Víctor Hugo Guerra Prieto
Expediente 843/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Hugo Guerra Prieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 843/2018, promovido por Víctor Hugo Guerra Prieto, contra actos del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. En otro aspecto, certifico: que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de diez de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la inexistencia de las autoridades que denominó "Jefe de Seguridad, Custodia y Supervisión de la Comisión de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado de Michoacán" y "Comité Técnico de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado de Michoacán", transcurrió del dieciséis al dieciocho de octubre pasado; sin que haya hecho manifestación al respecto. JUEZ: Téngase por realizada la relación de hechos que antecede. En consideración a la certificación que antecede de la que se advierte que a la fecha han fenecido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de diez de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la inexistencia de las autoridades que denominó "Jefe de Seguridad, Custodia y Supervisión de la Comisión de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado de Michoacán" y "Comité Técnico de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado de Michoacán", sin que haya hecho manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene como inexistentes a las autoridades de referencia, ordenándose suspender toda comunicación con éstas, por lo que no se realizará pronunciamiento alguno en relación con éstas en sentencia. SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: a) Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. b) Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, en atención al oficio 14194 dirigido a los Miembros de la Comisión de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado de Michoacán. c) Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario La Piedad, Michoacán. d) Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario La Piedad, Michoacán, en funciones de Presidente del Comité Técnico. e) Encargado de la Jefatura del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro Penitenciario La Piedad, Michoacán. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. Al no existir pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, a través del pedimento 377/2018. JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto IX-843/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remitido en esa fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Víctor Hugo Guerra Prieto, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables que precisó en su demanda, a quienes reclamó la orden traslado del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán a uno diverso. Acto que el quejoso consideró violatorio en su perjuicio de los derechos humanos reconocidos por los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tener ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, el acto reclamado por el quejoso lo es la orden traslado del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán a uno diverso. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis de los informes justificados rendido por las autoridades responsables Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, por sí y en atención al oficio 14194 dirigido a los Miembros de la Comisión de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado de Michoacán, Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario La Piedad, Michoacán, por sí y en funciones de Presidente del Comité Técnico y Encargado de la Jefatura del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro Penitenciario La Piedad, Michoacán; se obtiene que negaron la existencia del acto que se les atribuye. Pese a lo manifestado por las autoridades responsables de referencia, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime, que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado; sin embargo, no se satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Víctor Hugo Guerra Prieto, en contra del acto que reclamó de las autoridades responsables, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil dieciocho. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los autos el pedimento 377/2018, signado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, a través del cual hace manifestaciones en vía de alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellos en audiencia constitucional. En cuanto a su solicitud en el sentido de que se le expida copia de la resolución que se dicte en autos, una vez que ello acontezca expídasele la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. SE RECIBEN INFORMES JUSTIFICADOS. Con vista a las partes, agréguense a los autos los oficios de cuenta a través de los cuales las autoridades que los suscriben rinden informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil dieciocho. SE RECIBEN INFORMES JUSTIFICADOS. Con vista a las partes, agréguense a los autos los oficios de cuenta que suscribe el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, por sí y en cuanto miembro de la Comisión de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, mediante los cuales rinde informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, glósense al sumario únicamente para que obren como constancia los oficios del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, en los que manifiesta la imposibilidad que existe para rendir informe justificado respecto de las autoridades que el quejoso denominó como "Jefe de Seguridad, Custodia y Supervisión de la Comisión de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado de Michoacán" y "Comité Técnico de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado de Michoacán", toda vez que no existen con tales denominaciones en el organigrama de esa Coordinación; sin que haya lugar a mayor pronunciamiento toda vez que por auto de diez de octubre actual se proveyó lo conducente. INFORMES SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Por recibidos los oficios del Encargado de la Dirección del Centro Penitenciario "La Piedad", mediante el cual rinde informes correspondientes a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa dentro del juicio de amparo en que se actúa, en atención a los oficios 14195, 14196 y 14197; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
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