Victor Hugo Barajas Tena

Expediente 876/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
876/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Victor Hugo Barajas Tena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de notificación a la autoridad responsable Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, ello, del proveído de treinta de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, líbrese el oficio correspondiente.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectos. En el fallo protector se determinó que las autoridades responsables, acreditaran lo siguiente: "Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio civil ejecutivo 314/2014, a partir de las diligencias de emplazamiento practicados a los demandados, y sus consecuencias; incluso esa actuación; ordenando la reposición de dicho juicio." Requiérase. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciban la comunicación respectiva, realicen lo mencionado e informen a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA) , esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que las autoridades responsables no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia: CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo.

  3. Principal

    Como esta ordenado en autos por este medio se notifica a los terceros interesados de que se trata, el acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, que dice: Zapopan, Jalisco, once de mayo de dos mil veintidós. I. Reposición de procedimiento. Téngase por recibido el oficio que contiene firma electrónica del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1581/2020, de la estadística local, dos cuadernos de pruebas, y copia certificada de la resolución dictada en sesión de veintiocho de abril de dos mil veintidós, relativa al amparo en revisión 319/2021, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 1581/2020, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovido por *, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.". II. Providencias. Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. III. Cuaderno de antecedentes. Asimismo, con relación al cuaderno de antecedentes que se formó, se ordena glosar al presente sumario únicamente las fojas que contienen firmas autógrafas en original, siendo innecesario adjuntar el resto, por ser fotocopias de actuaciones que obran en autos, por lo que se ordena su destrucción, sin mayor trámite. IV. Efectos de la reposición. Ahora bien, es pertinente conocer los efectos que el tribunal de alzada determinó procedente revocar la sentencia recurrida, y reponer el procedimiento de amparo, siendo los siguientes: "[...] A) Se deje insubsistente la audiencia constitucional de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, y la sentencia dictada en ella, el veintinueve de septiembre siguiente, en relación con el juicio de amparo indirecto 1581/2020. B) Se ordene requerir a la Juez Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por la integración completa del legajo que remitió con su informe justificado; particularmente, en lo que se refiere a la sentencia definitiva dictada en el juicio civil sumario 840/2016. C) Al tener ese legajo debidamente integrado, ordenar notificar personalmente a la quejosa, tanto el informe como el legajo correspondiente, y le conceda término para que aclare o amplíe su demanda, en función del conocimiento que obtenga de lo actuado en el juicio natural, bajo los apercibimientos que correspondan; aclaración o ampliación, referida particularmente al proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la medida en la que ahí es donde se contiene la justificación que utilizó el juez responsable para que la desocupación del inmueble se produzca contra el demandado, incluso aunque quien detenta la posesión del inmueble sea la hoy quejosa. D) Continúe con el trámite del juicio de amparo, hasta la nueva celebración de la audiencia constitucional, y la emisión de sentencia en el sentido que considere corresponda, pero prescindiendo de estimar improcedente el juicio de amparo, por las razones expresadas en considerando octavo de esta ejecutoria. [...]" V. Se deja sin efectos audiencia constitucional y sentencia. Por tanto, en estricto acatamiento a lo resuelto por el tribunal de alzada, se deja sin efectos la audiencia constitucional de veintinueve de junio de dos mil veintiuno y la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. VI. Requiérase. Luego, de conformidad con la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en el artículo 75 de la última ley en cita, requiérase a la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada, completa y legible de la sentencia definitiva dictada en el juicio civil sumario 840/2016, de su índice. Orienta a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". VII. Apercíbase. Apercíbasele que, de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente, esto es, $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), la que se determina de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. VIII. Audiencia constitucional. Finalmente, se señalan para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CITATORIO. Por este medio se notifica a la parte QUEJOSA, la resolución de tres de mayo de dos mil veintidós, que dice: Zapopan, Jalisco, tres de mayo de dos mil veintidós. I. Relación de estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa por acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. II. Concesión del amparo y efectos. Mediante sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional para efectos de que el Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, realizara lo siguiente: Emita la respuesta que debe recaer a la solicitud que le fue presentada por el quejoso el quince de enero de dos mil veintiuno, radicada bajo expediente *** y número de folio ****; la cual deberá ser congruente con lo peticionado, en el sentido que estime conveniente. Notifique dicha respuesta al promovente del amparo III. Ejecutoria y requerimiento. En proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió por su cumplimiento a la autoridad responsable. IV. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, a través del oficio de registro 4320, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2, se advierte que, previo a que causara ejecutoria la sentencia de amparo, el Director de Administración del Agua responsable, emitió la resolución ****, en el expediente ***, esto, el veintiocho de enero de dos mil veintidós, mediante la cual dio respuesta a la solicitud que le fue presentada por el quejoso el quince de enero de dos mil veintiuno, y resolvió negarle el título de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales en los términos peticionados. Además, la autoridad responsable notificó la resolución de mérito al quejoso a través de su correo electrónico, el once de febrero del año en curso. V. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que el cumplimiento a la ejecutoria de amparo ha quedado sin materia. V. Se levanta reserva. Por otra parte, analizados los presentes autos, se advierte que el diez de marzo del año en curso, se reservó proveer lo conducente respecto al escrito de registro 5160, presentado por el quejoso, hasta en tanto transcurriera el plazo concedido en proveído de veintiocho de febrero del año en curso, lo cual ya aconteció; por tanto, se levanta dicha reserva y se acuerda lo siguiente: V. Manifestaciones del quejoso. Visto el escrito presentado por el quejoso, se le tiene manifestando su inconformidad con los actos realizados por la autoridad responsable a fin de cumplir los efectos de la sentencia de amparo. Sin embargo, deberá atender lo acordado en párrafos anteriores, en que se declaró sin materia el cumplimiento de mérito, en razón de que la autoridad responsable ejecutó los efectos de la sentencia de amparo antes de que se declarara ejecutoriada. Máxime que, el hecho de que la responsable haya emitido una resolución desfavorable a los intereses del quejoso, no es causa legal para variar el sentido de lo determinado previamente, debido a que, tenía facultades para resolver en el sentido que estimara conveniente, tal y como se estableció en la sentencia de amparo. De la misma manera, la circunstancia de que se le haya notificado la resolución ****, que contiene la respuesta a su petición, a través de un correo electrónico diverso al que señaló para tal efecto, no se estima causa legal suficiente para variar el pronunciamiento previamente emitido, debido a que ello queda superado con motivo de la notificación personal que se le practicó por parte de este juzgado de Distrito, al momento de darle vista con esa resolución. VI. Orden de archivo. Tomando en consideración lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. VII. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse concedido el amparo. VIII. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IX. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. X. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente a la parte quejosa.

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