Víctor Fabián Medina Tejadilla

Expediente 343/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
343/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Víctor Fabián Medina Tejadilla
  • Víctor Fabián Medina Tejadilla y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACION. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Pedimento ministerial extemporáneo. Agréguese el pedimento ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; sin que haya lugar a proveer de conformidad respecto a los alegatos que formula, toda vez que el veinticinco de mayo de la presente anualidad, se dictó sentencia dentro del juicio en que se actúa. Copias. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita la Agente, expídasele copias simples de las constancias que solicita; previo recibo que se deje en autos. En el entendido que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de dichas constancias, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, para la obtención de las copias que requiere, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 343/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintiocho de marzo del dos mil veintidós, los apoderados de Stefanie Tatiana Calderón Pichardo, Martha Cecilia Calderón Pichardo, José Gustavo Calderón Delgado, Amparo Delgado Barriga, Víctor Fabián Medina Tejadilla y Leonardo Delgado Barriga, presentaron demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En este sentido, consideraron violados en su perjuicio los artículos 1°, 5°, 8°, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de diecinueve de abril del dos mil veintidós, previo cumplimiento de prevención, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite y registró con el número de juicio de amparo 343/2022; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. A las autoridades responsables: Policía de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán, quien dio contestación al oficio girado a los Elementos de Seguridad que Patrullan la Unidad 7007 Rotulada "Policía Michoacán". Policía de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán, quien dio contestación al oficio girado al Director de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán. Fiscal General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia de Tacámbaro, Michoacán. Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán. Actos de molestia en contra de nuestros representados, tendentes a la desposesión y sobre la libertad de nuestros mandatarios, sin que les sea notificado por las autoridades el delito por el cual se les acusa, en razón a que las autoridades señaladas como responsables, realizan actos de vigilancia o rondines, por lo que se refiere a la seguridad pública, e inclusive se han llegado a introducir a propiedad privada sin mediar orden alguna de autoridad. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia de Tacámbaro, Michoacán. Orden de realizar una inspección ocular al inmueble de su propiedad consistente en el Predio Rústico denominado "PIEDRA DEL MOLINO", situado en el Rancho Piedra del Molino, Municipio y Distrito de Tacámbaro, Michoacán, el cual según título de propiedad tiene una superficie de 36-67-57.81 (treinta y seis hectáreas, sesenta y siete áreas, cincuenta y uno punto ochenta y un centiáreas), y recabar indicios, por la supuesta comisión de un delito sin decir cuál, todo esto sin que nuestros representados hayan sido llamados o solicitado la cooperación de los mismos para llevar a cabo la investigación, a pesar de que se tiene conocimiento de que existen algunas carpetas de investigación iniciadas en su contra, sin conocer mayores datos al respecto. TERCERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos inexistentes. El Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, al rendir su informe justificado en representación del Fiscal General del Estado de Michoacán, negó los actos reclamados. Por su parte, Fabián Dimas Ortíz, Policía de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán, quien dio contestación al oficio girado al Director de Seguridad Pública Municipal y Juan Maurilio Contreras Mandujano, Policía de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán, quien da contestación al oficio girado a los Elementos de Seguridad que Patrullan la Unidad 7007 Rotulada "Policía Michoacán", manifestaron ser parcialmente ciertos los actos reclamados; sin embargo, son inexistentes por lo siguiente. De sus informes justificados se advierte que recibieron una llamada telefónica a la base de barandilla de una persona de sexo femenino, reportando a unas personas de sexos femenino y masculino que la estaban amedrentando dentro de su propiedad, ubicada en la localidad de Piedra del Molino, como referencia por el preescolar (kínder), y que como pedía auxilio y protección se trasladaron al lugar en la unidad bajo el número económico 7004 más no en la unidad bajo el número 7007, como lo refiere la parte quejosa. Que al arribar al lugar indicado Eunice Ricci fue quien les dio el acceso a una huerta de aguacate, abriendo un candado, motivo por el cual ingresaron; ella les informó que adentro estaban dos personas muy agresivas y que la estaban amenazando, por ello entraron aproximadamente a 150 metros en la unidad, visualizando a dos personas de ambos sexos y se dirigieron hacia ellas para saber lo que estaba pasando y estando a 5 metros aproximadamente de distancia, se identificaron plenamente como elementos de la Policía Municipal de Tacámbaro, Michoacán, preguntándoles qué estaba pasando ya que habían sido reportados, lo que dio origen a que la persona de sexo femenino comenzara a agredirlos físicamente, manifestándoles que estaban cometiendo un delito y que estaban en su propiedad ya que ella era la dueña; por lo que al ver su reacción le pidieron de forma pacífica se tranquilizara, ya que lo único que ellos habían hecho era acudir al reporte recibido vía telefónica. Por ello, sostienen que en ningún momento se violó alguna entrada o se introdujeron sin consentimiento o bien sin motivo alguno, sino que actuaron como seguridad pública. Siguen narrando que la aquí quejosa Stefanie Tatiana Calderón Pichardo, les hizo referencia de ser la dueña, mostrándoles vía celular una fotografía donde ella era la dueña de la huerta; sin embargo, señalan que le explicaron que no podía deliberarse por medio de la fotografía a quien asistía la razón; que como ambas partes alegaban tener diversos derechos sobre la propiedad y/o huerta de árboles de aguacate, los invitaron a llegar a un arreglo mediante el dialogo. Valoraron la situación y nuevamente les invitaron a que vieran a sus abogados, para que atendieran la situación legal ante las autoridades competentes, retirándose del lugar; que en esos momentos se dirigió a ellos la impetrante de amparo en mención con una actitud diferente y expresándoles sus disculpas; que ellos la escucharon con respeto y le dijeron que solo hacían su trabajo sin agraviar a nadie. En ese contexto, es que se tienen por inexistentes los actos de desposesión de inmueble y de privación de la libertad que reclaman los quejosos. En idéntico sentido se resuelve respecto del Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, por los actos privativos de libertad, pues si bien es cierto que no rindió su informe justificado y que con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le reclaman; lo cierto es que es presunción de certeza se desvirtúa, puesto que al tenor de lo anteriormente analizado fueron Fabián Dimas Ortíz, Policía de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán, quien dio contestación al oficio girado al Director de Seguridad Pública Municipal y Juan Maurilio Contreras Mandujano, Policía de Seguridad Pública Municipal de Tacámbaro, Michoacán, quien da contestación al oficio girado a los Elementos de Seguridad que Patrullan la Unidad 7007 Rotulada "Policía Michoacán", quienes se constituyeron en el inmueble. Más aún, se estima que el Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, no cuenta con facultades para emitir los actos de desposesión de inmueble que reclaman los quejosos; de ahí también su inexistencia. Máxime, la parte quejosa fue omisa en ofrecer prueba que desvirtúe la aseveración de las autoridades o que demuestre lo alegado, por lo que no queda sino acoger esta última. De ahí que, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Presunción de certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Justicia de Tacámbaro, Michoacán y Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, fueron omisas en rendir el informe con justificación que les correspondía, no obstante haber sido debidamente notificados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les reclaman; ello, en atención a que el Agente sí cuenta con facultades para dictar actos de desposesión de inmueble y de privación de la libertad, que de manera esencial reclama la parte quejosa; y, el Coordinador para ejecutar los que se le imputan. QUINTO. Causas de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, se examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Esta juzgadora estima que en el caso, sí se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en: Orden de realizar una inspección ocular al inmueble de su propiedad consistente en el Predio Rústico denominado "PIEDRA DEL MOLINO", situado en el Rancho Piedra del Molino, Municipio y Distrito de Tacámbaro, Michoacán, el cual según título de propiedad tiene una superficie de 36-67-57.81 (treinta y seis hectáreas, sesenta y siete áreas, cincuenta y uno punto ochenta y un centiáreas), y recabar indicios, por la supuesta comisión de un delito sin decir cuál, todo esto sin que nuestros representados hayan sido llamados o solicitado la cooperación de los mismos para llevar a cabo la investigación, a pesar de que se tiene conocimiento de que existen algunas carpetas de investigación iniciadas en su contra, sin conocer mayores datos al respecto. Para evidenciar lo anterior, es conveniente citar el numeral que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". El precepto legal transcrito encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución el referido juicio y, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; los citados precepto y fracción vigentes a partir del cuatro de octubre de dos mil once, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Del precepto constitucional referido, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Con relación al tópico de mérito, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS"; y, 2a./J. 51/2019, titulada: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", respectivamente, establecieron criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, a saber: El acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Por tanto, la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo consiste en que en el primero el quejoso debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad, en cambio, en el segundo, se pueden combatir actos que se estiman lesivos de derechos humanos, sin la necesidad de que la parte quejosa demuestre se titular de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En las relatadas condiciones, la parte quejosa en el presente asunto, no acredita su interés jurídico para acudir al juicio de garantías -tal como se adelantó-, respecto del acto reclamado consistente en la: Orden de realizar una inspección ocular al inmueble de su propiedad consistente en el Predio Rústico denominado "PIEDRA DEL MOLINO", situado en el Rancho Piedra del Molino, Municipio y Distrito de Tacámbaro, Michoacán, el cual según título de propiedad tiene una superficie de 36-67-57.81 (treinta y seis hectáreas, sesenta y siete áreas, cincuenta y uno punto ochenta y un centiáreas), y recabar indicios, por la supuesta comisión de un delito sin decir cuál, todo esto sin que nuestros representados hayan sido llamados o solicitado la cooperación de los mismos para llevar a cabo la investigación, a pesar de que se tiene conocimiento de que existen algunas carpetas de investigación iniciadas en su contra, sin conocer mayores datos al respecto. En el caso, a juicio de esta juzgadora, la parte accionante de esta instancia constitucional, omitió probar, aún de manera indiciaria, la propiedad o posesión del bien inmueble materia del acto reclamado, ya que no exhibieron documental alguna para acreditarlo. Ello no obstante de que en el apartado de antecedentes señalan bajo protesta de decir verdad: "STEFANIE TATIANA CALDERÓN PICHARDO, MARTHA CECILIA CALDERÓN PICHARDO Y JOSÉ GUSTAVO CALDERÓN DELGADO, son dueños, las dos primeras del 25% veinticinco por ciento cada una y JOSÉ GUSTAVO CALDERÓN DELGADO del 50% cincuenta por ciento, respecto del conjunto de fracciones, que actualmente forman una sola unidad, siendo este el Predio Rustico denominado "PIEDRA DEL MOLINO", situado en el Rancho Piedra del Molino, Municipio y Distrito de Tacámbaro, Michoacán, el cual según título de propiedad tiene una superficie de 36-67-57.81 (treinta y seis hectáreas, sesenta y siete áreas, cincuenta y uno punto ochenta y un centiáreas). Lo que acreditamos con la copia de la escritura, que se encuentra inscrita bajo el número de Tomo 610, Registro 048, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Tacámbaro, Michoacán. Y bajo el número de registro de Consolidación del Usufructo Vitalicio 02 (DOS) del Tomo 38 (treinta y ocho), del libro de varios correspondiente al distrito de Tacámbaro." Sin embargo, los únicos anexos que exhibieron los promoventes son los instrumentos notariales en que les fue otorgado mandato por parte de los quejosos directos, no así la escritura que refiere, por lo que, no se tiene por acreditada la propiedad o posesión del inmueble que defienden; lo que permite concluir que carecen de interés jurídico para acudir al juicio de amparo al no tener reconocido un derecho, respecto de los actos enunciados. Así las cosas, se tiene que la parte quejosa, para acreditar el interés jurídico y ocurrir al juicio de amparo, debió acreditar durante la secuela del presente juicio, la propiedad o posesión del inmueble que defienden; circunstancia que en el caso no acontece, pues fueron omisos en ofrecer medio de convicción alguno tendente a acreditar de manera fehaciente dichas circunstancias, y con ello tener el interés suficiente para ocurrir al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice vulnerado por los actos de autoridad, por lo cual, cuando se acude al juicio de amparo reclamando actos como los señalados, el quejoso debe demostrarse que es el titular de tal derecho a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Por ende, como los actos reclamados no generan ni concretan un perjuicio que implique un agravio actual, real y directo al quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues es de explorado derecho que en el juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación de demostrar que los actos que reclama causan perjuicio a su esfera jurídica, por tanto, si los peticionarios de garantías no demuestran contar con la titularidad de un derecho legítimamente tutelado, es inconcuso que no acredita su interés jurídico para acudir a la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.16/94, que dispone: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En razón de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la: Orden de realizar una inspección ocular al inmueble de su propiedad consistente en el Predio Rústico denominado "PIEDRA DEL MOLINO", situado en el Rancho Piedra del Molino, Municipio y Distrito de Tacámbaro, Michoacán, el cual según título de propiedad tiene una superficie de 36-67-57.81 (treinta y seis hectáreas, sesenta y siete áreas, cincuenta y uno punto ochenta y un centiáreas), y recabar indicios, por la supuesta comisión de un delito sin decir cuál, todo esto sin que nuestros representados hayan sido llamados o solicitado la cooperación de los mismos para llevar a cabo la investigación, a pesar de que se tiene conocimiento de que existen algunas carpetas de investigación iniciadas en su contra, sin conocer mayores datos al respecto. De ahí que, que esta juzgadora federal se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación en los que la parte quejosa alega vulneración a su derecho de propiedad o posesión del inmueble que defienden. Pues al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto por dicho acto, se reitera que este juzgado federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de dichos conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.". En ese sentido, toda vez que las partes no invocaron otra causal de improcedencia, ni esta juzgadora advierte la actualización de alguna otra, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado existente, consistente en los actos de privación de la libertad, que de manera esencial reclama la parte quejosa. SEXTO. Síntesis y estudio de los conceptos de violación y estudio. No es necesario ni obligatorio transcribir los motivos de disenso para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en la sentencia, por lo que su análisis se realiza en el presente considerando de conformidad con lo siguiente: La parte quejosa reclama: Actos de molestia en contra de nuestros representados, sobre la libertad de nuestros mandatarios, sin que les sea notificado por las autoridades el delito por el cual se les acusa, en razón a que las autoridades señaladas como responsables, realizan actos de vigilancia o rondines, por lo que se refiere a la seguridad pública, e inclusive se han llegado a introducir a propiedad privada sin mediar orden alguna de autoridad. Al respecto, se duele de esos hechos puesto que no se les ha llamado ni entrevistado, tampoco se les ha hecho del conocimiento sobre la integración de alguna carpeta de investigación, y que por ellos se violan derechos constitucionales, al causarles actos de molestia en su persona. Los conceptos de violación son infundados. Es así, pues en el caso, el acto de privación de la libertad, que de manera esencial reclama la parte quejosa, y que puede consistir en órdenes de comparecencia, arresto, localización, presentación, citación o entrevista, no es inconstitucional en sí mismo por las razones que se exponen a continuación. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Asimismo, compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. En ese contexto, como la misma parte quejosa lo expone, las autoridades señaladas como responsables, realizan actos de vigilancia o rondines, por lo que se refiere a la seguridad pública, e inclusive que se han llegado a introducir a su propiedad privada sin mediar orden alguna de autoridad; esto es, tanto el representante social por quien se presumió cierto el acto reclamado, se encuentra facultado para realizar funciones de investigación; asimismo, como autoridades administrativas para aplicar el arresto hasta por treinta y seis horas, como sanción por alguna infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, actos respecto de los cuales, como se vio en el párrafo precedente se encuentran facultados constitucionalmente para indagar hechos ilícitos y aplicar ese tipo de sanciones. Además, de conformidad con lo previsto por los diversos numerales 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona está obligada a presentarse ante el Ministerio Público cuando sea citada, precisamente para la investigación de hechos ilícitos. En consecuencia, al no ser inconstitucional en sí mismos los actos aquí analizados, conforme al párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la ejecución reclamada correspondía a la parte quejosa, lo que no hizo. En efecto, en el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de derechos que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aun y cuando las autoridades responsables no rindan su informe justificado, pues si bien es cierto la ley establece la presunción de la existencia de los actos, también es verdad que arroja en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. De ahí, que si el quejoso no logró demostrar que se vulnere en su perjuicio los derechos fundamentales que citó como infringidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 343/2022, por las autoridades, actos y razones dadas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Stefanie Tatiana Calderón Pichardo, Martha Cecilia Calderón Pichardo, José Gustavo Calderón Delgado, Amparo Delgado Barriga, Víctor Fabián Medina Tejadilla y Leonardo Delgado Barriga, por las autoridades, actos y razones dadas en los considerandos segundo y sexto de la presente resolución dictada en el juicio de amparo 343/2022. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.

  4. Incidental

    Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se niega a Stefanie Tatiana Calderón Pichardo, Martha Cecilia Calderón Pichardo, José Gustavo Calderón Delgado, Amparo Delgado Barriga, Víctor Fabián Medina Tejadilla y Leonardo Delgado Barriga, la suspensión definitiva, dentro del cuaderno incidental 343/2022, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Se concede a Stefanie Tatiana Calderón Pichardo, Martha Cecilia Calderón Pichardo, José Gustavo Calderón Delgado, Amparo Delgado Barriga, Víctor Fabián Medina Tejadilla y Leonardo Delgado Barriga, la suspensión definitiva, dentro del cuaderno incidental 343/2022, por las razones expuestas en el considerando quinto, respecto de las autoridades responsables "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE TACÁMBARO, MICHOACÁN y COORDINADOR DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE URUAPAN, MICHOACÁN. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano