Víctor Goliatd Diaz Mondragon

Expediente 265/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
265/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Víctor Goliatd Diaz Mondragon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa ejecutoria Visto lo de cuenta, de la certificación secretarial se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto dictado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo indirecto fuera de la audiencia constitucional, promovido por el quejoso, por propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Devolución de documentos De la certificación de cuenta, se advierte que en el expediente en que se actúa, no existen documentos originales e importantes pendientes de devolver a las partes. Archivo del expediente Con base en la certificación de cuenta, no existe alguna promoción, actuación o cuadernillo pendiente de acordar, tampoco recurso o medio de defensa pendiente de resolver; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y punto décimo primero, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; se ordena archivar el expediente de que se trata como concluido y, por ende, remitir al área respectiva de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Clasificación del asunto A) Expediente Principal. En atención a la certificación que antecede, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del acuerdo invocado, el presente expediente es susceptible de destrucción y de conformidad con el punto décimo sexto del multicitado acuerdo general no es catalogado de relevancia: documental, histórica o jurídica. Es así, porque el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de dicta laudo dentro de un expediente laboral y fuera de audiencia constitucional se sobreseyó en el presente juicio, sin ser combatido, causando estado. De ahí que conforme a la certificación de cuenta, no se encuentra dentro de los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; así como tampoco contiene alguna resolución que hayan sido impugnada ante organismos públicos internacionales; como son los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. B) Expediente incidental. Conforme al punto vigésimo, fracción III, del invocado acuerdo, se deberá desincorporar y destruir el duplicado del incidente de suspensión, siempre que exista el original, cuando cuente con más de seis meses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlocutoria y que teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes. En tanto que, con sustento en el punto vigésimo primero, fracción III, del referido acuerdo general, es susceptible de depuración o destrucción el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados, cuando cuenten con más de cinco años de haberse ordenado el archivo del expediente principal; mientras que también en la referida temporalidad se deberá conservar la resolución relativa al otorgamiento o violación de la medida cautelar. En ese contexto, de la certificación que antecede se advierte que no se tramitó incidente de suspensión, por lo que no es el caso realizar la clasificación del mismo en depurable o destruible; así como, tampoco existe cuaderno original que glosar al principal. Archivo judicial reciente De conformidad con el punto décimo primero del acuerdo general invocado, por medio de la administración regional se deberá transferir al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presente expediente como archivo judicial reciente cuando tenga más de tres años de haberse ordenado su archivo, esto es, tres años un día, partiendo del día de la fecha. Archivo judicial medio Conforme a lo establecido en los puntos noveno, fracción II, y vigésimo primero, del acuerdo general en comento, este expediente es susceptible de destrucción (no depuración), cuando cuente con más de cinco años de haberse ordenado su archivo, como asunto concluido, esto es, cinco años un día, partiendo de esta fecha, al haberse dictado fuera de la audiencia constitucional un auto en el que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. Mientras que será conservable el expediente relativo al juicio de amparo en el que se hubiera negado o concedido la protección constitucional, conservándose, en todos los casos, la demanda y la sentencia. Se ordena anotación y captura Con base en lo expuesto, se ordena efectuar las anotaciones en el libro de registro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Asentar datos en carátula del expediente De conformidad, con el punto décimo primero, párrafo segundo, del citado acuerdo general se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio, remitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde su informe justificado, en términos del precepto 117 ibídem. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el quejoso por propio derecho, promovió demanda de amparo contra el acto y autoridad responsable que enseguida se precisan: Acto reclamado. 1) Omisión de emitir el laudo correspondiente en el expediente 583/2016. Autoridad responsable. 1) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Sobreseimiento fuera de audiencia Esta juzgadora estima que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en virtud de que se advierte que se actualiza de oficio y de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia. La causal de improcedencia de referencia, está prevista en el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone que es improcedente el juicio de amparo indirecto cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en el presente caso el atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dicte sentencia en el juicio laboral 583/2016. Sobre esta hipótesis de inatacabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, del rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" establece que para que se surta la causa de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, es inconcuso que la cesación de efectos presupone no sólo que se debe paralizar la ejecución del acto reclamado, sino que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional. Acreditación de la hipótesis de inatacabilidad. Los anteriores razonamientos jurídicos, aplicados al caso, conllevan a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque la quejosa se duele de la abstención de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dicte sentencia, dictara sentencia en el juicio laboral 583/2016; pero resulta que dicha autoridad responsable, al rendir su informe justificado adjuntó copias certificadas de las que se desprenden que el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictó sentencia en la que resolvió absolvió al demandado en dicho juicio; sin que este juzgado federal entre al fondo del estudio del sentido de la sentencia en comento, toda vez que no es materia del acto reclamado por el aquí quejoso. En ese sentido, han cesado los efectos del acto reclamado ya que sus consecuencias jurídicas desaparecieron, toda vez que ha quedado superada la omisión de las responsables al momento de pronunciar sentencia en el juicio de origen. En efecto, los supuestos exigibles para que se colme tal causal de improcedencia son: 1) Destrucción de los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional. Es así, porque el aquí quejoso solicitó la protección constitucional respecto del acto reclamado de que se trata para el efecto de que este juzgado estudiara la constitucionalidad del mismo y, en esa virtud, toda vez que mediante la emisión de la sentencia en el juicio de origen, emitida el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, implica que se destruyan en forma total e incondicional todos los efectos del acto tildado de inconstitucional, aunado a que no dejó vestigio legal alguno en la esfera jurídicos del quejoso que ameritara ser borrado por la protección de la justicia federal. 2) Que el acto recamado ya no esté surtiendo sus efectos ni los surtirá. En tal consideración, el actuar de la autoridad responsable implicó que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si se hubiera otorgado el amparo, sin dejar huella en la esfera jurídica del amparista, actualizándose la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de garantías. En virtud de que al dejar de existir la conducta omisiva de la responsable en el juicio natural desde el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, temporalidad que engloba el acto reclamado; coloca a la quejosa en la misma situación que tenía antes del acto que alega inconstitucional. Por tanto, se sobresee fuera de audiencia en el juicio biinstancial, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ante la acreditación de la causal de improcedencia de que se trata. Se deja sin efecto audiencia constitucional Finalmente, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las once horas del lunes uno de abril de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Se ordena notificar por lista al quejoso el proveído dictado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en cumplimiento al aviso de uno de abril de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Se tiene por rendido el informe justificado

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