Victor Hugo Barajas Tena

Expediente 1504/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1504/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Victor Hugo Barajas Tena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de esta fecha se ordenó el archivo en el juicio de amparo de donde deriva la presente incidencia, por estar concluido, en el cual se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de depuración y destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y al criterio publicado en el Compilador de Criterios de Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de referencia CAP/DGAD/392/2021, relativo al tema "Valoración del incidente de suspensión", de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se considera que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuracion, una vez transcurridos más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; en tanto que, el duplicado, es susceptible de destrucción, en el término de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el precitado Acuerdo General. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos, en original, a la incidencia en que se actúa.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexo signado por la Tesorera Municipal de Zapopan, el cual, atento a su contenido se ordena agregar sin mayor pronunciamiento, toda vez que la autoridad informante no resulta ser encargada de dar cumplimiento a la sentencia dictada en actuaciones, lo anterior para los efectos legales conducentes. Autoridad aún no cumple. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictada en autos. Requiérase a la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente comunicado, cumpla con los efectos de la sentencia de amparo, los cuales se citan a continuación: (.) 105. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que no se aplique a la quejosa el precepto declarado inconstitucional y que se le restituya las cantidades enteradas en exceso con apoyo en él. 106. En efecto, dado que la concesión deriva de la inequidad del precepto combatido, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la obligación de enterar el impuesto predial conforme a la disposición reclamada, esto es, la sobretasa aplicada de que se trata, y por otra, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entra la tasa que corresponde al predio (0.000418) y la sobretasa que se aplicó (0.00086), ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según esta ejecutoria, se encontraban en la misma situación que la quejosa frente a la ley tributaria, pues no podrían desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, ya que ello implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado; y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa.(.) Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en el artículo 22, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, para los predios urbanos edificados. Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a la suma cubierta por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencias pagadas indebidamente deberán devolverse actualizadas, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, para la cual las responsables cuentan con el plazo de tres días, conforme al numeral 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con el apercibimiento que no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará y procederá en los precisos términos previstos en ese precepto." Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Pudiendo remitir constancia que acredite lo anterior, ello en la vía electrónica al correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una nueva multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 237, fracción I, correlacionado con el diverso artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $ 96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, Presidente Municipal de Guadalajara, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable del cumplimiento en cita, para que ordene a la referida Secretaría, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL DIECIOCHO SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de trece de julio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el diecinueve de julio de dos mil veintidós. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el siete de mayo de dos mil dieciocho, la cual fue revocada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el amparo en revisión 244/2018, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada emitida dentro del recurso de revisión 006/2017, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. 2. Conforme las directrices establecidas en esta ejecutoria, prescinda de las indebidas razones que plasmó en la resolución reclamada y, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, funde y motive debidamente el estudio que practique de los agravios propuestos en el recurso de revisión, sobre todo, en torno a la necesidad del dictamen técnico, debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado dictamen, así como respecto de la imposibilidad estimada para su emisión.". En esa mediada, es importante traer las directrices establecidas por la Superioridad en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 244/2018. "Por lo tanto, es inconcuso que la resolución reclamada no está debidamente fundada ni motivada al establecer que, a su vez, la subyacente sí contiene una debida fundamentación y motivación, pues según se vio, en los preceptos en los que pretendió fundarse no se encuentra la obligación de obtener un dictamen técnico para acceder al servicio registral solicitado; de tal manera, resulta contrario a derecho que se exija al ejido solicitante de derechos fundamentales que cumpla con un requisito no especificado en los ordenamientos que para tal efecto invocó la autoridad responsable. Bajo esa perspectiva, si dicha autoridad responsable al confirmar la negativa registral pasó por alto que en la fundamentación plasmada por la autoridad subyacente, no se encuentra la obligación de obtener un dictamen técnico para acceder al servicio registral solicitado; y en esa exigencia se basó la negativa del registro en comento; entonces, tal actuación trastoca el derecho fundamental prescrito por el artículo 16 Constitucional, en perjuicio del quejoso. Además, el Delegado en Jalisco del Registro Agrario Nacional responsable inapreció que la razón por la que la autoridad subyacente negó el registro fue porque no se emitió el dictamen con base en la imposibilidad jurídica en el cambio de destino de tierras; lo que sostuvo en el artículo 56 de la Ley Agraria, en el que se establece que la asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de dicho ordenamiento legal, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas; sin embargo, la responsable interpretó esa cuestión de manera contraria para determinar que si las tierras están formalmente parceladas, eso implica que la asamblea del ejido no puede cambiar el destino de las mismas; pero, no escapa a este Tribunal, en suplencia de la queja, que esa circunstancia no fue señalada por el registrador primigenio; lo que además, omitió motivar correctamente la responsable, pues no justificó en que consistió la imposibilidad referida, ni desarrolló las razones para evidenciar su afirmación en cuanto al parcelamiento de las tierras, según lo estableció, pues no señala las documentales que le hacen llegar a esa conclusión y de las constancias que obran en autos no se advierte medio de convicción en que se apoye esa aseveración; por lo que la conclusión a la que arribó tampoco está debidamente motivada, según pretendió fundarlo. (Énfasis agregado) Luego, mediante resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del recurso de inconformidad 08/2019, determino que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, y ordenó que se realizaran los siguientes actos: ".emita una nueva resolución, en la que cumpla con lo señalado en el numeral 2 de los efectos de la ejecutoria de amparo, es decir, que prescinda de las indebidas razones que plasmó en la resolución reclamada y, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, funde y motive debidamente el estudio que practique de los agravios propuestos en el recurso de revisión, sobre todo, en torno a la necesidad del dictamen técnico, debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado dictamen, así como respecto de la imposibilidad estimada para su emisión. En el entendido de que, la primera cuestión, esto es, la relativa a realizar el estudio que practique de los agravios propuestos en el recurso de revisión, en torno a la necesidad del dictamen técnico que se señaló por la autoridad registral, debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito dicho dictamen, no implica el que forzosamente, dicha autoridad deberá señalar algún fundamento legal que establezca ese requisito como condicionante para efectuar el registro solicitado, sino el que establezca si existe o no algún fundamento legal que de forma precisa establezca la necesidad de dicho dictamen como requisito legal para poder realizar el trámite registral solicitado, en caso de haberlo, lo deberá señalar claramente; pero de no advertirlo, así deberá precisarlo, debiendo en este caso, ordenarle a la autoridad registral que se pronuncie nuevamente, sobre la solicitud de registro que le presentó el quejoso, absteniéndose de negarle dicho trámite con base en la exigencia del citado dictamen, pues es claro, que si la autoridad no puede fundar legalmente la exigencia del mismo, no es exigible al quejoso. Luego, en cuanto a la segunda cuestión, esto es, la imposibilidad jurídica manifestada para emitir el citado dictamen técnico, deberá analizar esa temática a la luz de los argumentos expresados en la resolución recurrida, esto es, el señalamiento en el que se indicó: ".LO ANTERIOR YA QUE ESTA DELEGACIÓN JALISCO, PARA QUE PUEDA ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO LA CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL ACTA EN COMENTO, ES NECESARIO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y ASISTENCIA TÉCNICA, EMITA DICTAMEN TÉCNICO LO QUE EN ESPECIE NO ACONTECIÓ, YA QUE TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL OFICIO BAJO NUMERO DGCAT/100/6457/2016, SE PRONUNCIA EN EL SIGUIENTE SENTIDO: . ESTA DIRECCIÓN NO EMITE DICTAMEN TÉCNICO PETICIONADO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA EN EL CAMBIO DE DESTINO DE TIERRAS QUE SE SOLICITA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 65, 76, 77, 79 Y 81 DE LA LEY AGRARIA, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE PARA REDESTINAR LA PARCELA EN LA VÍA QUE A DERECHO PROCEDE (SIC)., y no, con base en su argumento derivado de la interpretación a contrario sensu del artículo 56 de la Ley Agraria, pues ya se dijo que tal consideración no fue expresada en la resolución recurrida, esto es, es ajena a la misma. Sin que lo anterior implique necesariamente, que deberá determinarse como procedente la inscripción solicitada por el quejoso, sino únicamente, que de no sustentarse jurídicamente, esto es, de no advertirse que las razones expresadas por la autoridad registral para denegar el registro solicitado por el quejoso, tienen sustento legal, deberá resolverse nuevamente su petición absteniéndose de negarle la procedencia de dicho trámite registral con base en las misma razones, si éstas, se reitera, no encuentran fundamento legal que las soporte.". Por último, mediante resolución de diez de junio de dos mil veinte, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del recurso de inconformidad 04/2020, determino que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, y ordenó que se realizaran los siguientes actos: "Emita una nueva resolución en la que pondere la imposibilidad jurídica que señaló la autoridad registral en la resolución recurrida por el quejoso, con base en las razones expresadas en esa determinación (la del registrador), y no, a partir del argumento que, motu proprio expresó dicha responsable relativo a la interpretación que dio al artículo 56 de la Ley Agraria (que si las tierras están formalmente parceladas, eso implica que la asamblea del ejido no puede cambiar el destino de las mismas), pues como se le señaló en la ejecutoria de amparo, esa cuestión no fue expresada por la autoridad registral que negó el registro solicitado por el quejoso.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que mediante oficio RAN-JAL/4471/2022 de once de julio de dos mil veintidós, el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional del Estado de Jalisco, bajo el recurso de revisión 006/2017 de su índice, resolvió de nueva cuenta el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa Rubén Martínez Bocanegra, en su carácter de representante legal del núcleo agrario denominado "Los Sitios", municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco, determinando declarar infundados los agravios hechos valer por el aquí quejoso y confirmar la calificación registral negativa de dos de febrero de dos mil diecisiete. Sin embargo, dicha resolución, no se ciñe cabalmente a la ejecutoria de amparo, puesto que la responsable no funda y motiva debidamente el estudio que practicó a los agravios propuestos en el recurso de revisión, SOBRE TODO, EN TORNO A LA NECESIDAD DEL DICTAMEN TÉCNICO debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado Dictamen Técnico solicitado por parte de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, lo que lógicamente implica que, DE NO EXISTIR TAL OBLIGACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD AGRARIA, ASÍ PRECISARLO; y además, también debe analizar el tema de la imposibilidad estimada para su emisión, esto es motivar correctamente si existe o no la imposibilidad jurídica manifestada, en cuanto a cambiar el destino de tierras parceladas a tierras de asentamiento humano, siendo que así se le indicó en las consideraciones de la ejecutoria de amparo. Además, se trae a colación que mediante oficio RAN-JAL/507/2019 de cinco de marzo de dos mil diecinueve, el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional del Estado de Jalisco, bajo el recurso de revisión 2/2019 de su índice, resolvió de nueva cuenta el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, determinando revocar la calificación registral negativa de dos de febrero de dos mil diecisiete, así mismo instruye al registrador integral para que proceda a realizar un nuevo estudio y análisis del expediente formado con motivo de la solicitud de trámite 3087, de dieciocho de abril de dos mil trece, por lo que resulta incongruente que en esta nueva resolución confirme una resolución que ya había revocado En esas condiciones, como lo refiere la parte quejosa resulta claro que la sentencia de amparo no ha quedado cumplida. Requerir cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo cuarto, y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de siete días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído: Emita una nueva resolución en la que pondere la imposibilidad jurídica que señaló la autoridad registral en la resolución recurrida por el quejoso, con base en las razones expresadas en esa determinación (la del registrador), y no, a partir del argumento que, motu proprio expresó dicha responsable relativo a la interpretación que dio al artículo 56 de la Ley Agraria (que si las tierras están formalmente parceladas, eso implica que la asamblea del ejido no puede cambiar el destino de las mismas), pues como se le señaló en la ejecutoria de amparo, esa cuestión no fue expresada por la autoridad registral que negó el registro solicitado por el quejoso. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, quien resulta ser el superior jerárquico de la responsable, para que ordene al referido titular, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento. Se levanta reserva. Visto nuevamente el escrito recibido el veintiséis de julio del año en curso y con el que se da cuenta; atento a sus contenidos, agréguense a los autos, y dígasele que se esté a lo ordenado en párrafos que anteceden.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de agosto de dos mil veintidós. Vías de cumplimiento. Visto el contenido del oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado, actuando en representación de la citada Secretaría, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en autos, remite copia simple del acuse de recibo del oficio ****, tendiente a acreditar las gestiones que ha realizado a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. Requerimiento. De igual forma, respecto a la solicitud realizada por la autoridad oficiante en torno a requerir a diversa autoridad para que le remita el procedimiento ****, instaurado en contra del aquí quejoso, para estar en condiciones de cumplir con la ejecutoria de amparo; tomando en consideración que mediante proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en representación del Gobernador Constitucional del citado Estado, informando que corresponde a ambas autoridades, es decir, tanto a la Secretaría de Transporte como a la Secretaría de Seguridad, ambas del Estado de Jalisco, cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo. En esa tesitura, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad del Gobierno, ambas del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído acrediten haber dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA) vigente, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Superior jerárquico. Finalmente, se requiere a la Coordinación General Estratégica de Seguridad, así como a la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, quienes resultan ser el superior jerárquico de las citadas autoridades, para que le ordenen a éstas, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.

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