Víctor Estrada Cano

Expediente 46/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 31 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
46/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • E.X.E.C
  • Víctor Estrada Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    : Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original de los cuadernos incidentales, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por lo que respecta al original de los cuadernos incidentales es destruible, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Luego, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. Por otro lado, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa los documentos que exhibió en este juicio, previa toma de razón por su recibo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Unidad de Delitos Diversos, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la documental que exhibió en este asunto (un tomo de prueba con sigilo), toda vez que no es necesaria su conservación en este expediente.

  2. Principal

    : En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con veinte minutos del dos de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 46/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el emplazamiento de la parte tercera interesada; asimismo, certifica que las autoridades responsables rindieron informe justificado en los siguientes términos: Autoridades responsables Sentido 1 Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo Cierto 2 Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo Cierto 3 Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por conducto del Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho Niega Cancún, Quintana Roo En consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que ofrecieron pruebas documentales la parte quejosa y las autoridades responsables 1] Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que a su vez funge como 2] Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo, y 3] Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a través del Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho, todas con sede en esta ciudad; por su parte, este órgano jurisdiccional ordenó recabar diversas documentales de la autoridad no responsable Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Unidad de Delitos Diversos, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (tomo de prueba con sigilo); de igual forma, la representante especial del menor quejoso ofreció como prueba la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, en relación con las que obran en este juicio de este juicio de amparo; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas relacionadas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la representante especial del menor quejoso formuló manifestaciones a manera de alegatos, sin que las demás partes lo hubieran hecho; luego, el Juez acuerda: téngase por formulados los alegatos de la representante especial del menor quejoso y dese por concluida esta etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 46/2022-II, promovido por Víctor Estrada Cano, por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales E.X.E.C., contra actos de la Juez de Control adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el veinticinco siguiente a este juzgado de distrito, Víctor Estrada Cano, por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales E.X.E.C., promueve amparo contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzosa de Personas y Desaparición Cometida por Particulares 2. Coordinación Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo 3. Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que hace consistir en: "III. ACTO RECLAMADO: - - - Se reclama del Titular de la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, así como de la Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, en el Estado de Quintana Roo, la activación de la Alerta Amber identificada con el número 10/ZN/2022, respecto del Quejoso E.X.E.C. - - - Del Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, se reclamada (sic) la orden de búsqueda, aseguramiento, cateo, presentación, retención, o cualquier otra similar, que tenga o pueda tener por objeto, efecto o consecuencia la separación del quejoso E.X.E.C. de su hogar familiar y de su padre VÍCTOR ESTRADA CANO, realizada como consecuencia de la supuesta comisión del delito de Retención y Sustracción de Personas Menores de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del Hecho o en su defecto como consecuencia de la activación de la Alerta Amber identificada con el número 10/ZN/2022." SEGUNDO. Radicación y admisión de demanda. Recibida la demanda de amparo el veinticinco de enero de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, por auto de veintiséis siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 46/2022-II; se admitió a trámite; se requirió al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública en esta ciudad a fin de que designara un asesor jurídico al menor quejoso, por actualizarse la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 8° de la Ley de Amparo, al existir un conflicto de intereses entre los padres del menor promovente, derivado de la alerta amber materia de los actos reclamados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien no formulo pedimento; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para verificar la audiencia constitucional. TERCERO. Designación de representante especial del quejoso menor de edad. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Quintana Roo, con sede en esta ciudad, designando a Gloria del Rosario Galaz Cetina como representante especial del menor quejoso, a quien en el propio acuerdo se le tuvo compareciendo al presente juicio de amparo, así como aceptando y protestando el cargo de representante especial del citado infante. CUARTO. Se reconoce carácter de tercera interesada y audiencia constitucional. Por proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Isis Arbella Carrasco Cruz, quien en su oportunidad fue emplazada al presente juicio; así, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un asunto en el que se reclaman actos de autoridades en materia penal que se dice tienen ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias, se hacen consistir en: De la 1] Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, y de la 2] Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad. a) La emisión y/o activación de la alerta amber 10/ZN/2022, respecto del menor quejoso de iniciales E.X.E.C. Del 3] Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. b) Como consecuencia del acto precisado en el inciso a) que antecede, la orden de búsqueda y/o aseguramiento y/o cateo y/o presentación y/o retención a fin de separar al menor de iniciales E.X.E.C. del diverso quejoso Víctor Estrada Cano. c) La ejecución del mandato descrito en el inciso b) que precede. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 3] Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por conducto del Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho, al rendir informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman, precisados en los incisos b) y c), del considerando primero de esta sentencia. Al respecto, precisó que no ha emitido orden de búsqueda y/o aseguramiento y/o cateo y/o presentación y/o retención a fin de separar al menor de iniciales E.X.E.C. del diverso quejoso Víctor Estrada Cano, como consecuencia de la alerta amber reclamada. Sin que pase inadvertido que dicha autoridad informó que en su índice existe una carpeta administrativa que se instruye en contra del quejoso Víctor Estrada Cano, en la cual se le citó al desahogo de la audiencia de formulación de imputación sin detenido, quien compareció acompañado de su defensor particular; sin embargo, esos planteamientos no guardan relación con los actos aquí reclamados al juez de control responsable, destacados en los incisos b) y c) del considerando tercero de esta sentencia, toda vez que del informe justificado, como se vio, dicha autoridad negó haberlos efectuado. Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte quejosa ofreció las pruebas documentales consistentes en: 1. Impresión electrónica del acta de nacimiento con identificador electrónico 23005000120220003440, y código QR, expedido por la Directora General y Oficial Central del Registro Civil a nombre del menor de iniciales E.X.E.C. 2. Original del acuse de un escrito presentado el trece de enero de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia, dirigido al juicio de controversias del orden familiar 766/2021 del índice del Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. 3. Original del acuse del escrito presentado el treinta de julio de dos mil veintiuno, ante el Fiscal del Ministerio Público del fuero común, Unidad de Diversos, Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 4. Impresión electrónica de un escrito dirigido al Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con fecha de recepción de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 210-A, respectivamente, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo, únicamente acreditan, en suma, i) la expedición del acta de nacimiento a nombre del citado menor, por la Directora General y Oficial Central del Registro Civil del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y ii) la elaboración y presentación de diversos escritos ante las autoridades correspondientes, respectivamente; pero de manera alguna acreditan la existencia de los actos reclamados precisados en los incisos b) y c), del considerando primero de este fallo o la participación de la autoridad en la emisión de tales actos. 5. Fotocopia sin certificar del auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio de controversias del orden familiar 766/2021 del índice del Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. 6. Fotocopia sin certificar del auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio de controversias del orden familiar 766/2021 del índice del Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. 7. Fotocopia sin certificar del auto de once de enero de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de controversias del orden familiar 766/2021 del índice del Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. En relación con las documentales referidas con los numerales 5, 6 y 7, únicamente cuentan con valor indiciario para demostrar que probablemente sean una reproducción de su original en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues las fotocopias sin certificar son susceptibles de alteración; al margen del valor probatorio, tampoco acreditan la existencia de los actos reclamados en comento. Por otra parte, respecto las pruebas ofrecidas por la representante especial del menor quejoso, consistentes en la presuncional en su doble aspecto, que en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, consiste en todo lo que le favorezca para acreditar su pretensión, y la instrumental de actuaciones, relativa a las actuaciones que integran este expediente, a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la de la materia, por ser un documento público, tampoco prueban la existencia de los actos reclamados en consulta. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. Sustenta lo anterior, las jurisprudencias con datos de localización, rubro y texto, siguientes: "Registro digital: 196072 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 36/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 5 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." "Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de la autoridad responsable 3] Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos b) y c), del considerando tercero de esta sentencia, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia del acto reclamado. La 1] Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que a su vez funge como 2] Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia. Lo anterior, se corrobora con la documental que aportó, consistente en fotocopia certificada de las constancias relativas con la emisión y/o activación de la alerta amber 10/ZN/2022, derivada de la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/12/20094/2020 a cargo de la autoridad no responsable Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Unidad de Delitos Diversos, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de lo cual se advierte que mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en síntesis, ordenó activar la alerta amber en favor del menor quejoso de iniciales E.X.E.C., por los motivos ahí apuntados. Por tanto, es cierto el acto reclamado a las mencionadas autoridades responsables, precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. SEXTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto del acto atribuido a la 1] Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que a su vez funge como 2] Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, precisado en el considerando tercero, inciso a), de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de carácter negativos, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate. En la especie, como se vio, la parte quejosa reclama de la 1] Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que a su vez funge como 2] Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, la emisión y/o activación de la alerta amber 10/ZN/2022, respecto del menor quejoso de iniciales E.X.E.C. Ahora, de la documental recaba por este órgano jurisdiccional de la autoridad no responsable Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Unidad de Delitos Diversos, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, derivada de la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/12/20094/2020 a su cargo, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el veintiséis de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito suscrito por Manuel Alejandro Urtecho Delgado, defensor particular del aquí quejoso Víctor Estrada Cano, por el cual informó que el veintidós anterior, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación sin detenido, en autos de la carpeta administrativa 568/2021 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad o quien no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, en la cual se resolvió no vincular a proceso al citado quejoso. Derivado de lo anterior, mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós, dictado en la referida carpeta de investigación, en lo conducente, se determinó desactivar la alerta amber 10/ZN/2022 (materia del acto reclamado), por lo que se solicitó a la Titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, realizar la cancelación de la cita alerta. En virtud de lo anterior, las autoridades responsables 1] Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que a su vez funge como 2] Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, el veintisiete de julio de dos mil veintidós, dio de baja de manera inmediata la alerta amber 10/ZN/2022 (materia del acto reclamado); por lo cual, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado del que se duele la parte impetrante. Se afirma lo anterior, debido a que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de enero de dos mil veintidós), subsistía la citada alerta amber; empero, fue dada de baja de manera inmediata el veintisiete de julio de dos mil veintidós. Por ello, se concluye que han cesado los efectos de manera total e incondicional del acto reclamado en estudio, consistente en la emisión y/o activación de la alerta amber 10/ZN/2022, respecto del menor quejoso de iniciales E.X.E.C. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado de la 1] Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que a su vez funge como 2] Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por la representante especial del menor quejoso, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Víctor Estrada Cano, por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales E.X.E.C., contra los actos reclamados de la 1] Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, 2] Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo, y del 3] Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    : Agréguese a los autos la promoción de cuenta, por la cual las autoridades responsables 1] Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que a su vez funge como 2] Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, en atención al requerimiento realizado en proveído de cuatro de agosto pasado, remite la documental de cuenta. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental de cuenta, pónganse a la vista de las partes y efectúese la relación correspondiente al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, la referida autoridad -en suma- informa que el veintisiete de julio de dos mil veintidós, al recibir el oficio de cuenta, expedido en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/12/20094/2020 a cargo del Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Unidad de Delitos Diversos, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, dio de baja de manera inmediata la alerta amber 10/ZN/2022 (materia de los actos reclamados), al tenor de los motivos que refiere. En ese contexto, este juzgado de distrito toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Finalmente, con lo informado por la autoridad oficiante, dese vista a las partes, para los efectos que estimen pertinentes.

  4. Principal

    : Agréguese a los autos la promoción de cuenta, remitida por la autoridad no responsable Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Unidad de Delitos Diversos, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante la cual remite las documentales de cuenta. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales de cuenta, pónganse a la vista de las partes y efectúese la relación correspondiente al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, le referida autoridad informa que el veintiséis de julio pasado, tuvo por recibido el escrito suscrito por Manuel Alejandro Urtecho Delgado, defensor particular del aquí quejoso Víctor Estrada Cano, por el cual informó que el veintidós de julio de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación sin detenido, en autos de la carpeta administrativa 568/2021 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad o quien no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, en la cual se resolvió no vincular a proceso al aquí quejoso. Derivado de lo anterior, mediante acuerdo de veintisiete de julio del año en curso, dictado en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/12/20094/2020 a cargo de la autoridad oficiante, en lo conducente, determinó desactivar la alerta amber 10/ZN/2022 (materia de los actos reclamados), por la que solicitó a la Titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, realizar la cancelación de la cita alerta. En ese tenor, para estar en condiciones de resolver el presente juicio de amparo, toda vez que podría actualizarse una causa de improcedencia en relación con los actos reclamados, con fundamento en los artículos 62, 75 párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables 1] Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, y 2] Coordinadora Estatal de Alerta Amber México, del Estado de Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remitan fotocopia certificada (debidamente entreselladas, foliadas y rubricadas por la autoridad competente) del acuerdo y/u oficio en el que conste la respuesta que recayó al diverso oficio con fecha de recepción de veintisiete de julio de dos mil veintidós, remitido por el Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Unidad de Delitos Diversos, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, expedido en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/12/20094/2020 a su cargo, por el cual le solicita la cancelación de la alerta amber 10/ZN/2022, respecto del menor quejoso de iniciales E.X.E.C. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo o de no manifestar la imposibilidad legal que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

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