Victor Hugo Fuentes Villafuerte
Expediente 1045/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victor Hugo Fuentes Villafuerte
- Procuraduría Federal del Consumidor con residencia en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: VÍCTOR HUGO FUENTES VILLAFUERTE. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Víctor Hugo Fuentes Villafuerte, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, último párrafo, de la ley en consulta, 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, se declara firme para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ella se haya reclamado y, en el caso, se determinó sobreseer en el juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que la responsable antes precisada pueda recurrir la sentencia de que se trata. Por tanto, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este órgano jurisdiccional este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser trasferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otro lado, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se dio apertura al incidente de suspensión correspondiente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Hugo Fuentes Villafuerte, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el resultando primero de este fallo, por los motivos y fundamentos asentados en la parte considerativa tercera de esta sentencia.
- Principal
Recepción de escrito. Visto el escrito del quejoso Víctor Hugo Fuentes Villafuerte, mediante el cual ofrece como prueba de su parte la testimonial a cargo de René Ferreyra Orozco y Nancy Elena Guzmán Urueta. En virtud de lo anterior, se provee lo siguiente. Existencia de un pronunciamiento previo en relación a la prueba. Conviene destacar que el ofrecimiento de la prueba testimonial ya fue hecho con anterioridad, puesto que mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, el quejoso ofreció la mencionada probanza. Así, el veintiuno de enero del año en curso se desechó el citado medio de convicción, pues la parte quejosa no proporcionó el interrogatorio al tenor del cual se ha de desahogar la mencionada probanza. En dicho acuerdo, se estableció que atendiendo a los elementos destacados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta con que la testimonial se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia de su ofrecimiento son las siguientes: 1) Oportunidad; 2) Exhibición del interrogatorio original; y, 3) Presentación de las copias respectivas. De ahí que si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Pensar lo contrario implicaría que se perfeccionara la prueba testimonial, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo. Lo que dio origen a la jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.), visible en la página 15, libro 55, tomo I, junio de 2018, Décima época, registro 2017133, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas". Pretensión de subsanar una condición de eficacia. En ese sentido, el quejoso, mediante el escrito de cuenta, pretende subsanar las deficiencias anotadas en proveído de veintiuno de enero pasado, ya que en el nuevo ofrecimiento de la testimonial sí exhibe el interrogatorio al tenor del cual depondrán los atestes. Ahora, en la contradicción de tesis 428/2016 -que dio origen a la jurisprudencia anteriormente citada-, el Máximo Tribunal del País indicó que, como acto jurídico procesal, la actividad probatoria se rige bajo ciertos principios de la carga de la prueba y de la autorresponsabilidad de las partes. En relación con dichos principios, si bien se parte de la base de la igualdad de oportunidades en materia de pruebas, ello no impide afirmar que siempre resulta a cargo de una de las partes la necesidad de suministrar la prueba de ciertos hechos, sea porque los invoca a su favor, o porque de ellos se deduce lo que se pide, o porque el opuesto goza de presunción o de notoriedad, o bien, porque es una negación indefinida. De esa exigencia lógica resulta el principio de la carga de la prueba que conlleva una regla de conducta para el juzgador, en virtud de la cual puede fallar de fondo cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar. En ese tenor, el principio de carga de la prueba se encuentra íntimamente vinculado con el principio de autorresponsabilidad de las partes por su conducta en el proceso, al disponer de libertad para llevar al juicio, o no, la prueba de los hechos que la benefician y la contraprueba de los que, comprobados por el contrario, pueden perjudicarle; y es que a las partes les es posible colocarse en una total o parcial inactividad probatoria, por su cuenta y riesgo, de manera que las partes soportan las consecuencia de su inactividad, de su negligencia e, incluso, de sus errores, cuando éstos no son subsanables. Lo anterior encuentra su racionalidad en que si la prueba no fue ofrecida oportunamente o si no se delimitó su materia y su objeto a través de la exhibición del original del interrogatorio al tenor del cual debería ser desahogado, ni siquiera es el caso de que el Juez requiera al oferente de la prueba para que lo exhiba. Pues la prueba carece de origen de un elemento sustancial que no puede ser subsanable a través de un requerimiento del Juez del conocimiento. Pensar lo contrario, como se dijo, implicaría que se perfeccionara la prueba testimonial, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo. En ese sentido, el quejoso trata de perfeccionar un medio de prueba que ya fue desechado y que, atendiendo al principio de autorresponsabilidad de las partes, debe asumir la carga procesal del defecto destacado en el primer ofrecimiento de la prueba. Extemporaneidad. No obstante ello, aún en el supuesto de que fuera perfectible el hecho de no exhibir el interrogatorio original de la testimonial y que se pudiera ofrecer nuevamente, el ofrecimiento de la prueba testimonial es extemporáneo. Para afirmar lo anterior, recordemos que el numeral 119, párrafo tercero, de la ley en la materia, establece que el anuncio de este tipo de pruebas debe hacerse con cinco días hábiles de anticipación, sin contar el del ofrecimiento ni el de la fecha señalada para la audiencia constitucional. Ahora, si se toma en consideración que la parte quejosa presentó el escrito de cuenta el uno de febrero del año en curso, según se advierte del sello de la oficialía de partes de este juzgado, resulta inconcuso que no se realizó con la debida anticipación, porque la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional, es para las once horas con cincuenta minutos del once de febrero de dos mil diecinueve, de tal suerte únicamente median tres días de diferencia. Esto se aprecia de manera precisa conforme al calendario siguiente: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 28/enero/2019 29 30 31 1/febrero/2019 Ofrecimiento de pruebas 2 3 4 Día inhábil 5 Día laborable pero inhábil 6 7 8 9 10 11 Día señalado para la audiencia constitucional. 12 13 14 15 16 17 Así, se obtiene que la parte sombreada constituye el plazo que transcurrió entre el día en que se ofrecieron las pruebas y el señalado para la celebración de la audiencia constitucional; plazo que es, como se dijo, de tres días y no de cinco, como lo estipula la ley en la materia. Por ello, no media el tiempo marcado por la Ley de Amparo para su anuncio y por lo cual las pruebas señaladas son extemporáneas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.7/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, tomo III, febrero de 1996, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal". Así como, la jurisprudencia 1a./J.132/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 610, tomo XXXI, marzo de 2010, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO DEBEN CONSIDERARSE COMO HÁBILES LOS DÍAS DECLARADOS INHÁBILES EN EL INCISO C) DEL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL 10/2006 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, es decir, a diferencia de la generalidad de los plazos previstos en el juicio de amparo, los cuales se cuentan hacia el futuro, el del ofrecimiento de las indicadas probanzas se computa de adelante para atrás, tomando como referencia el día fijado para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, conforme al inciso c) del punto Primero del Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 2009, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo y el tercer lunes de noviembre, deben considerarse como inhábiles para todo lo relacionado con los plazos procesales en los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, tratándose del cómputo del plazo para el ofrecimiento de las pruebas mencionadas, considerar inhábil cualquiera de los días señalados por el referido inciso c), redunda en un perjuicio para el oferente porque por un lado, se recorre el término del plazo al día hábil inmediato anterior y, por el otro, de haber realizado el ofrecimiento sin considerar como inhábil alguno de los días señalados con ese carácter en el aludido Acuerdo General, dicho ofrecimiento será extemporáneo. En ese sentido y tomando en cuenta que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que en caso de existir confusión respecto al cómputo correspondiente debe estarse a lo más favorable para el promovente del amparo, se concluye que a fin de no afectar los derechos de las partes, procede que el juez de Distrito, sólo para realizar el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 151 de la Ley de Amparo, considere como hábiles los días a que se refiere el inciso c) del punto Primero del Acuerdo General señalado. Asimismo y para no afectar los derechos de las otras partes en el juicio de amparo indirecto, de no existir alguna causa de desechamiento, el juez deberá admitir la prueba y diferir la audiencia constitucional con la finalidad de que la autoridad responsable y la contraparte cuenten con el tiempo suficiente para conocer las pruebas ofrecidas y tomar las medidas pertinentes para su adecuada defensa". Y la jurisprudencia P./J.19/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 16, tomo XVIII, julio de 2003, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DÍAS INHÁBILES PARA EL ANUNCIO DE LAS PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL E INSPECCIÓN OCULAR EN EL AMPARO. SÓLO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ESTABLECIDOS EN DISPOSICIONES GENERALES EXPEDIDAS POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO, SIN INCLUIR LOS DÍAS EN QUE SE SUSPENDAN LAS LABORES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL POR ACUERDO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL O DEL PROPIO TRIBUNAL O JUZGADO. Los artículos 23, 24, 26 y 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los artículos 281, 282, 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, establecen cuáles son los días hábiles para la realización de las actuaciones judiciales, determinando asimismo cuáles son los inhábiles y, por ende, en los que no deben realizarse tales actuaciones; estos preceptos dan certeza a los litigantes para conocer de antemano cuáles son los días inhábiles que deben deducir del cómputo de los plazos legales previstos para la realización de cualquier actuación procesal; además de esos días predeterminados, hay otros que alteran esa previsión legal, en cuanto provocan modificaciones del plazo respectivo, que por regla general, favorece a los gobernados dado que prolonga en su beneficio el plazo con que originalmente contaban para efectuar determinado acto procesal, los cuales pueden provenir de un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal o de los propios Tribunal Unitario de Circuito o Juzgado de Distrito que conozca del juicio, originados por caso fortuito o fuerza mayor, supuestos en los que el órgano jurisdiccional autoriza administrativamente la suspensión de labores, lo que trae como consecuencia que ese día se considere inhábil conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, provocando casi siempre la prolongación del plazo respectivo; empero, para salvar cualquier eventual confusión cuando la inhabilitación de un día provoca la reducción del plazo, como ocurre verbigracia, respecto al anuncio de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular que habrán de rendirse en el amparo, acto procesal que debe efectuarse cinco días hábiles antes de celebrarse la audiencia constitucional, la autoridad que conozca del amparo no debe deducir del plazo los días en que se haya acordado la suspensión laboral con motivo de los acuerdos referidos, puesto que en este caso la consecuencia que sufre el gobernado le produce perjuicio, dado que ese hecho futuro, incierto e imprevisible puede provocar la deserción de tales pruebas por el anuncio inoportuno, lo que evidentemente resulta injustificado; de ahí que los únicos días que en todo momento pueden considerarse como inhábiles para el anuncio de dichos medios de prueba, son aquellos que previenen las disposiciones legales, en la medida en que su inhabilitación es producto de una decisión adoptada por el legislador, cuya observancia general deriva del conocimiento que tienen los gobernados por haberse publicado en los medios de difusión autorizados, en este caso en el Diario Oficial de la Federación". No escapa a la consideración de este juzgador el hecho de que el quejoso indique, bajo protesta de decir verdad, que por motivos personales y de fuerza mayor tuvo que salir de la ciudad; sin embargo, tal manifestación no es suficiente para tenerla por cierta, puesto que no da más elementos convicticos que el suscrito pueda ponderar y hacer la valoración correspondiente. En todo caso, de estar justificados dichos motivos y que incidieran en la oportunidad del ofrecimiento de la testimonial, de todos modos subsiste el hecho de que la probanza ya fue desechada y que se estaría dando pauta a perfeccionar una prueba, contraviniendo los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo. Desechamiento de testimonial. En virtud de lo anterior, ya que existe un pronunciamiento previo relativo al desechamiento de la prueba testimonial a cargo de René Ferreyra Orozco y Nancy Elena Guzmán Urueta, que se pretende subsanar al exhibir el interrogatorio original; y que, además, el ofrecimiento de la prueba es extemporáneo. Por tanto, con fundamento en el artículo 119, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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