Victor de la Cruz Guzman

Expediente 40/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
40/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Victor de la Cruz Guzman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS De la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los autos se advierte que feneció el término otorgado a la parte quejosa para manifestará lo que a derecho convenga respecto del cumplimiento a la sentencia, sin que a la data hubiera hecho manifestación alguna. CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO En atención a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento formulado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, y se procede a calificar el cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia: El uno de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia emitida en los presentes autos y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (foja 34), bajo los siguientes términos: "1. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, inmediatamente a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral 3155/2019 y cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose". Así, mediante proveído de nueve de marzo de la presente anualidad, el Presidente del Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje, informó el cumplimiento a la sentencia y remitió las constancias con las que adujó acreditarlo (fojas 40 a 49). En consecuencia, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advirtió que el treinta y uno de enero del año en curso, se emitió el laudo laboral en el expediente 3155/2019. Asimismo, de las constancias se advierte que dicha determinación le fue notificada a la parte quejosa diez de febrero de dos mil veintitrés (foja 49). En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia, sin excesos o defectos. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia documental; por tanto, en acatamiento del artículo 18, fracción I, inciso b), del invocado acuerdo general, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de depuración, al haberse concedido la protección constitucional. RELEVANCIA DOCUMENTAL Ahora, de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente asunto carece de relevancia documental. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, intégrese el oficio de la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje, por el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento al fallo protector. VISTA A LAS PARTES Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con la constancia recibida, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se determinará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante. Notifíquese como legalmente corresponda.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós se ordenó el archivo del mismo, así como de los cuadernos del incidente de suspensión en que se actúan; sin embargo, no se hizo pronunciamiento respecto al destino del billete de depósito exhibido por la parte quejosa el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por el que siguió surtiendo efectos la suspensión definitiva emitida en autos. En consecuencia, debido a que en los autos del incidente de suspensión obra el billete de depósito N 915011 expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), hágase del conocimiento de la tercera interesada que cuenta con un plazo de seis meses para hacer efectiva la garantía referida y transcurrido ese término sin que el tercero interponga el incidente contemplado en el artículo 156 de la Ley de Amparo, en su caso, se procederá a la devolución del billete de depósito a la parte quejosa, quien transcurrido el plazo mencionado, y con apoyo en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, cuenta con un término de dos años para acudir a este Juzgado a recibir el billete en mención, apercibido que de no hacerlo prescribirá a favor del erario Federal. En el entendido que dicho plazo se computará a partir de la legal notificación de este proveído.

  4. Principal

    En Toluca, Estado de México; siendo las diez horas con cincuenta minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla ante la presencia de Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca; quien actúa asistida de Emireth Ayllón Rebollar, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable, a saber: 1) la documental pública consistente en copia certificada del acuerdo de once de julio de dos mil veintidós. La Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza; y, al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo; asimismo por precluido el derecho para ofertarlas a las demás partes. Luego, se abre la fase de alegatos y la Secretaria certifica: que las partes se abstuvieron de realizarlos; por tanto, se tienen por omisas a las partes en formular sus respectivos alegatos; y, se concluye esta fase procesal. Acto continuo, se cierra el periodo de alegatos y no habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por escrito presentado en buzón judicial el doce de enero del año en curso; registrado y turnado ese mismo día en éste Juzgado Séptimo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad; ******************** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda, seguido el juicio con las formalidades de ley, tuvo verificativo la citada audiencia en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, por razón de territorio, vía y materia, con apoyo en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse una omisión que carece de ejecución material y la demanda se presentó en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables y actos reclamados: 1) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. De quien reclama la: La omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio ********************, del índice de la autoridad responsable; TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, por lo que así deberá tenerse para los efectos legales conducentes. Certeza que además se corrobora con la copia certificada del auto de once de julio de dos mil veintidós, que remitió la responsable como anexo a su informe con justificación; misma que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa, de la cual se aprecia que continúa vigente la omisión de emitir el laudo correspondiente, máxime que hasta el día de hoy no se tiene conocimiento por parte de la autoridad responsable que haya realizado pronunciamiento al respecto. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Del análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Es fundado y suficiente el concepto de violación para conceder el amparo solicitado. En efecto, como refiere la parte quejosa, se violenta en su perjuicio el artículo 17 Constitucional, al no acatarse el principio de justicia pronta y expedita en los plazos y términos que fija la ley, particularmente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Ahora, el artículo 17 de la Constitución Federal establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del dispositivo constitucional transcrito, se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, los artículos 204 A, 242, 242 Bis, 243 y 244 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en lo que interesa, establecen: "Artículo 204 A. Operará la declaratoria de la caducidad de la instancia, cualquiera que sea el estado del procedimiento desde el primer auto que se dicte en el mismo hasta la emisión del laudo, si transcurridos ciento veinte días contados a partir de la notificación de la última determinación del Tribunal o la Sala no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento por la parte actora, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal o la Sala notificará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia de la caducidad, dictará resolución. Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal. Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días. Artículo 243. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las siguientes reglas: I. El presidente dará lectura a su propuesta de laudo; II. Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; III. Finalmente el presidente recogerá la votación y declarará el resultado. Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes". Así, de las constancias que obran en autos, se advierte que:  En proveído de ********************, el Tribunal responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos del expediente ********************, al Auxiliar Dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, sin que a la fecha lo haya dictado. De lo anterior, se advierte que ha transcurrido en exceso no solo el plazo de quince días a que se refiere el artículo 242 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; sino más de los ciento veinte días que prevé el diverso 204 A, para decretar la caducidad de la instancia y, por tanto, para afirmar que existe una abierta demora del procedimiento. Consecuentemente, se han vulnerado los preceptos en comento, pues al no haberse emitido el proyecto de laudo, no se ha continuado con las diversas etapas de su dictado, paralizando totalmente el procedimiento laboral de origen. Por tanto, se estima que el tribunal responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho a una administración de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Luego, se concluye que la dilación reclamada por el promovente del amparo vulnera el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable debe acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias a fin de que el proyecto de laudo sea emitido en tiempo y así estar en posibilidad de concretar el dictado del mismo. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página: 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En ese orden, como la responsable no observó el derecho humano que consagra el artículo 17 de la Carta Magna, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que: 1. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, inmediatamente a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral ******************** y cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve a poyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V, 77, fracción II y 107 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión que reclama de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo y para los efectos vertidos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda.

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