Víctor Hugo Martínez Chena
Expediente 336/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Hugo Martínez Chena
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..."
- Principal
"... Visto el escrito de demanda presentado por ******************** contra actos de la Fiscal Séptima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Papantla, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 336/2022-I-B. El precepto transcrito autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. De los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Además, cabe destacar que un "derecho subjetivo" implica la existencia de una facultad otorgada por el ordenamiento legal; sin embargo, la existencia de esa prerrogativa no se deduce de la sola manifestación que haga quien dice ser titular de ella, pues se requiere de elementos probatorios aptos para demostrar tal extremo en forma fehaciente. En el caso en concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado la negativa de la Fiscal Séptima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Papantla, Veracruz, para darle acceso a la carpeta de investigación que esté integrando en su contra. De la transcripción del artículo 20 constitucional se advierte que se reconoce al imputado el derecho a intervenir en el proceso que se sigue en su contra, por lo que serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Lo que, en sentido contrario, implica que antes de tales actos procesales deben mantenerse en reserva las actuaciones de investigación. En la especie, de acuerdo a lo expuesto en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, el quejoso ********************no se encuentra detenido ni ha sido citado para rendir declaración o entrevista, es decir, no ha sido objeto de algún acto de molestia; por tanto, carece de interés jurídico para reclamar en esta instancia constitucional la negativa de acceso a alguna carpeta o carpetas de investigación. Sin que con lo anterior se transgreda su derecho a una defensa adecuada, pues la negativa reclamada es acorde a lo establecido en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, que limita la consulta e intervención a la carpeta de investigación, sólo en los casos expresamente señalados, en los que el quejoso no se encuentra ubicado. No pasa desapercibido que el primer párrafo del artículo 20 constitucional prevé que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción en favor de las partes, consistente en el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley), y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor puedan participar activamente, inclusive, en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso, tales como peritos o testigos. Así como que el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de igualdad entre las partes en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la ley, tutelado en los artículos 1º de la Constitución Federal y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, actualmente equiparados los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido, en un mismo plano, con rango constitucional. Tampoco se desatiende que la fracción III del artículo 20 constitucional establezca el derecho de los imputados a que le sean proporcionados los datos recabados en la carpeta de investigación. Porque esas prerrogativas deben interpretarse de manera sistemática con la diversa fracción VI del mismo numeral 20, que establece los casos en los cuales es posible dar acceso a la misma al imputado para que conozca los datos de prueba. Además, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que el quejoso haya adquirido la calidad de imputado o sea sujeto de un acto de molestia; pues si bien el agraviado refiere que el diez de junio del año en curso acudió ante la Fiscalía de Papantla, Veracruz a ponerse a disposición y que se le diera lectura de sus derechos, rendir su entrevista y aportar medios de prueba en su defensa, pero lo cierto es que la fiscal responsable le manifestó que no se le había citado para ello, agregando que el quejoso aduce ser el imputado en la capeta de investigación que se instruye en su contra; sin embargo tales manifestaciones son solo simples sospechas o temor de ser investigado, pero no demuestra la existencia de un acto de molestia concreto. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafo primero, del mismo ordenamiento, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por ******************** por notoriamente improcedente..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "... Visto el escrito de demanda presentado por ******************** contra actos de la Fiscal Séptima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Papantla, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 336/2022-I-B. El precepto transcrito autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. De los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Además, cabe destacar que un "derecho subjetivo" implica la existencia de una facultad otorgada por el ordenamiento legal; sin embargo, la existencia de esa prerrogativa no se deduce de la sola manifestación que haga quien dice ser titular de ella, pues se requiere de elementos probatorios aptos para demostrar tal extremo en forma fehaciente. En el caso en concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado la negativa de la Fiscal Séptima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Papantla, Veracruz, para darle acceso a la carpeta de investigación que esté integrando en su contra. De la transcripción del artículo 20 constitucional se advierte que se reconoce al imputado el derecho a intervenir en el proceso que se sigue en su contra, por lo que serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Lo que, en sentido contrario, implica que antes de tales actos procesales deben mantenerse en reserva las actuaciones de investigación. En la especie, de acuerdo a lo expuesto en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, el quejoso ********************no se encuentra detenido ni ha sido citado para rendir declaración o entrevista, es decir, no ha sido objeto de algún acto de molestia; por tanto, carece de interés jurídico para reclamar en esta instancia constitucional la negativa de acceso a alguna carpeta o carpetas de investigación. Sin que con lo anterior se transgreda su derecho a una defensa adecuada, pues la negativa reclamada es acorde a lo establecido en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, que limita la consulta e intervención a la carpeta de investigación, sólo en los casos expresamente señalados, en los que el quejoso no se encuentra ubicado. No pasa desapercibido que el primer párrafo del artículo 20 constitucional prevé que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción en favor de las partes, consistente en el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley), y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor puedan participar activamente, inclusive, en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso, tales como peritos o testigos. Así como que el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de igualdad entre las partes en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la ley, tutelado en los artículos 1º de la Constitución Federal y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, actualmente equiparados los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido, en un mismo plano, con rango constitucional. Tampoco se desatiende que la fracción III del artículo 20 constitucional establezca el derecho de los imputados a que le sean proporcionados los datos recabados en la carpeta de investigación. Porque esas prerrogativas deben interpretarse de manera sistemática con la diversa fracción VI del mismo numeral 20, que establece los casos en los cuales es posible dar acceso a la misma al imputado para que conozca los datos de prueba. Además, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que el quejoso haya adquirido la calidad de imputado o sea sujeto de un acto de molestia; pues si bien el agraviado refiere que el diez de junio del año en curso acudió ante la Fiscalía de Papantla, Veracruz a ponerse a disposición y que se le diera lectura de sus derechos, rendir su entrevista y aportar medios de prueba en su defensa, pero lo cierto es que la fiscal responsable le manifestó que no se le había citado para ello, agregando que el quejoso aduce ser el imputado en la capeta de investigación que se instruye en su contra; sin embargo tales manifestaciones son solo simples sospechas o temor de ser investigado, pero no demuestra la existencia de un acto de molestia concreto. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafo primero, del mismo ordenamiento, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por ******************** por notoriamente improcedente..."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,850 expedientes
- Víctor Hugo Aguilar Herrera261/2018
- Víctor Hugo Aguilera Herrera17/2020
- Víctor Hugo Delgado Reyes776/2015
- Víctor Hugo Huesca Rosado445/2019
- Víctor Hugo Huesca Rosado350/2019
- Víctor Hugo Huesca Rosado y Otros.40/2020
- Víctor Hugo Olvera Robles299/2022
- Víctor Hugo Pancardo Vite370/2011
- Victor Linares San Martín627/2019
- Víctor López García656/2023
- Víctor López García679/2023
- Víctor Manuel Barrera Hernández4/2023