Victor Hugo Espinoza De La Cruz

Expediente 1515/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1515/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
28/10/2016

Partes del expediente

  • Victor Hugo Espinoza De La Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. De la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido del Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de trece de octubre de dos mil dieciséis, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, por medio de lista el auto de referencia, así como las subsecuentes aun las de carácter personal. Al respecto resulta ilustrativa, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, visible en la página 238, Abril de 2008, Tomo XXVII, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Notifíquese al quejoso el auto de trece de los actuales en los términos antes precisados. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese el escrito signado por LIDIA HERNÁNDEZ ENCISO, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación al incidente de nulidad de notificaciones. Atento a su contenido, este juzgado toma conocimiento de las mismas, las cuales serán tomadas en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    VII. SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR LISTA EL ACUERDO DE 13/10/2016 QUE A LA LETRA DICE: Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Osvaldo Andrés Colín Meléndes quien se ostenta como defensor particular de Víctor Hugo Espinoza, a través del cual da cumplimiento a los requerimientos formulados en auto de seis de octubre de dos mil dieciséis (fojas 17 y 18). Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que sustancialmente el acto reclamado a la autoridad responsable se hace consistir en el acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Genero, de Metepec, Estado de México, dentro de la carpeta de investigación 565760360249115, con número económico 1181/2015; determinación que no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." Tal consideración se expone, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Asimismo, el ordinal 61 de la Ley de Amparo en vigor, establece lo siguiente: "Artículo 61. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Al respecto, resulta oportuno establecer que conforme a la jurisprudencia existe consenso en que por actos de imposible reparación, dentro de juicio, se entienden aquellos que afectan de manera cierta y directa alguno de los derechos humanos que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la libertad personal, la libertad de tránsito, la libre disposición de los bienes, la inviolabilidad del domicilio, entre otros (sin descartar aquellos derechos esenciales del individuo y del ciudadano previstos en ordenamientos que, acordes con la Constitución Federal, constituyan la Ley Suprema de la Unión, en términos del artículo 133 constitucional), cuya afectación es de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente y que es impugnable en la vía indirecta, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan en tanto sea adverso a los intereses del promovente del amparo; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, y producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en la posición que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, así cuando se logra este objetivo primordial, esos efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos humanos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, de ahí que, respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente y ese acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Pues el amparo indirecto procede, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, acorde con la siguiente distinción: - Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos humanos del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos humanos y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. De acuerdo con la fracción XXIII del precepto legal transcrito en primer término, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio constitucional, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de improcedencia de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. En efecto, la interpretación sistemática de las disposiciones transcritas, permite establecer que los actos en el juicio, es decir, los procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. Al respecto, resulta aplicable el criterio P. LVII/2004, Registro No. 180415. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Octubre de 2004. Página: 9. Tesis: P. LVII/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común, cuyo rubro es "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, el criterio P./J. 24/92, Registro No. 205651. Localización: Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 56, Agosto de 1992. Página: 11. Tesis: P./J. 24/92. Jurisprudencia. Materia(s): Común, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Al caso, resulta pertinente mencionar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaban actos de tribunales judiciales emitidos dentro del juicio, el amparo indirecto era procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Esa ley no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, sin embargo, la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza: a) El primero de esos lineamientos indica que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trata; y b) El segundo de ellos, nos señala que los actos procesales son de imposible reparación cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esas reglas se admitía la procedencia del amparo indirecto contra actos procesales de imposible reparación cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos. Las tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación y la procedencia del amparo indirecto, es la siguiente tesis P.L.VII/2004, sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena época, de rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE, CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ahora, la Ley de Amparo vigente, en el artículo 107, fracción V, expresamente establece lo que debe entenderse por un acto que dentro del juicio sea de imposible reparación, de esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales; esto es, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. En ese contexto, en torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; Por lo cual, se considera que el texto de la Ley de Amparo vigente, no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Así, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la jurisprudencia publicada en la página 164 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. ". En esa tesitura, en términos del ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es pertinente precisar que el quejoso reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, de Metepec, Estado de México, lo siguiente: - El acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Genero, de Metepec, Estado de México, dentro de la carpeta de investigación 565760360249115, con número económico 1181/2015, por el que no acuerda favorable la petición formulada por el ahora quejoso en el sentido de requerir a la perito Alicia Marisol Ocampo Salgado, la información que sirvió de base para que emitiera el dictamen a su cargo en materia de psicología, y el perito del impetrante esté en aptitud de emitir su dictamen. Sobre el particular se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que refiere: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. " De lo expuesto se desprende que la cuestión efectivamente planteada se reduce a la negativa de expedir copias certificadas respecto del expediente clínico del menor en la carpeta de investigación 565760360249115, con número económico 1181/2015, a efecto de que el perito del impetrante del amparo esté en aptitud de emitir el dictamen a su cargo. Luego, se concluye que tal determinación no constituye un acto de imposible reparación, con el que se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, se cita la Jurisprudencia número VI.2º.C. J/231, de la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Página 1186, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. " Así como la jurisprudencia número 3a./J. 40 26/89, publicada en la página 280, Tercera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE." En efecto, la determinación por esta vía combatida, como se ha dicho, no causa a la parte quejosa un perjuicio de manera inmediata, al no atacar alguno de sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, o en los Tratados Internacionales en los que México es parte; toda vez que aquella determinación únicamente tiene consecuencias intraprocesales, meramente formales; esto es dicho acto reclamado, no es un acto de imposible reparación que afecte inmediatamente alguno de los derechos humanos de la parte quejosa, reconocidos por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Osvaldo Andrés Colín Meléndes quien se ostenta como defensor particular de Víctor Hugo Espinoza por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, de Metepec, Estado de México. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia que autoriza, firma y da fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano