fraccionamiento Balvanera Polo & Country, Municipio de Corregidora en el Estado de Querétaro al C. Alejandro Gutiérrez Muñoz. Ahora bien previo al estudio de los actos que ahora reclama la parte quejosa, y tomando en consideración la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se transcribe el argumento que sirvió para desechar el juicio de amparo 1505/2017-II, lo anterior para los efectos legales conducentes; con apoyo en la Jurisprudencia VI.1o.P. J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible a página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO". A lo que la Juez Acuerda: En esa virtud se transcribe el estudio en la parte conducente: ". La omisión de la autoridad responsable Titular de la Coordinación de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, de dar cumplimiento a la orden instruida por el Juez Décimo de Primera Instancia Civil en el Distrito Judicial de Querétaro, en su carácter de Juez Exhortado dentro del exhorto 165/2017, contenido en acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, esto es, designar personal actuarial para requerir la desocupación y entrega de la casa número 80, de Circuito Balvanera, Fraccionamiento Balvanera Polo & Country, Corregidora, al C. Alejandro Gutiérrez Muñoz" Entonces si el quejoso se duele de "La omisión de la autoridad responsable de dar cumplimiento a la orden instruida por el Juez Décimo de Primera Instancia Civil en el Distrito Judicial de Querétaro, dentro del exhorto 165/2017, dicho acto no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, toda vez que es factible que al momento de la prosecución del trámite, se repare la violación alegada, máxime que está en aptitud de comparecer ante la responsable y solicitar la boleta de cita para el desahogo de su diligencia. Lo anterior es así, pues el promovente es parte en los autos del juicio de origen 522/2017, del índice del Juzgado Septuagésimo Civil de la ciudad de México, donde se emitió un oficio de exhorto para la ejecución del juicio, que por turno le toco conocer al Juez Décimo de Primera Instancia Civil en el Distrito Judicial de Querétaro, quien admitió el mismo dentro del exhorto 165/2017, por lo que la omisión reclamada, no produce una afectación material a derechos sustantivos, toda vez que no paraliza de forma total la secuela procesal de dicho juicio, pues el promovente como se precisó en el párrafo que antecede se encuentra en aptitud de gestionar ante la responsable acordar de conformidad su petición. Por analogía, es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En este orden de ideas, como se anticipó, el hecho de que al ahora quejoso no se le haya dado fecha para la diligencia de desocupación y entrega de inmueble que reclama, este no constituye un acto que sea de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales, pues como ya ha sido explicado en párrafos precedentes, está en aptitud de solicitar ante la responsable fecha para el desahogo de la diligencia encomendada, siendo este un requisito contenido en el Reglamento de la Coordinación de Actuarios y Peritos del Poder Judicial del Estado de Querétaro Arteaga, y así sea programada su cita para el desahogo de la misma, pues el impulso procesal para el desahogo de esta diligencia corre a cargo de la parte solicitante; pues contrario a lo expuesto, la parte quejosa en su capítulo de antecedentes numeral cuarto, manifiesta "Tal es el caso que, el pasado 31 de octubre de 2017, habiendo revisado físicamente el expediente 165/2017 en el Juzgado Décimo Civil en esta Entidad Federativa, no obra razón actuarial alguna en la que se hubiese cumplido ni intentado cumplir de manera alguna la orden del Juez multireferido en los párrafos que anteceden, no obstante de haber transcurrido dos meses para que aconteciera tal orden e instrucción a la Coordinación de Actuarios, sin que ningún actuario hubiese atendido no observado la orden respectiva". Máxime porque, para determinar la procedencia o improcedencia del amparo biinstancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Acorde a lo anterior, los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquéllos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Esto es, la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que éste sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como garantías individuales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen deban ser de aquéllos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, como se dijo, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Ley Suprema. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Los criterios aplicables, no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. En base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último a contrario sensu." En virtud de lo anterior y toda vez que en el diverso juicio de amparo ya fue analizado el acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento a la orden instruida por el Juez Décimo de Primera Instancia Civil en el Distrito Judicial de Querétaro, en su carácter de Juez Exhortado dentro del exhorto 165/2017, contenido en acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, esto es, designar personal actuarial para requerir la desocupación y entrega de la casa número 80, de Circuito Balvanera, Fraccionamiento Balvanera Polo & Country, Corregidora, al C. Alejandro Gutiérrez Muñoz; este órgano judicial procera atender únicamente respecto al acto reclamado en el inciso a) y b) del apartado de actos reclamados, por ende, este juzgado considera que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracción XII, así como 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.] - - -" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: - - - [.] - - - XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Ahora, del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquéllas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". [El énfasis es añadido]. Sentado lo precedente, tenemos que en el presente asunto la quejosa reclama la omisión por parte del Juez Décimo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, de verificar la ejecución e integrar debidamente el exhorto librado con el objeto de ordenar la desocupación y entrega de la casa número 80 de Circuito Balvanera, Fraccionamiento Balvanera Polo & Country, Municipio de Corregidora en el Estado de Querétaro al demandado Alejandro Gutiérrez Muñoz; sin embargo, ello, como se advierte, no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el agraviado es parte, de ahí que el acto reclamado no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que se trata de una violación de carácter adjetivo, conforme al cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria, pues en todo momento la inconforme puede instar al juez ante el cual se tramita el procedimiento natural, en la vía y forma que estime pertinente para que ordene librar una nueva comunicación oficial debidamente requisitada, para lograr el llamamiento del enjuiciado de mérito. De lo anteriormente precisado, no existe duda en cuanto a que en el juicio de origen, el quejoso figura como parte formal y material, tan es así que le asiste el carácter de actora; asimismo, tampoco existe incertidumbre en cuanto a que el juicio natural se encuentra en trámite. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, apoya lo establecido la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 478, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamgente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Por otra parte y a mayores datos, este órgano jurisdiccional considera que respecto al acto reclamado publicado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, que ordena la devolución de los autos al Juez Exhortante, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El citado precepto, en lo conducente, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; - - - [.] - - -." En efecto, en el presente caso, la parte quejosa incumplió con el principio de definitividad para los efectos del juicio de amparo, al no haber agotado el recurso de revocación que pudo hacer valer en contra del auto de diecinueve de enero del año en curso, medio de impugnación que se encuentra establecido en los artículos 684 y 698 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, cuyo contenido establecen: "Artículo 684.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento." "Artículo 685.- En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este código." Lo anterior se afirma, en atención a que la peticionaria del amparo es actora en el procedimiento del que emana el acto reclamado, por lo que, como parte formal y material, se encuentra obligada a interponer los recursos ordinarios que la ley le concede, esto es, cumplir con el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción de amparo y al no interponerse dicho medio de impugnación a través del cual hubiera sido modificada o revocada la determinación que constituye el acto reclamado, deviene improcedente la presente demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo razonado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federal, publicada en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, correspondiente a la Novena Época, cuyo texto es: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, cobra aplicación por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 41/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Página 101, Materia Civil, Novena Época, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación." De igual forma, respalda lo determinado por analogía, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Mayo de 1991, consultable a página 277, la cual establece: "RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA CIVIL. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si interpuesto el recurso de apelación extraordinaria el juez de primer grado lo desecha, previamente al juicio de garantías, procede el recurso de queja, por denegada apelación, previsto en el artículo 723, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; pero, cuando el desechamiento de tal apelación, lo dicta el tribunal de alzada, también previamente al juicio constitucional, debe agotarse el recurso ordinario de reposición, previsto en el artículo 686 del ordenamiento citado. Consecuentemente, estándose en el primer supuesto, procede confirmar el sobreseimiento decretado por la juez de Distrito, ya que, el peticionario, previamente a la demanda de garantías, debió agotar el citado recurso ordinario de queja y no el de apelación que erróneamente promovió." Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia anteriormente invocada, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Rivera Rivera, en virtud de que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, la certeza de la improcedencia del juicio de amparo. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado, únicamente para oir y recibir todo tipo de documentos y notificaciones a licenciado Jorge de la Vega Nicasio, hasta en tanto acredite estar registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal los estrados de este recinto judicial. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente. . .

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