Victor Hugo Martinez Corona
Expediente 1017/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1017/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Victor Hugo Martinez Corona
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1017/2021-VII. Puebla, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído que tuvo por no presentada la demanda de amparo. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1017/2021-VII. Puebla, Puebla, siete de octubre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de promovida por Víctor , por propio derecho, contra actos de la Unidad Especializada en Investigación de Robo a Comercio Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que se señalan como actos reclamados en el capítulo correspondiente y de manera destacada: ".Se reclama de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras el mandamiento de judicialización a mis espaldas de una o varias carpetas de investigación, sin que el suscrito haya declarado en dicha carpeta o carpetas de investigación, siendo totalmente ilegal y fuera de todo procedimiento judicial, librada en contra del suscrito Quejoso * , por un supuesto delito, en donde se me quiere incriminar o imputar directamente con los hechos, sin que se me haya citado a través de un mandamiento judicial de presentación ante la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ROBO A COMERCIO, o LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN CENTRO, o LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN SUR, o LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN LA MARGARITA o LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN LA POPULAR; y, "De las autoridades ejecutoras, reclamado el inminente cumplimiento y ejecución de orden de búsqueda, aprehensión y detención totalmente ilegal y fuera de procedimiento judicial, librada por las responsables ordenadoras en contra del suscrito Quejoso .". De igual forma, es importante destacar lo manifestado por el impetrante de amparo en el capítulo de antecedentes, a saber: ".el día cinco de octubre del año en curso, aproximadamente a las doce horas del día, al estar en mi domicilio llegó una persona del sexo masculino quien no se identificó y solo me manifestó que era policía ministerial y que estaba buscándome ya que estaba yo señalado como "ratero" y que tarde o temprano iría por mí para llevarme a la cárcel, yo le comenté que no sabía nada de lo que me estaba acusando, y seguramente tiene la intención de detenerme y privarme de mi libertad personal, tratando de ejecutar la orden de busca, aprehensión, detención, decretada en mi contra por las responsables ordenadoras, lo que a la fecha no han logrado en virtud de que he permanecido fuera de mi domicilio." Así, del análisis de los actos reclamados, concatenado con esa transcripción, se desprende que el quejoso pretende reclamar: ? El ejercicio de la acción penal de las autoridades ordenadoras; y, ? La orden de búsqueda, aprehensión y detención librada en su contra por las autoridades ministeriales señaladas como responsables, así como su ejecución. Sin embargo, debe precisarse que, respecto de esos actos reclamados, es improcedente el presente juicio de amparo acorde con lo que se expone a continuación: 1. Ejercicio de la acción penal. Resulta un acto improcedente de impugnación mediante el juicio de derechos humanos solicitado, porque involucra el deber de indagación y persecución de los delitos, conferido al ministerio público en el artículo 21 de la Constitución Federal; por lo cual, se estima que se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, el ejercicio de la acción penal o el mandamiento de judicialización -como lo refiere el quejoso en la demanda de amparo- resulta un acto que deriva de la facultad investigadora de la representación social; y, en ese sentido, constituye una cuestión de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Es así, pues de conformidad con lo que disponen los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para integrar en su caso, una carpeta de investigación, misma que está encaminada a probar la comisión de un delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia del imputado, la cual carece de acto que cause daño o perjuicio al quejoso, por ser de orden público dicha integración y consecuente ejercicio de la acción penal, según lo establece el precepto legal citado en primer término. . Además, el hecho de que la representación social ejerza acción penal o, en su caso, solicite audiencia para formulación de imputación, no trae aparejada, en sí mismo, un perjuicio al quejoso; pues, de ser el caso, será la autoridad judicial quien determine si es procedente o no ordenar la citación, comparecencia o aprehensión del imputado; y, precisamente, esa sería la determinación que, en todo caso, afectaría la esfera jurídica del quejoso. En este sentido, es indudable la improcedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra el ejercicio de la acción penal; pues, la afectación se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de comparecencia o aprehensión. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad.... De los hechos narrados por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se desprende que, tuvo conocimiento que desde hace varios días se han presentado a su domicilio elementos policiacos -según su narrativa- que lo buscaban por estar señalado como "ratero" y que estos tenían una orden de búsqueda, aprehensión o detención, decretada en su contra por las autoridades responsables ordenadoras, lo que a la fecha no han logrado. Sin embargo, esa narración no se ubica en el supuesto de hecho del derecho que prevé el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que el Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente. En efecto, esta hipótesis constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, porque se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a las autoridades señaladas como responsables, porque, ese supuesto no requiere de control judicial previo; y, en la especie, se indicó que estas autoridades han acudido de manera reiterada a tratar de ejecutar un mandato de captura; sin embargo, no existen condiciones o elementos que hagan su poner que esta detención se efectúa de manera urgente, esto es, sin control judicial previo, porque, precisamente, dichas autoridades ejecutoras -según lo expuesto por el quejoso- ha acudido de manera reiterada. Entonces, cualquier otro mandato de captura ajeno a un supuesto de urgencia, debe ser ordenado por una autoridad judicial. Por lo tanto, conforme lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a desechar la demanda de amparo, por lo que respecta al acto consistente en la orden de detención y su ejecución. 3. Orden de búsqueda y aprehensión. Por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en las órdenes de búsqueda y aprehensión, así como su ejecución, debe precisarse que es improcedente el presente juicio de amparo por tratarse de autoridades ministeriales, a quienes no puede atribuírseles una determinación de esta envergadura. En efecto, dichas autoridades carecen de facultades para ordenar o ejecutar -salvo las autoridades policiacas- una orden de busca o aprehensión de conformidad a lo establecido por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues, resulta facultad exclusiva de las autoridades judiciales el dictar una orden de búsqueda y aprehensión, una vez que tienen conocimiento del hecho por el cual la autoridad ministerial ejerce acción penal o solicita audiencia para formulación de imputación. Sin embargo, tal y como se precisó en párrafos precedentes, la solicitud ministerial está supeditada al control judicial previo. Y, si en el caso particular, el quejoso omitió señalar autoridades judiciales, a quien atribuirles la orden de búsqueda y aprehensión, resulta inconcuso que las autoridades ministeriales señaladas como ordenadoras no pueden ser consideradas, para efectos de este juicio de protección de derechos, como autoridades responsables. Por último, por lo que respecta a las autoridades ejecutoras que refiere, se desecha la demanda de amparo toda vez que, de conformidad con el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estas autoridades actúan en auxilio de las autoridades judiciales y ministeriales para efectuar actos de investigación y detención; sin embargo, éstas no pueden ejercer esos actos a mutuo propio; entonces, resulta evidente que, por si solas, no pueden ejecutar ningún mandato de captura. Y, si la demanda de amparo resultó improcedente por aquellas autoridades señaladas como ordenadoras, quienes conducen el actuar de esos elementos de policial, deviene inconcuso que el juicio de protección de derecho es improcedente respecto de aquellas autoridades que fueron señaladas como ordenadoras. En suma, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad constitucional determina desechar de plano la demanda de protección de derechos.Domicilio, autorizado y acceso electrónico. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo -ubicado en esta ciudad--. Asimismo, se tienen como autorizado, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a *, ello, porque su cedula profesional se encuentra registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que resulte procedente tener como medio para oír y recibir notificaciones el número de teléfono que proporciona, pues el artículo 26 de la Ley de Amparo, no contempla las notificaciones vía telefónica; en efecto, el citado artículo únicamente prevé la notificación electrónica cuando las partes que expresamente así lo soliciten hayan tramitado de manera previa la Firma Electrónica.Notifíquese; personalmente al quejoso.
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