Víctor Delgadillo Rivera

Expediente 3/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Delgadillo Rivera
  • Ricardo Velarde Blancas
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ya obran en autos las constancias de notificación del acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, así como las relativas al acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se hizo del conocimiento a las partes, la interposición del recurso de queja en contra del proveído de siete de septiembre del año curso; por tanto, remítase copia certificada de las constancias conducentes, el original y copia simple del escrito del recurso de queja, y del escrito que anexó la quejosa al ocurso de cuenta, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en Turno, con sede en Apizaco, para que proceda conforme a sus atribuciones, solicitando el acuse respectivo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por Carlos Jhove Barrera Salinas, por el cual, realiza diversas manifestaciones y a su vez ofrece como pruebas de su parte los recursos de inconformidad 71/2022 y 8/2022, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable ha rendido su informe y remitió las constancias conducentes para corroborar su dicho, asimismo, transcurrió el término concedido a las partes por auto de diecinueve septiembre de dos mil veintitrés, a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera. En consecuencia, con fundamento en el artículo 210 de la Ley de Amparo, se ordena turnar los autos para emitir la resolución que en derecho corresponda en el presente asunto. Notifíquese.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad radicada en este juzgado con el número 3/2023, promovida por Ricardo Velarde Blancas, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de la demanda. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, recibido en esa misma fecha, en este órgano jurisdiccional, Ricardo Velarde Blancas, denunció por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, contra el acto y por la autoridad siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). ACTO RECLAMADO: La emisión del oficio 223300EL355221 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, a través del cual se le negó la autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y del psicotrópico "THC" conocido como marihuana con fines lúdicos o recreativos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la denuncia por incumplimiento; se requirió el informe a la autoridad denunciante; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, y en auto de siete de julio de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley de Amparo, se ordenar dictar la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, toda vez que el acto por el que se estima que se aplicó la norma general materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, tendrá ejecución en el lugar en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Legitimación para la interposición de la denuncia. El artículo 107, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 210, fracción I y último párrafo, de la Ley de Amparo, establecen el derecho de los gobernados para acudir a los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación a solicitar que se desaplique de su esfera jurídica una norma que, no obstante, haber sido declarada inconstitucional -con efectos generales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, se haya aplicado en un acto concreto en su perjuicio. En el caso, la denuncia fue presentada por Ricardo Velarde Blancas, por derecho propio, quien aduce que la autoridad denunciada violó la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al expedir el oficio 223300EL355221 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés; por tanto, se estima que el denunciante está legitimado para presentar esta denuncia. TERCERO. Precisión del Acto Reclamado. De la lectura integral de la denuncia, se precisa que el promovente acudió a denunciar el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el emitirse el siguiente acto: La emisión del oficio 223300EL355221 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés; a través del cual se le negó la autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y del psicotrópico "THC" conocido como marihuana con fines lúdicos o recreativos. CUARTO. Procedencia de la denuncia. Conforme a lo expuesto en el considerando que antecede, se estima que respecto de la autoridad denunciada Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), se configura la procedencia de la denuncia que nos ocupa, pues la parte denunciante aduce que le fue aplicada la normativa declarada inconstitucional, mediante el oficio 223300EL355221 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. QUINTO. Estudio de fondo de la denuncia. Por lo que hace al acto en estudio, resulta procedente y fundada la presente denuncia por lo siguiente. En términos del artículo 210 de la Ley de Amparo, la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad consiste en la acción que formula la persona afectada por la eventual inobservancia a la citada declaratoria que repercute en su esfera de derechos, sin que tenga la necesidad de promover previamente juicio de amparo por vulneración de sus derechos fundamentales. Así, para denunciar dicho acto, necesariamente deben concurrir los siguientes elementos: 1) Debe existir una declaratoria general de inconstitucionalidad, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2) La declaratoria de invalidez haya surtido efectos; y, 3) Con posterioridad a ello, se afecte al gobernado con su aplicación. Sobre el primer elemento, conviene precisar que se estima satisfecho, debido a que en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, que declara inconstitucional el sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, es existente. Así, se expuso que dicho sistema provoca una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 1º Constitucional, pues existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana, que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero restringen en menor grado a ese derecho fundamental; aunado a que la prohibición absoluta ocasiona una afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha medida. Esto, ya que los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, constituyen un sistema normativo porque la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos se genera a partir de la integración de diversas porciones de las mismas, que incluso contienen un sistema de remisiones expresas entre ellas. De ahí que, si bien los artículos 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud fueron reformados, ello no superó la inconstitucionalidad detectada, porque dichas modificaciones no eliminaron la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Bajo tales lineamientos, emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad, para el efecto únicamente, de las porciones normativas que indican "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y" de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, vigente; precisando que: Las porciones normativas referidas no se refieren a la materia penal, y, por tanto, no procede dar efectos retroactivos a esta declaratoria general. Los alcances sólo se limitan a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". No tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Asimismo, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Además, al emitir las autorizaciones, deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En resumen, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar las porciones normativas precisadas, definió que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, se encuentra compelida a emitir las autorizaciones necesarias para permitir el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas. Consideraciones que son de observancia obligatoria, conforme al artículo 234, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que prevé que la declaratoria general de inconstitucionalidad será obligatoria y tendrá efectos generales. Enseguida, respecto al segundo elemento, igualmente se encuentra satisfecho, ya que la declaratoria general de inconstitucionalidad debe surtir sus efectos, entendiéndose que ello acontece cuando los puntos resolutivos de esa sentencia se notifican al Congreso de la Unión. En efecto, la ejecutoria dictada en la declaración general de inconstitucionalidad 1/2018, se notificó mediante oficio SGA/FAOT/194/2021 a la Cámara de Diputados y el diverso SGA/FAOT/195/2021 a la Cámara de Senadores, el veintinueve de junio de dos veintiuno, a través de la cual, se hace del conocimiento público la fecha en que surten efectos las declaraciones de invalidez contenidas en las sentencias dictadas por el Alto Tribunal. Datos que constituyen un hecho notorio, en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, en torno al tercer elemento, igualmente se encuentra satisfecho, ya que relativo a la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, se tiene que autoridad aceptó que emitió el oficio 223300EL355221 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, a través del cual negó la autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y del psicotrópico "THC" conocido como marihuana con fines lúdicos o recreativos. Así, con la emisión del oficio que se combate a través de la presente denuncia, se advierte que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, desestimó la solicitud del promovente relativa a la autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y del psicotrópico "THC" conocido como marihuana con fines lúdicos o recreativos. Lo anterior, porque consideró que es autoridad ejecutora, siendo que el Congreso de la Unión, es el encargado de crear leyes; lo que permite establecer que la autoridad denunciada no aplicó de manera expresa los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, materia de la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, al negar la solicitud formulada por la parte denunciante con el fin de que se le expidiera la autorización sanitaria correspondiente bajo el argumento que, es una autoridad ejecutora, es decir, al rechazar la autorización para el consumo de marihuana por considerar que la ley de la materia no le confiere facultades para emitir tal determinación, aplicó de manera tácita e implícita los artículos invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. En efecto, la autoridad denunciada realizó una simulación jurídica al no fundar su actuar, de manera expresa, en los preceptos citados párrafos precedentes, pero empleando tácitamente el sistema prohibicionista sobre el cual, el Pleno del Máximo Tribunal del País emitió la citada declaratoria general de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, pues son dichos artículos los que constituyen el sistema prohibiciones administrativas que impiden la emisión de las autorizaciones sanitarias para que las personas puedan consumir privada, personal y lúdicamente, los componentes activos de la marihuana. Sin embargo, como lo expuso el Tribunal Constitucional, la falta de legislación no supone un impedimento para emitir la autorización solicitada, sino que la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones, a través del órgano competente, es decir la propia Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Lo anterior, acorde a los artículos 3, fracción I, inciso j), 4, fracción II, inciso c), 11, fracción VI y 14, fracciones I y VII, del Reglamento Interior de dicha comisión en relación con el punto vigésimo sexto fracción I del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ahora, no se soslaya que de la vista otorgada a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, al rendir su informe haya indicado lo siguiente: ( Que no cuenta con la legislación del Congreso de la Unión a fin de que la Secretaría de Salud emita las autorizaciones para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis sativa, índica, americana, su resina, preparados y semillas. ( Que el promovente no acreditó de manera fehaciente que ejercerá su derecho con las condiciones precisadas en la Declaratoria. ( Que no aplicó el sistema prohibicionista, pues no empleó los preceptos declarados inconstitucionales, ni siquiera de manera simulada. Sin embargo, como se precisó anteriormente, asiste razón al denunciante cuando afirma que la autoridad sanitaria transgredió la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018, porque, como se mencionó en párrafos precedentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo énfasis que en lo sucesivo y mientras el Congreso de la Unión no legisle sobre el tema, la Secretaría de Salud debe emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Lo que implica que el marco normativo que regula la actuación de la autoridad responsable, se constituye por los artículos del Reglamento Interior y Acuerdo antes transcritos, en correlación con el contenido de la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la citada declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2008, de modo que la responsable no puede argüir falta de bases normativas para emitir autorizaciones para el auto consumo lúdico. En consecuencia, al asistir razón a la parte denunciante, de conformidad con el artículo 210 de le Ley de Amparo, se declara fundada la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, por lo que es procedente conceder a la parte quejosa para el siguiente efecto. EFECTOS: a) La Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, deje insubsistente el oficio 223300EL355221 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. b) Dictar otro en el que no aplique implícita ni tácitamente los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, declarados inconstitucionales mediante la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que resuelva la solicitud del promovente, con sustento en la normativa y sentencia precisadas con antelación. Esto implica que, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación dentro de tres días, a partir de la notificación de esta resolución, en la que deberá tomar en consideración lo siguiente: 1) Verificar que el denunciante sea una persona adulta y emitir el permiso correspondiente, conforme a la petición formulada, para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. 2) En su caso, de ser procedente conforme a la petición, deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado; y, 3) Al emitir la autorización, deberá precisar, que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y puntualizará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se declara fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida por Ricardo Velarde Blancas, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese vía electrónica al denunciante y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad correspondiente.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Administración General de Recaudación, Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías "1" de la Subadministración de Multas Judiciales, por el cual, en atención a lo solicitado en proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del oficio 19775/2023 y anexos, al Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4", a quien de acuerdo a sus facultades, le corresponde hacer efectiva la multa impuesta a la persona física que ocupa el cargo de Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), esto es, a Alejandro Ernesto Svarch Pérez. Asimismo, agréguese a los autos el oficio signado por la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4" con sede en la Ciudad de México, Subadministración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4", por el cual informa que la sanción de mérito se encuentra controlada en dicha Administración Desconcentrada de Recaudación con el número de resolución 29775/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Apizaco, Tlaxcala, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se le otorgó una prórroga de diez días, a la autoridad responsable, a afecto de que diera cabal cumplimiento a lo requerido en el diverso de veintisiete de junio del año que transcurre, sin que a la fecha lo haya hecho. Por tanto, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente en que quede legalmente notificada del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que tengan relación con el acto reclamado, esto es al oficio número ********************, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés; ya que se estima necesario para resolver el presente asunto. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del término fijado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto a la fecha de la emisión del presente auto. Notifíquese.

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