Víctor Hugo Olvera Robles

Expediente 299/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
299/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Olvera Robles

Actuaciones

  1. Principal

    "... Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ****; en atención a su contenido, se autoriza la devolución de las copias certificadas que exhibió junto con su escrito inicial de demanda, por conducto de la persona que designa en el escrito de cuenta. En el entendido que, para acudir a recogerlos, deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte..."

  2. Principal

    "...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de seis de junio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido..."

  3. Principal

    "... Vista la demanda de amparo presentada por ********************, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 299/2022-IV-B. Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo indirecto para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En relación con la causal de inejercibilidad invocada, es de señalar que los Tribunales Colegiados de Circuito, así como los Jueces de Distrito, son los encargados de tutelar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el juicio de amparo, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen dichos derechos, por tanto, no puede atribuírseles violación de éstos, en el ejercicio de tal función. Ahora bien, la hipótesis de improcedencia transcrita tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, pues de permitir la impugnación de las resoluciones emitidas por órganos de control constitucional, con un nuevo juicio de amparo, originaría una cadena interminable de juicios de amparo. Asimismo, se desprende que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante diverso juicio de derechos fundamentales, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados con otro de la misma naturaleza, pues implicaría juicios de amparo contra actos de otro juicio de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables dictados en un juicio constitucional. Es de hacerse notar, que los actos dictados por los órganos de control constitucional, no se encuentran exentos de ser revisados, ya que para tal efecto la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contemplar diversos medios de impugnación, sin embargo, como ya se ha dicho, ni la decisión del fondo o cualquier otro tipo de determinación, pueden ser revisados a través de un nuevo juicio constitucional, pues no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad; considerar lo contrario, es decir, estimar procedente dicho medio de defensa extraordinario en contra de actos, resoluciones u omisiones en otro juicio de amparo, implicaría ejercer la facultad de control constitucional, sobre otro control de la misma naturaleza. Sin que tampoco el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, no es posible dejar de atender lo previsto en la fracción IX del artículo 61, así como el artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que son cuestiones relativas a la procedencia del juicio de amparo, la cual es una institución por la que, los órganos jurisdiccionales federales se encuentran impedidos para examinar si el acto reclamado es constitucional o no, y respecto de la cual, no opera la aplicación de la figura del control de convencionalidad..."

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