Víctor Hugo López Chente Roman

Expediente 760/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
760/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2018

Partes del expediente

  • Víctor Hugo López Chente Roman

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación a que se refiere la razón de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió impugnar el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, que tuvo por no presentada la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso ******** **********, para comparecer debido al requerimiento formulado en acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, transcurrió del veintiocho al treinta de agosto del año que transcurre, pues fue notificado el veinticuatro de agosto del año en curso (foja 16), sin que hubiera comparecido a ratificar el escrito aclaratorio. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento del acuerdo de referencia y se tiene por no presentado el escrito recibido el veintidós de agosto de esta anualidad. Por otro lado, de autos también se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso, por auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, transcurrió del dieciséis al veintidós de agosto del año en curso, pues fue notificado el catorce de agosto del presente año (foja 10), a efecto de desahogar la prevención ahí inmersa, sin que hubiese dado cumplimiento a la misma. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo antes señalado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.

  3. Principal

    Se ordena agregar a los autos el escrito al parecer signado por el quejoso *********************************************, por el cual pretende cumplir con lo requerido en proveído de trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 6 a la 9). Sin embargo, se observa que la firma plasmada en el escrito de cuenta, difiere de la que obra en la demanda origen del presente juicio, en particular existen diferencias en la presión y el trazo que pueden implicar que una persona distinta del quejoso, haya suscrito el escrito aclaratorio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se requiere al quejoso *************************************, para que comparezca ante este juzgado con credencial oficial vigente y copia simple de la misma, a manifestar bajo protesta de decir verdad, si la firma que obra en el escrito de cuenta, fue estampada de su puño y letra. Ello, en el improrrogable plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, en la tesis XIII. 1°. J/10, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Febrero de 1992, página 83, cuyo rubro indica: "FIRMA EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NOTORIAMENTE DISTINTA A LAS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL". Se hace saber al promovente que la necesidad de requerirlo para que comparezca a ratificar su firma, obedece a las diferencias en la presión y el trazo de la rúbrica que calza el escrito aclaratorio, lo cual tiene importancia, pues la firma plasma la voluntad de instaurar la acción constitucional. Es más, la firma como expresión de voluntad está vinculada con lo establecido por el artículo 107 constitucional, pues este en su fracción primera, exige la instancia de parte agraviada para sustanciar el juicio constitucional, porque de evidenciarse la falsedad de la firma en algún escrito de instauración procesal -como el aclaratorio- se estaría ante la ausencia de la instancia de parte agraviada, la cual es exigida constitucionalmente. Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , ha sostenido que los jueces de distrito tienen facultad para ordenar el desahogo de una pericial en caligrafía y grafoscopía, de considerar que las firmas plasmadas en la demanda, difieren con alguna que obra en otro escrito dentro del expediente (como en el caso la del escrito aclaratorio). Pese a lo anterior, este juzgador considera de momento como una forma más viable para la verificación de la autenticidad de dicha firma, la comparecencia del promovente a este órgano jurisdiccional. Empero, se le apercibe que de omitir comparecer en el plazo señalado, se tendrá no presentado el escrito de referencia. También se hace del conocimiento del promovente que de omitir conducirse con la verdad, se puede actualizar el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV del artículo 247 del Código Penal Federal. Lo cual se corrobora a partir de la interpretación realizada por contradicción de tesis, 3a. 24, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 385, de rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA".

  4. Principal

    Se recibe la demanda de protección suscrita por /// por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda se advierten irregularidades, en las denominaciones de varias autoridades responsables. Para demostrar lo primero, se hace notar que en el capítulo específico de las autoridades responsables, el quejoso señaló: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: CON EL CARÁCTER DE ORDENADORA.- 1. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD DE PUEBLA. 2. LICENCIADO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN FUNCIONES ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DE TEPEACA SEGUNDO TURNO, CON DOMICILIO BIEN CONOCIDO EN TEPEACA PUEBLA PUEBLA. CON EL CARÁCTER DE EJECUTORA.- 1. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD DE PUEBLA. 2. DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA." Sin embargo, en el apartado relativo al acto reclamado introdujo el quejoso de manera errónea y genérica, las siguientes denominaciones:  Jueces Penales y Civiles en el Distrito Judicial de Puebla;  Agentes del Ministerio Público Investigadores en el Distrito Judicial de Puebla y Cholula del Estado de Puebla; En esas condiciones, tales denominaciones generan confusión porque sólo se limitó a realizar un señalamiento genérico, además que al referir Jueces Civiles no sería competencia de este juzgado. Asimismo, respecto a los Agentes del Ministerio Público Investigadores en el Distrito Judicial de Puebla y Agentes del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cholula del Estado de Puebla; también fue muy genérico Todo lo cual obliga a declarar la irregularidad de la demanda en las autoridades citadas; y de admitirla en los términos propuestos, se imposibilitaría el emplazamiento de las mismas al grado de generar la posibilidad de sobreseimiento, por la falta de una responsable concreta. Por otra parte, en el organigrama de la Fiscalía General del Estado de Puebla refleja la inexistencia de la autoridad relacionada con el Director General de la Policía Ministerial en la ciudad de Puebla, por las reformas estructurales que sufrió hace algunos años. Inclusive puede señalarse que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, la cual desde luego debe ser la correcta, completa y actual; cuya carga procesal corresponde al peticionario del amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso /////, para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración:  Exprese a cuál de los ocho jueces en materia penal del Distrito Judicial de Puebla desea señalar como autoridad responsable; y  Si desea señalar como autoridades responsables a los Jueces Civiles.  Especifique a cuáles Agentes del Ministerio Público Investigadores en el Distrito Judicial de Puebla se refiere;  Así como a qué Agentes del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cholula del Estado de Puebla desea señalar como responsables.  Manifieste si insiste en señalar como responsable al Director General de la Policía Ministerial en la ciudad de Puebla. Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente forma: una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una (1) para cada autoridad responsable, una (1) para el fiscal adscrito al proceso y una (1) para el tercero interesado si lo hubiere en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia. Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento formulado en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, las listas de este juzgado de distrito, porque así lo señaló el quejoso; sin que se tenga a persona alguna en términos amplios, porque omitió señalarlos. En cambio, quedan autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones las personas nombradas por el quejoso, porque omitió conferirles facultades amplias en forma expresa, y de varias no pudo encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. También se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a éste, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse los autorizados (y el quejoso) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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