Víctor Daniel Puga Poot

Expediente 168/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
168/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Víctor Daniel Puga Poot

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    ::Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de ocho de junio del año en curso, dictado en el amparo administrativo en revisión 333/2022 del índice del tribunal de su adscripción, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada el veinte de abril de dos mil veintidós en el presente juicio; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    ::Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso Víctor Daniel Puga Poot, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinte de abril de dos mil veintidós, en este expediente. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio; por tanto, glósese a este expediente una impresión del escrito de expresión de agravios, y las demás fotocopias distribúyanse entre las partes. Asimismo, una vez que dicho recurso se encuentre integrado, sin ulterior acuerdo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes correspondiente, y con apoyo en los artículos 89 de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, haciendo uso de los medios electrónicos- salvo que exista imposibilidad técnica, en cuyo caso podrá enviarse físicamente-, remítanse los (i) autos que integran el presente juicio de amparo, y el (ii) original del escrito de expresión agravios, a la Oficina de Correspondencia Común para los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del referido medio de impugnación.

  3. Incidental

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta para que obre como corresponda, mediante la cual en apariencia, el quejoso Víctor Daniel Puga Poot, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinte de abril de dos mil veintidós; sin embargo, del análisis de dicho escrito, se advierte que el oficial de partes asentó que fue presentado sin firma autógrafa. Luego, el párrafo primero del artículo 3º de la Ley de Amparo , dispone que en el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito; lo anterior, puesto que el órgano jurisdiccional debe tener certeza respecto de si el contenido de un escrito representa la voluntad de la persona cuyo nombre encabeza la promoción. En esas condiciones, si el oficial de partes asentó que la promoción que se provee carece de la firma autógrafa de su aparente suscriptor, este órgano de control constitucional no se encuentra en aptitud de conocer si su contenido es la voluntad o no de la persona cuyo nombre encabeza el libelo en cita; por tanto, se tiene por no presentada la promoción de mérito. Resulta aplicable, a contrario sentido, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2000130 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 32/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3632 Tipo: Jurisprudencia PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Lo anterior, sin que resulte procedente ordenar la ratificación del ocurso de cuenta, ya que la ausencia de firma implica que no se incorporó la voluntad del aparente suscriptor y por ende, no habrá base alguna para sostener que existe duda en cuanto a la legitimidad de la firma correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de datos de identificación, rubro y contenido siguientes: "Registro digital: 175090 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXIII.3o.1 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 1754 Tipo: Aislada ESCRITO CARENTE DE FIRMA O HUELLA DACTILAR. LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE PRESENTA NO TIENE OBLIGACIÓN DE MANDARLO RATIFICAR. La ratificación de un escrito se decreta cuando hay duda respecto de la legitimidad de las firmas, es decir, en los casos en los que exista discrepancia entre la que calza aquél y las que obran en el expediente original, lo cual encuentra justificación en el hecho de que no hay forma de saber si el contenido de un escrito representa la voluntad de la persona cuyo nombre encabeza la promoción. Esta misma hipótesis se actualiza cuando se presente un escrito con huellas dactilares del promovente, en lugar de la firma, y el juzgador tenga duda de que las huellas que aparecen impresas pertenezcan al promovente, por lo que podrá requerir a la persona que las imprimió para que las ratifique ante la presencia judicial, al margen de la impugnación de firma o huellas que pueda hacer la contraparte en el procedimiento relativo. Ahora bien, este supuesto de ratificación de escritos no opera en el caso de que el ocurso respectivo se haya presentado ante el juzgador sin la firma o huella dactilar de quien aparece como suscriptor, pues además de que la ley no establece que ante la falta de firma de un escrito éste deba mandarse ratificar, en este último caso no se está en alguno de los supuestos en los que resulta procedente ordenar su ratificación, ya que la ausencia de firma o huella dactilar en el escrito relativo implica que no se incorporó la voluntad de quien encabeza esa promoción y, por lo mismo, no habrá base alguna para sostener que existe duda en cuanto a la legitimidad de la firma o huella dactilar correspondientes." Expuesto lo anterior y vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, dentro del plazo que se le otorgó para tal fin; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, por lo que se tiene por no presentado el recurso de revisión contra la interlocutoria de veintinueve de marzo del año en curso, emitida dentro del presente incidente.

  4. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 168/2022-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da cuenta con la promoción con registro 6623; de igual forma, da lectura a la demanda y demás constancias que obran en ellos, el Juez acuerda: agréguese el pedimento presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y hágase relación en la etapa correspondiente de la presente audiencia; asimismo, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase la fotocopia certificada que solicita, previa toma de razón a satisfacción de este juzgado. Por otra parte, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que únicamente la parte quejosa ofreció pruebas documentales, así como la presuncional y la instrumental de actuaciones y las demás partes no aportaron pruebas; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que únicamente el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento; luego, el Juez acuerda: téngase por hechas las manifestaciones vertidas por el fiscal federal adscrito y dese por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 168/2022-IV, promovido por Víctor Daniel Puga Poot, por propio derecho, contra actos del Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Isla Mujeres, Zona Continental, Quintana Roo y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno el veintiocho de febrero siguiente a este juzgado de distrito, Víctor Daniel Puga Poot, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1] Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Isla Mujeres, Zona Continental, Quintana Roo y 2] Policía de Tránsito de su adscripción, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 11, 14 y 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: DE LAS AUTORIDADES MARCADAS CON LOS INCISOS - - - A) LA PRIVACIÓN U RETENSION ILEGAL DE MIS DOCUMENTOS - - - B) LA PRIVASION U RETENSION DE MIS DOCUMENTOS." SEGUNDO. Radicación y admisión de demanda. Recibida la demanda el veintiocho de febrero de dos mil veintidós en este juzgado de distrito, por auto de dos de marzo siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado con el número 168/2022-IV; se admitió a trámite; se dio al Agente de Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 242/2022, en el sentido de negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclama un acto de naturaleza administrativa con ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hace consistir en la retención de su licencia de conducir con motivo de la infracción 4465, que se le impuso el veintidós de febrero de dos mil veintidós. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de acto reclamado. La autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, negó la existencia del acto que se le reclama, señalado en el considerando tercero, según se advierte del contenido de su informe justificado. La inexistencia del acto reclamado a la indicada autoridad se corrobora con la documental aportada por la parte quejosa, consistente en el original de la boleta de infracción con número de folio 4465, expedida por la el oficial adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, Zona Continental de Isla Mujeres, Quintana Roo; documental a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2° de la Ley de Amparo. En efecto, de dicho documento se aprecia que fue diversa autoridad la que expidió la infracción al quejoso y retuvo como garantía su licencia de conducir, a saber, el oficial de tránsito adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Isla Mujeres, Quintana Roo. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. En ese orden, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero de esta sentencia, por ser inexistente, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia de acto reclamado. Por otra parte, la autoridad responsable Oficial de Tránsito adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, con posterioridad realiza manifestaciones que evidencian la existencia del acto reclamado precisado en el considerando tercero de la presente resolución, pues refirió que efectivamente, el veintidós de febrero de dos mil veintidós, elaboró una boleta de infracción contra el quejoso y retuvo como garantía la licencia de motociclista MM-1032426. En todo caso, la existencia del acto reclamado a la indicada autoridad se corrobora con la documental aportada por la parte quejosa, consistente en el original de la boleta de infracción con número de folio 4465, expedida por la el oficial adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, Zona Continental de Isla Mujeres, Quintana Roo, que fue valorada previamente y de la que emerge que el veintidós de febrero de dos mil veintidós, el oficial responsable elaboró una boleta de infracción contra el quejoso y retuvo como garantía la licencia de motociclista MM-1032426. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causales de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, el oficial de tránsito responsable postula que en relación con el acto reclamado precisado en el considerando tercero de la presente resolución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa a la inobservancia del principio de definitividad, porque debe agotarse el medio ordinario de defensa de manera previa. Es infundado el planteamiento que postula la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que no se actualiza la causa de improcedencia que invocó, dado que se está ante una excepción al principio de definitividad; por tanto, debe considerarse procedente el presente juicio de amparo. Para arribar a la conclusión apuntada, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". La porción normativa transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos provenientes de autoridades distintas a los tribunales, que puedan ser modificados, revocados o nulificados a través de un recurso de defensa ordinario; empero, ello lo condiciona a que los efectos del acto reclamado puedan ser suspendidos con la interposición de recurso, que la medida se otorgue con los mismos alcances y sin mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo y, que la medida se otorgue dentro de un plazo no mayor de veinticuatro horas. Asimismo, establece que es innecesario agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, si se alegan únicamente violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, como se vio, el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia es la retención de su licencia de conducir con motivo de la infracción 4465, que se le impuso el veintidós de febrero de dos mil veintidós. Ahora, si bien en un primer momento podría considerarse que en contra de dicho acto procede el juicio contencioso administrativo, en términos en términos del artículo 187, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que establece: "Artículo 187. El Tribunal es competente para dirimir las controversias que se susciten entre administración pública estatal y municipal, y los particulares; por lo que conocerá de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos, resoluciones definitivas y procedimientos que se indican a continuación: [.] III. De la Administración Pública Paraestatal del Estado o los Municipios, cuando actúen con el carácter de autoridades;" Sin embargo, es innecesaria su promoción antes de acudir a la instancia constitucional, ya que exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado pues, entre otros, exige acreditar que éste causa perjuicios de difícil reparación, tal y como se aprecia del artículo 134, fracción I, inciso b), del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que establece lo siguiente: "Artículo 134. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el demandante o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: (.) b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado." (lo subrayado es propio de este órgano jurisdiccional). Mientras que la Ley de Amparo, en su artículo 128, únicamente exige para conceder la medida cautelar, que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; precepto que dispone: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (.)" Por esa razón y en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la parte quejosa no estaba obligada a promover el juicio contencioso administrativo, pues como se vio, éste exige mayores requisitos que los previsto en la Ley de Amparo para conceder la suspensión. De ahí que es infundada la causa de improcedencia que postula el particular equiparable a autoridad responsable. Sustenta lo anterior, por las consideraciones que establece, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2022619 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 19/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, página 9 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO. - - - Hechos: Tanto la Primera Sala como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron respecto al siguiente problema jurídico: ¿Conforme a la Ley de Amparo vigente, cuando el quejoso alega tener interés jurídico, la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado es un requisito para que se otorgue la suspensión? La Primera Sala consideró que la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para la procedencia (otorgamiento) de la suspensión en un juicio de amparo en el que se aduce un interés jurídico respecto del acto reclamado; en cambio, la Segunda Sala sostuvo que sí constituye un requisito para tal efecto. - - - Criterio jurídico: La acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando el quejoso alega tener interés jurídico. - - - Justificación: De acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución General y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de parte en la que el quejoso alega tener un interés jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional de amparo ya no lo es "la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado", sino el análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, pues es este "juicio de ponderación" la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla cabalmente con su finalidad protectora. Esta conclusión se corrobora si se atiende a la evolución jurídica de la regulación de la suspensión, en atención a que el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para su otorgamiento, conservó una redacción y contenido prácticamente idénticos en comparación con el diverso 124 de la Ley de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la legislación de amparo vigente ya no se prevé una fracción III que establezca expresamente como requisito para decretar la suspensión, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Aspecto este último que evidencia la finalidad del legislador de prescindir de ese requisito para que exista una consistencia normativa entre la Ley Fundamental y la ley reglamentaria. Además, de acuerdo con su actual regulación, la suspensión no se reduce sólo a una medida cautelar con un efecto conservativo, sino que de forma innovadora, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un efecto de "tutela anticipada" (restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando ello sea jurídica y materialmente posible). Por consiguiente, dado que las nuevas reglas de la suspensión giran en torno al postulado según el cual la necesidad de acudir a un proceso de amparo para obtener la razón no debe perjudicar a quien la tiene, la dificultad de reparación de los daños y/o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión." En mérito de lo expuesto, este órgano de control constitucional estima que el presente juicio es procedente respecto del acto precisado en el considerando tercero de esta sentencia, ya que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia, máxime que no se aprecia que se concretice otro motivo de improcedencia que debiera estudiarse de oficio. Además, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se surte alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en la demanda de amparo. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto que se transcriben a continuación: Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." OCTAVO. Estudio de fondo. Dos de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa resultan infundados y el restante es inoperante, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Como se vio en el considerando tercero de esta sentencia, la parte quejosa impugna la retención de su licencia de conducir con motivo de la infracción 4465, que se le impuso el veintidós de febrero de dos mil veintidós. Luego, la parte quejosa en su demanda de amparo expresa como conceptos de violación, los siguientes: 1. Que la retención de su licencia es ilegal, ya que se trata de un acto privativo que fue emitido en contravención a las formalidades esenciales del procedimiento, sin haber sido escuchado por la autoridad responsable, en contravención a lo dispuesto en el artículo 14 constitucional. 2. Que la retención de su licencia no fue realizada por autoridad competente, por lo que resulta contraria a la garantía de legalidad consagrada en el numeral 16 constitucional. 3. Que el actuar de la responsable en el sentido de retener su licencia de conducir, vulnera en su perjuicio el principio pro persona, contenido en el numeral 1º constitucional. Los conceptos de violación señalados en los puntos 1 y 2 resultan infundados y serán analizados en forma conjunta dada su estrecha relación. Ahora, para el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso en su demanda de amparo, es necesario señalar que el artículo 14 constitucional establece, en su párrafo segundo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por otro lado, el artículo 16 constitucional, en su párrafo primero, determina que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto a los actos de molestia, pues los primeros son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia emitida del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: Época: Novena Época Registro: 200080 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Julio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/96 Página: 5 ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Bajo ese marco normativo, se colige que la retención de la licencia del quejoso al realizar la boleta de infracción de veintidós de febrero de dos mil veintidós, constituye una medida tendente a garantizar el pago de la infracción consignada en la boleta respectiva, por inobservancia a las disposiciones de tránsito y una vez realizado el pago de la multa respectiva, la licencia de conducir es devuelta al gobernado. En efecto, el numeral 167 del Reglamento de Tránsito del Ayuntamiento de Isla Mujeres, Quintana Roo, dispone lo siguiente: "Artículo 167.- Tratándose de vehículos con placas de circulación no domiciliadas en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, los policías de tránsito podrán retener al infractor como garantía del pago sobre las infracciones cometidas al presente Reglamento, considerando el orden siguiente de acuerdo a lo que tenga disponible: - - - 1.- La licencia para conducir o permiso provisional para conducir vigente, según sea el caso." Por ello, si la autoridad administrativa únicamente retiene la licencia de conducir, como garantía del pago de la infracción cometida y consignada en la boleta respectiva, se está ante un acto de molestia pues no implica la privación definitiva de dicho documento y por tanto, para su emisión no es necesario otorgar audiencia previa a quien pudiera verse afectado con tal acto de autoridad. Luego, como se indicó, respecto a los actos de molestia, como lo es el reclamado en esta instancia constitucional, el numeral 16 constitucional, en su párrafo primero, establece que deberán ser emitidos por escrito y por autoridad competente, que funde y motive la causa legal de su actuar. Luego, los artículos 5º, fracción IV y 10º, fracciones I y II, del Reglamento de Tránsito del Ayuntamiento de Isla Mujeres, Quintana Roo, disponen lo siguiente: "ARTICULO 5.- Son autoridades de Tránsito: - - - (.) - - - IV.- Los Policías de Tránsito de la Dirección de Tránsito Municipal, y." "ARTÍCULO 10.- Son facultades y obligaciones de los policías de tránsito en el Municipio: - - - I.- Cuidar que la circulación de las personas, el manejo y tránsito de vehículos y los servicios de transporte de pasajeros o de carga; se realicen conforme a los mandatos de este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables - - - II.- Levantar infracciones conforme al procedimiento que fijan las disposiciones de este Reglamento." De la interpretación armónica de los preceptos señalados, en relación con el diverso numeral 167, fracción I, del cuerpo normativo en consulta, se aprecia con meridiana claridad que los policías de tránsito del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, con autoridades facultadas para cuidar que el manejo y tránsito de vehículos se realicen conforme a los mandatos de dicho reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como de levantar infracciones conforme al procedimiento que fijan las disposiciones ahí contenidas; de igual forma, como ya quedó establecido, la autoridad en mención podrá retener al infractor como garantía del pago sobre las infracciones cometidas, en primer orden, la licencia para conducir. En ese orden, si de la boleta de infracción respectiva se advierte que la retención de la licencia de conducir fue realizada por Hanser Cruz Pérez, quien expresamente asentó ser Policía de Tránsito, su número de identificación como policía "6048" y firmó la boleta, resulta claro que dicha retención de la licencia de conducir del quejoso, sí fue realizada por autoridad competente. Por tanto, si el acto reclamado no es un acto privativo que tenga como consecuencia la privación definitiva de la licencia de conducir del quejoso y la retención de ese documento sí fue realizada por autoridad competente, resultan infundados los conceptos de violación en estudio. Finalmente, es inoperante el concepto de violación señalado en el numeral 3, pues el quejoso se limita a señalar la inobservancia del principio pro persona en la emisión del acto reclamado, pero no señala también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, ni indica la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental que estima restringido, así como los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2010532 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: IV.2o.A. J/10 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, página 3229 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho." Por tanto, al resultar por una parte infundados y por otra parte inoperante los conceptos de violación hechos valer por la parte amparista, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Víctor Daniel Puga Poot, contra el acto que reclama del Oficial de Tránsito adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo, señalado en el considerando tercero de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto promovido por Víctor Daniel Puga Poot, por derecho propio, contra el acto reclamado del Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, señalado en el considerando tercero, en términos de lo dispuesto en el diverso considerando cuarto, de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Víctor Daniel Puga Poot, por derecho propio, contra el acto que reclama del Oficial de Tránsito adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el diverso considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · 12,649 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano