Victor Hugo Chávez Chávez

Expediente 623/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
623/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
02/08/2016

Partes del expediente

  • Victor Hugo Chávez Chávez
  • Juez Quinto Mercantil De Toluca Estado De México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    II. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Víctor Hugo Chávez Chávez, mediante el cual solicita copia simple de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente las copias simples que solicita, previa comparecencia y firma que por su recibo obre en autos, en el entendido que quien se presente a recibirlas, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal.

  2. Incidental

    II. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente se dictó el auto siguiente: "Toluca, Estado de México; seis de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, y tomando en consideración que las partes dentro del término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la resolución por la que se sobreseyó en el Juicio de Garantías en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, en términos de su dispositivo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de catorce de abril de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (Punto Vigésimo, inciso III) y Vigésimo Primero, inciso III). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  3. Principal

    II. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, y tomando en consideración que las partes dentro del término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la resolución por la que se sobreseyó en el Juicio de Garantías en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, en términos de su dispositivo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de catorce de abril de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (Punto Vigésimo, inciso III) y Vigésimo Primero, inciso III). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  4. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ******************** R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. ******************** mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se mencionan: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES: 3.1 C. JUEZ QUINTO MERCANTIL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 3.2 C. MINISTRO NOTIFICADOR ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 4. ACTO RECLAMADO: DE LA RESPONSABLE SEÑALADA BAJO EL INCISO 3.1, O SEA, DEL C. JUEZ QUINTO MERCANTIL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL AUTO DE FECHA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2016, DICTADO EN EL EXPEDIENTE ********************, EN DONDE SE REGULARIZA EL PROCEDIMIENTO EN EL SENTIDO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, OTORGA, EN REBELDÍA DEL DEMANDADO, LA FIRMA DE LA ESCRITURA A FAVOR DEL ADJUDICATARIO, EN LA INTELIGENCIA QUE SUBSANE EL GRAVAMEN QUE SE ENCUENTRA A FAVOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, PRONUNCIADA EN LA TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA Y DE LA SEGUNDA ALMONEDA DE REMATE CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, EN PLENA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO YA QUE SIN TOMAR EN CUENTA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL INCIDENTE DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA, DE FECHA 21 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE, DICTÓ LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE INTERESES, ESTABLECIENDO UN MONTO EXAGERADO, YA QUE SE ACREDITÓ QUE EL QUE SUSCRIBE HABÍA REALIZADO PAGOS Y QUE EL PAGO REALIZADO DEBÍA DE APLICARSE A LA SUERTE PRINCIPAL, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE LA ALMONEDA DE REMATE, CELEBRADA SIN CUMPLIR CON LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO YA QUE SIN ESTABLECER EL MONTO A LIQUIDAR, SE CELEBRÓ LA ALMONEDA DE REMATE". SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. El accionante constitucional señaló como derechos humanos vulnerados, los establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Recibida que fue la demanda de amparo ante este órgano de control constitucional el día de su presentación, por auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se radicó bajo el expediente 623/2016-II se admitió a trámite; se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión solicitado por la quejosa; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado. Acontecido lo anterior, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; en virtud de que se reclaman actos emitidos después de concluido el juicio por una autoridad judicial del orden civil cuya ejecución se verifica en el ámbito de competencia en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. El acto reclamado lo constituye la resolución de catorce de abril de dos mil dieciséis del expediente ********************; por tanto, de las constancias de autos se advierte que se notificó al quejoso el diecinueve de abril del año en curso, lo cual se acredita con la constancia de notificación realizada por la notificadora adscrita al Juzgado responsable. Por ende, si dicha notificación surtió efectos en términos del artículo 1075 del Código de Comercio, en veinte siguiente y el plazo de quince días para promover el juicio de amparo, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, corrió del veintiuno de abril al doce de mayo de dos mil dieciséis, debiendo descontarse los días veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, así como el uno, cinco, siete y ocho de mayo del año en curso, por haber sido inhábiles conforme a los numerales 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, la demanda de amparo es oportuna, en virtud de que se presentó el tres de mayo de dos mil dieciséis. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la parte peticionaria de amparo reclama: - El auto de catorce de abril de dos mil dieciséis, en donde el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, ordenó la regularización del procedimiento e hizo efectivo el apercibimiento del diverso de once de febrero de año en curso, para otorgar en rebeldía la firma de la escritura a favor del adjudicatario ********************, respecto del bien inmueble ubicado en ******************** dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil ********************. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez y el Notificador del Juzgado Quinto Mercantil de Primera Instancia del Toluca, Estado de México al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió el juez al rendir dicho informe, consistentes en todo lo actuado en el expediente ********************, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2 de la Ley de Amparo por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1. ********************, en su calidad de endosatario en procuración de ********************, demandó a ********************, María Guadalupe Mayela Chávez Burciaga y Abel Patiño Chávez, el primero en su carácter de deudor principal y los segundos en su calidad de avales y deudores solidarios; a quien por auto de nueve de septiembre de dos mil diez, se le tuvo por acusado en rebeldía, sin embargo, sí se advierte su comparecencia al juicio, en virtud de haber exhibido el diecinueve de octubre de dos mil diez ante la responsable tres depósitos como pago a la actora, los cuales fueron desestimados al haber sido presentados de forma extemporánea; por lo que en sentencia de ocho de noviembre de dos mil diez, se resolvió: "PRIMERO. RESULTA PROCEDENTE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, PROMOVIDA POR ********************, EN CONTRA DEL SEÑOR ********************, POR TANTO: SEGUNDO: SE CONDENA AL DEMANDADO ********************, AL PAGO DE LA CANTIDAD DE $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL, MISMA QUE DEBERÁ CUBRIR EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS, AL EN QUE CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN CASO CONTRARIO, HÁGASE TRANCE Y REMATE DEL BIEN QUE FUERA MOTIVO DE EMBARGO Y, CON SU PRODUCTO PÁGUESE A LA ACTORA O A QUIEN REPRESENTE SUS INTERESES; IGUALMENTE: TERCERO: SE CONDENA A DICHO DEMANDADO AL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL OCHO POR CIENTO MENSUAL, PACTADO EN EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN, CUANTIFICADOS A PARTIR DEL DÍA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, MÁS LO QUE SE SIGAN GENERANDO, HASTA QUE HAGA EL PAGO TOTAL DE LA SUERTE PRINCIPAL RECLAMADA, PREVIA SU LIQUIDACIÓN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUARTO. SE CONDENA AL DEMANDADO, AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS EN ESTA INSTANCIA, PREVIA SU REGULACIÓN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. (.)". 2. Mediante auto de siete de diciembre de dos mil diez, causó ejecutoria la sentencia definitiva; asimismo, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil once, el quejoso presentó escrito ante la demandada el domicilio de un diverso inmueble ello con la finalidad de garantizar el pago ofreció un bien inmueble, así el trece de diciembre de dos mil doce, en diligencia de requerimiento de pago se embargó el inmueble ubicado en ********************, y se trabó formal ejecución respecto de éste. 3. Acontecido lo anterior, se inició el procedimiento de remate del bien embargado; por lo que, seguido el trámite, se pusieron a la vista de las partes los dictámenes en materia de avalúo rendidos en autos, a saber: mediante proveídos de veintiuno de octubre de dos mil trece, veinticuatro de enero de dos mil catorce, así como sus actualizaciones de quince de agosto y tres de septiembre siguientes. 4. Seguido en sus etapas procesales, el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se llevó a cabo la primera almoneda de remate, en la cual no se logró la venta del inmueble embargado; por lo que el treinta de marzo de dos mil quince, tuvo verificativo la segunda almoneda de remate, en la que se tuvo como postor a ********************, procediendo al remate respecto de dicho predio, asimismo, se realizó la adjudicación a éste; requiriendo al quejoso para que compareciera a la Notaría a firmar la escritura correspondiente, una vez que se declarara firme la sentencia, lo cual aconteció el veintinueve de abril siguiente. 5. Así, por auto de once de febrero de dos mil dieciséis, la responsable dictó el proveído de contenido siguiente: "Toluca, México, once de febrero de dos mil dieciséis. Vista la razón que antecede, se tiene por recibido el escrito mediante el cual el LICENCIADO ********************, Notario Público número 145 del Estado de México, remite a este Juzgado los autos originales del expediente ********************, ello con fundamento en los artículo 1063 y 1077 del Código de Comercio, se tienen por recibidos dichos autos, para los efectos legales a que haya lugar; ahora bien, en atención a las manifestaciones vertidas por el promovente en el sentido de que se encuentra debidamente elaborado el proyecto que contiene la adjudicación por remate judicial, mediante notificación personal que se realice a las partes en el domicilio que tienen señalado en autos a través de la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, hágase de su conocimiento al llegada de los autos para que dentro del plazo de TRES DÍAS manifiesten lo que a su derecho e interés corresponda, haciéndose sabedor el suscrito del contenido del escrito de cuenta para los fines y efectos conducentes, asimismo se deberá requerir al demandado para que dentro del término de tres días concurra a la Notaría Pública número 145 del Estado de México, a firmar la escritura correspondiente, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, la juez la otorgará en su rebeldía, quedando a cargo del Notificador adscrito la realización de los instructivos correspondientes". 7. Mediante escrito de trece de abril del año en curso, el postor ********************, solicitó se regularizara el procedimiento y se hiciera efectivo el apercibimiento decretado en el auto transcrito en el párrafo que antecede. 8. Consecuentemente, la autoridad responsable emitió la siguiente determinación: "Toluca, México, catorce de abril de dos mil catorce. Por presentado a ********************, en su carácter de adjudicatario, en términos de lo que disponen los artículos 1055, 1063 y 1077 del Código de Comercio, considerando que: 1. Mediante segunda almoneda de remate celebrada el treinta de marzo de dos mil quince, adjudicó el inmueble embargado a favor del promovente por una cantidad de $1,525,00.00 (un millón quinientos veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional). 2. Que por resolución de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, pronunciada en la tercería excluyente de preferencia, se declaró preferente el derecho de pago de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, frente al derecho de crédito del actor en el principal, estableciendo, incluso, que ante el remate del bien embargado debería pagarse en primer lugar a la tercerista, y, 3. En dicha almoneda, se reconoció al acreedor hipotecario COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en términos del contrato de compraventa y contrato de mutuo sin interés y con interés con garantía hipotecaria que obre en el instrumento notarial 44,281 otorgado ante el Notario Público número quince del Estado de México, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil nueve. Luego entonces, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1055 de la legislación aplicable, en relación con los artículos 2893 y 2894 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de manera supletoria a la legislación mercantil, es procedente regularizar el procedimiento en el sentido de que la suscrita otorgará, en rebeldía del demandado, la firma de la escritura a favor del adjudicatario, en la inteligencia de que subsiste el gravamen que se encuentra a favor de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en términos de la resolución del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, pronunciada en la tercería excluyente de preferencia y de la segunda almoneda de remate celebrada el treinta de marzo de dos mil quince. Al respecto, se enfatiza que se notificó de manera personal (fojas 1221 y 1222 del tomo III) a ******************** , el auto de once de febrero de este año, en el que se le concedió un término de tres días para que compareciera ante el Notario Público número ciento cincuenta y cinco del Estado de México a firmar la escritura correspondiente, lo cual no aconteció, dicha afirmación se robustece con el informe remitido por el citado fedatario público (1229 tomo III), del que se desprende que el demandado no compareció a otorgar la firma correspondiente, por lo que es procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado por el acuerdo de once de febrero de este año, por lo cual la suscrita otorgará en rebeldía del demando la firma correspondiente. (.)". Acto reclamado que se combate en esta vía constitucional. SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Previo a verificar si en el presente asunto se actualiza alguna causa de improcedencia, es menester precisar que el quejoso no cuenta con la calidad de tercero extraño a juicio o por equiparación, en virtud de las consideraciones siguientes: Persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 56 del Tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.- Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora bien, la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, dependerá de la titularidad del derecho que reclame, sea con relación al bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia disponga o con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así porque cuando dos personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que confirme al derecho positivo se le causa perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio, y desde el punto de vista constitucional en razón de que su los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho de que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. Consecuentemente, ya sea que se tome en cuenta la ley ordinaria, la norma constitucional, en el derecho positivo mexicano se demuestra la afectación a la persona extraña, puesto que resiente un perjuicio por la transgresión a sus derechos tutelados como lo ha reconocido el Pleno del máximo tribunal jurisdiccional del país, en la tesis visible en la compilación de 1988, Primera Parte, página 868, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." En tales condiciones, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, ya el sólo procedimeinto le causa perjuicio a su esfera ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Así, de los antecedentes del juicio generador del acto impugnado que se han narrado anteriormente, se evidencia que el accionante constitucional sí compareció en el juicio natural, pues ello se corrobora en virtud de que exhibió ante el juez natural previo a que dictara sentencia en el juicio de tres depósitos para realizar el pago a la actora, los cuales desetimó en virtud de haber sido presentados de manera extemporánea. Luego si el impetrante de amparo compareció ante la responsable antes del dictado de la sentencia, así como en los actos de ejecución del bien inmueble que se defiende, es razón suficiente para estimar que no tiene el carácter de tercero extraño o por equiparación en el presente asunto, toda vez que no se encuentra dentro de la hipótesis comprendida en el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues únicamente quedan comprendidos quienes no fueron emplazados o, aun sabiéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, lo cual en el caso no acontece, pues sí compareció al juicio natural. Hechas las anteriores precisiones, en el sumario en que se actúa este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, del mismo ordenamiento. En efecto, los numerales precisados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del numeral anterior, se advierte que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Luego, en el caso se surte la causa de improcedencia que establece el numeral en cita, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, en virtud de que puede advertirse que si bien el acto reclamado deriva de un procedimiento de remate, éste no constituye la última actuación pronunciada en el procedimiento respectivo dado que éste no es aquél en que se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, sino la resolución de catorce de abril de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, en el juicio ejecutivo mercantil ********************, mediante la cual resolvió regularizar el procedimiento, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de febrero de dos mil dieciséis, en el que se le requirió al demandado para que se presentara ante la Notaría número ciento cincuenta y cinco del Estado de México a firmar la escritura respectiva, y para el caso de no hacerlo la autoridad lo haría en rebeldía de éste; y al no haber dado cumplimiento al mismo, en el acto que en esta vía se combate ordenó otorgar en rebeldía la escritura respecto del bien inmueble ********************; máxime que de las constancias se desprende que se ordenó enviar oficio a dicha notaría a fin de que presentará el proyecto de escritura relativo a tal predio, y en caso de ser aprobado, otorgaría la responsable la firma en rebeldía del demandado, lo cual a la fecha no se tiene conocimiento de que haya sucedido. Asimismo, debe decirse que el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones, o en su caso, cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución. Por tanto, la determinación que se hace constituir como acto reclamado no tiene el carácter de última resolución en ese procedimiento, para los efectos de la procedencia de la acción constitucional; pues será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de remate y se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, cuando sea procedente la acción de amparo, donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento considere le hayan dejado sin defensa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.II.C. J/2 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES. De la interpretación literal del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo reclamarse las violaciones cometidas en el procedimiento, de modo que, aun cuando dichas determinaciones se emitan en forma separada, en aras de la fuerza legal de la cosa juzgada e inmediata ejecución de la sentencia del caso, la procedencia de la acción de amparo se actualiza hasta que se cumplan ambos supuestos que expresamente señaló el legislador, ya que debe atenderse al contenido jurídico de dichas condiciones más que al momento en que se dicten; de ahí que en el procedimiento de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados aunque se dicten en distintas determinaciones." Resulta aplicable la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), de la Décima Época, emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 10 (Septiembre de 2014), tomo II, página 1738, de rubro y texto: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Cabe destacar que la finalidad que se persigue es evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de remate se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas, pues considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal; además, se pretende evitar que con motivo de la promoción del procedimiento biinstancial se entorpezca o retarde la ejecución de la sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. En este sentido, aun cuando la determinación combatida anula actos de ejecución, lo cierto es que ello obedece a una depuración del procedimiento tendente a que se cumpla efectivamente la sentencia, por lo cual, de estimar procedente el amparo se obstaculizaría el debido procedimiento de remate. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 75, 79, 123, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos asentados en el último considerando de la presente determinación. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza y da fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano