Victor Eusebio Bolaños Cacho Ramírez

Expediente 915/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
915/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Victor Eusebio Bolaños Cacho Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por Serafín Juan de Dios Santiago, quien se ostenta como tercero interesado en el presente juicio promovido por VÍCTOR EUSEBIO BOLAÑOS CACHO RAMÍREZ; sin que haya lugar a dictar providencia alguna respecto al incidente de objeción de documento falso y nulidad que refiere, toda vez que no tiene algún carácter reconocido en el presente asunto, además que el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del juicio como definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se promovió recurso alguno. Finalmente, devuélvase a la directora del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, residente en la Ciudad de Oaxaca, un cuaderno de copias certificadas del expediente administrativo, que dio origen al registro de cuenta catastral número 874178, que remitió el jefe de la Unidad jurídica de dicho Instituto, en apoyo al informe justificado rendido en autos; asimismo, se ordena devolver a la juez Quinto de lo Civil, del Distrito Judicial del Centro, los autos originales del expediente civil 696/2011, de su índice, que envió a este juzgado, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de noviembre del presente año, con los que se ordenó formar tres tomos de pruebas, como anexos al presente juicio de amparo. Solicítense los acuses de recibo correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 915/2018; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, Víctor Eusebio Bolaños Cacho Ramírez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, directora del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, y al registrador del Distrito Judicial del Centro o registrador del Distrito Judicial del Centro del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, consistentes en: "...IV. ACTOS RECLAMADOS. De la JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA reclamo: LA SENTENCIA, OTORGAMIENTO, FIRMA Y ADJUDICACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA A FAVOR DEL TERCERO INTERESADO JUAN CARLOS OLIVARES CONTRERAS, derivado de lo acontecido en el expediente civil número 696/2011, Segunda Secretaría del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, respecto del terreno urbano marcado con el número 303 de la Avenida Hornos camino a Ex Hacienda el Rosario del Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, con las medidas y colindancias que más adelante se detallaran, bien inmueble de mi legal y absoluta propiedad. De igual forma le reclamo todas las consecuencias jurídicas que de hecho y por derecho se deriven de los actos antes indicados que atribuyo a la citada responsable, con las cuales se me priva del lote de terreno que reclamo de mi legítima propiedad. De la DIRECTORA DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA reclamo: la cuenta catastral número 874178 derivada de la ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA A FAVOR DEL TERCERO INTERESADO JUAN CARLOS OLIVARES CONTRERAS, surgida de lo acontecido en el e expediente civil número 696/2011, Segunda Secretaría del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, respecto del terreno urbano marcado con el número 303 de la Avenida Hornos camino a Ex Hacienda el Rosario del Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, con las medidas y colindancias que más adelante se detallaran, bien inmueble de mi legal y absoluta propiedad. De igual forma le reclamo todas las consecuencias jurídicas que de hecho y por derecho se deriven de los actos antes indicados que atribuyo a la citada responsable, con las cuales se me priva del lote de terreno que reclamo de mi legítima propiedad. Del REGISTRADOR DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO o REGISTRADOR DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA reclamo: el tramite SIR-0110178, TOMO ÚNICO, REGISTRO 41082 derivada de la ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA A FAVOR DEL TERCERO INTERESADO JUAN CARLOS OLIVARES CONTRERAS, surgido de lo acontecido en el expediente civil número 696/2011, Segunda Secretaría del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, respecto del terreno urbano marcado con el número 303 de la Avenida Hornos camino a Ex Hacienda el Rosario del Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, con las medidas y colindancias que más adelante se detallaran, bien inmueble de mi legal y absoluta propiedad." Actos que estimó violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (foja 12), se requirió al promovente para que aclarara la demanda, en los siguientes términos "1.- Precise el carácter que tiene reconocido en el juicio sumario civil 696/2011, del índice del juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, en la Ciudad de Oaxaca. 2.- Manifieste si únicamente reclama del juez responsable la sentencia dictada en ese juicio. 3.- O en su caso, si también reclama la falta o incorrecto emplazamiento al juicio sumario civil 696/2011, del índice del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, en la Ciudad de Oaxaca, así como la autoridad a quien le atribuye ese acto. 4.- En caso de realizar este último, el escrito correspondiente, deberá reunir los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo." Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 21), en cumplimiento al requerimiento que se le formuló, el promovente manifestó lo siguiente: ".1.- No tengo ningún carácter reconocido en el juicio sumario civil 696/2011, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oax., por no ser parte. 2.- Del Juez responsable reclamo cuatro actos: LA SENTENCIA, OTORGAMIENTO, FIRMA Y ADJUDICACOIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA A FAVOR DEL TERCERO INTERESADO JUAN CARLOS OLIVARES CONTRERAS, verificado en el juicio sumario civil 696/2011, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del centro, Oaxaca. 3.- No reclamo el emplazamiento al juicio sumario civil 696/2011, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oax., por no ser parte.". TERCERO. Mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de amparo, declinando competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec (fojas 22 - 23). Dicho Tribunal, por acuerdo de cuatro de octubre del año en curso, dictado en el amparo directo 729/2018, de su índice, rechazó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional (foja 1), por lo que mediante proveído de ocho de octubre del año que transcurre (fojas 33 - 34), este juzgador admitió la demanda de mérito, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. Además, por acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó emplazar al juicio al tercero interesado Juan Carlos Olivares Contreras (foja 110). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 5, fracción I, 37, 107, 108, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, la cual debe considerarse como un todo y tenerse como acto reclamado aquello que se considere lesivo de derechos, se advierte que en el caso, el quejoso reclama lo siguiente: Del juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. 1. La sentencia dictada en el juicio sumario civil 696/2011, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro; y, 2. Sus consecuencias que se traducen en el otorgamiento, firma y adjudicación de la escritura pública de compraventa a favor de Juan Carlos Olivares Contreras, sobre el terreno urbano marcado con el número trescientos tres de la avenida Hornos, camino a Ex Hacienda el Rosario, del municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Oaxaca, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al Norte mide setenta y nueve metros con ochenta centímetros, y colinda con la propiedad de Mario de Jesús Rodríguez Socorro; al Oriente mide veinticinco metros, y colinda con la propiedad de Juan Alemán Caballero; al Sur mide setenta y nueve metros con ochenta centímetros, y colinda con la propiedad de Estela Martínez Morales; y, al Poniente mide veinticinco metros, y colinda con avenida Hornos. Del director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. La cuenta catastral número 874178, folio SIR-0110178, registrado en el Sistema Informático Registral del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, a nombre de Juan Carlos Olivares Contreras. Del registrador del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. El registro de la cuenta catastral número 874178, folio SIR-0110178, a nombre de Juan Carlos Olivares Contreras. Por tanto, dichos actos son los que se tienen como reclamados en el presente juicio de amparo. TERCERO. Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado convinieron con la existencia de los actos reclamados que se les atribuye (fojas 40, 63 - 67 y 70 - 72). Lo que se corrobora con la documental que remitió la juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, como apoyo a su informe, consistente en copia certificada obtenida del juicio sumario civil 696/2011 (fojas 76 - 106, y dos tomos de pruebas anexos al presente juicio), de su índice; por tanto, los actos reclamados se tienen plenamente probados, en términos de la jurisprudencia 305, visible en la página 206, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Previo al examen de las causales de improcedencia cuyo orden público obliga a su estudio preferente, conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la figura del tercero extraño a juicio, para efectos del amparo. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de audiencia que consiste en que todo gobernado previo a cualquier acto de autoridad que pudiera tener por objeto privarlo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o de derechos, se le debe dar oportunidad razonable de defenderse en juicio. Las formalidades esenciales del procedimiento constituyen las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso, sea jurisdiccional o administrativo, a fin de garantizar la adecuada defensa del gobernado, previamente al acto privativo de sus derechos fundamentales. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que se puedan desarrollar las demás, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. En el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina emplazamiento; su importancia y trascendencia han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que su falta o defectuosa práctica, constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Ello porque, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. En este marco se inscribe la institución de lo que la jurisprudencia se ha encargado de denominar tercero extraño a juicio por equiparación, que se identifica con la persona que, siendo parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella o bien, habiéndolo sido, el llamado resultó defectuoso, de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al respecto por encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental, alega en el juicio de amparo. En la misma línea se encuentra el tercero extraño stricto sensu, pero a diferencia del anterior, éste es ajeno a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio, y no obstante, se ve afectado en su esfera de derechos por virtud del mismo. En ese supuesto, el tercero extraño referido acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte. Precisado lo anterior, se tiene presente que en este juicio, el quejoso acude al amparo ostentándose como tercero extraño a juicio stricto sensu; aduciendo que sin ser parte en el juicio, se le privó de un bien inmueble de que tiene la calidad de propietario. Así, de las constancias que obran en el sumario se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio constitucional es improcedente cuando el acto reclamado no afecte el interés jurídico del peticionario de amparo, el cual consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se refiere a la titularidad de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del gobernado, como se advierte del contenido de la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Auxiliar de la Octava Región, localizable en la página 1807, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". Así, el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien afecte el acto de autoridad o la norma general, de donde se infiere que la noción de perjuicio, para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo en su artículo 5 fracción I, toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido, el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo de la quejosa, pudiendo identificarse el primero de ellos con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Además, el interés jurídico o legítimo para promover el juicio de amparo se encuentra relacionado con el concepto de afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, previsto en el artículo 5 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 584, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los Tribunales Federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". Luego, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que de las constancias deducidas del juicio sumario civil 696/2011, que remitió la juez responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de este ordenamiento, se desprende lo siguiente: 1.- Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil once (fojas 2 - 9 del tomo I del cuaderno de pruebas), ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, Juan Carlos Olivares Contreras, demandó en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción proforma a: Lorenzo García Lara: a).- El otorgamiento y firma de la escritura pública del contrato de compraventa celebrado el diez de febrero de dos mil cinco, respecto del bien inmueble ubicado en avenida Hornos, número trescientos tres, antes camino a Ex Hacienda del Rosario, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca. b).- El pago de los gastos y costas que origine el presente juicio hasta su total terminación. Registrador del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: La inscripción definitiva de la escritura pública de compraventa en la sección segunda "Títulos Traslativos de Dominio", respecto del bien inmueble ubicado en avenida Hornos, número trescientos tres, antes camino a Ex Hacienda del Rosario, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca. 2.- En catorce de diciembre de dos mil once, la juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, admitió la citada demanda presentada en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción proforma, asignándole el número de juicio 696/2011; además, dictó auto con efectos de mandamiento, y ordenó a la ejecutora adscrita a ese juzgado, se constituyera en el domicilio señalado en autos como de los demandados Lorenzo García Lara y del registrador del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y observando las formalidades a que se refiere el artículo 112 del Código de Procedimiento Civiles vigente en el Estado, les notificara el auto de catorce de diciembre de dos mil once, y con copias simples de la demanda y anexos, les corriera traslado y los emplazara para que dentro del término de cinco días, comparecieran ante ese Juzgado a contestar la demanda entablada en su contra, apercibiéndolos que de no hacerlo, se les tendría por presuntivamente confesos de los hechos de la misma (fojas 1 y 12 del tomo I del cuaderno de pruebas). 3.- Por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil doce, declaró en rebeldía a los demandados Lorenzo García Lara y registrador del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por no haber dado contestación a la demanda dentro del plazo concedido, a pesar de haber sido notificados y emplazados para ello; asimismo, en dicho auto, mandó abrir el juicio a prueba, lo que ordenó notificar a los demandados declarados rebeldes, mediante edictos (fojas 23 y 24 del tomo I del cuaderno de pruebas). 4.- Seguida la secuela del procedimiento, mediante auto de quince de agosto de dos mil doce, señaló hora y fecha para que tuviera lugar la audiencia de alegatos, con efectos de citación para sentencia (foja 77 vuelta del tomo I del cuaderno de pruebas). 5.- El dieciséis de enero de dos mil trece (fojas 85 vuelta - 90 del tomo I del cuaderno de pruebas), se dictó la sentencia correspondiente en la cual se condenó a Lorenzo García Lara, al otorgamiento y firma de la escritura pública que ampara el contrato de compraventa celebrado el diez de febrero de dos mil cinco, respecto del bien inmueble ubicado en avenida Hornos número trescientos tres, antes camino a Ex Hacienda del Rosario, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias, al Norte, mide ochenta y un metros con veinte centímetros, y colinda con Mario de Jesús Rodríguez Socorro; al Sur, mide ochenta y un metros con veinte centímetros, y colinda con la propiedad de Estela Martínez Morales; al Oriente, mide veintitrés metros con veinte centímetros, y colinda con propiedad de Juan Alemán; y, al Poniente, mide veinticuatro metros con ochenta centímetros, y colinda con camino a Ex Hacienda El Rosario, actualmente avenida Hornos. 6.- Mediante acuerdo de dieciséis de abril de dos mil trece, se declaró que la sentencia dictada en autos, había causado ejecutoria, por lo que concedió el plazo de cinco días al demandado, para que cumpliera voluntariamente con la sentencia (fojas 153 vuelta y 157, del tomo I del cuaderno de pruebas). 7.- En auto de treinta de septiembre del dos mil trece (foja 164 del tomo I del cuaderno de pruebas), ordenó remitir los autos originales al notario Público número Ciento Dos en el Estado, para que diera cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, toda vez que el demandado no cumplió de manera voluntaria con la sentencia dictada en autos. Asimismo, le hizo saber a dicho fedatario que debería requerir a la parte perdidosa, para que dentro del término de tres días compareciera ante la notaría a su cargo, a efecto de otorgar la escritura respectiva, apercibiéndolo que en caso de inasistencia injustificada, el personal de ese Juzgado la otorgará en su rebeldía. En virtud de lo anterior, por auto de once de marzo de dos mil catorce (foja 168 del tomo I del cuaderno de pruebas), tuvo al notario Público número Ciento Dos en el Estado, remitiendo los autos originales del citado expediente, así como informando que realizó dicha escritura, la cual obra en el instrumento número quinientos seis, del volumen once, de veintiuno de febrero de dos mil catorce, del protocolo a su cargo. De esa manera, considerando que el quejoso comparece como extraño en estricto sentido, pues no es parte formal, debe evidenciar su interés jurídico de forma fehaciente, con las pruebas relativas; esto es debe acreditar que adquirió la titularidad del derecho de propiedad sobre el automotor que defiende mediante un acto jurídico. Para acreditar la titularidad del derecho de propiedad que refiere afectado, anexó a su demanda de amparo: Copia certificada del contrato privado de compraventa, celebrado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, entre Rogelio Hernández Cordero, en su carácter de vendedor, y Víctor Eusebio Bolaños Cacho Ramírez, como comprador, del bien inmueble marcado con el número trescientos tres de la avenida Hornos, camino a Ex Hacienda el Rosario, del municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Oaxaca, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al Norte mide setenta y nueve metros con ochenta centímetros, y colinda con la propiedad de Mario de Jesús Rodríguez Socorro; al Oriente mide veinticinco metros, y colinda con la propiedad de Juan Alemán Caballero; al Sur mide setenta y nueve metros con ochenta centímetros, y colinda con la propiedad de Estela Martínez Morales; y, al Poniente mide veinticinco metros, y colinda con avenida Hornos (fojas 16 - 18). No obstante, dicha documental es insuficiente para acreditar el interés jurídico en este juicio de amparo, pues la copia certificada del contrato privado de compraventa, no es susceptible de probar el interés jurídico del quejoso, por no encontrarse inscrito en el Registro Público de la Propiedad. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia XXVII.3o. J/13 (10a.), sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II, con número de registro 2009747, que aparece publicada en la página 1945 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA CARENTE DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL. ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO EN DEFENSA DE SU DERECHO DE PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). De conformidad con los artículos 2548, 2549, 2598, 2228, 3159 y 3160 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, la compraventa se perfecciona y surte plenamente sus efectos, tratándose de bienes inmuebles, hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Ahora bien, dados sus efectos constitutivos, para estimar válida tanto la traslación del dominio como la constitución del derecho real de propiedad a favor del comprador, resulta indispensable que se verifique su inscripción. En tales condiciones, para efectos del juicio de amparo, debe considerarse inidóneo el contrato de compraventa carente de inscripción registral si a través de dicho documento el quejoso pretende acreditar su interés jurídico al instar el amparo biinstancial en defensa de su derecho de propiedad, aun cuando aquél cuente con fecha cierta, en virtud de actualizarse una hipótesis distinta a la citada inscripción registral ya que, en tal caso, el consabido derecho subjetivo público de propiedad aún no se encuentra constituido, dados los términos en que el legislador local lo dispuso, pues será hasta que se inscriba ante el Registro Público de la Propiedad cuando el pacto volitivo se perfeccione y surta plenamente sus efectos. Es así, pues los artículos 2124, 2197, 2883, fracción I y 2884 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, disponen: "Artículo 2124.- Habrá compraventa, cuando uno de los contratantes se obliga a transferir un derecho o la propiedad de una cosa y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero." "Artículo 2197.- La venta de los bienes raíces, cualquiera que sea su valor, no producirá efectos contra tercero sino después de registrado en los términos prescritos en este código. "Artículo 2883.- Se inscribirán en el Registro: I. Los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica o extingue el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles, las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles, o a la declaración, constitución, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquellas; . " "Artículo 2884.- Los documentos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registran, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el que sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables." El análisis sistemático de los anteriores preceptos, permite llegar al conocimiento que el contrato de compraventa es consensual, esto es, que para su perfeccionamiento no se requieren más requisitos que el comprador y vendedor se pongan de acuerdo en la cosa y en el precio, con independencia que se haga tradición de la misma o entrega. Asimismo, para su validez no se requiere de especial formalidad, sino sólo cuando recae sobre bienes inmuebles, como en el caso de que se trata, en cuyo caso debe constar en escritura pública. Como se ve, dos son los elementos esenciales del contrato de compraventa: el consentimiento y el objeto; de ahí que su inscripción en el Registro Público de la Propiedad no es un elemento esencial, sino, de publicidad, pero cuya omisión sí produce efectos de derecho. En el caso, los actos reclamados derivan de un juicio sumario civil, en que otras cosas se reclamó el otorgamiento y firma de la escritura pública de un contrato de compraventa, en donde se plantearon conflictos relacionados con derechos reales. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que el derecho real confiere a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa; lo faculta a exigir de los demás que se abstengan de actuar sobre el mismo objeto o en relación con él; también otorga un derecho de persecución del citado titular sobre el inmueble correspondiente, así como un derecho de preferencia, cuando se trata naturalmente de los derechos reales que constituyen una garantía. En esa tesitura, cuando surge un conflicto de derechos reales, se considera necesario esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, para ser oponible frente a terceros con derechos reales. Así, los artículos 2197, 2883, fracción I y 2884 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, prescriben que los títulos por los cuales se adquiere el dominio deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y, en caso contrario, no perjudicarán a terceros, quienes sí podrán aprovecharlos en cuanto les fueren favorables, circunstancia que se reitera en el último de los preceptos invocados. De lo expuesto, debe concluirse que el contrato privado de compraventa, celebrado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, entre Rogelio Hernández Cordero, en su carácter de vendedor, y Víctor Eusebio Bolaños Cacho Ramírez, como comprador, respecto del bien inmueble marcado con el número trescientos tres de la avenida Hornos, camino a Ex Hacienda el Rosario, del municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Oaxaca, no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad; por ende, el aquí quejoso carece de interés jurídico para oponer el título no inscrito contra una escritura de adjudicación. En otro orden de ideas, también se advierte que el quejoso no demostró la identidad entre el bien inmueble respecto del que se condenó al demandado al otorgamiento y firma dela escritura pública que amparara el contrato de compraventa, celebrado el diez de febrero de dos mil cinco, en el juicio sumario civil, con el que defiende en la presente instancia. Cierto, pues el bien inmueble respecto del que se condenó al demandado al otorgamiento y firma dela escritura pública que amparara el contrato de compraventa, celebrado el diez de febrero de dos mil cinco, en el juicio sumario civil 696/2011, es el siguiente: Ubicado en avenida Hornos número trescientos tres, antes camino a Ex Hacienda del Rosario, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias, al Norte, mide ochenta y un metros con veinte centímetros, y colinda con Mario de Jesús Rodríguez Socorro; al Sur, mide ochenta y un metros con veinte centímetros, y colinda con la propiedad de Estela Martínez Morales; al Oriente, mide veintitrés metros con veinte centímetros, y colinda con propiedad de Juan Alemán; y, al Poniente, mide veinticuatro metros con ochenta centímetros, y colinda con camino a Ex Hacienda El Rosario, actualmente avenida Hornos. Por otra parte, para acreditar la propiedad del referido inmueble, el quejoso anexó a su demanda de amparo copia certificada del contrato privado de compraventa, celebrado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, entre Rogelio Hernández Cordero, en su carácter de vendedor, y Víctor Eusebio Bolaños Cacho Ramírez, como comprador, del bien inmueble: Marcado con el número trescientos tres de la avenida Hornos, camino a Ex Hacienda el Rosario, del municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Oaxaca, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al Norte mide setenta y nueve metros con ochenta centímetros, y colinda con la propiedad de Mario de Jesús Rodríguez Socorro; al Oriente mide veinticinco metros, y colinda con la propiedad de Juan Alemán Caballero; al Sur mide setenta y nueve metros con ochenta centímetros, y colinda con la propiedad de Estela Martínez Morales; y, al Poniente mide veinticinco metros, y colinda con avenida Hornos. Ahora, el análisis comparativo del bien inmueble que defiende el quejoso en esta instancia constitucional, con aquél a que fue condenado el demandado al otorgamiento y firma de la escritura pública, en el juicio sumario civil 696/2011, permite apreciar que no se demuestra exista identidad entre ellos. Efectivamente, existen discrepancias entre las medidas del documento con el que el quejoso pretende acreditar la titularidad del bien (contrato privado de compraventa), con el bien inmueble objeto del litigio de donde deriva el acto reclamado (juicio sumario civil número 696/2011). Es decir, debió haber demostrado la identidad entre el predio a que alude el citado documento anexo a la demanda de garantías (fojas 15 - 17), con aquél sobre el que fue objeto del litigio en el juicio sumario civil 696/2011. Lo que debió hacer por medio de la prueba pericial, que es la idónea para acreditar la identidad del bien cuya propiedad dice ostentar la quejosa, con aquél que se dice afectado en virtud de la orden emitida por la responsable. Por lo tanto, es concluyente establecer que ante la falta de demostración del interés jurídico del solicitante de garantías, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta, máxime que la fracción que interpreta es similar a la legislación vigente Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 76, 77, 78 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 915/2018, promovido por VÍCTOR EUSEBIO BOLAÑOS CACHO RAMÍREZ. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta y anexos, suscrito por la juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en la Ciudad de Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado, anexando las documentales que refiere; por lo tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las documentales que anexa la juez responsable, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional y se tengan por recibidas en ese acto; ahora bien, dado lo voluminoso de las referidas documentales, con la finalidad de facilitar su manejo, fórmense con las mismas dos tomos de pruebas como anexos a los presentes autos, los que quedan a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este órgano jurisdiccional. Por otro lado, advirtiéndose de las constancias remitidas por la juez responsable, a Juan Carlos Olivares Contreras, le reviste el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el citado precepto legal, y en obvio de mayores dilaciones, se ordena al actuario adscrito se constituya en el domicilio ubicado en Andador El Tule, número ciento seis, unidad habitacional FOVISSSTE, Pozas Arcas, en la Ciudad de Oaxaca, o zona conurbada, y con copia simple de la demanda de garantías y del auto de inicio, emplace al presente juicio y corra traslado con el referido acuerdo, al citado tercero; apercibiéndolo para que en el momento del emplazamiento o dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca, para oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal se le harán por medio de lista de acuerdos, conforme con lo establecido en la fracción III del numeral 26, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se dejan sin efectos las nueve horas con treinta minutos del día catorce de noviembre del presente año, fecha y hora señaladas en proveído de seis de noviembre actual, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE EN CURSO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO.

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