Víctor Hugo Hernández Reyes

Expediente 371/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
371/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Hernández Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos para que obren como simple antecedente los oficios que remite la Secretaria del Tercer Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad; en virtud de que mediante auto de catorce de junio del presente año, se remitió al archivo el presente asunto. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, con el oficio 804/2022, se tiene que el Magistrado actuante devuelve el expediente original del juicio de amparo 371/2022, que inicialmente se radicó en este órgano jurisdiccional. Ahora bien, del estado que guarda el cuaderno de antecedentes, se tiene que el ocho de junio de dos mil veintidós, esta Juzgadora se declaró incompetente por jerarquía, para conocer de la demanda de amparo presentada por **********, lo que motivó que se remitieran los autos originales del juicio de amparo 371/2022, del cual conoció el Tercer Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, mismo que radicó bajo el similar 9/2022. En este sentido, y atento a las directrices establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se formó cuaderno de antecedentes del expediente 371/2022; de lo que se puede concluir que el expediente original que ahora se recibe, forma parte de las actuaciones procesales que conforman el expediente 9/2022 de la estadística del tribunal de Alzada. Por tanto, se ordena devolver al Tercer Tribunal Unitario de este Circuito. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a catorce de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite la Secretaria del Tercer Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, mediante el cual, informa que acepta la competencia planteada y asume el conocimiento del asunto, el cual quedó registrado bajo número de expediente 9/2022 de su índice. En tal sentido, al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, se cataloga la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no contiene información clasificada como reservada según los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 97 de la legislación en comento. El cuaderno de antecedentes es un expediente auxiliar de incompetencia, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, por lo que es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. IRS

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito signado por el quejoso, mediante el cual atiende la prevención formulada por auto de diez de mayo del año en curso, en el que se le previno en los siguientes términos: [.] Precise con toda claridad el acto de que se duele; es decir, si la resolución de ocho de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 11/2022-SPA-11, confirmó la resolución en la que el Juez del Sistema Penal Acusatorio decretó la exclusión de pruebas; o, en su caso, confirmó la sentencia emitida en el proceso penal de origen; lo anterior, a fin de estar en aptitud de remitir su demanda de amparo al órgano jurisdiccional que corresponda conocer. [.] Al respecto, debe decirse que en el escrito de cuenta el promovente manifiesta lo que a continuación se precisa: [.] En cuanto a los actos reclamados de las autoridades responsables menciono lo siguiente: El fallo que confirma la resolución en segunda instancia de fecha 08 de Abril de 2022 dentro del toca penal 11/2022-SPA-11 misma que fue emitida por el MAGISTRADO DEL CUARTO TRIBUNAL UNITARIO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO EN FUNCIONES EN EL TRIBUNAL DE ALZADA, mediante el cual decretó la exclusión de pruebas, y a la cual se le dará cumplimiento por parte de la Autoridad Ejecutora JUEZ ESPECIALIZADO EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL, pues se ha dejado al suscrito en estado de indefensión, lo anterior en virtud de que el defensor público no ofreció medios de prueba a favor del suscrito, de lo cual se deduce que no tuve una defensa técnica adecuada, siendo un principio fundamental el derecho a ofrecer pruebas. [.] Así, resulta pertinente precisar que la parte quejosa reclama lo resuelto el ocho de abril de dos mil veintidós, en el toca penal 11/2022-SPA-11, en el que el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, determinó sobre la exclusión de pruebas. Ahora bien, la competencia es un presupuesto procesal, que consiste en el conjunto de normas procesales que distribuyen, entre los diversos órganos judiciales de un mismo orden jurisdiccional, el conocimiento de la fase declarativa de los objetos procesales. La naturaleza de las normas que regulan la competencia objetiva es de orden público e implica cuestiones de interés general, de manera que si a un determinado juzgado no le corresponde el conocimiento de una determinada materia, sus actuaciones procesales no necesariamente adolecerán de una nulidad, aunque impedirá un pronunciamiento sobre el fondo del asunto; por lo que, no debe existir tardanza en establecer a qué juzgador corresponde el conocimiento del asunto. En segundo término, dada la importancia y trascendencia que tiene este presupuesto procesal, la Ley de Amparo, en el título primero, capítulo V, relativo a la "COMPETENCIA", establece reglas formales para delimitar el conocimiento, trámite y resolución de las demandas de amparo entre los diversos órganos jurisdiccionales, así como las vías y mecanismos para cuestionar la competencia de un órgano jurisdiccional al que se atribuye la facultad para conocer de un juicio de amparo. Ahora bien, resulta necesario traer a la vista el contenido del artículo 36, en vinculación con el transitorio primero, fracción I, de la Ley de Amparo, con motivo de la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, los cuales prevén: 36. Los tribunales colegiados de apelación sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Transitorios Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo siguiente: I. Las disposiciones relativas a los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, entrarán en vigor de manera gradual y escalonada en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. De los preceptos legales transcritos se desprende que el legislador secundario, acorde a lo previsto en el artículo 107 Constitucional, determinó que de los juicios de amparo indirecto, promovidos contra actos de Tribunales Unitarios de Circuito, conocerá otro tribunal de la misma naturaleza, indicándose expresa y limitativamente que la competencia recaerá en uno del mismo Circuito, si lo hubiera, y a falta de éste, en el más próximo a la residencia del que resultare responsable, con lo cual, quedó claramente delimitada la citada competencia, con base en dos criterios, a saber: a) igualdad jerárquica; y, b) proximidad. Es así que la Primera Sala de la Suprema Corte se ha pronunciado sobre la competencia por grado, refiriéndose a cada cognición del litigio por un juzgador, siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin, de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse. Por todo lo anterior, es inconcuso que este juzgado federal carece de competencia, con motivo de la jerarquía; siendo aplicable al presente caso, la Jurisprudencia P./J. 25/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, registro 196514, página 17, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama. En consecuencia, con fundamento en los artículos 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 36 de la Ley de Amparo, y con base en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase de inmediato el original del asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que lo turne al Tribunal Unitario correspondiente [con excepción del señalado como responsable], a fin de que determine si confirma o no la presente determinación de incompetencia, y solicítese en forma respetuosa y atenta se sirva expedir el correspondiente acuse de recibo. Obténganse las copias conducentes para formar el cuaderno de antecedentes de estilo y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; a ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito signado por el quejoso, mediante el cual atiende la prevención formulada por auto de diez de mayo del año en curso, en el que se le previno en los siguientes términos: [.] Precise con toda claridad el acto de que se duele; es decir, si la resolución de ocho de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 11/2022-SPA-11, confirmó la resolución en la que el Juez del Sistema Penal Acusatorio decretó la exclusión de pruebas; o, en su caso, confirmó la sentencia emitida en el proceso penal de origen; lo anterior, a fin de estar en aptitud de remitir su demanda de amparo al órgano jurisdiccional que corresponda conocer. [.] Al respecto, debe decirse que en el escrito de cuenta el promovente manifiesta lo que a continuación se precisa: [.] En cuanto a los actos reclamados de las autoridades responsables menciono lo siguiente: El fallo que confirma la resolución en segunda instancia de fecha 08 de Abril de 2022 dentro del toca penal 11/2022-SPA-11 misma que fue emitida por el MAGISTRADO DEL CUARTO TRIBUNAL UNITARIO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO EN FUNCIONES EN EL TRIBUNAL DE ALZADA, mediante el cual decretó la exclusión de pruebas, y a la cual se le dará cumplimiento por parte de la Autoridad Ejecutora JUEZ ESPECIALIZADO EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL, pues se ha dejado al suscrito en estado de indefensión, lo anterior en virtud de que el defensor público no ofreció medios de prueba a favor del suscrito, de lo cual se deduce que no tuve una defensa técnica adecuada, siendo un principio fundamental el derecho a ofrecer pruebas. [.] Así, resulta pertinente precisar que la parte quejosa reclama lo resuelto el ocho de abril de dos mil veintidós, en el toca penal 11/2022-SPA-11, en el que el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, determinó sobre la exclusión de pruebas. Ahora bien, la competencia es un presupuesto procesal, que consiste en el conjunto de normas procesales que distribuyen, entre los diversos órganos judiciales de un mismo orden jurisdiccional, el conocimiento de la fase declarativa de los objetos procesales. La naturaleza de las normas que regulan la competencia objetiva es de orden público e implica cuestiones de interés general, de manera que si a un determinado juzgado no le corresponde el conocimiento de una determinada materia, sus actuaciones procesales no necesariamente adolecerán de una nulidad, aunque impedirá un pronunciamiento sobre el fondo del asunto; por lo que, no debe existir tardanza en establecer a qué juzgador corresponde el conocimiento del asunto. En segundo término, dada la importancia y trascendencia que tiene este presupuesto procesal, la Ley de Amparo, en el título primero, capítulo V, relativo a la "COMPETENCIA", establece reglas formales para delimitar el conocimiento, trámite y resolución de las demandas de amparo entre los diversos órganos jurisdiccionales, así como las vías y mecanismos para cuestionar la competencia de un órgano jurisdiccional al que se atribuye la facultad para conocer de un juicio de amparo. Ahora bien, resulta necesario traer a la vista el contenido del artículo 36, en vinculación con el transitorio primero, fracción I, de la Ley de Amparo, con motivo de la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, los cuales prevén: 36. Los tribunales colegiados de apelación sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Transitorios Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo siguiente: I. Las disposiciones relativas a los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, entrarán en vigor de manera gradual y escalonada en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. De los preceptos legales transcritos se desprende que el legislador secundario, acorde a lo previsto en el artículo 107 Constitucional, determinó que de los juicios de amparo indirecto, promovidos contra actos de Tribunales Unitarios de Circuito, conocerá otro tribunal de la misma naturaleza, indicándose expresa y limitativamente que la competencia recaerá en uno del mismo Circuito, si lo hubiera, y a falta de éste, en el más próximo a la residencia del que resultare responsable, con lo cual, quedó claramente delimitada la citada competencia, con base en dos criterios, a saber: a) igualdad jerárquica; y, b) proximidad. Es así que la Primera Sala de la Suprema Corte se ha pronunciado sobre la competencia por grado, refiriéndose a cada cognición del litigio por un juzgador, siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin, de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse. Por todo lo anterior, es inconcuso que este juzgado federal carece de competencia, con motivo de la jerarquía; siendo aplicable al presente caso, la Jurisprudencia P./J. 25/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, registro 196514, página 17, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama. En consecuencia, con fundamento en los artículos 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 36 de la Ley de Amparo, y con base en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase de inmediato el original del asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que lo turne al Tribunal Unitario correspondiente [con excepción del señalado como responsable], a fin de que determine si confirma o no la presente determinación de incompetencia, y solicítese en forma respetuosa y atenta se sirva expedir el correspondiente acuse de recibo. Obténganse las copias conducentes para formar el cuaderno de antecedentes de estilo y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.

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