Víctor Hugo Curiel Delgado
Expediente 1210/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Hugo Curiel Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el seis de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente asunto, promovido por Víctor Hugo Curiel Delgado, a través de su representante Yessi Leopoldo Díaz de León López, por tanto, se acuerda lo siguiente. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora del Equipo Uno de la Unidad de Investigación y Litigación en Morelia, de la Fiscalía General de la República, Delegación Michoacán, con sede en esta ciudad, las constancias que adjuntó como sustento de su informe justificado consistente en copia certificada del expediente FED/MICH/MLM0001294/2021; para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el original del cuaderno incidental es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada; por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el mismo. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Finalmente, por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del multicitado acuerdo plenario, destrúyase el mismo una vez transcurridos seis meses a partir del presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintidós. SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA Vista la razón actuarial levantada el once de octubre del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa la sentencia con engrose de seis de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, como de la certificación que antecede se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de diez de diciembre de de dos mil veintiuno, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, a la fecha ha concluido sin que lo hubiere hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita, por ende, notifíquesele la sentencia dictada en autos, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto hagan la designación correspondiente, lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese por lista a la parte quejosa la sentencia con engrose de seis de octubre de dos mil veintidós. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
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VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número VII-1210/2021, promovido por Víctor Hugo Curiel Delgado, a través de su representante Yessi Leopoldo Díaz de León López, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-5 Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Morelia, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 2 a 16), turnado el día siguiente hábil a este Juzgado, Víctor Hugo Curiel Delgado, a través de su representante Yessi Leopoldo Díaz de León López, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A.- Señalo como AUTORIDAD ORDENADORA: Al licenciado Israel Camacho Ponce, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-5 Morelia, Agencia de Casos Transversales del Equipo de Investigación y Litigación 1, en el Estado de Michoacán de Ocampo, de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal en Morelia, Michoacán, de Ocampo, con domicilio bien conocido en Calle Batalla Monte de las Cruces No. 65, esquina Avenida Acueducto, Colonia Lomas de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, C.P. 58240. B).- Señalo como AUTORIDAD EJECUTORA: 1).- Al Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal en Morelia, Michoacán de Ocampo, con domicilio conocido en Calle Batalla Monte de la Cruces No 65, esquina Avenida Acueducto, Colonia Lomas de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, C.P. 58240. 2).- Desde este momento manifiesto mi deseo de señalar también como autoridad responsable ejecutora al Representante Legal que corresponda del local de encierro de las grúas en el cual se encuentran depositados los automotores propiedad de mi representado, nombre de las grúas y domicilio que desconozco en este momento, debido a que al suscrito no se le ha permitido el acceso a la carpeta de investigación relacionada con los hechos, por lo que de manera respetuosa solicito se le pida a la autoridad responsable que al momento de rendir el informe previo y justificado manifieste el nombre de dichas grúas, así como su domicilio para que en el momento procesal oportuno se les tenga como autoridad responsable y por los actos reclamados que más adelante señalaré." "IV. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo: A).- La negativa de devolver los vehículos automotores propiedad de mi representada, lo anterior mediante acuerdo de fecha 18 de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001294/2021, manifestando bajo protesta de decir verdad, el acto reclamado me fue notificado mediante correo electrónico el día 18 de noviembre del año en curso. Los vehículos automotores son los siguientes: VEHÍCULO 1 (TRACTOCAMIÓN): PROPIETARIO: VÍCTOR HUGO CURIEL DELGADO MARCA: INTERNATIONAL TIPO: TRACTOCAMIÓN MODELO: 9200-450-ISX-18VEL-192 AÑO: MODELO 2009 PLACAS DE CIRCULACIÓN. 09AR8A DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL NÚMERO DE SERIE: 3HSCEAPT79N067596 NÚMERO DE MOTOR: 79308363 TARJETA DE CIRCULACIÓN: 2579872 Propiedad que acreditó con la Factura con número de Folio Fiscal B88271D7-B64A-4E6D-B43F-CEF1281B29A6, endosada en fecha 03 de enero de 2020, endoso realizado por la C. SILVIA ELENA GARCÍA CASTILLO a favor de mi representado C. VÍCTOR HUGO CURIEL DELGADO; misma tarjeta de circulación cotejada número 2579872, expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante la Dirección General de Autotransporte Federal, a favor de mi representado. VEHÍCULO 2 (SEMIRREMOLQUE): PROPIETARIO: VÍCTOR HUGO CURIEL DELGADO MARCA: STRUK TIPO: TANQUE MODELO: 2020 PLACAS DE CIRCULACIÓN: 78UJ2H DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL NÚMERO DE SERIE: 3S9TA4332LJ078295 TARJETA DE CIRCULACIÓN. 2579871. Propiedad que acredito con las facturas con número de Folio Fiscal 36AD952B-4413-4ED6-BC39-440C0DD30458, endosada en fecha 03 de enero de 2020, endoso realizado por la C. SILVIA ELENA GARCÍA CASTILLO a favor de mi representado C. VÍCTOR HUGO CURIEL DELGADO; así mismo tarjeta de circulación cotejada número 2579871, expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante la Dirección General de Autotransporte Federal, a favor de mi representado. B).- Con lo anterior señaló como acto reclamado la desposesión de los vehículos automotores que más adelante señalaré y por tanto el ilegal aseguramiento de los mismos, el cual hasta la fecha no se me ha notificado acuerdo alguno, mucho menos a mi representado. C).- La omisión de cuidado y brindar las medidas de seguridad necesarias a dichos vehículos para el efecto de que los mismos no se pierdan, alteren, oculten o destruyan. De las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo la ejecución de todos y cada uno de los actos u omisiones señalados en los puntos anteriores incluidos la falta de custodia y cuidado sobre los mismos. " SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del acto reclamado e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 37 a 43), se formuló prevención a la parte quejosa para que Yessi Leopoldo Díaz de León López, acreditara con documento fehaciente el carácter de apoderado de Víctor Hugo Curiel Delgado y exhibiera las copias necesarias para correr traslado a las partes. La referida prevención la desahogó mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintidós (fojas 73 a 75), ocurso al recayó el auto de dieciocho de enero del presente año, en el que previo a acordar lo conducente, se requirió al promovente a efecto de que en el término de tres días siguientes a partir de que quedara legalmente notificado de ese auto, compareciera a ratificar el escrito y a reconocer como suya la firma que lo alza. En cumplimiento a lo anterior, mediante diligencia de once de marzo de dos mil veintidós (foja 108), compareció a ratificar su escrito presentado el diecisiete de enero del año en curso y a reconocer como suya la firma que lo calza. En auto de quince de marzo de dos mil veintidós (foja 110) se reservó proveer la ratificación del referido y reconocimiento de firma, hasta en tanto fuera devuelto el exhorto girado al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, a efecto de verificar si se encontraba dentro del término que se le concedió. En auto de siete de junio de dos mil veintidós (fojas 123 a 125), se tuvo por devuelto el exhorto aludido, por lo que se dio cuenta con la comparecencia de ratificación y se tuvo a Jessi Leopoldo Días de León López como apoderado de Víctor Hugo Curiel Delgado; enseguida se admitió a trámite la demanda y se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Cabe precisar que por auto de trece de junio de dos mil veintidós (foja 136), se requirió a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de quince días, contado a partir de la legal notificación de ese proveído, ante la manifestación de la responsable en el sentido de que tenía imposibilidad de rendir informe justificado, en virtud de que reasignó la carpeta de investigación al Agente Segundo del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora del Equipo Uno de la unidad de Investigación y Litigación en Morelia, compareciera a manifestar si era su deseo señalar como autoridad responsable a esta última. En cumplimiento a lo anterior, por escrito presentado vía electrónica el veintiséis de junio del presente año (fojas 140 a 1429), el apoderado del quejoso compareció a manifestar que sí era su deseo señalar como autoridad responsable antes señalada, motivo por el cual en proveído de veintisiete de junio pasado (fojas 143 y 144), se tuvo por desahogado el requerimiento y se tuvo como autoridad responsable sustituta al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora del Equipo Uno de la Unidad de Investigación y Litigación en Morelia, a quien se le pidió rindiera su informe justificado. Asimismo, en dicho proveído se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de junio del presente año, por lo que se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso señaló como Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. Seguido que fue el juicio por sus cauces legales se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, tiene competencia constitucional y legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 03/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana. Ello, toda vez que se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia y ejecución en esta ciudad, en la cual ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: El acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno emitido en la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001294/2021, en la que se declaró improcedente la petición formulada por su representante respecto a la devolución de dos vehículos de su propiedad, los cuales fueron asegurados en dicha carpeta. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO. Es cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-2 Morelia, con residencia en esta ciudad, consistente en el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitido dentro de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001294/2021, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que en copia certificada obran en autos correspondiente a la referida carpeta de investigación que obra en cuaderno de pruebas por separado, que remitió la autoridad responsable, a las que se confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentales públicas, de las que se advierte que la responsable emitió la determinación reclamada. CUARTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA FUNDADA. No obstante la certeza del acto reclamado no se estudiará el fondo del asunto, toda vez que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo anterior por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia que dice: "Registro digital: 218875 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 2o. J/209 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 55, Julio de 1992, página 51 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." El precepto transcrito prevé la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica, que se verifica cuando posteriormente a la emisión del acto reclamado sobreviene un nuevo acto que modifica la situación del primero, de modo que no es posible analizar aquél sin que afectar la situación creada por el segundo acto; resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto impugnado. Para tener por actualizada la causal de improcedencia en estudio, es necesario lo siguiente: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo provenga de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que se emita un nuevo acto que cambie la situación jurídica de aquél; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del primero sin afectar la nueva situación creada por el segundo. Además, jurisprudencialmente se ha establecido que debe existir autonomía entre el acto reclamado y el nuevo acto, de modo que este pueda subsistir con independencia de que el primer resulte o no inconstitucional. Sobre el particular se invoca la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 199808 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CXI/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, en cuanto a que el acto reclamado debe provenir de un procedimiento ya sea judicial o administrativo seguido en forma de juicio, es conveniente resaltar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003 (registro 184435), señaló que la expresión "procedimiento en forma de juicio" comprende aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre las partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva aun cuando sólo se trate de un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. La jurisprudencia señalada es del tenor literal que sigue: "Registro digital: 184435 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 22/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003, página 196 Tipo: Jurisprudencia PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." De esta forma, no es suficiente que el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo, sino que tal procedimiento debe seguirse en forma de juicio. En lo relativo a que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica del quejoso respecto del procedimiento, debe señalarse que es el elemento principal del motivo de improcedencia que nos ocupa y se refiere a la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso particular, y que además invariablemente debe verificarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. En este orden, el cambio de situación jurídica supone la existencia de una situación determinada y la posterior emisión de una resolución que tenga como consecuencia la creación de una diversa situación jurídica que sustituye a la anterior. Así, el cambio de la situación jurídica resulta de las etapas en que normalmente se va desenvolviendo un proceso, esto es, se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando paso a que se inicie una nueva etapa o situación; lo anterior en el entendido de que el cambio debe operar en el mismo procedimiento de donde emanan los actos reclamados. En este sentido se pronunció la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 354674 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXIV, página 1573 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica." Por lo que hace a que el acto reclamado no pueda ser analizado sin afectar la nueva situación jurídica en el procedimiento y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, los órganos del Poder Judicial de la Federación han precisado que la irreparabilidad a que hace alusión esta fracción es jurídico procesal y no física o material, pues no existe imposibilidad de esta naturaleza para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero sí un impedimento jurídico para ello. Así se desprende de la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "Registro digital: 221961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Septiembre de 1991, página 145 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." Por último, en cuanto a la autonomía que debe existir entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, se explica en el sentido de que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situación jurídica no exista un vínculo de subordinación, sino que sean independientes entre sí, de manera tal que aun cuando la situación jurídica reclamada en primer término adolezca de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica, la nueva situación pueda subsistir aunque la primera se invalidara. Es importante advertir que si bien, en términos genéricos, el procedimiento se entiende como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y, usualmente, la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores. De modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. Así, los requisitos enunciados configuran la improcedencia del juicio de amparo en términos de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ende, la ausencia de alguno de ellos tendrá como consecuencia desestimar la causa de improcedencia prevista en el citado dispositivo legal. Sentado el anterior marco normativo, es preciso recordar que la parte quejosa reclama: El acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno emitido durante el trámite de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001294/2021, en la que se declaró improcedente la petición formulada por su representante respecto a la devolución de dos vehículos de su propiedad, los cuales fueron asegurados en dicha carpeta; virtud de no haber reconocido de personería al apoderado del quejoso para intervenir en dicho expediente y existir actos pendientes de investigación y perfeccionamiento en la carpeta. En ese sentido, resulta necesario destacar que de las constancias de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001294/2021, exhibidas por la autoridad responsable, se advierte que con posterioridad a la emisión del acto reclamado, mediante resolución de doce de enero de dos mil veintidós (fojas 486 a 499 del cuaderno de pruebas), el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-2 Morelia, con residencia en esta ciudad, dentro de la referida indagatoria, en el punto resolutivo primero decretó el no ejercicio de la acción penal por los hechos que fueron investigados, al no logar identificar a persona cierta a la cual se le pueda realizar una imputación ante el órgano jurisdiccional. Asimismo, en el punto resolutivo cuarto dejó a disposición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, los vehículos afectos a la carpeta de investigación, esto es, aquellos cuya devolución se negó al quejoso, para efectos de su administración. Luego, es inconcuso que existe un cambio de situación jurídica en relación con el acto reclamado, al haber dictado el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula Segunda del Equipo 1 de Investigación y Litigación, con residencia en esta ciudad, resolución definitiva en la carpeta de investigación. Por consiguiente, no es posible analizar el acto reclamado consistentes en el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en que se negó al quejoso la devolución de los automotores afectos a la indagatoria, ya que la autoridad responsable dictó resolución en la carpeta de investigación en la que determinó el no ejercicio de la acción penal, dejando a disposición de diversa autoridad de los que inicialmente habían negado la devolución, esto es, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, los vehículos afectos a la indagatoria, para que les dé un destino diverso, por lo que esta última resolución, que es independiente, es la que ahora prevalece y podría en su caso, causar agravio a la parte quejosa. Más aún que al haber concluido la investigación con motivo del no ejercicio de la acción penal, se entiende también que concluyeron y se agotaron los actos de investigación, lo que implica también la alteración del entorno jurídico en que se dictó el acuerdo reclamado. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "Registro digital: 184701 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 5/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 5 Tipo: Jurisprudencia ASEGURAMIENTO DE BIENES. EL DECRETADO FORMALMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LOS QUE PREVIAMENTE HUBIESE SIDO DESPOSEÍDO EL QUEJOSO, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El hecho de que el agente del Ministerio Público decrete formalmente el aseguramiento de un bien mueble o inmueble, previa desposesión o desapoderamiento sufrido por la parte quejosa, como consecuencia de la investigación de un hecho delictivo, no puede ni debe considerarse como una actuación formal ministerial por la que opere la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica a que se refiere la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. Esto, en razón de que la averiguación previa constituye un procedimiento único, por lo que el efecto lesivo producido por ella sigue siendo idéntico, al seguir ejerciendo la disponibilidad del bien controvertido que ocasiona un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso al impedirle ejercer su derecho de disfrutar de dichos bienes, aunado a la circunstancia de que los actos mediante los cuales se ordena el desapoderamiento o desposeimiento, retención y posterior aseguramiento de bienes, generalmente obedecen a preservar las huellas o vestigios del delito, garantizar la reparación del daño del ofendido, o bien por tratarse de instrumentos u objetos del delito; por lo que si dichos actos responden al objetivo último de toda averiguación (acreditar los extremos de la acción penal), es inconcuso que no pueden ni deben ser considerados autónomos entre sí, ni consumados para los efectos de la procedencia del amparo. No es obstáculo a lo anterior, el que el sigilo y confidencialidad que deben imperar en las actuaciones ministeriales, impidan al particular conocer los pormenores, formalidades y diligencias que en ella se practiquen, pues ello no significa que esté imposibilitado para acudir a la vía judicial para combatir legalmente los actos de una autoridad que actúa con imperio y que pueden ser violatorios de las garantías individuales consagradas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, en tal supuesto, no constituyen actos consumados en forma irreparable que provengan de un cambio de situación jurídica, en virtud de que esta causal de improcedencia del juicio de garantías sólo puede actualizarse cuando el representante social resuelve consignar los hechos ante autoridad judicial competente, deja de ser autoridad para convertirse, de estar en el caso, en parte procesal, así como cuando determina darles a esos bienes un destino final autorizado por la ley. En esa tesitura, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la parte quejosa, al haberse decretado el sobreseimiento del juicio. Al respecto se invoca la jurisprudencia del rubro y texto que dice: "Registro digital: 226555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 1o. J/23 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por los artículos 61, 63, 65, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Hugo Curiel Delgado, a través de su representante Yessi Leopoldo Díaz de León López, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable, en términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con Leonel López Pérez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy seis de octubre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.LLP
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EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE FECHA SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número VII-1210/2021, promovido por Víctor Hugo Curiel Delgado, a través de su representante Yessi Leopoldo Díaz de León López, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-5 Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad y, R E S U L T A N D O: .y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.SEGUNDO...TERCERO.. CUARTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA FUNDADA. No obstante la certeza del acto reclamado no se estudiará el fondo del asunto, toda vez que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo anterior por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia que dice: "Registro digital: 218875 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 2o. J/209 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 55, Julio de 1992, página 51 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." El precepto transcrito prevé la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica, que se verifica cuando posteriormente a la emisión del acto reclamado sobreviene un nuevo acto que modifica la situación del primero, de modo que no es posible analizar aquél sin que afectar la situación creada por el segundo acto; resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto impugnado. Para tener por actualizada la causal de improcedencia en estudio, es necesario lo siguiente: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo provenga de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que se emita un nuevo acto que cambie la situación jurídica de aquél; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del primero sin afectar la nueva situación creada por el segundo. Además, jurisprudencialmente se ha establecido que debe existir autonomía entre el acto reclamado y el nuevo acto, de modo que este pueda subsistir con independencia de que el primer resulte o no inconstitucional. Sobre el particular se invoca la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 199808 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CXI/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, en cuanto a que el acto reclamado debe provenir de un procedimiento ya sea judicial o administrativo seguido en forma de juicio, es conveniente resaltar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003 (registro 184435), señaló que la expresión "procedimiento en forma de juicio" comprende aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre las partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva aun cuando sólo se trate de un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. La jurisprudencia señalada es del tenor literal que sigue: "Registro digital: 184435 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 22/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003, página 196 Tipo: Jurisprudencia PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." De esta forma, no es suficiente que el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo, sino que tal procedimiento debe seguirse en forma de juicio. En lo relativo a que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica del quejoso respecto del procedimiento, debe señalarse que es el elemento principal del motivo de improcedencia que nos ocupa y se refiere a la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso particular, y que además invariablemente debe verificarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. En este orden, el cambio de situación jurídica supone la existencia de una situación determinada y la posterior emisión de una resolución que tenga como consecuencia la creación de una diversa situación jurídica que sustituye a la anterior. Así, el cambio de la situación jurídica resulta de las etapas en que normalmente se va desenvolviendo un proceso, esto es, se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando paso a que se inicie una nueva etapa o situación; lo anterior en el entendido de que el cambio debe operar en el mismo procedimiento de donde emanan los actos reclamados. En este sentido se pronunció la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 354674 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXIV, página 1573 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica." Por lo que hace a que el acto reclamado no pueda ser analizado sin afectar la nueva situación jurídica en el procedimiento y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, los órganos del Poder Judicial de la Federación han precisado que la irreparabilidad a que hace alusión esta fracción es jurídico procesal y no física o material, pues no existe imposibilidad de esta naturaleza para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero sí un impedimento jurídico para ello. Así se desprende de la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "Registro digital: 221961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Septiembre de 1991, página 145 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." Por último, en cuanto a la autonomía que debe existir entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, se explica en el sentido de que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situación jurídica no exista un vínculo de subordinación, sino que sean independientes entre sí, de manera tal que aun cuando la situación jurídica reclamada en primer término adolezca de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica, la nueva situación pueda subsistir aunque la primera se invalidara. Es importante advertir que si bien, en términos genéricos, el procedimiento se entiende como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y, usualmente, la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores. De modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. Así, los requisitos enunciados configuran la improcedencia del juicio de amparo en términos de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ende, la ausencia de alguno de ellos tendrá como consecuencia desestimar la causa de improcedencia prevista en el citado dispositivo legal. Sentado el anterior marco normativo, es preciso recordar que la parte quejosa reclama: El acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno emitido durante el trámite de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001294/2021, en la que se declaró improcedente la petición formulada por su representante respecto a la devolución de dos vehículos de su propiedad, los cuales fueron asegurados en dicha carpeta; virtud de no haber reconocido de personería al apoderado del quejoso para intervenir en dicho expediente y existir actos pendientes de investigación y perfeccionamiento en la carpeta. En ese sentido, resulta necesario destacar que de las constancias de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001294/2021, exhibidas por la autoridad responsable, se advierte que con posterioridad a la emisión del acto reclamado, mediante resolución de doce de enero de dos mil veintidós (fojas 486 a 499 del cuaderno de pruebas), el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-2 Morelia, con residencia en esta ciudad, dentro de la referida indagatoria, en el punto resolutivo primero decretó el no ejercicio de la acción penal por los hechos que fueron investigados, al no logar identificar a persona cierta a la cual se le pueda realizar una imputación ante el órgano jurisdiccional. Asimismo, en el punto resolutivo cuarto dejó a disposición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, los vehículos afectos a la carpeta de investigación, esto es, aquellos cuya devolución se negó al quejoso, para efectos de su administración. Luego, es inconcuso que existe un cambio de situación jurídica en relación con el acto reclamado, al haber dictado el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula Segunda del Equipo 1 de Investigación y Litigación, con residencia en esta ciudad, resolución definitiva en la carpeta de investigación. Por consiguiente, no es posible analizar el acto reclamado consistentes en el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en que se negó al quejoso la devolución de los automotores afectos a la indagatoria, ya que la autoridad responsable dictó resolución en la carpeta de investigación en la que determinó el no ejercicio de la acción penal, dejando a disposición de diversa autoridad de los que inicialmente habían negado la devolución, esto es, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, los vehículos afectos a la indagatoria, para que les dé un destino diverso, por lo que esta última resolución, que es independiente, es la que ahora prevalece y podría en su caso, causar agravio a la parte quejosa. Más aún que al haber concluido la investigación con motivo del no ejercicio de la acción penal, se entiende también que concluyeron y se agotaron los actos de investigación, lo que implica también la alteración del entorno jurídico en que se dictó el acuerdo reclamado. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "Registro digital: 184701 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 5/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 5 Tipo: Jurisprudencia ASEGURAMIENTO DE BIENES. EL DECRETADO FORMALMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LOS QUE PREVIAMENTE HUBIESE SIDO DESPOSEÍDO EL QUEJOSO, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El hecho de que el agente del Ministerio Público decrete formalmente el aseguramiento de un bien mueble o inmueble, previa desposesión o desapoderamiento sufrido por la parte quejosa, como consecuencia de la investigación de un hecho delictivo, no puede ni debe considerarse como una actuación formal ministerial por la que opere la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica a que se refiere la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. Esto, en razón de que la averiguación previa constituye un procedimiento único, por lo que el efecto lesivo producido por ella sigue siendo idéntico, al seguir ejerciendo la disponibilidad del bien controvertido que ocasiona un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso al impedirle ejercer su derecho de disfrutar de dichos bienes, aunado a la circunstancia de que los actos mediante los cuales se ordena el desapoderamiento o desposeimiento, retención y posterior aseguramiento de bienes, generalmente obedecen a preservar las huellas o vestigios del delito, garantizar la reparación del daño del ofendido, o bien por tratarse de instrumentos u objetos del delito; por lo que si dichos actos responden al objetivo último de toda averiguación (acreditar los extremos de la acción penal), es inconcuso que no pueden ni deben ser considerados autónomos entre sí, ni consumados para los efectos de la procedencia del amparo. No es obstáculo a lo anterior, el que el sigilo y confidencialidad que deben imperar en las actuaciones ministeriales, impidan al particular conocer los pormenores, formalidades y diligencias que en ella se practiquen, pues ello no significa que esté imposibilitado para acudir a la vía judicial para combatir legalmente los actos de una autoridad que actúa con imperio y que pueden ser violatorios de las garantías individuales consagradas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, en tal supuesto, no constituyen actos consumados en forma irreparable que provengan de un cambio de situación jurídica, en virtud de que esta causal de improcedencia del juicio de garantías sólo puede actualizarse cuando el representante social resuelve consignar los hechos ante autoridad judicial competente, deja de ser autoridad para convertirse, de estar en el caso, en parte procesal, así como cuando determina darles a esos bienes un destino final autorizado por la ley. En esa tesitura, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la parte quejosa, al haberse decretado el sobreseimiento del juicio. Al respecto se invoca la jurisprudencia del rubro y texto que dice: "Registro digital: 226555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 1o. J/23 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por los artículos 61, 63, 65, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Hugo Curiel Delgado, a través de su representante Yessi Leopoldo Díaz de León López, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable, en términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con Leonel López Pérez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy seis de octubre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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