Víctor Hugo Baltazar Catalán

Expediente 1361/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1361/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Juez Séptimo de lo Civil de Morelia, Michoacán.
  • Víctor Hugo Baltazar Catalán

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda copia del ocurso de Edgar Omar Camarena Guzmán, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley en la materia por la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado por este juzgado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Atento a lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, el original del escrito de expresión de agravios y las copias de éste, a fin de que provea lo conducente. De igual manera, en vía de informe con justificación hágase saber a la superioridad que es cierto que el seis de diciembre de dos mil diecinueve, se emitió el acuerdo que constituye la materia del recurso de queja interpuesto, constando en él los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para emitirlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que estimo, no se han violado derechos humanos del promovente del amparo. Atento lo anterior, adjúntese copia certificada de las constancias relativas necesarias para la substanciación del medio de impugnación, con la atenta solicitud del acuse de su recibo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Juzgado auxiliar asume conocimientoAgréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción se avocó al conocimiento del juicio de amparo III-1010/2018, promovido por Juan Francisco Orozco Córdova, quedando registrado en el índice del citado órgano jurisdiccional bajo el número 2909/2019; lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Remisión de constancias Atento a la solicitud de la autoridad oficiante, toda vez que las constancias originales que obran en el presente juicio de amparo servirán a la autoridad competente por contener notificaciones a las partes, incluso promociones, por tanto, previa copia simple que obre en autos, remítanse las mismas al Juzgado Primero de Distrito aludido, para los efectos legales conducentes. De igual forma, remítasele las constancias que indica, relativas a la notificación del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, las cuales corresponden a la resolución del recurso de queja interpuesto por el Presidente de la República contra el auto de trece de mayo del año en curso. Notificación a la parte quejosa Ahora bien, del comunicado de mérito se obtiene que el juzgado auxiliar previno al promovente para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México o, bien, si es su deseo recibirlas vía electrónica proporcione los datos correspondientes. En el entendido que de no desahogar lo requerido en el plazo establecido, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realizarán por lista que se fije en los estrados del Juzgado Auxiliar. Se ordena archivo En otro orden de ideas, toda vez que este expediente se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar o diligencia por practicarse, se ordena su archivo definitivo. Valoración de expediente Ahora, ya que carece de relevancia documental e histórica el presente cuaderno, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de DESTRUCCIÓN, al corresponder la competencia para conocer y resolver de este asunto a diverso órgano jurisdiccional; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Anotaciones Hágase constar en la carátula del presente expediente los datos precisados con antelación; háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: VÍCTOR HUGO BALTAZAR CATALÁN. Recepción de incompetencia. Visto el oficio 6874/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa: El cuaderno de amparo directo 984/2019, formado con motivo de la demanda promovida por Víctor Hugo Baltazar Catalán, por propio derecho. 2. El juicio sumario civil 494/2015 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. 3. Seis copias de la demanda de amparo. Ahora, en atención al contenido del oficio de cuenta, este Juzgado Federal asume el conocimiento del asunto; por lo que, se ordena acusar recibo a la autoridad oficiante. Regístrese en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número IV-1361/2019. Con el juicio sumario civil 494/2015 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, fórmese un tomo de pruebas, al cual agréguese una carátula para identificación del mismo en este órgano federal, respetando sello, folio y rúbrica. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuit , cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso de amparo precisó el acto reclamado en la forma siguiente: ACTOS RECLAMADOS. La indebida e ilegal Notificación del auto de fecha 15 de febrero de 2019, ordenada por el Juez Séptimo de lo Civil de Morelia, Michoacán, dentro del Expediente 494/2015; y como consecuencia, todo lo actuado desde la ilegal notificación, dentro del procedimiento que emana el acto reclamado. De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso, así como de las constancias que integran el juicio subyacente se obtiene lo siguiente: El quejoso Víctor Hugo Baltazar Catalán, en cuanto demandado y los apoderados jurídicos de la actora Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México dentro del juicio sumario civil número 494/2015 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, celebraron convenio de pago, a través del cual dieron por concluida la controversia judicial, en los términos en que se obligaron en éste (fojas 119 a 131 del tomo de pruebas) . II. Asimismo, dicho acuerdo de voluntades fue ratificado por las partes ante la presencia judicial el veinte de octubre de dos mil quince (foja 132 del referido volumen) y el veintidós de octubre de dos mil quince fue elevado a la categoría de cosa juzgada por el juez del conocimiento (foja 135 ídem). III. Así las cosas, atento a lo anterior, el juicio subyacente fue remitido al Archivo del Poder Judicial del Estado, y el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, a petición de su contraparte se ordenó la devolución del multireferido expediente al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, para seguir gestionando. IV. En efecto, el quince de febrero de dos mil diecinueve (foja 136 del tomo de pruebas) se emitió acuerdo en el juicio sumario civil 494/2015 del índice del juzgado responsable, en el que se ordenó notificar a las partes la llegada de los autos y la prosecución del juicio; diligencia que se realizó el diecinueve de febrero del año en curso a la parte quejosa en su carácter de demandado en dicho controvertido foja 140 ídem. Siendo esta diligencia la que constituye el acto reclamado en sede constitucional. Fijación del acto reclamado. De un estudio integral de la demanda de amparo, analizada como un todo, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán y actuaria de su adscripción, lo siguiente: La notificación del auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, practicada dentro del juicio sumario civil número 494/2015, mediante el cual se hizo de su conocimiento la llegada de los autos ya que su contraparte continuaría con el trámite de la ejecución de la cosa juzgada emitida en dicho controvertido; y, b) Todo lo actuado a partir de dicha diligencia. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En el caso, respecto al acto reclamado por el quejoso, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último ordinal interpretado en sentido contrario, que respectivamente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos suscitados fuera de juicio o después de concluido que no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la notificación del auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, practicada dentro del juicio sumario civil número 494/2015, mediante el cual se hizo de su conocimiento la llegada de los autos ya que su contraparte continuaría con el trámite de la ejecución de la cosa juzgada emitida en dicho controvertido, se trata de una actuación aislada que por sí sola no tiene como consecuencia la afectación a derechos sustantivos, como son la vida, la libertad, propiedades, posesiones, la salud, entre otros. A efecto de evidenciar lo anterior, es importante hacer las siguientes consideraciones, en principio, la causa de improcedencia que se invoca se ubica en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo la cual a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por tal motivo, uno de los supuestos de improcedencia establecidos en la hipótesis genérica de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. En efecto, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: I. Actos ejecutados fuera de juicio -medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria, notificaciones para la prosecución del juicio, entre otros; II. Ejecutados después de concluido el juicio aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución, como lo es el incidente de liquidación de sentencia; y, III. De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En tales circunstancias, la interpretación en contrario del precepto normativo citado nos lleva a concluir que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no se ubiquen en las tres fracciones antes enlistadas. Ahora, a fin de brindar claridad en torno a la causa de improcedencia en estudio, es conveniente señalar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite al gobernado la posibilidad de impugnar todos aquellos actos que sean emitidos por autoridades jurisdiccionales en etapas procesales que se ubican fuera del juicio o después de que éste ha concluido. Sin embargo, la procedencia de dicho medio extraordinario de defensa se encuentra sujeto a reglas que derivan de los principios connaturales que rigen al juicio de amparo, y que dependen del contexto procesal en que surge el acto de autoridad fuera de juicio o después de concluido éste; las cuales se encuentran íntimamente ligadas al propio artículo 107 de nuestra Carta Magna que establece como elemento sine quanon para la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales, administrativas o del trabajo emitidos dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido es que la ejecución de cualquiera de estos actos sea de imposible reparación. Esto es, si el acto que se reclama se emitió fuera del juicio o después de que éste concluyo, para que sea objeto de estudio en sede constitucional es indispensable que produzca ejecución irreparable, es decir, que afecte derechos sustantivos del ciudadano quejoso. Lo anterior, fue objeto de interpretación constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de las distintas etapas históricas del Semanario Judicial de la Federación. De manera particular, por lo que ve a los actos de autoridad que se ubican fuera de juicio, como ocurre en el presente caso en que se impugnan actos surgidos después de concluido un juicio por convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, en el cual se ordenó la notificación de la llegada de los autos al juzgado responsable para la prosecución del juicio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94, consideró que tratándose de actos fuera de juicio que se dicten dentro de un procedimiento o trámite secuencial, el amparo sólo procederá contra la resolución que le ponga fin y, siempre que se afecten los intereses del particular quejoso, por lo cual es conveniente invocar el extracto siguiente: Lo anterior no significa, sin embargo, que el juicio de amparo indirecto deba entenderse procedente en contra de cualquiera de los actos dictados o ejecutados en el procedimiento en análisis, pues si bien es cierto que de la letra del artículo 114, fracción III, en cita, no aparece señalado expresamente algún requisito adicional de procedencia, también lo es que el sistema integral del juicio de amparo descansa sobre ciertos principios que no pueden ser desconocidos por este alto tribunal en su papel de intérprete final de las leyes. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos fuera de juicio que se dicten o ejecuten dentro de un procedimiento o un trámite secuencial, así éste sea breve o sumarísimo, el juicio sólo resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, cuando de ella derive directamente la lesión de los intereses jurídicos del particular. Tal apreciación se desprende de las normas que acotan la procedencia del juicio de amparo en general, algunas de las cuales han quedado transcritas al inicio de este considerando y a las que conviene agregar la prevista en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, la cual dispone Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:- II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma Ley que regulan el amparo directo (reglamentarios de la fracción III del artículo 107 constitucional copiada al inicio de este considerando), muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquélla con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal. Tal principio rige en los actos viciados provenientes de autoridades administrativas (fracción II), pues si los mismos se dictan dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, deben reclamarse junto con la resolución que le ponga fin. De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados tanto dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido éste (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros, rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final. Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio y después de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera de juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto -inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución. Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, cabe concluir que en la materia de la presente contradicción de tesis, la acción de amparo únicamente resulta procedente en contra de la resolución definitiva que autoriza o niega la venta de la prenda. En esa línea de pensamiento, como es apreciable en el texto transcrito, si bien los actos dictados fuera o después de concluidos el juicio representan una hipótesis de procedencia para el amparo indirecto, lo cierto es que cuando dichos actos tengan un procedimiento o trámite secuencial, deben atenderse a la regla general de procedencia del juicio de derechos humanos, a saber, que sólo procede contra la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate, aun tratándose de actos aislados como el presente en el que se notificó al quejoso la llegada y prosecución del juicio subyacente dado el incumplimiento voluntario del convenio que dio por concluida dicha controversia judicial. Sobre la procedencia del juicio de amparo contra los actos surgidos fuera de juicio, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA. PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. La hipótesis de procedencia antes citada deriva de una regla general que, a su vez, deriva del origen connatural del juicio de amparo, el cual se concibe como un medio extraordinario de defensa que, por regla general, tiene la categoría de instancia terminal y, por ello, su procedencia se encuentra supeditada a que se haga valer contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Sin embargo, la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, como medio de protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, permite la posibilidad de combatir a través de dicha instancia, de forma autónoma o destacada, aquellos actos aislados ocurridos en el iter del procedimiento que sean de imposible reparación, esto es, que por su sola naturaleza violen de manera directa a alguno de estos derechos sustantivos. Lo anterior, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94 citada en líneas precedentes y que se reiteró en la diversa ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 2015/2009 , donde realizó una interpretación de las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido corresponde a las fracciones IV y V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, y que se refieren a la hipótesis de procedencia del juicio de derechos humanos contra actos jurisdiccionales emitidos fuera de juicio o después de concluido; consideraciones que se transcriben a continuación: Paralelamente, el amparo se sigue admitiendo contra actos emitidos por autoridades distintas a las judiciales, lo cual es connatural a su originaria concepción. En esta materia, y ante el surgimiento de los procedimientos administrativos, no resulta extraño que se establezca para ellos una regla análoga a la creada para el amparo directo, que hoy se consagra en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo: el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. Analizado de esta manera, es sencillo desentrañar el sentido de la fracción III del precepto en comento, que reglamenta lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Si los actos emanados de un Juez, dentro de juicio, son susceptibles de análisis constitucional a través del amparo, con mayor razón lo son los actos que el Juez emita fuera de juicio, o después de concluido el mismo. Si se trata de un acto aislado, resulta casi reiterativa la norma, pues lo único que distingue a dichos actos de cualquier otro acto de autoridad, es que son emitidos por una autoridad judicial. El problema surge, una vez más, tratándose de una concatenación de actos, que configuran un procedimiento, pues en esos casos, cobrará aplicación nuevamente una regla análoga a la concebida para el amparo directo, según la cual, únicamente debe señalarse como acto reclamado la última resolución y, por su conducto, vía conceptos de violación, podrá plantearse la inconstitucionalidad de actos intermedios, siempre que hayan dejado indefenso al impetrante. Sin embargo, ante la posibilidad de que existan actos dentro de juicio, que afecten garantías individuales de tal manera, que de esperar a que concluya el juicio, la violación constitucional no podrá repararse, se admitió el juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio, esto es, señalándose dichos actos como reclamados, sin esperar a la última resolución; pero únicamente como regla de excepción, y siempre que el acto tuviera una ejecución de imposible reparación. Este amparo se plantea ya no ante un Tribunal Colegiado de Circuito, sino ante un Juez de Distrito, esto es, se trata de un juicio de amparo biinstancial o indirecto. Señalado lo anterior, dado que el acto reclamado se emitió después de concluido el juicio, pues con el mismo se pretendió hacer saber al quejoso la llegada de los autos al juzgado responsable, así como su consecuente prosecución judicial, es conveniente señalar que dicha actuación es aislada, porque no forma parte del procedimiento de ejecución ni del remate, pues no tiene por efecto preparar la ejecución de la sentencia o la etapa de remate, es decir, el acto que se reclama en esta instancia constitucional únicamente tuvo por objeto hacer saber a las partes que los autos se encontraban en el juzgado para que las partes promovieran lo que a sus intereses conviniera, lo cual desde luego no constituye un ataque a los derechos sustantivos del quejoso, en atención a que no conllevó algún otro efecto positivo o negativo que incidiera en forma directa en la esfera jurídica del promovente del amparo. Lo anterior se explica dado que el acto reclamado en comento no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sostener lo contrario implicaría que contra cualquier actuación suscitada después de concluido el juicio procedería el juicio de amparo biinstancial, lo que se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario [en cuanto a las razones que motivaron la reforma constitucional y legal, la que concluyó con un catálogo de los supuestos expresos de procedencia ] sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría significativamente el curso del contencioso. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. No se soslaya que la parte quejosa también reclama los actos dictados por el Juez responsable con posterioridad a la notificación combatida. Actos que, conforme al contenido de las constancias remitidas por la superioridad se trata de actuaciones relacionadas con la ejecución de la sentencia, en su aspecto de preparación (incidente de liquidación) y el inicio y tramitación de un remate; sin embargo, la impugnación de tales actos, deberá realizarse siguiendo las reglas establecidas en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, esto es, deberá promover el juicio de derechos humanos contra la última resolución dictada en las etapas procesales respectivas, previo agotamiento del principio de definitividad. No es inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda este desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, tratándose de casos como éste, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que indica: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo. Así también, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Criterios jurisprudenciales que se aplican en atención a que no obstante las reformas a la Ley de Amparo, no se contraponen a ésta, por lo que no se afecta la defensa del ocursante. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por autorizado únicamente para esos efectos a los profesionistas que menciona y en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Omar Camarena Guzmán, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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