Víctor Hugo Cruz Hernández

Expediente 2027/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2027/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
11/03/2016

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Cruz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que el quejoso Diego García Simental, hubiese recurrido el proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; con fundamento en los artículos 83, fracción I, de la Ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Conclusión a la que se arriba, sin que obste que no se encuentra notificada de dicho proveído la autoridad foránea Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", pues atendiendo al sentido de si informe justificado (foja 198), en el que negó la existencia del acto que se le reclama, carece de legitimación para promover el recurso de revisión en su contra. Atento a lo anterior, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa. a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    ÚNICO. Se niega a ****, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el único considerando de esta resolución.

  3. Principal

    Lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, por cuanto hace al acto y autoridades precisados en este apartado, al actualizarse lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México; diez de febrero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su numeral 2º, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar las razones actuariales por la cuales el funcionario judicial adscrito hace constar que no pudo entregar los oficios 1953 y 1954, dirigidos al Fiscal Especializado en Trata de Personas y para la Investigación de Personas Desaparecidas o Extraviadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, específicamente en la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes o Extraviadas y a la autoridad denominada Policías Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, toda vez que al constituirse en las instalaciones de las citadas dependencias, fue atendido por una persona del sexo femenino que dijo llamarse María Sol Berenice Salgado Ambrosio y desempeñarse con el cargo de secretaria administrativa, la cual informó que dicha autoridad no existe como tal dentro del organigrama de la citada institución y en cuanto a la segunda autoridad se entrevistó con quien refirió llamarse Abel Sánchez Millán, quien señaló que la misiva de mérito es incorrecta e imprecisa. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en diverso proveído de diecisiete de diciembre de dos mil quince y, se dejan de tener como responsables a las mencionadas autoridades, para los efectos del presente juicio; por tanto, suspéndase toda comunicación con la misma. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 9ª Época; Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve]. Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993)

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