Víctor Hugo Bernal Ahumada
Expediente 944/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/11/2016
Partes del expediente
- Víctor Hugo Bernal Ahumada
- Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones III, párrafo segundo y, IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental. Por último, devuélvanse a las responsables y tercera interesada, las constancias que remitieron a este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
- Principal
EN ATENCIÓN AL AVISO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 944/2016, promovido por Víctor Hugo Bernal Ahumada, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otras autoridades. RESULTANDO: I. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Víctor Hugo Bernal Ahumada, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se mencionan: [.] III. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: 1. La Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA. 1. C. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México. 2. Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO: A) DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, RECLAMO: 1). LA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, dictado en mi contra por el Hecho Delictuoso de VIOLACIÓN, de fecha VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS; dictado dentro de los autos del Toca de Apelación 217/2016 que conoció LA PRIMERA SALA COLEGIADA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, toda vez que dicho auto de vinculación a proceso fue dictado contraviniendo normas del orden público e interés social, al no haberse fundado ni motivado conforme a derecho y no cumpliendo con las normas dictadas con anterioridad al hecho, VIOLANDO CON ELLO MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONTENIDAS en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (MISMO QUE LE FUERA NOTIFICADO A MI RECIÉN NOMBRADA DEFENSORA PRIVADA EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2016 MEDIANTE NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO POR EL JUEZ DE CONTROL DE TOLUCA, MÉXICO). II. Derechos humanos vulnerados. El accionante constitucional señaló como derechos humanos vulnerados, los establecidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Admisión y trámite del juicio. Recibida que fue la demanda de amparo ante este órgano de control constitucional, por auto de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se radicó el expediente bajo el número 944/2016 y se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, así como de la representación social que tuvo conocimiento de la carpeta administrativa de que se trata; acontecido lo anterior, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos que afectan la libertad personal, emitidos por una autoridad judicial del orden penal cuya ejecución se efectúa dentro de la jurisdicción donde este juzgado de distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues de autos se advierte que la determinación de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se le hizo del conocimiento al quejoso y su defensa el uno de junio de la propia anualidad; entonces la notificación surtió efectos el propio uno y empezó a correr el término al día hábil siguiente, esto es, el dos siguiente, con fundamento en el artículo 94, del Código de Procedimientos Penales en el Estado de México. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo empezó a correr el dos de junio de dos mil dieciséis y concluyó el veintidós del mismo mes y año, descontándose los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de junio de dos mil dieciséis, por haber sido inhábiles; en tales condiciones, dado que de autos se desprende que la demanda fue presentada el veintidós de junio pasado, resulta evidente que se promovió oportunamente. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, por la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso Víctor Hugo Bernal Ahumada, por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el nueve de abril de dos mil dieciséis, por el hecho delictuoso de violación, en agravio de la persona del sexo femenino de identidad reservada. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. a) La Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; b) La Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; y, c) El Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que les fueron reclamados respectivamente. Lo cual se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades señaladas en los incisos a) y b), al rendir sus respectivos informes, consistentes en el Toca 217/2016, copia certificada de la carpeta administrativa 334/2016 y cuatro DVD certificados; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2 de la Ley de Amparo por tratarse de actuaciones judiciales expedidas por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, así como de registros de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa, además de que su contenido se encuentra certificado por la autoridad judicial competente, de ahí que se tenga plena certeza de los actos que se les atribuyen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Asimismo, la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de justicia para Mujeres, sede Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, remitió copia certificada de la carpeta de investigación 554520360017816, misma que en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, cuentan con valor probatorio pleno, por ser documentos públicos expedidos por autoridad legalmente facultada para ello, de las cuales se advierte la existencia del acto combatido; por tanto, acorde a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se tiene como debidamente probado. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. No habiéndose invocado causa de improcedencia, ni tampoco de oficio advierte este órgano de control constitucional la existencia de alguna, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. El quejoso hace valer como conceptos de violación los siguientes: Que la Sala responsable emite el acto reclamado sin fundamentación ni motivación alguna, al confirmar el auto de vinculación a proceso, ello sin que esté acreditada su participación. Que con el dictado de la resolución se aparta de lo que previene el ordinal 19 Constitucional, así como el diverso 293, fracción III, del Código adjetivo de la materia, violando los principios reguladores de la valoración de la prueba, al realizarlo en contravención a los principios de presunción de inocencia, no autoincriminación, indubio pro reo y contradicción. Que en el procedimiento penal debe nulificarse la prueba ilícita, es decir, aquella que haya sido obtenida en vulneración a los derechos fundamentales; asimismo, aquellas que deriven de las mismas, aunque lícitas, deben perder eficacia. Sobre este aspecto, agrega que los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, no resultan idóneos, y por tanto, no son pertinentes, toda vez que no fueron recabados por la autoridad investigadora y con la finalidad de esclarecer los hechos, ya que no se justifica la realización del estudio en materia de química, si de la certificación legal se desprendió que no existía penetración reciente hacia la víctima, circunstancia que debe prevalecer ante el dictamen de medicina legal en el que se determinó la existencia de diversas lesiones sobre el cuerpo de la víctima, pues, insiste, lo relevante es que no existían datos de penetración en la víctima. La responsable califica como relevantes todos los datos de prueba de cargo, así como concede eficacia probatoria a la entrevista de la víctima y le da el carácter de suficiente; lo que a su dicho, contraviene a la ponderación razonada en la valoración de los mismos. Insiste en señalar que los datos de prueba tienen la calidad de ilícitos, por tanto, el carácter absoluto de la regla de exclusión se debe ver reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida directamente, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción. Resultan infundados los conceptos de violación que se hace valer el quejoso, aun suplidos en la deficiencia de la queja, pues se estima del estudio de dicha determinación que se encuentra dictada conforme a derecho. A efecto de evidenciar lo anterior, es importante destacar que la resolución impugnada se analizará de conformidad con el nuevo sistema penal instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correspondiente reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de México que inició su vigencia el uno de abril de dos mil once. Con motivo de las citadas reformas, ahora el proceso penal comprende las fases siguientes: Etapa preliminar, la cual a su vez se subdivide en tres fases: de investigación cerrada (a cargo del agente del Ministerio Público con auxilio de la policía y peritos quienes deberán llevar a cabo la investigación de los hechos y obtener elementos para la formulación de la imputación); de audiencia ante juez de control (el Juez de Control deberá velar por la legalidad del proceso y dictar el auto de vinculación a proceso) y la del periodo de cierre de investigación (donde se debe perfeccionar la investigación para estar en posibilidades de generar la acusación). Etapa intermedia, El objetivo de esta etapa es ofrecer y depurar la prueba que será desahogada y valorada por el Tribunal de Juicio Oral. Inicia con el escrito de acusación y concluye con el auto de apertura a juicio oral. Etapa de juicio, donde se desahogan pruebas, se escuchan alegatos y se dicta sentencia definitiva. De lo anterior podemos advertir que el auto de vinculación a proceso, surge dentro de la etapa preliminar. Esta etapa inicia con la denuncia o querella, se trata entre otras cosas, lo relativo al ejercicio y excepciones de la acción penal, los supuestos para abstenerse de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción, el principio y criterios de oportunidad, así como el control judicial de estas decisiones, pues, aunque el Ministerio Público es el director de la investigación, su labor se debe desarrollar con respeto a la garantía de defensa del imputado. En el nuevo esquema de juicios orales, el objeto de la investigación es determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos de prueba por parte del agente del Ministerio Público, que de forma eventual le permitan sustentar, en su orden, la imputación y acusación. En efecto, ahora ya no tiene lugar ante el Ministerio Público, un "mini proceso" en el que se recibían y desahogaban pruebas, sino que en esta fase la policía y el fiscal recaban datos de prueba que luego pueden ser expuestos para su desahogo o incorporación en el juicio oral, ante el director del proceso como lo es el Juez de Control. Por tanto, lo que se integra ahora es una carpeta de investigación en la que se registran los datos de prueba obtenidos por el Ministerio Público; para su recopilación, se configura una nueva concepción de la policía, en cuanto a que les corresponde a todos los cuerpos policíacos, ser auxiliares del fiscal en la investigación de los hechos delictuosos. En el nuevo sistema penal acusatorio, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base a los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales no tiene el juez en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino únicamente la mención que realiza el Agente del Ministerio Público al hacer la imputación. Al respecto, el artículo 63 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México dispone: "ARTÍCULO 63. (.) El juez de control no podrá revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, el ministerio público, durante la audiencia, podrá apoyarse en la proyección de los medios de investigación, en instrumentos digitales de los elementos en que funda su pretensión y que obran en la carpeta de investigación, a efecto de que el juez y los demás intervinientes puedan constatar su contenido. El juez impedirá que las partes aleguen cuestiones ajenas a la materia de la audiencia o sean redundantes en sus argumentos, limitando sus intervenciones (.)". Bajo esa premisa, para emitir un auto de vinculación a proceso únicamente se tomarán en consideración los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, entendiendo como tales aquellos elementos de convicción recabados en la fase indagatoria que resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado. En ese contexto, el juez instructor -al emitir el auto de vinculación a proceso- o bien, el tribunal de apelación -al pronunciar la resolución de segunda instancia- no valoran las pruebas legalmente aportadas a la causa, sino únicamente se basan en los datos de prueba aportados que establezcan que se ha cometido un hecho delictuoso sancionado con pena privativa de libertad y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitado para justipreciar los medios de convicción que no fueron tomados en consideración ni valorados, ya sea por el juzgador natural, o bien por el tribunal de alzada, al emitir la resolución judicial en su respectivo ámbito de competencia. Por tanto, el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado debe hacerse también con base en los datos de prueba que fueron aportados por el ministerio público en la audiencia de formulación de imputación. Ahora bien, conviene acotar que el auto de vinculación a proceso que prevé el nuevo sistema acusatorio, conforme a lo previsto en el artículo 19 constitucional reformado, no se puede analizar a la luz de las reglas y consideraciones legales que rigen el auto de formal prisión a que aludía ese precepto en su anterior redacción. Al respecto, se destaca que son claras las diferencias entre ambas instituciones, tanto de fondo como de forma; y en ese sentido, la fundamentación y la motivación deben tener correspondencia con dicha naturaleza, particularmente por cuanto hace a la intensidad probatoria que amerita el dictado del auto de vinculación a proceso como el que originó la determinación que aquí se reclama. Para clarificar lo anterior, conviene señalar que una resolución judicial de esa naturaleza tiene como antecedente básico la etapa preliminar o de investigación, durante la cual el Ministerio Público realiza acciones de investigación con los cuerpos de policía, bajo la vigilancia garantizada por el juez de control cuyo objeto es verificar si existen elementos para decretar la vinculación a proceso del inculpado, lo que no es seguro, sino que ello depende del resultado de la investigación. En esta línea de pensamiento, se tiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, además de los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución Federal, debe tomarse en consideración lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 16 de esa propia legislación, que establece: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" Por su parte, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, establece los requisitos rectores que han de observarse para vincular a proceso, los cuales se encuentran previstos en sus artículos 293 y 296, que establecen: "ARTÍCULO 293. El juez de control, a petición del ministerio público, decretará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el ministerio público al formular la imputación". "ARTÍCULO 296. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresará el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá duplicarse únicamente a petición del indiciado o su defensor. Si el imputado no solicita la duplicidad del plazo constitucional, el juez, en su caso, citará a una audiencia en la que resolverá lo conducente. Dicha audiencia deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación. En el plazo constitucional el imputado tendrá derecho a anunciar los datos de prueba que a su interés convenga, relacionados con el hecho delictuoso y su probable intervención en el mismo." Como se ve, el artículo 16 constitucional, así como los diversos numerales 293 y 296 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, establecen los requisitos formales y materiales que debe satisfacer el auto de vinculación a proceso, destacando los atinentes a que dicha resolución debe estar debidamente fundada y motivada, en la cual se precise el hecho delictuoso que se imputa. Al respecto, resulta conveniente dejar establecido lo que debe entenderse por fundamentación y motivación, conforme al artículo 16 de la Constitución Federal, transcrito en párrafos precedentes, el cual impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar las resoluciones que emitan, como en la especie lo es la que emitió la Sala responsable que aquí se reclama. Así, fundar, en tratándose de actos provenientes de la autoridad, significa expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, motivar, consiste en señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Además, es indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas. En apoyo de lo anterior se invoca la Jurisprudencia 204, visible en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que expone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese contexto, cuando determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, aun cuando esté previsto en una ley, es decir, aunque esté fundado. Las apuntadas premisas no pueden soslayarse por los juzgadores cuando emiten un auto de vinculación a proceso, o lo analizan en segunda instancia en vía de apelación, pues aun cuando, atento a la regla general, los jueces de control no tienen acceso a la carpeta de investigación y se imponen de su contenido de primer momento, en la audiencia para la formulación de la imputación, permanece incólume su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, en ese propio escenario procesal ante las partes ahí presentes. Efectivamente, en acatamiento al mandato que consigna el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el juez debe justificar argumentativamente si procede o no vincular a proceso al inculpado; al igual que el tribunal de apelación al analizar la determinación que emita el juzgador de primer grado. Es decir, las citadas autoridades judiciales cumplirán la exigencia de fundar y motivar sus actos, en la medida en que en sus determinaciones, en principio, citen los preceptos legales que los faculten para emitirlas, así como aquéllos que les sirvan de apoyo al caso particular; además, expresen los razonamientos lógicos y jurídicos que les conduzcan a determinar que el asunto sometido a su potestad, encuadra en los supuestos de las normas invocadas. En ese contexto, no puede pretenderse por parte de los juzgadores, atendiendo al principio de oralidad y de la ausencia de forma escrita de algunas actuaciones dentro del proceso una "relajación" en el deber de fundar y motivar las decisiones que asuman, pues, una motivación adecuada y suficiente se torna más necesaria que nunca, para evitar no solamente arbitrariedades reales, sino incluso irregularidades imaginadas por las partes en el juicio. Precisado lo anterior, de las constancias que remitió la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, anexas a su informe justificado, mismas que fueron previamente valoradas, se advierte que el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (f. 18 a 44 Anexo de pruebas del Toca 217/2016), la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictó una resolución dentro de los autos del toca 217/2016, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto de vinculación a proceso de nueve de abril de dos mil dieciséis, dictado en los autos de la carpeta administrativa 324/2016 instruida contra Víctor Hugo Bernal Ahumada, por el hecho delictuoso de violación, previsto y sancionado por el artículo 273 párrafos primero y quinto, en relación con el 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I inciso c), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la víctima de identidad reservada. Ahora, en la citada resolución, la sala responsable estableció que la fiscalía tuvo por acreditado el hecho delictuoso y la probable participación del imputado en su comisión, en los términos del siguiente hecho circunstanciado: <<El treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, aproximadamente a las dos horas, la persona de identidad resguardada iniciales L.P.J., llegó a su domicilio ubicado en Hombres Ilustres, número 125, colonia San Lorenzo Tepaltitlán, municipio de Toluca, Estado de México, acompañada de su novio VÍCTOR HUGO BERNAL AHUMADA, cuando en ese momento éste comenzó a meterla con fuerza al inmueble, le refirió textualmente "que era una puta", luego le exigió que se desvistiera ya que tendrían relaciones sexuales, de manera que ella, ante el miedo de que le fuera a hacer daño, se quitó la ropa; posteriormente, el agente del delito refirió "que como le gustaba andar de puta, lo iba a hacer como él quisiera" y como ella le manifestó que en esas condiciones no, inmediatamente él la sujetó de la cabeza y de los brazos, la golpeó de la cara y cuerpo, la inclinó hacia el frente de la pared del baño y le introdujo su miembro viril en la vagina por un lapso de dos minutos; acto seguido, la jaló de los cabellos, la arrastró hacia la cama, pero como el activo se tranquilizó un poco, ella logró ponerse un pants y una playera, luego como L.P.J., gritó el nombre de la señora que le renta (NORMA), su novio le tapó la boca para que no continuara, la amenazó con matarla y enseguida éste tomó un martillo que se encontraba sobre el mueble ubicado frente a la cama, después lo dejó y como a ella la tenía en la cama boca abajo, empezó a pegarle con el puño cerrado en la parte lateral izquierda de la cabeza y aunque ella se cubría con las manos, él le daba bofetadas y le pegó del lado derecho de la cabeza; que como la víctima quiso defenderse, él le puso las rodillas sobre los brazos, a la altura de los codos y a pesar de que ella lo aventó, éste le volvió a jalar los cabellos, forcejearon, le comenzó a pegar con el puño en sus costillas y con los pies (patadas) en la espalda, siendo que al tiempo en que ella logró bajarse de la cama, él le alcanzó a pegar con su puño a la altura del estómago, lo que generó que le fuera el aire a la pasivo y perdiera el conocimiento, tiempo en que el activo se subió encima de ella, le quitó el pants y cuando ella reaccionó, él ya la tenía sujeta de las manos y mientras ella le decía que la soltara, él sin decirle nada le empezó a abrir las piernas y una vez más le introdujo el miembro viril en la vagina por un lapso de aproximadamente cuatro minutos hasta que eyaculó; que a pesar de que la víctima le pedía que la dejara, él le contestó "no pendeja" y le mencionó que lo hacía porque quería un hijo, pero posteriormente la soltó. De manera que ella se vistió, sin embargo el activo la agarró de los cabellos, la arrastró hacia el baño y le refirió que si pedía ayuda le iría mal, que la mataría, dejándola encerrada en ese lugar hasta las ocho horas con treinta minutos que le abrió, retirándose el agente del delito de la vivienda>> (f. 20 vta. a 21 Anexo de pruebas del Toca 217/2016). Y al respecto, se determina que la Sala estuvo en lo correcto en confirmar el auto de vinculación a proceso dictado el nueve de abril de dos mil dieciséis, en los autos de la carpeta administrativa 324/2016, puesto que de los antecedentes de la investigación se desprenden datos suficientes que establecen que se ha cometido un hecho determinado que la ley lo señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 273 párrafos primero y quinto, en relación con el 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I inciso c), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la víctima de identidad reservada, así como la probabilidad de que el imputado Víctor Hugo Bernal Ahumada, intervino en el mismo; primero de los preceptos legales en comento que a la letra dice: "Artículo 273. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin voluntad de ésta, se le impondrán de diez a veinte años de prisión, y de doscientos a dos mil días multa. (.) Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo, exista eyaculación o no". Lo anterior, basado en los siguientes datos de prueba: Entrevista de la víctima de identidad resguardada de iniciales L.P.J. de treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, de la que se desprende lo siguiente: ".El día treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las dos hora con cero minutos y es el caso que nos encontrábamos en una reunión familiar de mi novio Víctor Hugo Bernal Ahumada y como ya era tarde le dije que ya me iba entonces mi novio insistió que él me iba a llevar a mi casa, él iba enojado porque uno de sus amigos me hizo un cumplido y al llegar al lugar donde rento ubicado en calle Hombres Ilustres, número 125, colonia San Lorenzo Tepaltitlan, Municipio de Toluca, Estado de México, mi novio entró a la fuerza y me metió al departamento y me decía que era una puta, yo le dije que mejor se fuera y que después hablábamos, y él me dijo que no, en eso me pidió que me desvistiera y por temor a que me hiciera algo procedí a desvestirme y mientras mi novio me estaba observando, entonces me dijo que íbamos a tener relaciones sexuales, yo le dije que así no, pero él me dijo que como me gustaba andar de puta pues ahora iba a hacerlo como él quisiera y empezó a sujetar la cabeza golpeándome en la cara y en el cuerpo, además me sujetó y me apretaba los brazos, luego me tomó por la parte de mi espala con su brazo y me puso contra la pared del baño y como ya me había desvestido, me inclinó para enfrente y me penetró con su pene en mi vagina, después hizo movimientos para adelante y para atrás por un tiempo de dos minutos, después me jaló los cabellos y me arrastró a la cama de la recámara por un momento se tranquilizó, por lo que aprovecho para ponerme un pants y una playera, por miedo grité el nombre de la señora NORMA, quien es la que me renta el departamento, en eso mi novio me tapó la boca para ya no gritar y que si seguía gritando en lo que sabían, o él me terminaba de matar, en eso toma un martillo que se encontraba sobre el mueble que estaba enfrente de la cama, después, dejó el martillo, y como me tenía sobre la cama y yo estaba boca abajo, me comenzó a pegar con el puño cerrado en la cabeza en la parte lateral del lado izquierdo, entonces me cubrí la cara con mis manos, pero mi novio me daba de cachetadas con la palma de la mano, también me pegó del lado derecho de mi cabeza y al quererme defender para quitármelo de encima, mi novio puso sus rodillas sobre mis brazos a la altura de mis codos, al quererme incorporar lo aventé pero mi novio me jaló de los cabellos, después estuvimos forcejeando y me empezó a pegar en las costillas con su puño y en la espalda con patadas logré bajarme de la cama pero me alcanzó a pegar con su puño a la altura del estómago y se me fue el aire, y por algunos minutos perdí el conocimiento, al reaccionar, me encontraba sobre la cama acostada boca arriba y mi novio encima de mí y me di cuenta de que ya no tenía mis pants que antes ya me había puesto y como me tenía sujeta de las manos, le dije que me soltara, y sin decirme nada me empezó abrir las piernas y otra vez me penetró con su pene, que tenía erecto y esto lo sentí cuando lo introdujo en mi vagina y hacía movimientos de adelante hacia atrás aproximadamente cuatro minutos y sentí que eyaculó porque sentí húmeda mi vagina, volví a decirle que me soltara y solo me contestó que no pendeja y me dijo que lo hacía porque quería un hijo, después ya me soltó y me volví a vestir, me puse mi pants y mi novio me agarró de los cabellos y me arrastró hasta el baño y me dijo que si pedía ayuda me iba a ir muy mal y me iba a matar y me encerró en el baño, le puso el pasador y ahí permanecí hasta las ocho horas con treinta minutos de la mañana de hoy, porque escuché que le quitó el pasador de la puerta del baño y cuando abrí la puerta, ya no estaba Víctor y como a las nueve horas de la mañana me comuniqué con mi hermano para comentarle lo que había pasado y tomé la decisión de hacer la denuncia, en contra de Víctor Hugo Bernal Ahumada.". Ampliación de entrevista de la víctima de identidad resguardada de iniciales L.P.J. de tres de febrero de dos mil dieciséis, en la que alude, en lo conducente: ".Comparece a entregar dos CD, que indica contener la grabaciones de una llamada telefónica de Víctor Hugo Bernal Ahumada, al celular de ésta, las cuales uno de los CD viene rotulado con la leyenda grabación a con 4 horas con 34 minutos y el segundo indica 2 y 23 horas con 14 minutos, además se hace entrega de 24 placas fotográficas, tomadas a la víctima, insertadas con papel bond color banco, fotografías a color y son de las lesiones que presente el día 31 de enero de 2016.". Entrevista que, como ciertamente lo refiere la Sala responsable reúne la calidad de idónea, pertinente y suficiente en términos del artículo 185 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, para acreditar la forma en como fue golpeada, amenazada y se le impuso la cópula, en una ocasión por un lapso de dos minutos y luego por cuatro minutos, en contra de su voluntad. Certificado médico de estado psicofísico, lesiones y ginecológico, de uno de febrero de dos mil dieciséis, emitido por Kenia Anabel Hinojosa Mondragón, en el que señaló: ".Antecedentes gineco obstétricos, monarca de 9 años ritmo 3 x 30 días fecha última menstruación de 6 de enero del 2016, huellas como lesiones recientes al exterior, exploración extragenital; equimosis por contusión de color violácea localizada en las siguientes regiones: pabellón auricular derecho de cuatro por dos centímetros, brazo derecho, cara anterior, tercio proximal de dos por uno punto cinco centímetros, brazo izquierdo cara anterior, tercio medio y distal de cinco centímetros, brazo izquierdo cara anterior, tercio medio y distal de cinco por tres centímetros, antebrazo izquierdo cara anterior, tercio medio proximal en un número de dos de quince por diez centímetros, mano izquierda dorso de cinco por tres centímetros, escapula izquierda de trece por cuatro puntos once centímetros, cresta ilíaca izquierda de cinco por tres centímetros, pelvis izquierda de cinco por cuatro centímetros. Equimosis por digito presión de coloración violácea localizada en brazo izquierdo, cara anterior, tercio proximal de uno por seis milímetros, equimosis por tracción puntiforme en coloración rojiza, localizada en parietal izquierdo de un centímetro de diámetro. Sin lesiones reciente por calificar. Exploración para genital, sin lesiones recientes al exterior, exploración genital se coloca a la examinada en posición ginecológica con técnica enguantada a la luz directa y artificial, se aprecian genital externos con vello púbico de distribución ginecoide hasta monte de venus moderado, grueso, pigmentado, enroscado, que se extiende a cara medial de muslos, labios mayores íntegros, labios menores íntegros, a las maniobras de las riendas se aprecia meato urinario, clítoris, fosa navicular y horquilla íntegros, a la maniobra de balsalva se tiene a la vista himen de tipo coliforme íntegro, dilatable o elástico, horna himenal de cinco milímetros con toda su longitud, diámetro tras himeneal de cinco milímetros, se recaban muestras de las siguientes regiones fondo de saco dos hisopos, pantaleta tipo bóxer de color naranja con resorte verde con leyenda y se sugiere valoración ginecológica para ofrecer tratamiento profiláctico y anticonceptivo conclusiones: estado psicofísico consciente a las 9:00 horas, clasificación de lesiones recientes al exterior no ponen en peligro la vida, tardan en sanar hasta quince días, no ameritan hospitalización, no dejan cicatriz visible en cara, examen ginecológico: himen coliforme, elástico o dilatable, sin datos clínicos de penetración reciente.". Del que la Sala adecuadamente abstrae que permite establecer que ciertamente la víctima presentó lesiones recientes al exterior, las cuales permiten colegir la agresión física y sometimiento utilizado en su contra. Impresión diagnóstica de treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, emitida por Alillery Giovana Ciani Sotomayor, adscrita la Subprocuraduría de Delitos vinculados con violencia, del que se advierte que: ".Conclusiones: la usuaria de identidad reservada de iniciales L.P.J. sí presenta indicadores que se asocian a la violencia sexual.". Del anterior dato de prueba, tal como lo analizó la Sala responsable, es idóneo para establecer que la víctima presenta indicadores de violencia sexual. Dictamen en medicina legal de mecánica de lesiones de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por Kenia Anabel Hinojosa Mondragón, que refiere: ".1) Las lesiones descritas como equimosis localizadas en pabellón auricular derecho e izquierdo, brazo derecho cara anterior tercio proximal, brazo izquierdo cara anterior tercio medio y distal, antebrazo izquierdo cara anterior tercio medio y proximal en número de dos, mano izquierda dorso, escapula izquierda, cresta iliaca izquierda, pelvis izquierda, fueron producidas en la víctima de iniciales L.P.J. por un objeto de bordes romos sin punta ni filo, cuyo mecanismo lesivo es la contusión y la temporalidad de estas corresponde a uno o dos días. 2) las lesiones descritas como equimosis localizada en brazo izquierdo cara anterior tercio proximal fue producido en la víctima, por el contacto que tienen dedos sobre la piel y cuyo mecanismo lesivo fue la presión y la temporalidad de uno a dos días. 3) la lesión descrita como equimosis puntiforme localizado en parietal izquierdo es producida por la fuerza que se aplica a una porción de cabello en dirección contraria a su temporalidad de minutos u horas 4) L.P.J. no presenta lesiones genitales de penetración reciente debido a que presenta un himen de tipo coroliforme cuyo orificio himen al amplio de cuatro centímetros de diámetro 5) la víctima presentó un himen de tipo coliforme elástico o dilatable y este permite el paso de cualquier objeto sin producir lesión alguna 6) la víctima de iniciales L.P.J., presentó hallazgos que el laboratorio de química reporta positivos a fosfatasa ácida y espermatoscopía tanto en fondo de saco como en pantaleta, lo que orienta hacia la introducción de un miembro viril en la cavidad vaginal que tuvo eyaculación.". Dictamen en materia de química, de cinco de febrero de dos mil dieciséis, signado por el perito químico Agustín Trujillo Robles, en el que concluyó: ".Las muestras A y B son positivas a las fofatasa ácida y espermatoscopia.". Los anteriores, como señaló la autoridad responsable, el primero, se consideró pertinente para establecer las condiciones, circunstancias y posibles formas e instrumentos utilizados para originar las alteraciones en la salud de la pasivo; el segundo, del cual se advierte la presencia de semen en la muestra consistente en la pataleta de la víctima. Informe pericial en materia de criminalística de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por Israel Aarón Gil Jiménez, en el que se asentó: ".Hombres Ilustres 125, San Lorenzo Tepaltitlán, Municipio de Toluca, Estado de México, técnicas de fijación empleadas descripción escrita y la fotografía forense y dentro de la descripción del examen establece; una vez ubicados plena y legalmente en el lugar referido se tiene a la vista una calle de concreto hidráulico de 20 metros de ancho, de dos carriles, con circulación y orientación de oriente a poniente y viceversa; en dirección al norte se observa un área de terreno natural con malla metálica; en dirección al sur se observa un inmueble destinado a casa habitación con su frente en dirección al norte en tres niveles, se observa planta baja pintada de color blanco y primer nivel color gris debido a aplanado natural, como vía de acceso vehicular se tiene a la vista un zahuán de herrería color blanco, de dos hojas abatible, de 2.5 metros de ancho de 2.30 de altura, y a su vez cuenta con un acceso peatonal de 80 centímetros de ancho por dos metros de altura; conduciéndonos al interior a través de un pasillo de distribución de 2.5 metros de ancho por 1.1 metros de largo; en dirección al oriente se tiene a la vista una escalera de 94 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo, compuesta por 13 escalones que conducen al siguiente nivel; posterior los escalones a una distancia de 1 metro en dirección al oriente se tiene a la vista una escalera de herrería color blanco estilo caracol, compuesta por 12 escalones de forma triangular de 26 centímetros de ancho que conducen al tercer nivel; al término de dichas escaleras girando un ángulo de 180° a la derecha con dirección al norte, se tiene a la vista un pasillo de distribución de 90 centímetros de ancho por 3.70 metros de largo que conduce a un departamento este mismo con frente en dirección al sur cuenta con una vía de acceso compuesta por una puerta de herrería color blanco con vidrio en su parte superior, de 90 centímetros de ancho por 2.10 de altura, el cual no presenta huellas de forzadura en su mecanismo de seguridad en el costado derecho de la entrada se observa una ventana de herrería color blanco de 52 centímetros de ancho por 1.05 metros de altura; en el interior se observan muebles diversos propios del lugar, en dirección al oriente se observa área destinada a comedor cocina con un área de 3.20 metros de ancho por 4.30 metros de largo en dirección poniente se localiza una puerta de madera color café de 68 centímetros de ancho, por 2.30 metros de alto con una altura de 1.2 metros por 2.30 metros con paredes en tonos rosa y amarillo en su interior se observa diversidad de objetos propios del lugar, dicho lugar es señalado por la victima de identidad resguardada de iniciales L.P.J., como el lugar de los hechos continuado a una distancia de 2 metros en dirección al norte poniente se tiene a la vista un área destinada a recámara que cuenta con una vía de acceso que cuenta con una puerta color café de 85 centímetros de ancho por 2.25 de altura que da acceso a la recámara cuya área es de 2.70 metros de ancho por 2.15 metros de largo con paredes en tonos rosas y amarillos en su interior y adosado al muro poniente, se tiene a la vista el inmueble de madera color café de 69 centímetros de ancho por 80 centímetros de altura y sobre este se observa un televisor pantalla plana color negro, de 40 pulgadas en la parte media de dicho mueble se localiza un martillo con mango de madera color café, mismo que fue referido por la víctima como objeto con que amenazó el sujeto que la agredió; adosado al muro oriente se observa una cama de 2 metros de ancho por 1.90 metros de largo. Mismo que señala la víctima de identidad reservada con iniciales L.P.J., como el lugar de los hechos en el muro norte se tiene a la vista ventana con un marco de aluminio de color blanco de 1.44 metros de ancho por 1.16 metros de altura.". Los datos de prueba previamente analizados, como lo refiere la Sala responsable resultan idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes, para acreditar una conducta de acción, ya que la denunciante es quien de manera directa resintió el actuar del sujeto del sexo masculino a quien le atribuye haberle introducido su miembro viril en su cavidad vaginal, sin mediar su consentimiento, y además que ello aconteció por medio de la violencia, por ende, estuvo en aptitud de narrar los hechos. En este sentido, es ajustado a derecho que hasta este momento procesal, los datos de prueba valorados por la autoridad de apelación, son idóneos, pertinentes y en conjunto suficientes para sostener que se encuentran acreditados los elementos objetivos y normativos de los que participa el hecho delictuoso previsto por el artículo 273 del Código Penal del Estado de México. Ello es así, dado que con los anteriores datos de prueba queda debidamente acreditada la estructura jurídica unitaria del delito de violación, puesto que evidencian que se impuso la cópula a través de la vía vaginal a la víctima, además de que, de los mismos, se puede afirmar que lo anterior se realizó bajo amenazas y haciendo uso de violencia física por parte del sujeto activo, con quien mantenía una relación sentimental de pareja. De ahí que se configure el hecho de la violación, la relación causal entre ésta y una acción humana, unido en dependencia de carácter necesario y notorio entre el daño resultante y la acción ejecutada, integridad sexual como presupuesto legal y la vulneración de esa integridad generada por una causa externa no natural. Respecto a la probable intervención del imputado (aquí quejoso), la Sala responsable la tuvo por acreditada con los datos de pruebas enunciados en líneas precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/93, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 341, Tomo VU, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Materia Penal, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías". La cual la tipificó como autor material en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal en vigor, dado que los datos de prueba en su conjunto arrojaban que el treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, aproximadamente a las dos horas, la persona de identidad reservada de iniciales L.P.J., llegó a su domicilio ubicado en Hombres Ilustres número 125, colonia San Lorenzo Tepaltitlan, municipio de Toluca, Estado de México, acompañada de su novio Víctor Hugo Bernal Ahumada, cuando en ese momento éste comenzó a meterla a la fuerza al inmueble, le refirió textualmente "que era una puta", luego le exigió que de desvistiera ya que tendrían relaciones sexuales, de manera que ellas, ante el miedo de que le fuera a hacer daño, se quitó la ropa; posteriormente, el agente del delito le refirió "que como le gustaba andar de puta, lo iba a hacer como él quisiera" y como ella le manifestó que en esas condiciones no, inmediatamente él la sujetó de la cabeza y de los brazos, la golpeó de la cara y cuerpo, la inclinó hacia el frente de la pared del baño y le introdujo su miembro viril en la vagina por un lapso de dos minutos; acto seguido, la jaló de los cabellos, la arrastró hacia la cama, pero como el activo se tranquilizó un poco, ella logró ponerse un pants y una playera, luego como L.P.J., gritó el nombre de la señora que le renta (NORMA), su novio le tapó la boca para que no continuara, la amenazó con matarla y enseguida éste tomó un martillo que se encontraba sobre el mueble ubicado frente a la cama, después lo dejó y como a ella la tenía en la cama boca abajo, empezó a pegarle con el puño cerrado en la parte lateral izquierda de la cabeza y aunque ella se cubría con las manos, él le daba bofetadas y le pegó del lado derecho de la cabeza; que como la víctima quiso defenderse, él le puso las rodillas sobre los brazos, a la altura de los codos y a pesar de que ella lo aventó, éste le volvió a jalar los cabellos, forcejearon, le comenzó a pegar con el puño en sus costillas y con los pies (patadas) en la espalda, siendo que al tiempo en que ella logró bajarse de la cama, él le alcanzó a pegar con su puño a la altura del estómago, lo que generó que le fuera el aire a la pasivo y perdiera el conocimiento, tiempo en que el activo se subió encima de ella, le quitó el pants y cuando ella reaccionó, él ya la tenía sujeta de las manos y mientras ella le decía que la soltara, él sin decirle nada le empezó a abrir las piernas y una vez más le introdujo el miembro viril en la vagina por un lapso de aproximadamente cuatro minutos hasta que eyaculó; que a pesar de que la víctima le pedía que la dejara, él le contestó "no pendeja" y le mencionó que lo hacía porque quería un hijo, pero posteriormente la soltó. De manera que ella se vistió, sin embargo el activo la agarró de los cabellos, la arrastró hacia el baño y le refirió que si pedía ayuda le iría mal, que la mataría, dejándola encerrada en ese lugar hasta las ocho horas con treinta minutos que le abrió, retirándose el agente del delito de la vivienda. Aunado a lo anterior, como correctamente lo consideró la Sala responsable, son insuficientes para desvirtuar lo anterior, las manifestaciones vertidas por Víctor Hugo Bernal Ahumada, ante la Jueza de Control el cinco de abril de dos mil dieciséis, en donde negó haber realizado la conducta delictiva que se le imputa, lo anterior puesto que se ubicó en las circunstancias de tiempo y lugar en que se suscitaron los hechos, pero además reconoció que efectivamente relaciones sexuales con la víctima de identidad reservada, asimismo, que la golpeó, lo que consideró perjudicial para el imputado, toda vez que de ninguna manera pudo acreditar que la víctima sola se metiera al baño de su departamento y en su interior se cayera y golpeara dado el estado alcohólico en el que dice se encontraba; más aun cuando no es coherente que un moretón en la oreja se deba a un golpe en la regadera. Igualmente, la Sala responsable estimó que el imputado tampoco logró soportar con dato de prueba alguno, que la relación sexual fuera consentida, ni demostró que los golpes que presentó la víctima se hayan debido al juego que supuestamente le pidió realizar, mucho menos que ella le dijera que la golpeara, le diera nalgadas, bofetadas y le jalara el cabello, máxime que no se evidenció un problema previo a los acontecimientos que indujera a la víctima imputarle hechos falsos. Además, como adecuadamente adujo la responsable, las entrevistas de Oscar Bernal Ahumada y Jesús Adrián Ramírez Quiñonez, recabadas el nueve de abril de dos mil dieciséis (aunque la responsable las cita como dos mil quince), dentro de la prórroga del plazo constitucional, se constriñen a señalar que la víctima y el imputado estuvieron en un festejo (cumpleaños de Víctor Hugo Bernal Ahumada), hasta las dos y media de la mañana del treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, sin aportar mayores datos. En tanto la responsable de la misma manera consideró insuficiente la placa fotográfica reproducida ante la Jueza de Control el nueve de abril de dos mil dieciséis, así como la copia del acta de nacimiento del aquí quejoso, pues tal como se asumió en el acto reclamado, en cuanto al primer dato de prueba, estimó que únicamente demuestra la fijación de un momento en que la víctima y el imputado se encontraban en una celebración, y con el segundo sólo pone de manifiesto la fecha de nacimiento del imputado. Precisado lo anterior, se procede a analizar los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. Como se adelantó, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso son infundados. Para dar contestación a los conceptos de violación señalados con los incisos a) y b), en primer término, cabe destacar que el artículo 343 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, dispone que el órgano jurisdiccional valorará las pruebas de manera libre y lógica. Por ende, el juez de control requiere verificar únicamente la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, ello a partir de la racionalidad de los argumentos que el órgano acusador exponga en la audiencia preliminar, conforme a los antecedentes de la investigación que logró reunir. Circunstancia que en la especie aconteció dado que, como se ha hecho referencia a lo largo de la presente determinación, hasta este momento procesal, existen datos de prueba suficientes para sostener que se encuentran acreditados los elementos objetivos y normativos de los que participa el hecho delictuoso previsto por el artículo 273 párrafos primero y quinto, en relación con el 6, 7, 8 fracciones I y III, del Código Penal vigente en el Estado de México (violación), además de que estos evidenciaron la participación del acusado como probable autor material en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción I, inciso C), del Código Penal en vigor. De ahí que, no existe necesidad de que en esa etapa se aporten y, en su caso, valoren pruebas que cumplan con determinado estándar, o en su caso se compruebe la participación en la comisión de un delito, pues estas circunstancias están reservadas para ofrecerse durante la etapa intermedia y desahogarse en el periodo correspondiente al juicio oral, y en ambos casos para ser valorados en la sentencia. Ante ello, en la emisión del acto reclamado de manera correcta se precisaron los elementos que componen al hecho delictuoso en cuestión, además las probanzas con las que se acreditaba, expresando las circunstancias que llevaron primero a la Jueza de Control y luego a la Sala responsable a confirmar el debido valor a los datos que enunció, puntualizando las razones y la probable responsabilidad del imputado. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2, visible en la página 757, libro XXVI, tomo 1, noviembre 2013, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)". Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos". Por otra parte, por lo que hace a los conceptos de violación señalados en los incisos c), d) y e), se estudiarán de manera conjunta, dado que los mismos van encaminados a señalar que la sala responsable emite el acto reclamado, a efecto de vincular al ahora quejoso a proceso, tomando en consideración datos de prueba, que tienen el carácter de "prueba ilícita", ello en atención a que: No se justifica la obtención del dato de prueba relacionado con el estudio en materia de química de cinco de febrero de dos mil dieciséis (efectuado respecto de dos hisopos y pantaleta de color naranja con resorte verde), toda vez que, de la certificación legal se desprendió que no existía penetración reciente en la víctima; y La entrevista de la víctima es insuficiente para vincular a proceso al ahora quejoso. Son infundados dichos argumentos, como a continuación se verá. Conforme a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una prueba es ilícita cuando ha sido obtenida de manera irregular (sea por contravenir el orden constitucional o legal), por lo que ante esa situación debe considerarse inválida; de lo contrario, el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Lo anterior conforme se deriva de la lectura de la Jurisprudencia número 1a./J. 139/2011 (9a.), visible en la página 2057, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables." En esa tesitura, contrario a lo sostenido por el quejoso, la obtención del dato de prueba consistente en el estudio en materia de química de cinco de febrero de dos mil dieciséis (efectuado respecto de dos hisopos y pantaleta de color naranja con resorte verde), no se estima contrario a derecho, atento a los aspectos que se proceden a exponer: Si bien del certificado médico de estado psicofísico, lesiones y ginecológico, de uno de febrero de dos mil dieciséis, practicado por la perito oficial Kenia Anabel Hinojosa Mondragón, en lo conducente concluyó "examen ginecológico: himen coloriforme, elástico o dilatable, sin datos clínicos de penetración reciente", lo cierto es que no debe soslayarse, que en el propio dictamen, se agregó que "1. Se recaban muestras de las siguientes regiones: fondo (2 hisopos). Pantaleta a tipo bóxer, de color naranja con resorte verde, con la leyenda ´cosita rica', en la parte frontal free zise lote D14-Y0122 en color rosa, 92% poliéster y 8% espandex, con puente ligeramente maculado" (fojas 18 y 19 de la copia certificada de la carpeta de investigación), esto es, se recabaron muestras relativas a la víctima, lo cual hizo necesario determinar el origen y naturaleza de las mismas. No es óbice a lo anterior que el aquí quejoso Víctor Hugo Bernal Ahumada, derive su argumento desde la perspectiva de que si en el certificado médico de estado psicofísico, lesiones y ginecológico, de uno de febrero de dos mil dieciséis, ya se había concluido "sin datos clínicos de penetración reciente", ello se constituyó en un obstáculo a efecto de que el órgano investigador obtuviera el dictamen en materia de química. Lo anterior, toda vez que: En primer término, conforme a las atribuciones y facultades de las cuales goza el Ministerio Público, de acuerdo con los numerales 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste puede realizar las diligencias que estime pertinente para investigar los hechos delictuosos, la existencia o inexistencia de los mismos, y que sean conducentes hacia el perfeccionamiento de la indagatoria; y De acuerdo con el dictamen en medicina legal de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, rendido por la experta Anabel Hinojosa Mondragón, "la víctima de iniciales L.P.J., no presenta lesiones genitales de penetración reciente debido a que presentó un himen de tipo coloriforme cuyo orificio himeneal amplio de 4 cm de diámetro", y "presentó un himen de tipo coloriforme elástico o dilatable y este permite el paso de cualquier objeto sin producir lesión alguna". En ese contexto, el Ministerio Público obtuvo el dato de prueba de referencia, no derivado de la conclusión a la que se arribó en la multialudida certificación médica de estado psicofísico, lesiones y ginecológico, de uno de febrero de dos mil dieciséis, practicado por la perito oficial Kenia Anabel Hinojosa Mondragón, sino de forma autónoma al haberse obtenido indicios recabados de la víctima de identidad reservada de iniciales L.P.J., por lo cual se advierte que la Representación Social actuó conforme a sus atribuciones, sin contrariar el orden constitucional o legal en la integración e incorporación de los datos de prueba a la carpeta de investigación, pues la imputación de la víctima de identidad reservada y la exploración física que se le practicó, patentiza la continuación de la integración de la carpeta de investigación, lo que no presupone un juicio apriorístico del contenido de las pruebas recabadas, sino precisamente en aras de comprobar éste, es que el Ministerio Público se encuentra facultado para obtener los resultados de las mismas. En esa tesitura, contario a lo que aduce el quejoso, en el sentido de que la entrevista de la víctima, es insuficiente para vincularlo a proceso, en el caso, es claro que dicha denuncia no se encuentra aislada, por el contrario, se encuentra relacionada con los ya reseñados datos de prueba que fueron expuestos por al Ministerio Público ante la Jueza de Control; máxime si éstos se desahogaron de manera adecuada y observando las formalidades del proceso; pensar lo contrario, sería tanto como obstaculizar la obligación de quien tiene la facultad de investigar los hechos delictuosos, con el consecuente estado de indefensión hacia las víctimas y su derecho a que se investiguen las posibles conductas que transgreden el orden social. Asimismo, no es óbice a lo anterior, que como lo refiere el quejoso, si de acuerdo a la narrativa de la víctima, después de haber ocurrido los hechos, fue encerrada en el baño hasta las ocho treinta de la mañana, ya que escuchó que en ese momento el activo quitó el pasador de la puerta y cuando ella abrió ya no se encontraba este, luego, no existe ninguna inspección ministerial o toma de fotografías de las que se aprecie la existencia de un baño en las condiciones que describe la víctima; lo anterior, en virtud de que tal como lo expuso la responsable en el acto reclamado, los datos de prueba existentes hasta ahora resultan suficientes para tener por acreditado el hecho delictuoso de violación, así como la probable intervención del quejoso en su comisión. Más aun, en el caso, la responsable tomó en cuenta el informe pericial en materia de criminalística de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, a cargo del perito Israel Aarón Gil Jiménez, en el cual describió el lugar de los hechos, con lo cual se acredita la existencia del mismo. Por último, contrario a lo que sostiene el impetrante de amparo, no se violenta el derecho fundamental de presunción de inocencia, toda vez que de los datos de prueba relatados en esta resolución y expuestos por el fiscal investigador en la audiencia de formulación de imputación, se desprenden evidencias de cargo suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que a favor de todo imputado se deduce del artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el supuesto fundamental del principio de inocencia, es que el quejoso no sea considerado culpable hasta que así se declare en sentencia definitiva, lo que aquí no acontece, pues del acto reclamado se advierte que por el momento existe la probabilidad de que el imputado participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito. En ese orden de ideas, al no estar demostrado que el acto reclamado transgreda prerrogativa constitucional alguna, en perjuicio del quejoso, aun supliendo la deficiencia de los conceptos de violación, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva a las autoridades responsables ejecutoras, dado que el acto a ellas atribuido no se reclama por vicios propios sino como consecuencia del acto ordenador. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a Víctor Hugo Bernal Ahumada, contra el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otras autoridades, por los motivos contenidos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistido de la licenciada Eloísa Salinas Juárez, secretaria que autoriza, firma y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado permitieron concluir con su engrose. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, con residencia en Tianguistenco, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 210/2016, número de orden 522/2016, de este índice, enviado para realizar la primera notificación del presente juicio a la tercera interesada de identidad reservada, de iniciales, L.P.J. Acúsese el recibo correspondiente. Las anotaciones correspondientes háganse en el libro respectivo. Téngase a la tercera interesada de identidad reservada, de iniciales, L.P.J, por debidamente notificada del auto de veintitrés y veintiocho de junio de dos mil dieciséis, emitidos en el presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Así, visto que el diez de agosto último, se realizó el emplazamiento de la tercera interesada de identidad reservada, de iniciales, L.P.J, se concluye que a esta fecha transcurre el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin que la tercera en cita tenga conocimiento de los informes justificados rendido por las autoridades señaladas como responsables; así, para no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, se fijan las once horas con veinte minutos del uno de septiembre de dos mil dieciséis, para su verificativo. Aspecto aparte, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la tercera interesada de identidad reservada, de iniciales, L.P.J, a través del cual se apersona al juicio en que se actúa, designa domicilio para oír y recibir notificaciones; de igual forma. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por apersonado al presente juicio de amparo a la tercera interesada promovente. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo háganse las notificaciones de carácter personal al ocursante en el domicilio señalado en el escrito de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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