Victor Hugo Mancera Narvaez
Expediente 384/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Victor Hugo Mancera Narvaez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, que determinó desechar la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años referidos, deberá ser transferido al depósito documental que para al efecto señale la Dirección General de Archivo y Documentación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Destino del expediente principal. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo cuarto de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para al efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que es disposición prevé. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Al no ser atendido el aviso recibo por este conducto se notifica a la parte quejosa el proveído de diez de noviembre del año en curso, que en lo medular dice: Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, que determinó desechar la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años referidos, deberá ser transferido al depósito documental que para al efecto señale la Dirección General de Archivo y Documentación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Destino del expediente principal. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo cuarto de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para al efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que es disposición prevé. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de veintitrés de septiembre del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo promovida por **; determinación que no fue notificada al quejoso en los términos señalados en dicho acuerdo. Notificación al quejoso Por tanto, se turnan los autos al actuario judicial a efecto de que notifique de manera personal al quejoso el citado auto de veintitrés de septiembre del actual.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica con los autos del veintitrés de septiembre y veintiuno de del año actual: acuerdo del veintitrés de septiembre actual: Visto el escrito del quejoso ***, por el cual cumple con la prevención formulada en el presente juicio el diez del mes y año en curso. Demanda de amparo y escritos aclaratorios. Por tanto, con la demanda de amparo y escritos aclaratorios, *** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades que se aprecian en la tabla siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Agente del Ministerio Público Investigador 2, de nombre ***, con sede en esta ciudad. La valoración de datos de prueba documentales. No sobreseimiento de diversa carpeta de investigación. Debido proceso. Acceso a la justicia imparcial. Competencia. Todos respecto de la carpeta de investigación ** judicializada con el número de causa penal ***. 2. Juez Tercero de Partido Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. La falta de emplazamiento al juicio sucesorio especial intestamentario *** a bienes de Agripina Mancera Rodríguez. Actos reclamados. En el capítulo de antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la parte quejosa en su demanda de amparo y escritos aclaratorios, señala que: Se sigue en su contra carpeta de investigación *** misma que dio origen a la causa penal ***, averiguación a la cual se hicieron valer vicios ante el juez de Control en Materia Penal. En lo referente al juicio sucesorio testamentario *** del índice del Juzgado Tercero de Partido Civil en Celaya, el ahora promovente se ostenta en cuanto tercero extraño y reclama la falta de emplazamiento. Actos que emanan de procedimientos distintos. En ese contexto, se advierte que los actos reclamados por el quejoso son diferentes, tanto en la autoridad a la que se atribuyen, como en la naturaleza de los asuntos; de ahí, que aún y cuando de los diversos escritos presentados a la fecha por el promovente, se advierta que la querellante de la causa penal y la demandante del juicio civil -ambos referidos anteriormente-, son la misma persona (***), aunado a que los dos se encaminan respecto del mismo bien inmueble número *** ***; empero cada uno de los asuntos jurídicos descritos tiene finalidades distintas, por lo que deben analizarse en juicios de amparo independientes. Separación de juicios. En consecuencia de lo anterior, se ordena la separación de juicios, dado que los actos reclamados por el promovente son independientes entre sí, puesto que lo impugnado referente al juicio sucesorio intestamentario no se encuentra hilado a las cuestiones rebatidas correspondientes a la carpeta de investigación ni a la causa penal seguidas en su contra; a diferencia de la unión existente entre dicha carpeta de averiguación y la causa en cita. Así pues, en apoyo de lo anterior se citan las jurisprudencias siguientes: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. En esas condiciones, en atención al orden en que fueron enunciados los actos reclamados por el quejoso, este juzgado determina conocer del relacionado a la carpeta de averiguación previa ***, que se judicializó bajo el número de la causa penal ***; y se abstiene de conocer sobre los actos reclamados derivados del juicio sucesorio testamentario *** del índice del Jugado Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad. Remisión de la demanda. Con oficio que derive del presente juicio, envíese copia certificada de la demanda a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que proceda a turnarla al juzgado que corresponda y se provea lo conducente al estudio de los actos impugnados atribuidos a la autoridad responsable siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Juez Tercero de Partido Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. La falta de emplazamiento al juicio sucesorio especial intestamentario *** a bienes de ***. Análisis del acto reclamado derivado de la carpeta de investigación. Hecho este pronunciamiento, procede analizar la procedencia de la demanda respecto del diverso acto: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Agente del Ministerio Público Investigador 2, de nombre ***, con sede en esta ciudad. Los actos reclamados no constituyen actos de autoridad. En el asunto que nos ocupa se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que ordena, emite, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Así, los actos reclamados en este juicio constitucional se llevaron a cabo dentro de la carpeta de averiguación previa ***, tal como lo manifiesta el promovente bajo protesta de decir verdad en la narración de antecedentes y escritos aclaratorios, que hace y lo acredita con las documentales que adjunta. Además, dicha carpeta fue judicializada y radicada bajo el número de causa penal 1P619-1107. Esto, ya que en términos del artículo 211, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público ya solicitó fecha para la audiencia inicial; la que, si bien aún no se ha desahogado, el juez de Control ya la señaló. Por lo cual, ya se judicializo la aludida carpeta. Por tal razón, al haberse judicializado, el Ministerio Público perdió el carácter de autoridad y formó parte del proceso penal, en atención al principio de igualdad procesal; por lo que no puede considerársele como autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto, ya que si pudo haber emitido actos durante la etapa de investigación inicial, lo cierto es que la carpeta ya fue judicializada con base en la citación a la audiencia inicial por parte del juez de control. De ahí que todos los actos que haya emitido el Ministerio Público durante la integración de la carpeta de investigación y que por su trascendencia puedan causar algún perjuicio, en su caso, deben ser cuestionados ante el juez de control, quien es el rector del procedimiento penal en comento. Ello, pone de manifiesto que los actos reclamados del agente del Ministerio Público Investigador 2, derivan de una relación jurídico procesal, en la que la autoridad señalada como responsable tiene el carácter de sujeto del procedimiento con calidad de parte (mas no de autoridad), y la parte quejosa de indiciado (mas no de gobernada respecto de aquélla), porque ésta actúa como encausado a proceso penal, a su decir, sujeto de investigación de dicho agente. Se sostiene lo anterior, virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que en el caso no acontece, dado que el presente juicio de amparo lo promovió la parte quejosa en cuanto indiciado de la causa penal 1P619-1107, de la que deriva la carpeta de averiguación previa 128587/2017 y los actos reclamados los constituyen medularmente, según dice, la valoración de datos de prueba documentales, el no sobreseimiento de la carpeta de investigación, el debido proceso, acceso a la justicia y competencia; las que ya no son atribuibles al Ministerio Público, puesto que ya es parte, en igualdad de circunstancias que el quejoso, en el proceso penal. De ese modo, aun cuando el agente del Ministerio Público Investigador 2, pudiera tener el carácter de autoridad con motivo de algunas de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho agente en los que intervenga, deban considerarse como actos de autoridad; y que, por tanto, los actos reclamados deban ser considerados como de autoridad para los efectos del presente juicio. Apoya lo anterior la tesis número 1a./J. 34/2020 (10a.), de cuatro de septiembre de dos mil veinte, con número de registro 2022071, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Así como la tesis número I.1o.P.70 P (10a.), de septiembre de dos mil diecisiete, con número de registro 2015111, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 46, tomo III, de rubro y texto siguiente: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL QUEJOSO EN CUANTO A QUE SE LE CITE A COMPARECER Y RINDA ENTREVISTA CON EL CARÁCTER DE INDICIADO EN AQUÉLLA. SI DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA DICHA OMISIÓN SE ADVIERTE QUE LA CARPETA NO HA SIDO JUDICIALIZADA MEDIANTE PETICIÓN AL JUEZ DE CONTROL, PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PARA EL EFECTO DE QUE EL AGENTE RESPONSABLE NO DETERMINE EN DEFINITIVA LA INVESTIGACIÓN INICIAL. Y de igual manera la tesis número I.8o.P.23 P (10a.), de junio de dos mil diecinueve, con número de registro 2020129, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, libro 67, tomo VI, de rubro y texto siguiente: MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. En esas condiciones, se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad; dicho de otra forma, en torno a los actos reclamados, no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas a los actos de autoridad, puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación penal existente entre la parte quejosa con el Ministerio Público, pues en realidad implica -según lo afirma la parte quejosa- la valoración de datos de prueba documentales, el no sobreseimiento de la carpeta de investigación, el debido proceso, acceso a la justicia y competencia respecto de la carpeta de averiguación previa **judicializada bajo el número de la causa penal ***. Lo anterior es así, ya que en la demanda de amparo se sostiene que los actos no derivan de un procedimiento administrativo -seguido ante una autoridad en ejercicio de una relación de supra a subordinación con el gobernado-, por un lado. De ahí que, se reitera, los actos reclamados derivan de una relación jurídica procesal, y cualquier reclamación que la parte quejosa pretenda realizar tendrá que hacerla valer una vez que agote previamente todos los medios que brinda la ley. Además, tampoco se esá en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la ley de la materia, pues el hecho de que se determine que los actos atribuidos a la responsable en este juicio "no son actos de autoridad", no implica por exclusión, que deban ser considerados como "actos de particulares", susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo, toda vez que para ello se requiere: Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: Dicten, ordenen, ejecuten o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u, Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la nueva Ley de Amparo que el acto de un particular debe ser "equivalente" a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados, empero ello en un plano de supra a subordinación. Conforme a lo expuesto, se estima que la relación entre el agente del Ministerio Público Investigador número 2 y la parte quejosa, no es de supra a subordinación, sino, como ya se dijo, de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, ya que se rigen conforme a las condiciones generales del procedimiento penal que para tal efecto son implementados por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. ACUERDO VEINTIUNO DE OCTUBRE ACTUAL: Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de veintitrés de septiembre del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo promovida por **; determinación que no fue notificada al quejoso en los términos señalados en dicho acuerdo. Notificación al quejoso Por tanto, se turnan los autos al actuario judicial a efecto de que notifique de manera personal al quejoso el citado auto de veintitrés de septiembre del actual.
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