Victor Gamaliel Quintero Ávila
Expediente 25/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 27 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 01/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Victor Gamaliel Quintero Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
La licenciada Laura Elvia Villegas Tapia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del quince al veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, sin contar los días veinte y veintiuno por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de abril de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 25/2017-5; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que, por una parte se negó la suspensión definitiva; y por otra se concedió esa medida suspensional; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Si existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, uno de junio de dos mil diecisiete. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; y por otra, se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En otros aspecto, al haberse concedido por una parte la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de tres años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Devuélvase al Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial de Jalisco, con residencia en Zapopan, las copias certificadas del juicio mercantil ejecutivo 1173/2015, que remitió en alcance a su informe justificado y que obra por separado. Por otra parte, y en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por el quejoso; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se ponen a disposición del quejoso dichos documentos por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que los recoja, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Laura Elvia Villegas Tapia, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil diecisiete (fojas 2-16), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, residentes en esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Víctor Gamaliel Quintero Ávila, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadora: Juez Noveno del Ramo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Ejecutoras: Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Actuario Judicial adscrito a la Central de Actuarios y Notificadores adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Director de Transporte Público y Vialidad de Zacatecas. Director de Transporte Público y Vialidad de Fresnillo, Zacatecas. Estación de la Policía Federal División Caminos con sede en Fresnillo, Zacatecas. Estación de la Policía Federal División Caminos con sede en Zacatecas, Zacatecas Acto Reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO, reclamo el Procedimiento y sentencia definitiva recaídos dentro del Juicio Mercantil Ejecutivo marcado con el número de expediente 1173/2015, que se lleva ante la responsable Juez noveno del Ramo Mercantil del primer partido Judicial del estado de Jalisco, en virtud de no haber sido oído y vencido en juicio (.)" No obstante de lo anterior del capítulo relativo a las autoridades responsables el quejoso manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: ".Así como al actuario judicial adscrito a las Central de Actuarios y Notificadores adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas quien practico indebidamente el emplazamiento al suscrito quejoso." De lo anterior, se desprende que también señaló como acto reclamado el emplazamiento realizado al juicio ejecutivo mercantil 1173/2015 del índice de la autoridad responsable ordenadora. Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El once de enero de dos mil diecisiete (fojas 17-19), se ordenó el registro de la demanda bajo el número de amparo 25/2017 y se previno a la parte quejosa a fin que precisara qué actos, en específico, reclamaba de las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, Director de Transporte Público y Vialidad de las localidades de Fresnillo y Zacatecas, así como de las estaciones de la Policía Federal División Caminos con sede en Fresnillo y Zacatecas. Luego, en proveído de diecinueve de enero del año en curso (fojas 24-26), se tuvo al quejoso dando cumplimiento a dicha prevención quien manifestó que de dichas autoridades reclama la ejecución de la orden de desposesión, por la cual pretenden privarlo de la unidad motriz de su propiedad, por lo que se admitió a trámite la referida demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. Por otro lado, mediante autos de veintitrés de enero de dos mil diecisiete (foja 36) y treinta de enero siguiente (foja 53), se tuvieron como inexistentes a las autoridades responsables Estaciones de la Policía Federal División Caminos con sede en las localidades de Fresnillo, Zacatecas y esta ciudad. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia mercantil que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consisten en: a) El emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil 1173/2015 del índice del Juzgado Noveno del Ramo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, promovido por Volkswagen Leasing, Sociedad Anónima de Capital Variable. b) Todo lo actuado en dicho procedimiento, incluyendo la sentencia definitiva. c) La orden de desposesión del vehículo automotor marca Volkswagen, línea Jetta MK, modelo 2012, con número de serie 3VW2W2AJ3CM126961, color plata y placas de circulación ZHN1578 del Estado de Zacatecas. d) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la orden de desposesión del vehículo automotriz marca Volkswagen, línea Jetta MK, modelo 2012, con número de serie 3VW2W2AJ3CM126961, color plata y placas de circulación ZHN1578 del Estado de Zacatecas y su ejecución. El Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco negó el acto que le fue reclamado, consistente en la orden de desposesión del vehículo automotriz marca Volkswagen, línea Jetta MK, modelo 2012, con número de serie 3VW2W2AJ3CM126961, color plata y placas de circulación ZHN1578 del Estado de Zacatecas (foja 43). Asimismo, las diversas autoridades responsables Directores de Transporte Público y Vialidad de Zacatecas y Fresnillo, Zacatecas, respectivamente, negaron la orden de ejecución de dicha desposesión que se les reclama al rendir su informe con justificación (fojas 40 y 50); En efecto, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados aludidos, ya que son inexistentes, además, la parte quejosa no desvirtuó tales negativas. El artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) Cuando no se demuestre su existencia. Así pues, la prueba de la existencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por los quejosos, conduce al sobreseimiento. Ahora bien, del análisis integral de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que mediante proveído de ocho de julio de dos mil dieciséis, ordenó (foja 87 del cuaderno de pruebas) dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1173/2015 del índice del Juzgado Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ordenó que se procediera a la ejecución forzosa de la sentencia definitiva y ordenó sacar a remate el bien mueble embargado, previo avalúo pericial. Sin embargo, no se advierte que exista orden de desposesión como lo argumenta el quejoso. Luego, tal como lo adujeron las responsables en sus respectivos informes justificados, no son ciertos los actos reclamados por el quejoso. Entonces, al ser inexistentes los actos reclamados consistentes en la orden de desposesión del vehículo automotriz descrito y su ejecución, lo conducente es sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de amparo. Tiene aplicación además, la tesis jurisprudencial número 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Noveno del Ramo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco aceptó la tramitación del juicio ejecutivo mercantil 1173/2015 de su índice (foja 43), dentro del cual se efectuó el emplazamiento del hoy quejoso, se dictó sentencia y se encuentra en etapa de ejecución. Asimismo, remitió copia certificada de las constancias que integran el referido juicio ejecutivo mercantil 1173/2015, con lo que se corrobora la existencia del acto reclamado; documental que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por su parte, el Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas (foja 44), Actuario Judicial adscrito a la Central de Actuarios y Notificadores adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, por conducto de la encargada de la central de notificadores y actuarios de Fresnillo (foja 47), aceptaron la ejecución de la diligencia reclamada. En tal virtud se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por tanto, no asiste razón a la fiscal federal adscrita cuando en su pedimento ministerial 260/2017 (fojas 158-159) argumenta que no son ciertos los actos reclamados al Juez Noveno del Ramo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, consistente en la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de origen y que, por ende, procede el sobreseimiento por inexistencia de actos, pues como se vio, la citada autoridad aceptó la existencia del referido acto. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito recibido el dieciocho de mayo de dos mil quince en la oficialía de partes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (fojas 1-5 del cuaderno de pruebas), Volkswagen Leasing, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de sus endosatarios en procuración, en la vía ejecutiva mercantil, demandó de Víctor Gamaliel Quintero Ávila, las prestaciones siguientes: -El pago de la cantidad de $240,427.25 (doscientos cuarenta mil cuatrocientos veintisiete pesos 25/100 M.N.), por concepto de suerte principal. -El pago de la cantidad que resulte por concepto de los intereses moratorios, a razón del 3.5% mensual más impuesto al valor agregado (IVA), durante todo el tiempo en que el demandado ha incurrido en mora. -El pago de gastos y costas que arrojara dicho contradictorio. 2. Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil quince (foja 6-7 del tomo de prueba), el Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, admitió a trámite la demanda descrita registrándola bajo el consecutivo 1173/2015, ordenó el emplazamiento del demandado, para lo cual giró el exhorto al Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en turno, a fin de que en auxilio a las labores de dicho órgano jurisdiccional desahogara la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a dicho juicio mercantil. 3. El once de enero de dos mil dieciséis (foja 56 del cuaderno de pruebas) la Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, tuvo por recibido el exhorto de mérito, lo registró con el número 8/2016 y ordenó su diligenciación. 4. A efecto de lograr la aludida diligencia, el actuario adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, el catorce de enero siguiente, levantó acta en la cual señaló que, acompañado del autorizado de la parte actora, se constituyeron en el domicilio del demandado ubicado en la calle Pinos, número once (11), colonia Napoleón Gómez Sada, habiendo entendido la diligencia encomendada "personalmente" con el demandado Víctor Gamaliel Quintero Ávila, a quien requirió el pago de las prestaciones reclamadas y al no haberlo realizado, señaló para su embargo el siguiente bien mueble: Volkswagen, línea Jetta MK, modelo 2012, con número de serie 3VW2W2AJ3CM126961, color plata y placas de circulación ZDD782H del Estado de Zacatecas. Por lo que, el citado actuario judicial trabó real, formal y jurídico embargo, designando como depositario al propio demandado quien aceptó el cargo conferido, dejando a su disposición dicho bien mueble; asimismo, el ministro ejecutor realizó el emplazamiento a juicio, firmando de conformidad al final del acta levantada. La diligencia anterior integra uno de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. 5. Seguido el juicio por sus cauces legales, el juez del conocimiento pronunció sentencia definitiva el veintisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 77-79), en la cual consideró procedente la acción cambiada directa ejercida por Volkswagen Leasing, Sociedad Anónima de Capital Variable y, por consiguiente, condenó a Víctor Gamaliel Quintero Ávila al pago de las prestaciones reclamadas; asimismo, determinó que en su oportunidad se procediera al trance y remate del bien mueble embargado y con su producto se pagara a la parte actora y acreedora las cantidades reclamadas 6. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (foja 84 del cuaderno de prueba), causó ejecutoria la sentencia definitiva, por lo que se requirió al demandado a fin de que dentro del término de tres días diera cumplimiento voluntario al fallo definitivo, apercibido que en caso de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzosa. 7. Virtud a que el demandado no cumplió voluntariamente con la sentencia condenatoria, mediante proveído de ocho de julio siguiente (foja 87 del cuaderno de pruebas), a petición de la parte actora, se procedió a la ejecución forzosa de la sentencia definitiva, para lo cual ordenó sacar a remate el vehículo automotriz embargado, previo su avalúo. Dichas actuaciones constituyen los actos reclamados en el presente juicio de garantías. SEXTO. Estudio de fondo del emplazamiento reclamado. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizaran al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados e inoperantes, aun supliendo en lo necesario la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, como se argumentará a continuación. El quejoso aduce, en una parte de los conceptos de violación, de manera toral, que se violan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al emplazarlo al juicio ejecutivo mercantil 1173/2015 no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, violando con ello la garantía de audiencia. El argumento anterior resulta infundado, conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho....". De la interpretación del dispositivo constitucional transcrito se desprende que contiene cuatro de las más importantes garantías de seguridad jurídica, a saber: 1) la de irretroactividad de la ley; 2) la de audiencia; 3) la de legalidad en materia penal; y, 4) la de legalidad en el campo civil. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se protege a los gobernados en el goce de la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, y los demás derechos sustantivos, frente a los posibles actos de privación provenientes de las autoridades, mediante un conjunto de garantías. Una de estas garantías es la de audiencia previa, que consiste en la concesión de una amplia y adecuada oportunidad de defensa, antes de emitir el acto privativo, y se integra esencialmente por cuatro principios jurídicos, que a su vez comprende cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, necesariamente concurrentes, y que son: a) el juicio previo al acto de privación; b) que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos; c) el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales; y d) la decisión jurisdiccional ajustada a leyes vigentes con antelación a la causa que origina el juicio. Conformándose la garantía de audiencia, mediante la concurrencia indispensable de las cuatro garantías específicas, es evidente que aquélla es susceptible de contravenirse al violarse una sola, de manera tal que la íntima articulación que existe entre ellas impone la necesidad, por propio mandato constitucional, de reparar la esfera jurídica que así hubiere sido vulnerada, en protección a los derechos públicos subjetivos del gobernado. En este sentido, una de las formalidades esenciales del procedimiento consiste precisamente en emplazar a juicio al demandado, puesto que dicha diligencia tiene como finalidad garantizar que éste tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de las consecuencias de ello, pues sólo así tendrá oportunidad real de defenderse. Por su parte, el emplazamiento a juicio es la formalidad esencial más importante del procedimiento judicial, que en esencia establece la condición para otorgar al posible afectado por el acto privativo, una razonable oportunidad de defensa. Por tanto, la finalidad de la actuación del emplazamiento se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. En ese contexto, debe precisarse que el juicio de origen es un ejecutivo mercantil, por lo que el emplazamiento a dicho juicio se realizó el catorce de enero de dos mil dieciséis, por lo que se debe regir por el Código de Comercio vigente en esa época, es decir, antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Así, los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio establecen la forma de realizarse las diligencias de exquendo en los juicios ejecutivos mercantiles, los cuales son del tener siguiente: "Artículo 1392.- Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien. Artículo 1393.- No encontrándose al deudor en la primer busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis, y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndoselas reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio." Artículo 1394.- La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. Artículo 1396.- Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello." Por su parte los artículos 311 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, por mandato expreso de su artículo 1063, establecen: "Artículo 311.- Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313." "Articulo 317.- Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias que no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, mientras esté pendiente el negocio." De los anteriores preceptos se desprenden las formalidades primordiales y reglas que ha de seguir el actuario judicial a fin de llevar a cabo un emplazamiento dentro de los juicios mercantiles y que consisten en lo siguiente: Una vez admitida la demanda fundada en un título ejecutivo el juez provee un auto con efectos de mandamiento para que el deudor sea requerido del pago del adeudo demandado y, no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para garantizar el monto de la deuda, asimismo, se le emplace al juicio entablado en su contra. Esta diligencia debe realizar en el domicilio señalado por el actor como el de la parte demandada. No obstante, el actuario judicial debe cerciorarse de que el domicilio manifestado por el actor efectivamente corresponda al del demandado. Si se tuviera certeza respecto del domicilio pero no se encontrara en éste al deudor durante la primer búsqueda que se realice, se le debe dejar citatorio fijándose hora fija para que espere al funcionario judicial (dentro de las seis y las setenta y dos horas). Dicha diligencia se entenderá con el interesado, quien en caso de no haber esperado a la hora fijada en el citatorio, se podrá llevar a cabo con los parientes, empleados o domésticos de aquél, o cualquier otra persona que viva en el domicilio. La diligencia comenzará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda ésta. De no realizar el pago el deudor, el actuario judicial lo requerirá para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas; si no se señalaran bienes para garantizar el adeudo, el derecho de señalarlos pasará a la parte actora. Una vez acontecido lo anterior, el funcionario judicial emplazará al demandado (o a la persona con la que se hubiera practicado la diligencia), notificándole que cuenta con el plazo de ocho días para que comparezca (el deudor) al juzgado a realizar el pago de la cantidad demandada y de las costas procesales o, en su caso, a oponer as excepciones que tuviera contra el título de crédito demandado. Además de la cédula, se entregará copia de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. Asimismo, de conformidad con el transcrito precepto legal 311, se deduce que el actuario judicial tiene la obligación de asentar en el acta que elabore con motivo de la diligencia en análisis, el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó corresponde al del demandado, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión. Lo anterior, pues, atendiendo a un principio lógico-jurídico, las actuaciones públicas deben contener en ellas, por razones de control, todos los elementos que permitan verificar su conformidad con la ley, es decir, deben probar su legalidad por sí mismas. Por su parte, el citado artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, establece que las notificaciones realizadas al interesado deben de estar firmadas por éstas, así como quien la realiza, es decir, quien interviene en la diligencia de mérito, en el entendido de que si el buscado no supiere o no quisiere firmar, el actuario judicial deberá asentar tal circunstancia, asimismo, se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Del análisis de la diligencia de exequendo se advierte que por cuanto hace al emplazamiento realizado a Víctor Gamaliel Quintero Ávila, se encuentra ajustada a derecho. En efecto, se advierte que el catorce de enero de dos mil dieciséis, el actuario adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas asentó haberse constituido en el domicilio del demandado ubicado en calle Pinos, número once (11), colonia Napoleón Gómez Sada, en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas y haberlo emplazado al juicio personalmente (fojas 20 a 25 del tomo de pruebas). Lo anterior, pues plasmó que una vez constituido en dicho lugar en busca del demandado, entendió la diligencia con éste, quien se identificó con la licencia de conducir número 03002218 expedida por el Estado de Zacatecas, por lo que acreditó ser la persona buscada. Aunado a lo anterior, de las aludidas constancias se advierte que la actuaria responsable observó las formalidades previstas en ley para las de su tipo en la práctica del emplazamiento, toda vez que, se insiste, de éstas se desprende que el catorce de enero de dos mil dieciséis, se constituyó en la casa designada en autos, como domicilio del ahora quejoso. Al efecto, se cercioró de encontrarse en el domicilio correcto, por así desprenderse de la nomenclatura oficial de la calle, cercioramiento que corroboró con el dicho de vecinos del lugar y por ser donde habita el demandado. Además, al tocar al inmueble de referencia, el fedatario judicial afirmó haber sido atendido por el demandado, a quien identificó, por medio de la licencia de chofer número 030002218 expedida por el Gobierno del Estado de Zacatecas. Enseguida, requirió al demandado el pago de la suerte principal, y demás prestaciones reclamadas, manifestando que no podía pagar la cantidad solicitada, por lo que se le conminó para que señalara bienes para trabar embargo y ejecución, con el correspondiente apercibimiento que de no hacerlo, tal derecho sería trasladado a la parte actora, por lo que señaló para su embargo el bien mueble consistente en el vehículo automotriz marca Volkswagen, línea Jetta MK, modelo 2012, con número de serie 3VW2W2AJ3CM126961, color plata y placas de circulación ZDD782H del Estado de Zacatecas, quedándose como depositario. Luego, emplazó al demandado para que en el término de ocho días, más tres por razón de distancia, compareciera al Juzgado de origen a hacer paga llana de las prestaciones reclamadas y las costas, o bien, a oponerse a la ejecución y oponer las excepciones que tuviere, corriéndole traslado con copia de la demanda, autos de uno de julio y diecinueve de noviembre de dos mil quince y once de enero de dos mil dieciséis, documento fundatorio de la acción y anexos debidamente sellados y foliados, cédula que contiene orden de embargo y copia de la referida diligencia, dándola por terminada y firmando los que en ella comparecieron. Por tanto, al entenderse la diligencia directamente con el demandado, existe certeza de que la persona quedó enterada de la pretensión deducida en su contra, de que se realizó en el lugar correcto y se cumplió la finalidad de la actuación, como en el caso sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, por la razón que informa, la jurisprudencia 1a./J. 55/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página: 33: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada". Por tanto, contrario a lo manifestado por el quejoso, la diligencia de emplazamiento sí reúne los requisitos a que se refieren los artículos mencionados, por tanto, se encuentra ajustada a derecho, sin que exista la violación de derechos fundamentales a que alude el solicitante de protección federal. En así pues, debe establecerse que la razón del actuario tiene valor probatorio pleno, debido a la fe pública de que goza dicho funcionario, por lo tanto, las circunstancias de tiempo, lugar, forma y modo que asienta en sus diligencias, deben tenerse por ciertas, mientras no se demuestre que sean contrarias a la realidad o en sí mismas ilógicas, por lo que se presume que la diligencia de emplazamiento y embargo reclamada es legal, pues no está desvirtuada la fe pública del citado actuario que la practicó, ya que corresponde a quien impugna una actuación demostrar, con pruebas eficaces, que son ciertos los vicios que atribuye a éstas, y si no lo hicieron así, tales diligencias conservan su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe el actuario judicial. Apoya la anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, Tomo I, Octava Época, página 57 que dice: "ACTUARIO, LA FE PUBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDONEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia". Por lo que, resultan infundados los conceptos de violación que hace valer Víctor Gamaliel Quintero Ávila en el sentido de que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento fue realizada contraria a derecho. Lo anterior, en virtud de que existe certeza de que la finalidad de la diligencia se cumplió, pues el demandado estuvo en aptitud de conocer la pretensión de la parte actora, al haberse entendido la actuación con él, lo que presupone la idoneidad del lugar en el que se constituyó el notificador. Incluso, como se expuso, demandado señaló bienes para garantizar el pago de las prestaciones reclamadas y recibió las copias de traslado relativas al juicio entablado en su contra. En consecuencia, contrariamente a lo alegado, el juicio de origen no trastoca la garantía de audiencia del amparista, pues fue debidamente emplazado previamente a la emisión de la sentencia definitiva. Luego, se reitera que al evidenciarse la legalidad del emplazamiento controvertido, se pone de manifiesto también que el quejoso en realidad no fue extraño al procedimiento, como lo manifestó, pues, persona extraña al juicio son los que no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieren intervenir en el proceso en su defensa, sin embargo, como se evidenció fue éste quien atendió la diligencia de mérito y, por tanto, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él. En otra parte de los conceptos de violación el quejoso, en concreto, argumenta que la diligencia por la cual se le emplazó al juicio de origen no se encontraba realizada conforme a derecho, toda vez, que quien se constituyó con el actuario judicial en su desahogo, no tiene las facultades necesarias e indispensables que exige el artículo 1069 del Código de Comercio, sino que únicamente fue autorizado en términos del penúltimo párrafo del numeral en cita y, por tanto, solo está autorizado para tramitar y recibir toda clase de copias, documentos oficios y exhortos, no así para comparecer en representación de los endosantes o apoderados de la parte actora, por ende, sus facultades son limitadas. Lo anterior, resulta inoperante, dado que el emplazamiento es un acto que puede realizar el actuario sin la presencia de la parte actora o sus autorizados. En efecto, como se dijo en párrafos precedentes, la diligencia de exequendo se integra por diferentes actos, a saber: 1.- Requerimiento de pago. 2.- Señalamiento de bienes y embargo. 3.- Emplazamiento. Dichos actos son procesalmente distintos entre sí, pues se refieren a diferentes etapas del procedimiento. Así, en las primeras etapas es indispensable la presencia de la parte actora, pues en caso de que el deudor no cumpla con el requerimiento de pago, ni con el señalamiento de bienes para embargo, corresponderá a la parte actora tal derecho. No obstante el emplazamiento a juicio es un acto de autoridad por el cual el juzgador informa al demandado que existe un juicio en su contra para que, de estimarlo conveniente, acuda a contestar la demanda, oponga defensas y excepciones, aporte pruebas, interponga medios de impugnación. De ahí que la presencia de la parte actora resulta intrascendente para lograr el fin pretendido. En efecto, de los ordenamientos legales rigen el emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, no se establecen disposición alguna que obligue al actor a acompañar al actuario a realzar dicha diligencia, por tanto, no constituye una formalidad que deba cumplir el actuario. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada VI.2o.C.200 C emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XIII, Marzo de 2001, Página: 1753, Novena Época, materia civil del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rublo siguiente: "EMPLAZAMIENTO, REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, CONSTITUYEN ACTOS PROCESALES DISTINTOS ENTRE SÍ, POR LO QUE SU INDEPENDENCIA PERMITE QUE SE LLEVEN A CABO EN LA MISMA DILIGENCIA O EN DILIGENCIAS DIVERSAS. No obstante que por la naturaleza sumaria del juicio ejecutivo mercantil, se encuentran regulados como actos subsecuentes e inmediatos el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, éstos constituyen actos procesales distintos entre sí que se refieren a temas diferentes del procedimiento. El requerimiento de pronto pago, señalamiento de bienes y embargo sobre éstos, es una institución relacionada con la calidad del título base de la acción; en tanto que el emplazamiento, es una institución procesal cuya finalidad no es la celeridad en el procedimiento, sino la natural satisfacción de la garantía de audiencia del demandado; es un acto de autoridad por el cual el juzgador da noticia completa al demandado respecto de la existencia de un juicio que se inició en su contra, con la finalidad de que aquél acuda a defender sus intereses, aporte pruebas tendientes a ello, oponga los medios de defensa que estime pertinentes y escuche la sentencia que resuelva el pleito. Por lo tanto, posee una naturaleza y finalidad distintas al requerimiento de pago, señalamiento de bienes y embargo, y si bien entre éstos sí debe existir una secuencia necesaria constituida primeramente por el requerimiento de pago, posteriormente el señalamiento de bienes, primero por el demandado y ante su negativa por el actor, y finalmente el embargo, el emplazamiento no interfiere con tales actos, y éstos tampoco con el emplazamiento; por lo que la independencia de los actos analizados permite que se lleven a cabo en la misma diligencia, o en diligencias diversas, en la inteligencia de que en cuanto a los primeros, necesariamente deberán ser inmediatas y secuenciales en su orden." Máxime que en la diligencia analizada quien compareció junto con el actuario responsable no intervino de manera destacada en el desarrollo de ésta, pues, incluso, se observa que quien señaló el bien para embargar fue el propio demandado, además que el quejoso únicamente reclama el emplazamiento a dicho juicio, es decir, solo esa etapa procesal y no las previas que son la de requerimiento de pago y embargo de bienes, donde intervino la parte actora. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse alguna cuestión por la que deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo solicitado contra el emplazamiento practicado en el juicio ejecutivo mercantil 1173/2015, del índice del Juzgado Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por el actuario judicial adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en auxilio del aquel órgano jurisdiccional. En esa virtud, si la parte quejosa impugna todo lo actuado dentro del citado juicio, por virtud de un supuesto ilegal emplazamiento, el cual fue válidamente realizado, es evidente que todas los demás actuaciones posteriores a dicha diligencia que no se impugnan por vicios propios, como la sentencia definitiva, deben estimarse válidas; por lo que su legalidad dependía de la falta de emplazamiento alegada, lo que no aconteció en la especie, consecuentemente, se debe negar el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados, tanto por lo que respecta a la autoridad ordenadora, como en relación con las ejecutoras. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada VI.1o.T.9 L (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, localizable en el Tomo III, Agosto de 2015, Página: 2405, Décima Época, materia civil del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rublo siguiente: "JURISDICCIÓN ESCALONADA. CÓMO DEBE PROCEDER EL JUEZ DE DISTRITO CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA LA ILEGALIDAD O FALTA DE EMPLAZAMIENTO EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO QUE LE PUSO FIN. Cuando en un juicio de amparo indirecto se señalan como actos reclamados el ilegal emplazamiento o la falta de éste, así como el laudo pronunciado en el juicio laboral relativo, en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", el Juez de Distrito debe proceder en los siguientes términos: 1. Si el laudo no se reclama como acto destacado, sino en vía de consecuencia, y en la sentencia recurrida se determina la legalidad del emplazamiento, no procede la separación de los actos, dado que la constitucionalidad del laudo se hace depender de la calificación del emplazamiento; y, 2. Por el contrario, cuando se señala el laudo como acto destacado por vicios propios, y en la sentencia recurrida se califica de legal el emplazamiento, procede la separación de los actos, lo que no atenta contra el principio de continencia de la causa, porque se está ante el análisis de constitucionalidad de actos y temas litigiosos diversos, como es el estudio del laudo, sin que conlleve un nuevo análisis de la legalidad del emplazamiento, ya que por las razones señaladas, para efectos del amparo debe considerarse como acto autónomo. En tal supuesto de jurisdicción escalonada, el Juez de Distrito debe declarar su incompetencia y ordenar la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, a efecto de que califique tal determinación, sin perjuicio de los trámites correspondientes para realizar la separación del expediente. Así como la diversa Jurisprudencia II.1o. J/12 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, Octubre de 1994, página: 41, Octava Época del texto y rubro siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la moral Víctor Gamaliel Quintero Ávila respecto del acto reclamado al Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y a los Directores de Transporte Público y Vialidad de los municipios de Fresnillo y Zacatecas, consistente en la la orden de desposesión del vehículo automotor marca Volkswagen, línea Jetta MK, modelo 2012, con número de serie 3VW2W2AJ3CM126961, color plata y placas de circulación ZHN1578 del Estado de Zacatecas y ejecución, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Gamaliel Quintero Ávila respecto del acto reclamado del Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y Actuario Judicial adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistente en el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1173/2015 y todo lo actuado dentro de éste; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. "
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En veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez con tres pedimentos registrados con los números 5635, 5636 y 5637. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguense a sus autos para que obren como corresponda y surta los efectos legales conducentes, los pedimentos de cuenta signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo. DOY FE. Bjm
- Principal
En veinticinco de abril de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 5444 y anexo que se adjunta. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Téngase por recibido el escrito signado por Omar de Jesús Tejeda Martínez, apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa tercero interesada Volkswagen Leasing, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que acredita con la copia certificada de la escritura número 51,000 que exhibe; en atención a su contenido, de conformidad con lo previsto por el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al presente juicio de amparo con el carácter antes indicado; autorizando para oír notificaciones, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia invocada, a los licenciados Andrés Dorantes Aranda (6583604) y Julio Eloy Gutiérrez Ochoa (7482602), quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos al licenciado Edgar Zavala Beltrán, por no contar con ese requisito; sin que haya lugar a tener por señalado como domicilio para tal efecto el ubicado en Calle Anunciativas número 225, Fraccionamiento Villa Teresa en la Ciudad de Aguascalientes, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal federal; por tanto, mientras no se haga esa designación en esta ciudad, como se determinó en auto de dieciocho de abril del año en curso, las subsecuentes que tengan el carácter de personales para la mencionada tercero interesada, practíquensele por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 29, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 124 de la ley de la materia invocada, se tienen por formulados los alegatos que hace valer el promovente, en los términos que consta en su libelo, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la etapa procesal que corresponda. Sin que sea el caso de glosar las copias que de dicho ocurso se adjuntan, por no considerarse necesario. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Bjm
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