Víctor Gregorio Soria Santillán

Expediente 806/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
806/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • Víctor Gregorio Soria Santillán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo solicitado, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es depurable; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, proveído y resolución, mediante el cual se concedió la medida cautelar Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, actuando en funciones de juez de control, la copia autentica de las constancias que adjunto a su informe justificado, así como del audio y video de la audiencia celebrada dentro de la causa penal 53/2021; sin que sea necesario que acuse de recibo dado que la constancia de notificación que al efecto se recabe por el fedatario adscrito a este juzgado, se considerará con ese efecto. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 806/2021, promovido por Víctor Gregorio Soria Santillán, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en su carácter de Juez de Control; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Víctor Gregorio Soria Santillán, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y por el acto reclamado que precisó en su demanda. Actos que consideró violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El trece de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 23 a 29), la demanda de amparo se radicó bajo el expediente 806/2021 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado correspondiente; se reservó emplazar a la parte tercera interesada; se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veintitrés siguiente, se ordenó emplazar a juicio, con el carácter de terceros interesados, al Síndico Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala y al Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Tlaxcala, así como a Sofía Camarillo García, Luis Irving Pérez Becerril y José Mario Rodríguez Flores, en su calidad de Agentes del Ministerio Público de la Federación que intervinieron en la audiencia. En auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por apersonada a la Síndico Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala. A las diez horas con seis minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlo en forma clara y precisa. Así, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en su carácter de Juez de Control: El auto de vinculación a proceso emitido en la audiencia inicial que tuvo verificativo el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 53/2021, instruida en su contra, por su probable intervención en el hecho con apariencia de delito de daño a monumento histórico y de delito de daño en propiedad ajena. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en su carácter de Juez de Control, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, por lo que se tiene por cierto. Certeza que se corrobora con la videograbación de la audiencia inicial, contenida en el disco versátil digital que exhibió el Juez de Distrito responsable, y la copia certificada de la carpeta administrativa relativa a la causa penal 53/2021, que obran por separado y tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2. De ahí que no opere la causal de sobreseimiento alegada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en el pedimento 116/2021, relativa a la inexistencia del acto reclamado. CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. En la demanda de amparo el quejoso manifestó que conoció el acto reclamado en la audiencia inicial de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Afirmación que se corrobora con el audio y video de la referida audiencia inicial, contenidos en el disco versátil digital que exhibió el Juez de Distrito responsable y que obra por separado. De conformidad con el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las resoluciones dictadas de forma oral en audiencia se entienden notificadas a las partes que asistan y a las que debieron acudir, en el mismo momento en que se emiten. Esa notificación surte sus efectos al día siguiente de acuerdo con el artículo 82, último párrafo, del código citado. Así, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintitrés de agosto al diez de septiembre, ambos de dos mil veintiuno. Por tanto, como la demanda de amparo se presentó el nueve de septiembre del año en cita, su presentación es oportuna. QUINTO. Causales de improcedencia. No obstante que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es preferente y de orden público, este Juzgado de Distrito no advierte la invocación de alguna causal de improcedencia, ni de oficio observa la actualización de una diversa, razón por la cual se procederá a estudiar el fondo del asunto. SEXTO. Estudio de fondo. Se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. En el entendido de que, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en caso de que sea procedente, deberá suplirse la queja deficiente; dado que el asunto versa sobre la materia penal y el solicitante del amparo es parte imputada en el procedimiento de origen. I. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. En una porción de los conceptos de violación primero, segundo, tercero y cuarto se plantea que el auto de vinculación es inconstitucional en virtud de que no se acredita el hecho con apariencia de delito de daño a monumento histórico, en virtud de que el Portal Hidalgo, ubicado en la colonia Centro, en Calpulalpan, Tlaxcala -que fue dañado- no es un monumento histórico, en tanto que no se encuentra incluido en el listado del artículo 4 del Decreto por el cual se declara una zona de monumentos históricos en la población de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de mil novecientos ochenta y seis. Este argumento es inoperante. Es así, en atención a que este planteamiento defensivo que no fue objeto de debate durante la audiencia inicial; por lo que de examinarse en esta instancia constitucional se vulneraría, en detrimento de las demás partes en el proceso, los principios de contradicción y de inmediación en que se sustenta el sistema penal acusatorio y oral. De conformidad con el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los numerales 6 y 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta -entre otros- en los principios de contradicción y de inmediación. El primero estatuye en favor de las partes el derecho a participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen los datos de prueba, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias, y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes. El otro establece un mecanismo institucional que permite a los jueces emitir sus decisiones en la realización de una audiencia, en la cual las partes presentan verbalmente sus argumentos, la evidencia que apoya su posición y cuentan, además, con la oportunidad de controvertir oralmente las afirmaciones de su contraparte. En suma, los referidos principios permiten el equilibrio entre las partes. Lo anterior, encuentra apoyo en lo dispuesto en la tesis aislada 1a. CCXLIX/2011 (9a.) y jurisprudencia 1a./J. 55/2018 (10a.), con números de registro digital 160184 y 2018012, ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN", y "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO REGLA PROCESAL. REQUIERE LA NECESARIA PRESENCIA DEL JUEZ EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA". El auto de vinculación a proceso que se dicta en la audiencia inicial, se encuentra sujeto a los principios de contradicción y de inmediación que rigen al sistema procesal penal acusatorio y oral. De forma tal que, para resolver sobre la vinculación a proceso, el juez de control debe desarrollar un debate en el que la representación social incorpore los datos de prueba y formule los argumentos -teoría del caso- por los cuales sostenga que, en grado de probabilidad, se cometió un hecho con apariencia de delito y que el imputado intervino en su ejecución. Enseguida, sobre esa base, las demás partes argumenten y contrargumenten verbalmente sobre ese tópico, conforme a la teoría del caso que sostengan; para que finalmente, en la misma audiencia o dentro de la dilación constitucional, se resuelva lo que en derecho corresponda. Debe tenerse presente que la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación ha establecido que al examinar la regularidad constitucional del auto de vinculación a proceso, el Juez de Distrito no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el juez de control, sino que debe atender únicamente al contenido de la audiencia correspondiente; dado que el juzgador de amparo no puede recabar oficiosamente pruebas rendidas ante la responsable y que estime necesarias para la resolución del asunto, porque con ello ocasionaría una violación a los principios que rigen el proceso penal acusatorio. Este entendimiento está plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 50/2018 (10a.), con número de registro digital 2018561, de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN". La interpretación que efectuó la Primera Sala sobre la manera en cómo debe examinarse la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso y que ello conlleva un límite a la atribución del juez constitucional para recabar, de oficio, constancias necesarias para la resolución del asunto; patentiza que el juicio de amparo no puede vulnerar los principios rectores de contradicción e inmediación que sustentan al sistema penal acusatorio y oral, precisamente porque estos fueron instituidos para proteger los derechos fundamentales del imputado y de la víctima en el procedimiento penal. Conforme a las bases expuestas, es necesario tener presente que, en el caso en estudio, en la audiencia inicial aconteció, de forma relevante, lo siguiente: (03 minutos con 40 segundos de reproducción del segundo video de la audiencia inicial) La Agente del Ministerio Público formula imputación y al efecto señala que: El veintiséis de enero de dos mil veinte, a las siete horas con veinte minutos, fue detenido el imputado en el crucero que forman las calles Cinco de mayo y avenida Hidalgo, en la colonia Centro del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, a bordo del vehículo marca GMC Acadia, color blanco, con placas de circulación MNL2352 del Estado de México, debido a que colisionó el inmueble ubicado sobre avenida Hidalgo, entre las calles Cinco de mayo e Independencia, conocido como los Portales o Portal Hidalgo, el que está catalogado como monumento histórico dentro del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles en el Estado de Tlaxcala con número 290070010030, así como por estar contemplado en el listado contenido en el artículo 4º del Decreto por el que se declara una zona de Monumentos Históricos en la población de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de mil novecientos ochenta y seis. Además, de que causó daño a un estanquillo ubicado en los Portales o Portal Hidalgo, propiedad de Edgar García Segovia, con lo que se causó un daño a su patrimonio. Los citados hechos son constitutivos de los delitos de daño a monumento histórico y de daño en propiedad ajena. (10 minutos con 30 segundos de reproducción del segundo video de la audiencia inicial) La Agente del Ministerio Público formula imputación en contra del quejoso por su probable intervención en el hecho con apariencia de delito de daño a monumento histórico y daño en propiedad ajena, para lo cual establece que los elementos que integran cada uno de los ilícitos son: - Existencia de un monumento histórico. - Un sujeto que cause un daño en dicho monumento. - El daño sea realizado por cualquier medio de forma culposa - Existencia de una cosa ajena inmueble. - Un sujeto que cause un daño en dicha cosa. - El daño sea realizado por cualquier medio de forma culposa Enseguida, la fiscal acusadora estableció que el primer elemento (existencia de un monumento histórico) del hecho con apariencia de delito de daño a monumento histórico, se comprueba con el objeto material consistente en el inmueble ubicado en avenida Hidalgo, en la colonia Centro del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, entre calles Cinco de mayo e Independencia, conocido como los Portales o Portal Hidalgo, el que está catalogado como monumento histórico dentro del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles en el Estado de Tlaxcala con número 290070010030, así como por estar contemplado en el listado contenido en el artículo 4º del Decreto por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la población de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de mil novecientos ochenta y seis. Este elemento del hecho con apariencia de delito también se comprueba con la inspección realizada el veintisiete de enero de dos mil veinte, por Aristeo Martínez Carrillo, Policía Federal Ministerial, en la que se describió el citado inmueble y los daños causados a este; y con el dictamen en materia de fotografía forense suscrito por Kenia Elizabeth Carrillo Ortiz, de veintisiete de enero de dos mil veinte, Enseguida, la Agente del Ministerio Público de la Federación expuso los datos de prueba con los que se acreditaban los restantes elementos del hecho con apariencia de delito de daño a monumento histórico y de daño en propiedad ajena, entre los que importa destacar que se hizo referencia al dictamen en materia de monumento histórico, en el qué -además de precisarse el monto de los daños causados- se refirió que el inmueble dañado se trata de un monumento histórico. (33 minutos con 45 segundos de reproducción del segundo video de la audiencia inicial) El juez de control pregunta al imputado en qué momento quiere que se resuelva su situación jurídica, a lo que este refiere que en la propia audiencia. A continuación la defensa se ocupa de contestar el cargo bajo las siguientes consideraciones: No se acredita el tipo penal de daño a monumento histórico, en virtud de que no se demuestra la existencia de un monumento histórico, debido a que de la consulta pública al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles -con independencia de que el Portal Hidalgo cuente con un número distinto de clave-ficha al señalado por la fiscal- de dicha consulta se obtiene que el citado portal es propiedad privada y no cuenta con declaratoria de monumento histórico; por lo que el inmueble dañado no es un monumento histórico, pues incluso de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la inscripción no determina la autenticidad del bien registrado. Además, atendiendo al bien jurídico tutelado, que en la especie es la propiedad, en el caso no se acreditó la propiedad del inmueble dañado, en tanto que el Ayuntamiento solamente exhibió una constancia de posesión que se expidió a sí mismo, por lo que dicha constancia no tiene validez; sobre todo que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos siempre hace referencia a la propiedad. En cuanto al delito de daño en propiedad ajena, en el caso no se surte alguna hipótesis para estimar que existe competencia de la Federación para conocer del procedimiento penal; en tanto que en la especie no se acredita un concurso de delitos, dado que no se demuestra que se haya dañado un monumento histórico. (44 minutos con 14 segundos de reproducción del segundo video de la audiencia inicial) El juez de control dicta auto de vinculación a proceso, con base en las siguientes consideraciones: De los antecedentes narrados por la parte acusadora se desprenden datos de pruebas que hacen probable que se haya cometido un hecho con apariencia de delito y que probablemente el imputado intervino en su ejecución. En el entendido de que, contrario a lo expuesto por la defensa, en esta etapa del juicio no se deben tener por acreditados los elementos del tipo penal, en virtud de que no se están valorando pruebas ni se está resolviendo el fondo del asunto, sino que solamente se está dictando una vinculación a proceso, en la que se establece que existen méritos para continuar con el procedimiento penal, de ahí que en esta etapa se haga mención a probabilidades y suposiciones; máxime que no se advierten causas de extinción de la acción penal o excluyentes de delito. Se tienen por reproducidos los artículos aplicables, así como los hechos y los datos de prueba referidos por la parte acusadora, en virtud de que es innecesario que se repita; solamente se mencionarán los aspectos relevantes para que se entienda el sentido de la resolución. En cuanto al argumento de la defensa en el sentido de que el artículo 24 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece que la inscripción no determina la autenticidad del bien registrado, en el caso se estima que no hubo debate sobre la autenticidad del Portal Hidalgo; en tanto que no se puede estimar que el inmueble dañado no sea el portal Hidalgo sino una copia, dado que eso no sería posible. Por tanto, el aspecto de autenticidad que hace valer la defensa no permite dictar una resolución de no vinculación a proceso. En relación con el argumento relativo a que el inmueble no es un monumento histórico, si bien de la consulta pública del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles se advierte que el inmueble dañado tiene un número de ficha diferente al indicado por la parte acusadora y que en dicho documento se advierte que en el apartado de declaratoria monumento histórico se indica que el inmueble no cuenta con ésta, para determinar que el inmueble dañado no es un monumento histórico se requieren de mayores elementos. Sobre todo que la fiscalía se basó en un hecho notorio, que es la publicación en el Diario Oficial de la Federación de tres de abril de mil novecientos ochenta y seis, en la que se contiene el Decreto por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la población de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala; en tanto que el Portal Hidalgo se encuentra sobre la calle Cinco de mayo en el centro de esta población y por tanto se encuentra en el primer cuadrante a que hace referencia el artículo 4º del mencionado decreto. Además de que la clave 290070010030, que refirió la fiscalía si se encuentra en la consulta pública del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. De ahí que se requieran mayores datos de prueba para considerar que no es un monumento histórico el inmueble referido con la clave antes indicada, a pesar de estar incluido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de tres de abril de mil novecientos ochenta y seis. Sumado a lo anterior se tiene que en la carpeta de investigación existe un diverso dato de prueba consistente en el dictamen en materia de monumentos históricos en el que se califica al inmueble como un monumento histórico. Así, este dato de prueba también sirve de soporte para considerar, en grado de suposición, que el inmueble dañado es un monumento histórico. De igual forma, el argumento relativo a que sólo se exhibió una constancia de posesión respecto al inmueble dañado, no desvirtúa la determinación asumida en virtud de qué este inmueble es patrimonio de la Federación. En ese sentido se destaca que la existencia del objeto material es relevante para determinar que se trata de un monumento histórico, debido a que el Portal Hidalgo se ubica sobre la calle Hidalgo, entre calles Cinco de mayo e Independencia, y que esta última vialidad se encuentra señalada en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de tres de abril de mil novecientos ochenta y seis. En relación con el argumento de la defensa, relativo a que no se surte la competencia de la Federación, este queda sin sustento debido a que sí se trata de un monumento histórico y por ende, se surte el supuesto de conexidad de delitos. Como se puede ver, al contra argumentar la postura de la representante social, la defensa del quejoso hizo valer que no se acredita el primer elemento del tipo penal en estudio relativo a que el inmueble dañado sea monumento histórico, en virtud de que de la consulta pública al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles se sigue que el portal Hidalgo no cuenta con declaratoria de ser un monumento histórico. Sin embargo, dentro de esos argumentos defensivos no se hizo valer que el inmueble dañado no esté contemplado en el listado del artículo 4 del Decreto por el cual se declara una zona de monumentos históricos en la población de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de mil novecientos ochenta y seis. Por tanto, el argumento que ahora pretende hacer valer el quejoso no fue materia de debate en la audiencia correspondiente y, en esa medida, este Juzgado de Distrito está impedido para examinarlo en la presente instancia de amparo. Sin que sea óbice que el juez de control sí haya mencionado que el inmueble dañado se encuentra contemplado en el listado del artículo 4 del Decreto por el cual se declara una zona de monumentos históricos en la población de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de mil novecientos ochenta y seis; pues ello se debió a que el fiscal acusador incorporó ese dato de prueba en su exposición, sin que la defensa haya debatido esa afirmación en la propia audiencia, ya que como se vio su defensa la sustentó únicamente en que el inmueble dañado de acuerdo con la consulta pública al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, no cuenta con declaratoria de ser monumento histórico. Así, al no haber sido materia de contradicción resulta inviable atender al planteamiento defensivo que formula el solicitante del amparo. Porque de hacerlo también se trastocaría la regla prevista en el artículo 75 de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado se aprecie tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y que, en materia penal, debe verificarse que el ofrecimiento de pruebas en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Da cuenta de lo anterior, aun cuando se refiera a la Ley de Amparo abrogada, la tesis 1a. CCLI/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 160252, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE". Por tanto, al surtirse un impedimento para examinar lo correcto o incorrecto del concepto de violación que nos ocupa, se impone decretar su inoperancia. II. Consulta pública del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos. En otra parte del primero, segundo, tercero y cuarto conceptos de violación se plantea que el auto de vinculación es inconstitucional en virtud de que no se acredita el hecho con apariencia de delito de daño a monumento histórico, en virtud de que el Portal Hidalgo, colonia Centro, en Calpulalpan, Tlaxcala no es un monumento histórico, pues como se afirmó en la audiencia inicial, de la consulta pública del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos de la Secretaría de Cultura, se obtiene que dicho inmueble no tiene la declaratoria de ser un monumento histórico. Por lo que -estima la parte quejosa- el auto de vinculación a proceso indebidamente se dictó sobre la suposición de la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala, y de lo expuesto en dos peritajes que obran en la carpeta de investigación. Es infundado este planteamiento. Es así, en virtud de que para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación fehaciente de los elementos del tipo penal, menos aún de uno de naturaleza normativa (como lo es el relativo a la existencia del monumento histórico); sino que en grado de probabilidad existan datos de prueba de que se cometió un hecho con apariencia de delito, que en el caso implica que exista la probabilidad de que el inmueble dañado sea un monumento histórico. Para tal efecto, es menester recordar que los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que los elementos que debe contener el auto de vinculación son: 1. Que se haya formulado imputación, según el caso, esto es: 2. El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. 3. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 4. Únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, en el entendido que el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación. 5. Se establezca el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos, sin incluir las calificativas o circunstancias modificativas de la responsabilidad, y; 6. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos de la redacción del artículo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos si es el caso que estos últimos los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, solo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo cometió o participó en su comisión. Para ello, el juez de control debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes). Al caso es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2014800, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así, en el caso en estudio, de conformidad con los antecedentes destacados en el apartado que precede, queda de relieve que para dictar la resolución de vinculación a proceso, el juez de control destacó que no se requiere prueba plena sobre que el inmueble dañado sea monumento histórico, sino solamente datos que hagan probable esa afirmación; de ahí que haya sido adecuado que desestimara el argumento propuesto por la defensa, en tanto que la información obtenida de la consulta pública del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, no desvirtúa el hecho notorio consistente en que el inmueble dañado se encuentra previsto en el listado del artículo 4 del Decreto por el cual se declara una zona de monumentos históricos en la población de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de mil novecientos ochenta y seis, y que, además, también así se haya indicado en el dictamen en materia de monumento histórico. En efecto, se considera adecuada la determinación del juez de control, en la medida que el planteamiento defensivo si bien pudo contradecir que la consulta pública al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles sirva para considerar al inmueble dañado como monumento histórico, tal afirmación no contrarrestó el hecho de que el citado inmueble sí está contemplado en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de mil novecientos ochenta y seis. Sobre todo que, como se adelantó, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la demostración fehaciente de los elementos del tipo penal al que se adecué el hecho con apariencia de delito; sino que es suficiente que se advierten datos de prueba que permitan suponer la existencia de un hecho con apariencia de delito y que el imputado probablemente intervino en su ejecución. Sobre el particular es conveniente recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en la jurisprudencia 1a./J. 28/2020 (10a.)- ha establecido que los jueces de amparo no pueden sustituir al juez de control en la ponderación de los datos de prueba; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que la ponderación de los datos de prueba, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; es facultad exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los jueces constitucionales. No obstante, aclaró la Primera Sala, ello no implica que los jueces de amparo no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí; lo que no implica que se sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y para constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Atendiendo esa directriz se observa que, en la especie el juez de control adecuadamente determinó que los datos de prueba verbalizados en la audiencia inicial eran suficientes para considerar, en esta etapa del procedimiento, que el inmueble dañado sí se trata de un monumento histórico; en tanto que existen referencias a diversos antecedentes de investigación que permite afirmar la existencia del referido elemento del tipo penal al que se adecúa el hecho con apariencia de delito. De acuerdo con los artículos 260 y 261, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la carpeta de investigación -previo a su judicialización- obran antecedentes de investigación; es decir, registros incorporados en la carpeta que sirven de sustento para aportar datos de prueba. Así, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado antecedente de investigación -medio de convicción aun no desahogado ante el órgano jurisdiccional- idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Conforme a ese estándar probatorio, fue válido que el juez de control estimara suficiente que, con la referencia al Decreto por el cual se declara una zona de monumentos históricos en la población de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de mil novecientos ochenta y seis, y al dictamen en materia de monumento histórico, se tuviera por cierto -únicamente para efectos de resolver si era procedente la vinculación a proceso- que el inmueble dañado sí tiene esa calidad. En tanto que en la etapa en que se encuentra el procedimiento penal solo se requiere datos de prueba que permitan establecer la existencia de un hecho que la ley califica como delito y que probablemente el imputado lo cometió o participó en su ejecución. Es decir, no se precisa un medio de convicción que acredite -con un grado de certeza cercano a la prueba plena- la existencia de del monumento histórico, sino que únicamente es necesario que un antecedente de investigación, como los aludidos, haga referencia a ese extremo. Ello es así, en virtud de que, para dictar el auto de vinculación a proceso, como lo señala el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solo se requiere de datos de pruebas de los que se desprendan indicios razonables que hagan suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solo se requiere una referencia al contenido de un determinado antecedente de investigación -medio de convicción aun no desahogado ante el órgano jurisdiccional- que permita razonablemente suponer que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo haya realizado o haya participado en su ejecución. Por tanto, para acreditar los elementos que configuran el hecho con apariencia del delito o, como en el caso, la existencia de un monumento histórico que se trata de un elemento normativo de una tipificación penal, no se precisa prueba plena o medio de convicción con similar grado de fiabilidad probatoria, sino una referencia a un registro en la carpeta de investigación que permita suponer razonablemente su existencia. III. Conclusión. En mérito de lo anterior, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Víctor Gregorio Soria Santillán en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, por las razones expresadas en el sexto considerando de ésta. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse público deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales Notifíquese por lista a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables y a las autoridades terceras interesadas. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veintisiete de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Roberto César Morales Corona, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Se apersona tercero. Agréguese a los autos el oficio de cuenta registrado con el número 15155 suscrito por la Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5o. fracción III inciso c) de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente por apersonada al presente juicio de amparo con el carácter de tercera interesado. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9° de la ley de la materia, se tiene por designados como Delegados a las personas que indica y por señalado el domicilio que menciona para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de octubre de dos mil veintiuno. Ofrece pruebas. Agréguese a los autos el escrito de cuenta registrado con el número 14951, suscrito por el quejoso ***************y atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte las documentales públicas que indica, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de las mismas, al celebrase la audiencia constitucional. Alegatos. Agréguese a sus autos el pedimento de cuenta registrado con el número 15002, suscrito por el Agente del ministerio Público adscrito a este juzgado en Materia de Amparos y atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Solicitud de copias. Asimismo, por cuanto hace a la copia certificada que solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°, una vez que se dicte la sentencia en el presente juicio, expídasele la misma. Notifíquese.

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