Víctor Fernando Bribiesca Rodríguez
Expediente 546/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Fernando Bribiesca Rodríguez
- Juez Quinto Oral en Materia Familiar, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede se advierte que ninguna de las partes impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa; con fundamento en el artículo 77, último párrafo, de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó y negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la medida cautelar solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución tomo de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formaron con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Quinto Oral en Materia Familiar en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se ordena su devolución, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las once horas del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro; quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 546/2020, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Así mismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de la partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto continuo, el secretario hace constar que en los presentes autos obra: escrito de la demanda de amparo promovida por Víctor Fernando Bribiesca Rodríguez, auto que la admitió a trámite y emplazamiento de la parte tercera interesada. Asimismo, se hace constar que obra agregado el informe justificado del Juez Quinto Oral Familiar de esta ciudad. También se da cuenta a la Juez que por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, ante la imposibilidad de entregar el oficio dirigido a "Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Estado", se dio vista a la parte quejosa para efectos de que precisara la denominación correcta de dicha autoridad responsable, bajo apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna, se tendría por inexistente, el cual fue notificado por lista el siete de octubre de dos mil veinte, previo citatorio entregado el cuatro del mismo mes y año; ante lo cual la parte quejosa fue omisa en dar cumplimiento al requerimiento expuesto. A lo anterior, la Juez, acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe. En virtud de que la parte quejosa fue omisa en cumplir con el requerimiento de cuenta, se tiene como inexistente a la señalada como "Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Estado". Abierto el periodo probatorio: El secretario da cuenta con las documentales el referido Juez, adjuntó a su informe justificado. Acto seguido, la Juez, acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las referidas pruebas documentales; cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: El secretario da cuenta a la Juez con los alegatos del Asesor Jurídico Federal registrados con el número 12007 y hace constar que el resto de las partes no hizo manifestaciones en esta vía. Al efecto, la Juez, acuerda: Téngase por rendidos los alegatos del Asesor Público Federal y perdido el derecho de las demás partes de formular alegatos y, se levanta la presente acta para constancia legal, se procede a dictar la resolución siguienteSENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 546/2020. RESULTANDOPRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El dos de septiembre de dos mil veinte, Víctor Fernando Bribiesca Rodríguez, por derecho propio, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 546/2020. Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en esta fecha, quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Juez Quinto Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. El auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte en el juicio ordinario oral Familiar 178/2020 en el que se autorizó la medida cautelar de separación de personas, es decir que Víctor Fernando Bribiesca Rodríguez sea separado del domicilio ubicado en calle Manuela Taboada, número quinientos nueve, de la Colonia Alcalde Ignacio Pérez, de esta ciudad. Además en dicho auto se determinó La prohibición al quejoso de molestar o agredir en cualquier forma a Georgina Pineda Carrillo; también de acercarse al domicilio que habita la tercera interesada y los menores. La autorización a Georgina Pineda Carrillo de hacer el cambio de cerraduras en el domicilio del cual fueron separados. El auxilio policíaco de reacción inmediata en favor de la tercera interesada. La suspensión temporal del régimen de visitas y convivencia con el menor E.F.B.P., hasta en tanto la juzgadora tenga más elementos para emitir una nueva resolución. La guardia y custodia del menor E.F.B.P., a favor de su madre Georgina Pineda Carrillo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por lo que hace a la autoridad señalada como responsable que señaló la quejosa como: "Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Estado"; por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con la razón actuarial en la que consta la imposibilidad de llamar a juicio a la citada autoridad responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna se tendría por inexistente. Determinación que le fue notificada personalmente mediante lista el siete de octubre de dos mil veinte, previo citatorio entregado el cuatro del mismo mes y año. De modo que, hasta esta fecha se acordó lo conducente, es decir se tuvo por inexistente a dicha autoridad. Consecuentemente, se determina que ante la inexistencia declarada, no son ciertos los actos que se atribuyen al "Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Estado". Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". De ahí que, lo conducente es que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresea en el juicio, en relación con la autoridad señalada como "Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Estado" CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Quinto Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por el aludido Juzgador, las cuales tienen pleno valor en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de este último ordenamiento. QUINTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este juzgador advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación respecto del acto reclamado. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en contra del decreto aludido devienen infundados de conformidad con los siguientes fundamentos y motivos. La parte quejosa en sus motivos de disenso alude que la Juez de instancia en el acto reclamado al autorizar la medida cautelar de separación de personas no expuso de forma clara los hechos de violencia atribuibles al quejoso, lo cual es violatorio de los derecho fundamentales contemplados en el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, al no estar debidamente fundado y motivado. Así mismo refiere que la Juez responsable no tomó en consideración que no ejerció ningún acto de violencia en contra de la tercera interesada. Y finalmente, indica que la Juez responsable no tomó en consideración que no cuenta con recursos económicos para subsistir fuera de su hogar, lo que viola sus derechos fundamentales. Los conceptos de violación son infundados El artículo 1º de la Constitución Federal prevé: "Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".. Por su parte el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) establece: "Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención". El Artículo 4º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé: "Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; III. La no discriminación, y IV. La libertad de las mujeres. En concordancia el numeral 7º de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo dice: "ARTÍCULO 7. Las autoridades obligadas en ejercicio de sus atribuciones y funciones deberán tener presente y asumir los principios rectores establecidos en esta Ley, generando, en lo que les corresponda, las siguientes acciones y políticas: I. Las encaminadas a eliminar la violencia contra las mujeres por razones de género; II. Las que promuevan el respeto a los derechos humanos de las mujeres; III. Las que permitan garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres; IV. Las que favorezcan la libertad y la autonomía de las mujeres; V. Las que combatan la discriminación contra las mujeres; VI. Las que fortalezcan la igualdad de género y que permitan la transversalidad de la perspectiva de género; VII. Las normativas o procesales que permitan el acceso a la justicia, mediante el reconocimiento de los derechos de las mujeres; VIII. Los mecanismos públicos que eviten la violencia contra las mujeres por razones de género en las instituciones, incluyendo la evaluación anual de la política pública y de los servicios institucionales que se presten a las mujeres, independientemente del sector de que se trate; IX. La capacitación de su personal en las materias de no discriminación y violencia contra las mujeres por razones de género con la finalidad de evitarlas; X. La promoción de mecanismos para garantizar la participación de las mujeres tales como las elecciones, los plebiscitos, los referendos públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; XI. El garantizar la participación de las mujeres en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, así como ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; XII. El fomento a la participación de las mujeres de organizaciones y asociaciones no gubernamentales en la vida pública y política del país; XIII. El monitorear las poblaciones y municipios con el fin de evitar un incremento de violencia contra las mujeres por razones de género, ejecutando las estrategias necesarias para proporcionarles una atención integral, seguridad y proximidad policial; XIV. El generar una cultura de legalidad y de denuncia de actos violentos, ya sean de modalidad pública o privada, contra mujeres; XV. El otorgamiento y consecuente registro de las órdenes de protección que se emitan por la autoridad competente, independientemente de las medidas precautorias o cautelares que determine el Poder Judicial con motivo de los juicios que se tramiten ante éste; y, XVI. El establecer procedimientos arbitrales y administrativos para los casos donde no exista denuncia penal". La medida cautelar de separación de personas se encuentra contemplada en los artículos 857 al 869 del Código Familiar de la entidad que disponen: "Artículo 857. El cónyuge que intente demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge, puede solicitar la separación al juez de instrucción. Artículo 858. La solicitud puede ser escrita o verbal, y en ella se señalarán las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores de edad o con discapacidad y las demás circunstancias del caso. Artículo 859. El juez podrá decretar el desahogo de los medios de prueba y practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de decretar la medida. Artículo 860. Presentada la solicitud, el juez sin más trámite, con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, resolverá sobre su procedencia, y de concederla, atendiendo las circunstancias particulares del asunto, dictará las medidas pertinentes para que se practique, la que se notificará al otro cónyuge, previniéndole para que se abstenga de impedir la separación o les cause molestias, bajo apercibimiento que de no acatar dichas disposiciones se dará vista al ministerio público para que proceda legalmente. Artículo 861. En la resolución en que la medida se decrete o en la diligencia en que se practique, el juez podrá decidir cuál de los cónyuges, hijos menores de edad o con discapacidad permanecerán en el domicilio conyugal. Asimismo, determinará con quién de los cónyuges se quedan los hijos en custodia provisional, estando siempre a su interés superior. Levantará un inventario de las pertenencias personales que el cónyuge que es separado se lleve, incluyendo las necesarias para el ejercicio de su profesión, arte u oficio, así como de todos los bienes que se queden en el domicilio conyugal. Artículo 862. El juez podrá dictar, de estimarlo pertinente, otras medidas, atendiendo a las circunstancias del caso, o variar las decretadas, en virtud de causa justa o superveniente, petición o acuerdo de los interesados. Artículo 863. En la resolución en que se decrete la separación, se señalará el término de que dispondrá el solicitante para presentar la demanda, denuncia o querella, que no deberá ser mayor de ocho días contados a partir del siguiente de efectuada aquella. A juicio del juez, podrá concederse por una sola vez, una prórroga hasta por igual término. Artículo 864. Si al vencimiento del plazo concedido no se acredita al juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la separación, debiendo el cónyuge regresar al domicilio conyugal dentro de los tres días naturales siguientes. Pudiendo solicitar al juez su reincorporación al mismo. Observándose en ella lo previsto, en lo conducente, para la separación. Cualquier dificultad que surgiere en la reincorporación, el juez la resolverá de plano y sin más trámite. Artículo 865. El juez, de oficio o a petición de parte, señalará y asegurará las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda. Artículo 866. También podrá decretar las medidas que estime convenientes para evitar que los cónyuges se causen perjuicios en sus respectivos bienes y en los de la sociedad conyugal, en su caso. Asimismo, podrá ordenar cuando existan bienes que puedan pertenecer a los cónyuges, la anotación preventiva de la demanda y auto que la admita en el Registro Público de la Propiedad y de aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes, con el fin de que no se transmitan, graven, modifiquen o extinga su dominio, posesión o demás derechos reales sobre los mismos. Artículo 867. Cuando la cónyuge se encontrare embarazada, lo comunicará al juez, quien a petición de parte o de oficio, asegurará los gastos concernientes a la comida, vestido, habitación, atención médica, hospitalaria, gastos de embarazo y parto. Artículo 868. De igual modo, podrá revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieren otorgado, con las excepciones que señala el artículo 1757 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo. Artículo 869. Los derechos contenidos en este capítulo, también podrán ser ejercidos por la concubina y el concubino, cuando tengan un domicilio en el que vivan de común acuerdo, así como por la persona que forme parte de una unión fuera de matrimonio, los parientes de esta o cualquier otra persona que esté sujeta a custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado". Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo directo en revisión 6141/2014 ha sostenido que para dictar una medida de prevención tratando de violencia familiar, basta que exista una situación de riesgo que comprometa los bienes y derechos de los integrantes del grupo familiar. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de rubro y texto siguientes: "VIOLENCIA FAMILIAR. ELEMENTOS QUE DEBEN VERIFICARSE PARA DICTAR UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN. Para dictar una medida de prevención basta que exista una situación de riesgo que comprometa los bienes y derechos de los integrantes del grupo familiar, sin que sea necesario que se verifique un daño. Así, basta que el juzgador advierta, además del dicho de la persona que alega la agresión, la existencia de indicios leves sobre dicha situación. Tal estándar se desprende tanto del deber de protección de los derechos a la salud e integridad física y mental de las víctimas, como de las medidas de protección reforzadas que merecen los menores de edad y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, conforme a la cual, para otorgar las órdenes emergentes y preventivas, deberán considerarse el riesgo o peligro existente y la seguridad de la víctima". Precisado lo anterior es que deviene infundado lo que afirma el quejoso en cuanto a que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación, que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe considerar que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, que la parte quejosa estimó que se vulneró en su perjuicio por las autoridades responsables, a la letra señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del Procedimiento." Del artículo trascrito se desprende que todos los actos de autoridad que causen molestia a los gobernados deben estar debidamente fundados y motivados. De la lectura del acto reclamado, se advierte que se cumplen los requisitos de debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, ya que dentro de la resolución reclamada se precisan las razones por las que la autoridad responsable determinó procedente la medida cautelar de separación de personas, lo cual es suficiente para concluir que el acto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación debida, ya que la parte quejosa, además tuvo conocimiento de las circunstancias de hecho y preceptos de derecho con base en los cuales la autoridad responsable decidió su actuar, tan es así que los impugna en este medio de control constitucional. Como sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 769, Tomo III, marzo de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." Por tanto, si para la emisión del acto reclamado, la autoridad responsable señaló correctamente los preceptos legales que aplicó para sustentarlo y con ello justificar su actuar, además refirió que su decisión se sustenta en lo que manifestó Georgina Pineda Carrillo lo que permitió la aplicación de la norma al caso concreto, de ahí que resulta que el acto reclamado contiene la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 Constitucional. Como sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 175, Tomo IV, Parte SCJN, Séptima Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Visto así, el acto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que un acto de esta naturaleza debe contener, al precisarse en el mismo los razonamientos jurídicos para declarar procedente la medida cautelar de separación de personas, puesto que citó diversos preceptos legales, entre los que destacan, los que corresponden a la Constitución Federal, la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo y los artículos 857 al 869 del Código Familiar de la entidad, precisando los motivos que tuvo para la aplicación de estos, que es la urgente aplicación de la medida en función del interés superior de la víctima, de ahí lo infundado de los conceptos de violación. Encuentra apoyo esta decisión en la jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 134, Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISIÓN. Si bien el artículo 16 de la Constitución General de la República consagra las garantías de fundamentación y motivación y, por ende, toda resolución debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la controversia, aunque la autoridad omita citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se haga se advierte que es jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son legales y conducentes para la resolución del caso, debe considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente respetados y, en consecuencia, la resolución intrínsecamente fundada." En cuanto a los hechos que motivaron la aplicación de la norma al caso en concreto, en la especie, la tercera interesada, al solicitar la medida cautelar de separación de personas, hizo saber a la juez de instancia lo siguiente: ".la suscrita fue objeto de insultos, violencia física y amenazas por parte de mi aun esposo VÍCTOR FERNANDO BRIBIESCA RODRÍGUEZ, ya que como manifesté en mi escrito inicial de demanda, la relación se encuentra muy desgastada, lo que provoca infinidad de discusiones y violencia emocional y económica ya que no aporta lo mínimo suficiente y necesario para atender las necesidades de nuestros hijos, lo cual puede perjudicar en el libre desarrollo de nuestros hijos y atendiendo el interés superior de los mismos solicitó me sea concedida dicha medida, máxime que como se mencionó, contamos con un departamento el cual el c. VÍCTOR FERNANDO BRIBIESCA RODRÍGUEZ, puede habitar sin afectar su economía, violencia que hasta el día 16 del mes en curso nunca había sido física, ya que en dicho día a las 19:30 horas aproximadamente nunca se había tornado física, pero el día en comento el señor VÍCTOR FERNANDO BRIBIESCA RODRÍGUEZ me encaró diciéndome que si andaba de puta y manoteándome, así como aventando y rompiendo cosas, así mismo amenazándome de muerte pues me decía que solo porque no tenía pistola sino en ese momento me daba unos balazos, pero que sí me puede enterrar un cuchillo para ya terminar con esto, corriéndome de la casa que aun compartimos con el C. VICTOR FERNANDO BRIBIESCA RODRÍGUEZ, así como con nuestros tres hijos, cada uno con su propia recamara pero la suscrita derivado de la violencia y malos tratos que menciono con el ahora demandado, quien no me permite dormir en mi habitación, desde aproximadamente inicios de este año, duermo en la sala de mi casa, no contando con la más mínima privacidad ni comodidad, así las cosas, ese mismo día 16 de agosto de 2020, ya acostada en la sala el señor VICTOR FERNANDO BRIBIESCA RODRÍGUEZ, bajó a encararme de nueva cuenta, siendo esto como las 24 horas de dicho día, dándome pequeños golpes en la frente y arrojándome un vaso con agua que tenía en la mano, volviendo a aventar cosas y rompiéndolas, por lo que opte por subirme a dormir a la recamara de mi hija S.Y. B. P., lugar a donde al día siguiente y de nueva cuenta subió a las 7 horas del día 17 del mes en curso supuestamente con la intención de disculparse pero lejos de hacerlo de nueva cuenta empezó a insultarme delate de mi hija, en esta ocasión sin agredirme físicamente." En respuesta a dicha petición la Juez responsable en auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, decretó la separación de personas, es decir que Víctor Fernando Bribiesca Rodríguez sea separado del domicilio ubicado en calle Manuela Taboada, número quinientos nueve, de la Colonia Alcalde Ignacio Pérez, de esta ciudad. Además en dicho auto se determinó: La prohibición al quejoso de molestar o agredir en cualquier forma a Georgina Pineda Carrillo; también de acercarse al domicilio que habita la tercera interesada y los menores. La autorización a Georgina Pineda Carrillo de hacer el cambio de cerraduras en el domicilio del cual fueron separados. El auxilio policíaco de reacción inmediata en favor de la tercera interesada. La suspensión temporal del régimen de visitas y convivencia con el menor E.F.B.P., hasta en tanto la juzgadora tenga más elementos para emitir una nueva resolución, y la guardia y custodia del menor E.F.B.P., a favor de su madre Georgina Pineda Carrillo. Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad responsable en aras de salvaguardar la integridad Georgina Pineda Carrillo y su familia decretó la separación de personas, pues del escrito signado por la tercera interesada, se advierten conductas violentas por parte del quejoso, sobre todo de índole psicológico, ya que incluso al parecer la amenazó de muerte y realizó en contra de ella conductas humillantes como decirle "si anda de puta" o darle pequeños golpes en la frente y no permitirle dormir en su propia cama. Al respecto, tratándose de este tipo de violencia tan "sutil" basta por ahora el dicho de la quejosa, para que sea factible la imposición de la medida decretada porque con ella se está evitando que la tercera interesada siga siendo sometida a actos como los narrados en su solicitud realizada ante la Juez responsable. Conductas que esta Juzgadora Federal considera inaceptables, y por ende califica de legal el actuar de la Juez familiar responsable, puesto que el acto reclamado es acorde al marco jurídico nacional e internacional, pues la medida cautelar de separación de personas tiene como objetivo la salvaguarda de los integrantes de la familia, o sea, evitar que los cónyuges, derivado de su desavenencia, se violenten entre sí o incluso a los demás integrantes del núcleo familiar, en tanto se resuelve en el fondo el juicio en sus cuestiones principales. En otras palabras, tiene como objetivo evitar que los integrantes de la familia sean sujetos de ningún tipo de violencia física o moral, o sea, dicha medida cautelar fue creada por el legislador para asegurar a las partes hasta en tanto se dicta sentencia en el fondo; de ahí que si bien la medida constituye un acto de molestia, es de carácter cautelar en tanto dura el juicio y, en su caso se dicte con carácter definitivo, o bien, deje de tener urgencia ante la aparición de hechos diversos. De ahí que resulte infundado el motivo de disenso en el que alude el quejoso que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. Por lo que ve al argumento del quejoso en el que sostiene que la autoridad responsable no tomó en consideración que no cuenta con recursos económicos para subsistir fuera de su hogar; el mismo deviene infundado dado que en términos del artículo 843, fracción II, del Código Familiar del Estado de Michoacán, la separación de personas, constituye una medida cautelar que no entraña un acto de privación de aquellos a los que se refiere el artículo 14 constitucional al consagrar la garantía de audiencia, es decir, de los que tienen por objeto fundamental sustraer algún derecho del patrimonio del gobernado, respecto de las cuales se precisa la substanciación de un procedimiento previo al dictado del acto en el cual se observen las formalidades esenciales que permitan al afectado la defensa oportuna y plena de sus intereses. Lo anterior, quiere decir que la Juez responsable no se encontraba obligada a otorgar garantía de audiencia al impetrante de amparo para escucharlo en torno a su situación económica previo a determinar la procedencia de la medida cautelar que se ataca en esta instancia constitucional. Como sustento de lo anterior se cita la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL. EL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. La separación de personas contemplada como acto prejudicial en el citado artículo 221, constituye una medida provisional que no entraña propiamente un acto de privación de aquellos a los que se refiere el artículo 14 constitucional al consagrar la garantía de audiencia, es decir, de los que tienen por objeto fundamental sustraer algún derecho del patrimonio del gobernado, respecto de las cuales se precisa la substanciación de un procedimiento previo al dictado del acto en el cual se observen las formalidades esenciales que permitan al afectado la defensa oportuna y plena de sus intereses; se está en presencia, por lo contrario, de una medida que tiene por objeto preservar los principios que regulan la institución social de la familia para cuya conservación se hace necesario mantener separados a los cónyuges a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la medida y hasta la fecha en que el Juez deje sin efecto la providencia decretada ante la falta de presentación de la demanda, denuncia o querella, o bien, hasta la conclusión del juicio correspondiente, a fin de evitar las consecuencias dañinas que derivarían de la cohabitación de quienes se ven en la necesidad de acudir a un procedimiento judicial para ventilar las diferencias surgidas durante su matrimonio, o para dar noticia de la comisión de un delito por su cónyuge, tanto las que significarían alterar las condiciones personales y familiares en que está planteado el conflicto, como las que podrían causar una lesión aún mayor a la integridad moral de los propios cónyuges y de los demás miembros del núcleo familiar, ya expuestos a una situación de riesgo por la sola presentación de la providencia. Por tanto, de la interpretación relacionada de los artículos 221, 228, 231 y 584 al 591, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se advierte que el referido artículo 221, no autoriza la privación del patrimonio sin previa audiencia, sino tan solo impone una medida de carácter provisional tendiente a salvaguardar la integridad moral de los miembros del núcleo familiar y las mejores condiciones que permitan la decisión del conflicto conyugal a ventilarse, cuya eficacia quedará subordinada al curso de dicho juicio y a las defensas que hagan valer los cónyuges en el procedimiento respectivo que, en su caso, llegue a instaurarse" De este modo, es que por más que el quejoso alegue que no son ciertos los actos que se le reprochan y que no se encuentra en posibilidades económicas de vivir fuera del domicilio conyugal, dichas circunstancias no son suficientes para destruir los elementos bajo los que se presume la necesidad de salvaguardar a los miembros de la familia de sufrir actos de violencia. Lo anterior no prejuzga de ninguna manera de lo alegado en el juicio de origen, solamente alcanza la legalidad de la medida tomada por la Juzgadora de primera instancia, lo que implica que ante esa instancia podrá aportar los elementos de prueba que crea necesarios para efecto de que en su momento sea factible revertir la medida tomada y en su caso también se restablezca el régimen de convencías con sus menores hijos. En relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo conducente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Víctor Fernando Bribiesca Rodríguez por lo que ve al acto aquí analizado. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio en términos del considerando tercero del presente fallo, en relación con la autoridad declarada inexistente. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Fernando Bribiesca Rodríguez, por los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos, fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el considerando octavo, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro ante el secretario Carlos Fernando Cabrera López, con quien actúa y da fe.
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Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. ( Aceptación de cargo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por el licenciado Santiago Orozco Valencia, en su carácter de asesor jurídico federal, atento a su contenido, téngasele por aceptando en tiempo y forma el cargo de representante especial del menor E.F.B.P. ( Domicilio, teléfono y autorizados. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas que ocupa la Delegación Morelia del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicadas en Avenida Camelinas 3550, tercer piso, colonia Club Campestre, código postal 58270, de esta ciudad y número de teléfono 443 3226960, extensión 1092; así como autorizando con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados en derecho Olivia Benítez Reyes y Alejandro León Cortes, toda vez que cuentan con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; mientras que los restantes únicamente podrán imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. ( Copias. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia simple de las constancias que solicita, autorizando para recibirlas a las personas que alude; previo recibo que se deje en autos. En el entendido que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de dichas constancias, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, para la obtención de las copias que requiere, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Se hace saber al representante especial que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos, mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. ( Uso de medios electrónicos. Mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para esta juzgadora, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como de una economía procesal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) Solicitarlo por escrito o por comparecencia. b) Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica, en el entendido, que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos. ( Se autoriza acceso al expediente electrónico. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuarios "SAN69" y "JURISTA33", para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, comisiónese al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva con el nombre de usuario proporcionado por el ocursante. ( Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele ofreciendo como pruebas de su parte la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones; las que se tienen por admitidas y desahogadas dada su naturaleza, con las cuales se ordena dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Delegado de la Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, mediante cual da cumplimiento a lo solicitado en autos, e informa que se designa como represente especial del menor E.F.B.P., al asesor jurídico federal licenciado Santiago Orozco Valencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena requerir al citado defensor público para que en el TÉRMINO DE TRES DÍAS, acepte el cargo que le fue conferido por escrito en atención a la contingencia sanitaria en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado o bien, omitir informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía1, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Entrega de oficio electrónico. Con apoyo en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza al actuario adscrito realice la entrega del oficio correspondiente por medio de correo electrónico, para lo cual deberá dejar constancia en autos de su envío y confirmar su recepción; y sólo en el caso de que ello sea imposible, se constituya en el lugar de su residencia oficial. En el entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio, se asentará razón en autos a partir de la cual, sin previo acuerdo, se tendrá por practicada. Domicilio, teléfono y autorizados. Por otra parte, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas que ocupa la Delegación Morelia del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicadas en Avenida Camelinas 3550, tercer piso, colonia Club Campestre. Correo electrónico. Por otra lado, ténganse a la citada autoridad proporcionando la dirección de correo electrónico santiago.orozco.valencia@correo.cgf.gob.mx., para efecto de establecer comunicación. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere, y en su lugar se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.KOA/CFCL/vmv
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