Victor Guerrero Lopez
Expediente 322/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Victor Guerrero Lopez
Actuaciones
- Principal
Firme desechamiento. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, sin que lo hubiesen hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Archivo. Se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Valoración documental.**** Destino del expediente, es destruible en tres años. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general.**** Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto el comunicado y anexos que envía el secretario del juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en Irapuato, Guanajuato, al que se acompaña la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Lo anterior, por considerar que carece de competencia legal para conocer de la acción de amparo y la finca a los juzgados de Distrito en esta ciudad. Se acepta competencia declinada. Hágase del conocimiento al tribunal colegiado que este órgano acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. *** Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ***, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Consejo General del Instituto Nacional Electoral; Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral; Director de personal del Instituto Nacional Electoral; Director de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral; y Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023; Residentes en la ciudad de México. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 322/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto el siguiente: Decreto de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente los artículos 30, 31,32, 33, 38, 44, 48, 52, 57, 61, 62, 64, 71, 72, 74, 76, 98, 99, 116, 125 Septies; así como los transitorios Tercero, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo primero, Décimo segundo, Décimo tercero, Décimo cuarto, Décimo quinto, Décimo sexto, Décimo octavo, Décimo noveno, Vigésimo, Vigésimo tercero, Vigésimo quinto y Vigésimo sexto; así como el Acuerdo INE/CG135/2023 y su ejecución. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Improcedencia por ser actos de autoridades en materia electoral. Esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 61. El precepto de la Ley de Amparo establece la improcedencia de la acción contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Esta causal no se surte solamente por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. Pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Posteriormente, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la tesis: 2a./J. 61/2011 dispuso que el sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados. Siguió que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos, y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Análisis del caso concreto. Sentadas las premisas anteriores, es pertinente establecer lo dispuesto por la Carta Magna sobre el acto reclamado por la aquí quejosa. Así, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. Dicho Instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. En esa línea, las porciones normativas reclamadas indican: ****Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Nacional Electoral con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y el presente Decreto, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita aquéllas que deban sustituirlas. Séptimo. Entre enero y abril de 2023, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificará la normativa que se deberá adecuar conforme al presente Decreto, para garantizar que, antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, haya emitido la necesaria para proveer el cumplimiento de lo dispuesto en las reformas contenidas. Noveno. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Nacional Electoral, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos ni en los ejercicios fiscales subsecuentes. Décimo. A más tardar en abril de 2023, el Consejo General identificará las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, y planificará su ejecución para que, a más tardar el 1 de agosto de 2023, se haya concluido. Los remanentes presupuestales que se generen con motivo de la presente disposición, deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Décimo Primero. El Instituto garantizará que la reestructuración orgánica que derive del presente Decreto se realice con pleno respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidarán dichos fideicomisos; sus remanentes se entregarán a la Tesorería Federación. Décimo Segundo. Entre enero y mayo de 2023, el Consejo General tomará opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil y competencias idóneas de los vocales operativos, con el fin de que, a más tardar el 1o. de junio siguiente, se tenga concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las Juntas Distritales para determinar de entre ellos, quiénes ocuparán el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalarán con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto. **** De los preceptos mencionados se advierte que la reforma electoral implica una modificación orgánica, estructural y de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral, y el Consejo General es la institución encargada de su ejecución, en donde uno de los fines es el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Ahora, los quejosos acuden a la instancia constitucional por derecho propio y ostentan los cargos que refieren, donde exhiben diversas constancias con las que acreditan la relación laboral, y arguyen que con motivo del Decreto, se verá afectada su situación laboral adquirida, ya que la relación será normada por disposiciones distintas a las contenidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional; que serán separados de su empleo que desarrollan como personal calificado; y que desaparecerá el área en la que prestaba sus servicios, con prestaciones distintas a las que recibe. En ese sentido, la reforma electoral tiene por efecto una modificación en la estabilidad del empleo de los promoventes, pues se modifican las remuneraciones y otras prestaciones al empleo o cargo que ostentan; modificación laboral que deriva de la reforma electoral reclamada no solo a autoridades legislativas, sino también a diversas dependencias del propio Instituto Nacional Electoral. Esto es, la reforma electoral menciona que a más tardar el uno de mayo de dos mil veintitrés, el Consejo General emitirá los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto ordenada en el presente Decreto, así como de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Por lo que se concluye que la causa de pedir, versa sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo del peticionario del amparo que serán ejecutadas por el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General. Es decir, las modificaciones a las condiciones de trabajo de los quejosos en su carácter que ostentan en Instituto Nacional Electoral, tiene como finalidad modificar las remuneraciones y otras prestaciones al empleo o cargo que ostenta el promovente, diversas a las que ahora tienen. Modificaciones salariales y de funciones que constituyen conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y los promoventes del amparo. Por ello, tal diferencia laboral debe ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio respectivo que se rige por disposiciones en esa materia; ello, con base en el ordinal 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues tiene que ver con la aplicación del Decreto reformatoria de leyes electorales. Por ende, en esos supuestos, el acto o resolución están sujetos al control constitucional a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Lo expuesto, ya que como lo mencionó el Pleno del Máximo Tribunal del país, la causal en comento no se surte solamente por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. Aunado a que las violaciones a las que alude puede hacerlas valer ante la autoridad electoral competente, quien, en su caso, vigilará el cumplimiento de los derechos humanos contemplados constitucional y convencionalmente*** Protesta de ley. **** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 61, en relación con el numeral 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario ***, para acceder vía Internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, y, con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones de carácter personal.
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