Víctor Ernesto Rodríguez Gallegos
Expediente 1589/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1589/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Víctor Ernesto Rodríguez Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En uno de diciembre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del trece al treinta de noviembre de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de noviembre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 1589/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del Despacho del Juzgado con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el diez de noviembre del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a la autoridad responsable las copias certificadas del juicio laboral 55/2013, que en su oportunidad remitió la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, como justificación de sus actos. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1589/2015, estando en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje (por conducto de su Magistrada Presidenta) y Auditor Superior, ambas del Estado de Zacatecas; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor; y por legalmente emplazado al tercero interesado Presidencia Municipal de Ojocaliente, Zacatecas. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las documentales que adjuntó la diversa autoridad responsable Auditor Superior del Estado, consistentes en la copia simple del oficio PL-02-05-2786/2015 y el nombramiento de veintiuno de junio de dos mil quince; así como con las que en apoyo a su informe justificado remitió el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 55/2013. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales ya relacionadas. En el período de alegatos el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1589/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de amparo. En escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, VÍCTOR ERNESTO RODRÍGUEZ GALLEGOS solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se precisan enseguida: Autoridades Responsables: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Auditor Superior del Estado de Zacatecas. Acto Reclamado: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora la omisión de recabar el informe de autoridad solicitado y aplicación de sanciones correspondientes, a la Auditoría Superior del Estado, y la omisión de la Auditoría Superior del Estado de dar cumplimiento a lo solicitado por el Tribunal laboral, dentro de los autos del expediente laboral burocrático número 55/2013". Preceptos constitucionales que se consideran violados. El quejoso señaló como garantías vulneradas las que tutelan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 1589/2015; y en proveído de veintiséis de agosto de dos mil quince se ordenó su admisión; dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y fijar día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente Acta que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" . En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas la omisión de recabar el informe de autoridad solicitado a la Auditoría Superior del Estado ofrecido como prueba por la parte demandada; y a ésta le atribuye la omisión de dar cumplimiento a ese requerimiento, dentro autos del expediente laboral burocrático 55/2013. II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 95 del rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." (Énfasis añadido). II.3. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y al Auditor Superior, ambos del Estado de Zacatecas, toda vez que así lo reconocieron en el informe justificado que rindieron (f. 22 y 12-14). Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las documentales que las citadas responsables remitieron en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas deducidas del expediente laboral 55/2013; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2°, párrafo segundo de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". III. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia de fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. " Este resolutor considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Precisado quedó en párrafos que anteceden que de la demanda de garantías se advierte que el quejoso reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas la omisión de recabar el informe de autoridad solicitado a la Auditoría Superior del Estado ofrecido como prueba por la parte demandada; y a ésta le atribuye la omisión de dar cumplimiento a ese requerimiento, dentro autos del expediente laboral burocrático 55/2013. Ahora bien, de las constancias que remitieron las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, específicamente de las copias certificadas del referido expediente laboral se advierte que mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil quince, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, el representante legal del Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, ofreció como pruebas de su parte, entre otras, la de informe de autoridad a cargo de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas [f. 106 y 107 del legajo de copias certificadas del expediente laboral 55/2013); prueba que se admitió en auto de diez de febrero de dos mil quince [f. 110-111]; y al respecto, la magistrada presidenta del citado tribunal laboral, el diez de febrero del referido año, emitió oficio TCA/181/2015, dirigido al Auditor Superior del Estado [f. 117], en el que le requirió lo siguiente: "a) El monto entregado al actor Víctor Ernesto Rodríguez Gallegos de manera quincenal, que se encuentra registrado dentro de los egresos del Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas, por el lapso comprendido del 1° de enero del 2013 al 27 de abril del 2013. b) El monto entregado al actor Víctor Ernesto Rodríguez Gallegos por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, correspondientes al año 2012." Posteriormente, mediante oficio TCA/1048/2015 de seis de julio de dos mil quince, se formuló recordatorio al Auditor Superior del Estado, en el cual se le requirió de nueva cuenta dicho informe en razón de que no lo había remitido; y finalmente, en respuesta a tal requerimiento, por oficio PL-02-05-2786/2015, de treinta y uno de agosto del año dos mil quince [f. 217], informó lo siguiente: "a) El monto entregado de manera quincenal neto lo era de $6,059.39; b) Por concepto de prima vacacional correspondiente al primero y segundo periodo de 2012, lo fue de $2,416.92 neto y por concepto de aguinaldo 2012 fue de $22, 397.94 neto." Como se ve, los antecedentes relacionados ponen de relieve que en la especie, durante la sustanciación de este juicio de garantías han dejado de tener efectos jurídicos los apuntados actos de omisión que en esta instancia se reclaman, tomando en consideración que de las documentales antes descritas se advierte que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado cumplió con solicitar el informe de autoridad ofrecido como prueba por la parte demandada; lo que realizó mediante oficios TCA/181/2015 y TCA/1048/2015; en tanto que el Auditor Superior del Estado remitió el informe que le fue solicitado, a través del oficio PL-02-05-2786/2015, en los términos antes destacados; por lo que en ese contexto, es inconcuso que ello se traduce en que el quejoso fue restituido en el pleno goce de las garantías que invocó como vulneradas en su perjuicio, al haber cesado el estado de contumacia atribuido a las autoridades responsables. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo ". En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio de garantías. Así, al haberse acreditado el motivo de improcedencia analizado, ello impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio ". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1589/2015, promovido por VÍCTOR ERNESTO RODRÍGUEZ GALLEGOS, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables por los motivos indicados en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO TERCERO INTERESADO, Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres. DOY FE. L´JJMT*L/F/R. En la misma fecha se giraron los oficios 32586, 32587 y 32588.
- Principal
En siete de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveídos de siete y diez de septiembre del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades responsables Auditoria Superior del Estado y Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ambos con sede en esta ciudad, sin que se hubiera ordenado dar vista a las partes su contenido; luego, a fin de no dejarlos en estado de indefensión con el contenido de dichos comunicados déseles vista para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga; en consecuencia, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y A LA TERCERO INTERESADA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZACATECAS; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En siete de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveídos de siete y diez de septiembre del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades responsables Auditoria Superior del Estado y Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ambos con sede en esta ciudad, sin que se hubiera ordenado dar vista a las partes su contenido; luego, a fin de no dejarlos en estado de indefensión con el contenido de dichos comunicados déseles vista para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga; en consecuencia, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y A LA TERCERO INTERESADA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZACATECAS; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy"
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