Víctor Daniel Jacinto López y Otros.
Expediente 435/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Víctor Daniel Jacinto López y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación, toda vez que el proveído de trece de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 686/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, por propio derecho promovió demanda de amparo contra actos del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Director del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; que hizo consistir en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.- DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA RECLAMO: a).- La promulgación y envío para su publicación en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como su aplicación, efectos y consecuencias jurídicas y fácticas presentes y futuras. b).- La inconstitucionalidad del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo, las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como su aplicación, efectos y consecuencias jurídicas y fácticas presentes y futuras. 2.- DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA RECLAMO: a).- El refrendo de la promulgación y envío para su publicación en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como su aplicación, efectos y consecuencias jurídicas y fácticas presentes y futuras. b).- La inconstitucionalidad del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como su aplicación, efectos y consecuencias jurídicas y fácticas presentes y futuras. 3.- DEL C. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL, ÓRGANO DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA RECLAMO: a).- Demando como vicio propio de inconstitucionalidad la publicación del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Lo anterior por no cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 58 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. b).- La inconstitucionalidad del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como su aplicación, efectos y consecuencias jurídicas y fácticas presentes y futuras. 4.- DE LA SEXÁGESIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA RECLAMO: a).- La falta del debido proceso deliberativo de naturaleza democrática que invistió la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que culminó con el decreto 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. b).- La discusión, aprobación y expedición del decreto 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Así como su aplicación, efectos y consecuencias en sus artículos transitorios primero y segundo. c).- La inconstitucionalidad del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como su aplicación, efectos y consecuencias jurídicas y fácticas presentes y futuras. d).- Todos los efectos, consecuencias directas e indirectas, actos implícitos y de ejecución derivados del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. e).- La revocación del Nombramiento que se realiza contra el quejoso ******************** como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Oaxaca, quien fue designado en términos del artículo 114 apartado C, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, anterior a la reforma combatida en esta instancia constitucional, como se ordena en el artículo transitorio primero del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. f).- La inconstitucionalidad de la actual redacción del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en consecuencia de la misma no da al quejoso seguridad y certeza jurídica. 5.- DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA RECLAMO: a).- La falta del debido proceso deliberativo de naturaleza democrática que invistió la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que culminó con el decreto 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. b).- La discusión, aprobación y expedición del decreto 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Así como su aplicación, efectos y consecuencias en sus artículos transitorios primero y segundo. c).- La inconstitucionalidad del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como su aplicación, efectos y consecuencias jurídicas y fácticas presentes y futuras." La inconstitucionalidad del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como su aplicación, efectos y consecuencias jurídicas y fácticas presentes y futuras. Actos que estima violan los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1°, 14, 16, 17, 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, registrándola bajo el número de expediente 686/2021; la que por auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se desechó, inconforme el quejoso con esa determinación interpuso recurso de queja en su contra. Por ejecutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja ********************, por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, declararon fundado dicho recurso, ordenando que se acordara lo conducente en relación a la admisión de la demanda de amparo. TERCERO. Admisión y trámite. En cumplimiento a la ejecutoria del Tribunal de Alzada, este Juzgado Tercero de Distrito, admitió la demanda en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Corrección de denominación de autoridades. En diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso señalando la denominación correcta de las autoridades siguientes: -Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y -Comisión Permanente de Estudio Constitucionales de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Por lo que se les solicitó su respectivo informe justificado. QUINTO. Audiencia constitucional. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; por lo que se pronuncia sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte, que la parte quejosa reclama: La inconstitucionalidad del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el extra de fecha 1 de junio del año 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. La revocación del nombramiento del quejoso ******************** como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Oaxaca, quien fue designado en términos del artículo 114 apartado C, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, anterior a la reforma combatida en esta instancia constitucional. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Directora Jurídica de la Secretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca; el Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, por instrucciones del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en su carácter de representante legal del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y superior jerárquico del Jefe de la Unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado; la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, y la Presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, cada una en el ámbito de su competencia, manifestaron que son ciertos los actos reclamados. Lo que así se corrobora con las documentales remitidas por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, página 516, con número de registro 280620, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Alegada por cualesquiera de las partes, debe resolverse previamente sobre ella, ya que la Corte debe examinar este punto, aun de oficio." En el caso, el Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, por instrucciones del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en su carácter de representante legal del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, argumenta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, toda vez que -dice- el Congreso del Estado de Oaxaca tiene la facultad constitucional de elección y remoción de funcionarios. Es fundado lo anterior. En efecto, el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; (.)" De la lectura del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando las constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema, soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues, precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, en virtud de un procedimiento de amparo, intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana, en el caso concreto sobre la designación o remoción (temporal o definitiva) de un funcionario. La impugnabilidad de dichos actos, deviene de las facultades y atribuciones que les confiere la Constitución Federal o Local, para resolver en ese sentido; lo que hace improcedente el juicio de amparo en contra de éstos. A efecto de estar en aptitud de evidenciar la actualización de la referida causal de improcedencia en el presente asunto, conviene transcribir lo que para tal efecto disponen los artículos 59, fracción LXX, y 114, apartado C, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. SECCIÓN CUARTA DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO DEL ESTADO "Artículo 59.- Son facultades del Congreso del Estado: . LXX.- Elegir al titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, conforme al artículo 21 Bis de esta Constitución, así como a los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conforme al artículo 114, apartado C, de esta Constitución y a su Contralor. Fracción LXX adicionada mediante decreto Número 1263 aprobado el 30 de junio del 2015 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 30 de junio del 2015. (Fracción LXX reformada mediante decreto Número 1609 aprobado por la LXIII Legislatura el 25 de septiembre del 2018 y publicado en el Periódico Oficial número 45 Octava Sección el 10 de noviembre del 2018). (Fracción reformada mediante decreto número 1794, aprobado por la LXIV Legislatura del Estado el 10 de diciembre del 2020 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 7 Segunda sección de fecha 13 de febrero del 2021). . TÍTULO SEXTO DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO "Artículo 114.- Conforme a esta Constitución y sus leyes respectivas, los órganos autónomos del Estado son entes públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Gozan de autonomía técnica, para su administración presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Tienen el derecho a iniciar leyes en las materias de su competencia, presentar el proyecto de presupuesto que requieran para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, así como promover controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en el ámbito de su competencia local. Están facultados para imponer las sanciones administrativas que la Ley establezca y, en su caso, ordenar procedimientos ante la autoridad competente. Cada órgano rendirá a través de sus titulares un informe anual de labores ante el pleno del Congreso del Estado, el cual será publicitado por los medios electrónicos disponibles en formatos abiertos, accesibles y reutilizables. . Los órganos autónomos del Estado desarrollarán las actividades de su competencia, de conformidad con las siguientes disposiciones: . C. EL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. (Apartado C reformado mediante decreto Número 2473 aprobado por la LXIV Legislatura el 14 de abril del 2021 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 1 de junio del 2021) El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, a la protección de datos personales y garantizar la observancia de las normas y principios de bueno gobierno, en los términos que establezca la ley. (Párrafo reformado mediante decreto Número 2473 aprobado por la LXIV Legislatura el 14 de abril del 2021 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 1 de junio del 2021) Sesionará colegiadamente y públicamente, se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, buena fe, no discriminación, oportunidad y buen gobierno. (Párrafo reformado mediante decreto Número 2473 aprobado por la LXIV Legislatura el 14 de abril del 2021 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 1 de junio del 2021) Su Pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso de Estado atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine las leyes en la materia. La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años. (Párrafo reformado mediante decreto Número 2473 aprobado por la LXIV Legislatura el 14 de abril del 2021 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 1 de junio del 2021) El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del Estado, en un plazo de diez días hábiles. Si el Gobernador no objetare el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado, la persona nombrada por el Congreso del Estado. Sus integrantes no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie remuneración alguna. Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme la legislación que establezca el Estado, observando en todo momento el principio de austeridad. (Párrafo reformado mediante decreto Número 2473 aprobado por la LXIV Legislatura el 14 de abril del 2021 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 1 de junio del 2021) ." De los preceptos transcritos se advierte que el Congreso del Estado de Oaxaca, tiene facultades, entre otras, para nombrar y remover, conforme a la Constitución y a las leyes correspondientes, a sus funcionarios y empleados; así como para la organización y funcionamiento de los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como las atribuciones de éste. Asimismo, se advierte que el Congreso del Estado de Oaxaca, previo el procedimiento respectivo, designará al Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el que estará integrado por un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados ciudadanos. En ese sentido, si en la especie el quejoso reclama la revocación de su nombramiento como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Oaxaca; por tanto resulta incuestionable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J 71/2010 con número de registro 164583, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 833 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en el tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, los artículos 35, fracción XXXIII, de la Constitución y 43, fracciones I a VII, de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas del Estado de Jalisco, confieren al Congreso Local la facultad para elegir o ratificar al Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el mencionado artículo 43, fracciones I a VII, establezca diversos requisitos que debe cumplir la Legislatura para la elección o ratificación correspondientes, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, ya que no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. En ese sentido, tales actos encuadran en el supuesto del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse esa causa, extendiéndose a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación o ratificación mencionados, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación o ratificación, que son los únicos que en todo caso podrían irrogar perjuicio a determinada persona, menos procederá la acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio." Así como la diversa tesis con número de registro 173819, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en el Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, que establece: "COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado tiene lugar cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (o la estatal relativa, en su caso) confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, la atribución que el artículo 102, apartado B, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Federal confiere a la Cámara de Senadores (y en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) para elegir mediante votación calificada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; lo que se corrobora con la exposición de motivos y los demás documentos integrantes del proceso legislativo que originaron el decreto que reformó el precepto constitucional mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, pues de ellos se advierte que al sentar las bases de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tuvo la clara intención de crear un auténtico defensor de los derechos relativos, concebido como organismo público autónomo, con independencia técnica y financiera, cuyo titular fuera designado por la Cámara de Senadores, sin obedecer a proposiciones de otra índole que pudieran afectar su autonomía de gestión. Además, la circunstancia de que los artículos tercero transitorio del decreto referido y 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establezcan que la comisión correspondiente del Senado debe realizar una auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, así como que con base en su resultado dicho órgano podrá proponer al Senado la ratificación del titular para un segundo periodo o una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo, no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados; es más, este sistema tiende a optimizar el funcionamiento de la Cámara de Senadores, para que sus miembros puedan votar por alguna de las opciones que, en número reducido, se sometan a su decisión, de manera que alguna ellas, en su caso, alcance la votación calificada requerida para su aprobación. En consecuencia, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección o ratificación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo." Asimismo, dado que el restante acto reclamado, esto es, la ley de observancia general reclamada, se encuentra íntimamente vinculado con el procedimiento de revocación del nombramiento del quejoso como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Oaxaca; por tanto, desde luego, la improcedencia del juicio de amparo comprende a dicho acto, pues su análisis no podría hacerse en forma independiente o autónoma, sino de una manera integral con el antes analizado. Como sustento de lo anterior, se cita la Jurisprudencia publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la página 235 del Tomo XII, agosto de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia citada, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 686/2021, promovido por ********************, contra los actos señalados en el segundo considerando de esta resolución, reclamados al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Director del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en término del último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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