Víctor Emmanuel Ramos Yañez

Expediente 694/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
694/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Víctor Emmanuel Ramos Yañez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto: agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Víctor Emmanuel Ramos Yáñez, y en relación a su contenido, se acuerda: como lo solicita el ocursante de mérito y toda vez que no existe inconveniente legal alguno, devuélvase personalmente al quejoso, el billete de depósito N 874273 que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión provisional concedida en auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, previa identificación y firma de recibido que otorgue en autos. Empero, para la devolución de dicho billete, deberá agendar una cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la devolución del referido documento, por lo que tendrá que generar nueva cita. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el nueve de septiembre de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo y en el segundo punto se NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Víctor Emmanuel Ramos Yañez; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase a la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificada de audio y video de la audiencia privada de veintitrés de junio del presente año, así como un tomo de pruebas certificadas de diversas constancias que obran en la carpeta de ejecución 331/2021de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.

  3. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se concedió y negó la suspensión definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 694/2021-10, promovido por Víctor Emmanuel Ramos Yáñez, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el veintinueve siguiente, Víctor Emmanuel Ramos Yáñez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 El acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que niega el beneficio de trabajo en favor de la comunidad para cumplir la condena penal establecida en la precitada sentencia. 2 La orden de reaprehensión y detención dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en la carpeta 331/2021, con motivo de la ejecución de la sentencia emitida en la causa penal 454/2019, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco. 2 Juez de lo Penal de Primera Instancia de Cárdenas Tabasco. 3 Fiscal General del Estado de Tabasco. 4 Director General de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco. 5 Comandante y/o Jefe de Grupos de la Policía de Investigación adscrito a las Fiscalía del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco. 6 Jefes de Grupo y/o Comandantes de la Policía de Investigación, adscritos a la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Delegación del Ministerio Público Investigador Tradicional. 7 Director de Seguridad Pública del Municipio de Cárdenas, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 694/2021-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. El quince de agosto de dos mil veintiuno, se emplazó a juicio a la tercera interesada Martha Georgina Alcántara López, por sí y en representación de sus menores hijos, de identidad reservada. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: a) El acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que niega el beneficio de trabajo en favor de la comunidad para cumplir la condena penal establecida en la precitada sentencia. b) La orden de reaprehensión y detención dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en la carpeta 331/2021, con motivo de la ejecución de la sentencia emitida en la causa penal 454/2019, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS AL JUEZ DE LO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CÁRDENAS, TABASCO. No son ciertos los actos reclamados a la precitada autoridad, porque, además de haberlos negado en el informe justificado, de las constancias remitidas por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, se obtiene que fue éste quien los emitió. Al respecto, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por las anteriores consideraciones, en relación a la aludida autoridad, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades: (1) Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco; (2) Fiscal General del Estado de Tabasco; y, (3) Director General de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco. Ello, por haberlos reconocido en sus respectivos informes justificados, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió el primero de los mencionados, de la carpeta de ejecución CE-331/2021, así como de un disco versátil digital DVD, que contiene la audiencia privada de veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Con motivo de lo anterior, se consideran ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades: (1) Comandante y/o Jefe de Grupos de la Policía de Investigación adscrito a las Fiscalía del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco; (2) Jefes de Grupo y/o Comandante de la Policía de Investigación, adscritos a la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Delegación del Ministerio Público Investigador Tradicional; y, (3) Director de Seguridad Pública del Municipio de Cárdenas, Tabasco. Es así, porque a las aludidas autoridades les reviste el carácter de ejecutoras, esto es, les corresponde cumplir las determinaciones que al respecto emita el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis VI.1o.P.32 K, formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, Materia(s): Común, Página 910, con número de registro 184233, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SU EXISTENCIA DEPENDE DE SI LA ORDENADORA LO ADMITIÓ, Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN SU EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO O LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, POR LO QUE NO ES APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En la sustanciación del juicio de amparo directo, para determinar la certeza del acto reclamado a la autoridad ejecutora es suficiente que la autoridad señalada como ordenadora admita la existencia de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio cuya ejecución se reclama, a pesar de que la referida autoridad ejecutora hubiera omitido rendir su informe, o emitiéndolo hubiera negado su existencia, siempre y cuando esté entre sus facultades el cumplimiento de la misma. Lo anterior debido a que en los juicios de amparo directo sólo procede impugnar sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, así como su ejecución en vía de consecuencia lógico-jurídica y no por vicios propios, tal y como lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.". Esto es, ante la omisión del informe justificado de la autoridad señalada por el quejoso como ejecutora, ya sea porque no fue debidamente emplazada o porque habiéndolo sido no lo rindió, no puede presumirse cierto el acto a ella atribuido, conforme lo dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, debido a que éste sólo rige en la sustanciación del juicio de amparo indirecto, al no poderse hacer una aplicación extensiva del mismo precepto, toda vez que la naturaleza del juicio uniinstancial es diversa a la de aquél, puesto que, mientras en la vía directa los actos reclamados cuyo estudio se efectúa siempre deben ser reales y de existencia comprobada en autos, pues su análisis sólo puede hacerse mediante el examen de lo efectivo y expresamente expuesto por la responsable; en estas condiciones, de concederse el amparo, la ordenadora siempre deberá emitir un nuevo fallo, que desde luego trasciende a las autoridades ejecutoras; en la indirecta los actos de ejecución impugnables no siempre son reales, sino en ocasiones producto de una ficción jurídica y, en este último caso, en el supuesto de una concesión del amparo, fundada en la presunción del acto reclamado que sea inconstitucional en sí mismo, debe cumplirse con independencia de que efectivamente el acto sea existente, en razón de que, para efectos única y exclusivamente del juicio de amparo sí lo es, tal y como ya se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada número CXXXIV/98, cuyo rubro es: "SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO."; lo que en la vía directa de ninguna manera podría operar, dado que la calificación de constitucionalidad del acto reclamado invariablemente dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el mismo. Por otro lado, y en el caso de que la responsable ejecutora al rendir su informe justificado hubiera negado la existencia del acto a ésta, también deberá tenerse por cierto, siempre que la ordenadora lo hubiere reconocido, y entre las funciones de la ejecutora esté el cumplimiento del referido acto debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde lo que se resuelva respecto de uno tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, esto es, lo accesorio sigue la suerte de lo principal". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, el impetrante de amparo reclama el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que niega el beneficio de trabajo en favor de la comunidad para cumplir la condena penal establecida en la precitada sentencia; así como la orden de reaprehensión y detención dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en la carpeta 331/2021, con motivo de la ejecución de la sentencia emitida en la causa penal 454/2019, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Al respecto, el aduce que dichas determinaciones vulnera lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 19, 21, y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formula los conceptos de violación correspondientes, mismos que se omiten transcribir en términos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, para efectos del análisis correspondiente, cabe establecer que el quejoso sustancialmente refirió que las resoluciones reclamadas vulneran las disposiciones precitadas, porque: (1) No se le concedió la garantía de audiencia, ya que tiene garantizada la reparación del daño en la causa penal 454/2019, que se le siguió en el Juzgado de lo penal de la ciudad de Cárdenas, Tabasco, lo cual hizo el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, ante el juzgado de paz del referido municipio; por lo cual considera que el juez de ejecución debió requerirlo antes de librar la orden de reaprehensión. (2) La orden de captura carece de la debida fundamentación y motivación. Al respecto, la suscrita considera que son infundados los precitados motivos de inconformidad. En efecto, el artículo 16 de nuestra Carta Magna en lo que interesa, instituye en su primer y tercer párrafo: "Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". El dispositivo constitucional transcrito, contiene el derecho fundamental de legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Para colmar los anteriores requisitos, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares contiene la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales, es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular, y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación, ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al caso; mientras que la indebida motivación, se actualiza cuando expresa razones para emitir su acto, sin embargo, éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, se obtiene que: (1) El veintiuno de febrero de dos mil veinte (fojas 5 a 28 del tomo de pruebas), el Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cárdenas, Tabasco, dictó sentencia condenatoria en contra de Víctor Emmanuel Ramos Yáñez, ahora quejoso, en la causa penal 454/2019, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 206 del Código Penal de la referida entidad federativa, cometido en agravio de Martha Georgina Alcántara López y de sus menores hijos, de identidad reservada. Al respecto, se le impuso, entre otras, las siguientes sanciones: a) Pena de diez meses y quince días de prisión; b) Multa de cien días, que a razón de $51.95 (cincuenta y un pesos 95/100 moneda nacional), salario mínimo vigente en la época de los hechos, ascienden a la cantidad de $5,195.00 (cinco mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional); c) Por concepto de reparación del daño, el pago de la suma de $78,000.30 (setenta y ocho mil pesos 30/100 moneda nacional), en favor de la parte ofendida; d) Se le concedió el beneficio de la sustitución de la pena de prisión por multa equivalente a la cantidad de $16,364.25 (dieciséis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 25/100 moneda nacional); e) Asimismo, se le otorgó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la condena, por la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional). (2) Inconforme con la anterior determinación, Víctor Emmanuel Ramos Yáñez, interpuso recurso de apelación, mismo que fue registrado con el toca 20/2020-II, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que en sentencia de trece de noviembre de dos mil veinte, confirmó la resolución impugnada (fojas 29 a 89 del tomo de pruebas). (3) En contra de la precitada sentencia, Víctor Emmanuel Ramos Yáñez promovió juicio de amparo directo, el cual fue registrado con el expediente 142/2020, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, que en sesión de once de marzo de dos mil veintiuno, negó la protección constitucional solicitada (foja 103 del tomo de pruebas). (4) En auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno (fojas 107 a 112 del tomo de pruebas), la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, dictó el siguiente acuerdo: (5) El aludido proveído le fue notificado al sentenciado de mérito el catorce de junio de dos mil veintiuno (fojas 163 y 164 del tomo de pruebas). (6) Mediante escrito de quince de junio de dos mil veintiuno (foja 175 del tomo de pruebas), se acogió al beneficio de trabajo en favor de la comunidad, en los términos establecidos en la sentencia, hasta cumplimentar la perna que le fue impuesta. (7) En acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 177 y 178 del tomo de pruebas), la responsable estableció lo siguiente: (8) Proveído que le fue notificado al sentenciado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno (fojas 185 y 186 del tomo de pruebas). (9) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, previa solicitud de la representación social, se llevó a cabo la audiencia privada en la carpeta de ejecución 331/2021, deducida de la causa penal 454/2019, en donde el juez responsable libró orden de aprehensión conforme a las siguientes consideraciones: ". habiendo escuchado lo peticionado por el fiscal, la suscrita procede a resolver su solicitud de orden de reaprehensión en contra de sentenciado Víctor Emanuel Ramos Yáñez, ello acorde al planteamiento que en estos momentos acaba de verbalizar. En efecto, le asiste la razón, toda vez que nos encontramos dentro del procedimiento de ejecución penal, en relación a la carpeta en que se actúa 331/2021, dando cumplimiento a la sentencia definitiva que le fue dictada al citado sentenciado con fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, habiéndose aperturado el procedimiento mediante el auto de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, en el cual, conforme lo señala el fiscal, se dio entrada a la referida puesta a disposición del sentenciado por parte de la Jueza Penal de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, ordenándose hacer cumplir las sanciones que le fueron impuestas en la referida sentencia, en la que lo medular se advierte que se le condenó a la pena de prisión de 10 meses, 15 días. Y si bien se le concedieron los beneficios sustitutivos de pena relativos a la multa, suspensión condicional, trabajo a favor de la comunidad o semi libertad, acorde a los señalados en el referido auto de apertura procedimiento de ejecución de sanciones penales, que se dictó el cuatro de junio del presente año, precisamente en el punto séptimo se le hicieron saber al sentenciado las cantidades que debería depositar, en caso de acogerse a sustitutivos de pena por multa, o bien a la suspensión condicional del procedimiento, así como también se le especificó que podía optar por las jornadas de trabajo a favor de la comunidad y semi libertad, concediéndosele el término de ley de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del referido auto, para que manifestara si se acogía algunos de los beneficios que les fueron concedidos. De igual manera, se ordenó hacerle saber que, vencido el referido término, se procedería a dar vista al fiscal del Ministerio Público, para librar la orden de reaprehensión correspondiente; siendo así que se ordenó su notificación personal y, conforme lo hace valer el fiscal, la misma se llevó a cabo precisamente el día catorce de junio del presente año, de acuerdo a la acta de notificación levantada por el notificador judicial, de la cual, como bien lo alega el fiscal, le fue notificado de manera personal en su domicilio, que dejó precisado en autos para citas y notificaciones. Por lo tanto, se le tiene por enterado del contenido íntegro del auto que recayó, en el cual se le hicieron saber las consecuencias legales de no someterse a la jurisdicción de este juzgado para dar cumplimiento cabal a la sentencia definitiva que le fue dictada, siendo así que hasta la presente fecha el sentenciado no ha realizado lo solicitado, en el entendido de acogerse a cualquiera de los beneficios que les fueron concedidos siempre y cuando realizará el pago previo a la multa y la reparación del daño que les fueron fijadas, tal cual lo indicó el fiscal, en el entendido que se le fijó una multa como pena de $5,195.00 (cinco mil ciento noventa y cinco pesos) y una reparación del daño de $78,195.00 (setenta y ocho mil ciento noventa y cinco pesos). Sin dejar pasar que, efectivamente, como lo señala el fiscal, mediante el escrito de fecha quince de junio de dos mil veintiuno, el sentenciado pretendió que se le tuviera por acogido al beneficio del trabajo a favor de la comunidad, sin que diera cumplimiento a lo ordenado en el referido auto de apertura de procedimientos, De ahí que, tomando en consideración el planteamiento que realiza el fiscal, conforme al debido procedimiento en que nos encontramos, bajo los lineamientos que se establecen en los numerales 101 y 102 específicamente de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé que en caso de que se dicte sentencia condenatoria y el sentenciado se encuentre en libertad y se le haya otorgado sustitutivo penal, el juez de ejecución lo prevendrá para que, en un plazo de tres días, manifieste si se acoge al dicho beneficio, bajo el apercibimiento de ley que, de no pronunciarse, se ordenará su reaprehensión. Ello resulta totalmente evidente que el sentenciado hasta la presente fecha no ha dado cumplimiento al requerimiento y el término de ley ha transcurrido con exceso, amén que se encuentra debidamente notificado, razón por la cual le asiste la razón al Ministerio Público, de solicitar la orden de reaprehensión para traerlo de vuelta a el procedimiento de ejecución iniciado. De ahí que se le obsequie la orden de reaprehensión que solicita en contra del citado sentenciado Víctor Manuel Ramos Yáñez, para los efectos de ser localizado, precisamente en el domicilio que dejó señalado en autos, o bien, en el lugar donde se encuentre, debiendo girarse el oficio pertinente al Fiscal General del Estado, para los efectos que ordene a quien corresponda, se avoquen al cumplimiento de la orden de reaprehensión girada, debiendo precisar en el referido oficio los datos la carpeta de ejecución 331/2021, así como también que dicha orden de reaprehensión se está girando para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva de fecha veintiuno de febrero del dos mil veinte, en relación a el procedimiento iniciado de apertura de ejecución de sanciones penales, debiendo enterar al sentenciado de tales datos al momento de su detención.". Como se puede advertir, carece de razón el quejoso en los conceptos de violación que plantea en relación al acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que niega el beneficio de trabajo en favor de la comunidad para cumplir la condena penal establecida en la precitada sentencia. Ello es así, porque en el apartado SÉPTIMO del proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue notificado al sentenciado el catorce siguiente, la autoridad responsable lo requirió para que en el término de tres días hábiles, manifestara si se acogía a alguno de los beneficios sustitutivos de prisión que le fueron concedidos, previo pago de la multa y la reparación de los daños, apercibido que de no hacerlo, vencido el plazo otorgado se daría vista al fiscal para proveer respecto la orden de reaprehensión relativa. Si bien, el ahora quejoso, por escrito de quince de junio de dos mil veintiuno, se acogió al beneficio de trabajo en favor de la comunidad, en los términos establecidos en la sentencia, hasta cumplimentar la pena que le fue impuesta. Omitió exhibir ante la responsable los documentos que demostraran que había realizado el pago de la multa y la reparación de los daños. Razón por la que, en auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la juez en cuestión determinó que no acordaba favorable lo solicitado por el sentenciado en el escrito de mérito, y, con fundamento en el artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dio vista a la representación social para los efectos conducentes. Debido a ello, la juzgadora en cita, mediante resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el aludido precepto legal libró la orden de reaprehensión solicitada por el fiscal, con base en las consideraciones anteriormente transcritas, la cual se estima suficientemente fundada y motivada. Ello, porque como se evidenció, el sentenciado incumplió con las condenas impuestas (pago de la multa y de la reparación del daño), aun cuando fue prevenido para ello en proveído de cuatro del mes y año precitados. Lo cual se estima es acorde a lo dispuesto en el último párrafo del ordinal 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que instituye: "Artículo 102. Puesta a Disposición . En caso de que el sentenciado se encuentre en libertad y se dicte una sentencia condenatoria con otorgamiento de sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo prevendrá para que en un plazo de tres días manifieste si se acoge a dicho beneficio, bajo el apercibimiento que de no pronunciarse se ordenará su reaprehensión". Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis VI.1o.P.174 P, formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Penal, Tomo XV, marzo de 2002, página 1399, con número de registro 187469, del siguiente rubro y texto: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. SU FUNDAMENTACIÓN ES DIVERSA A LA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Si la orden de reaprehensión reclamada deriva de que han cesado los efectos de la suspensión concedida al quejoso en el incidente relativo al juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de aprehensión, es evidente que, para su emisión, no es necesario el cumplimiento de los requisitos estatuidos en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, ante la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ésta y la orden de aprehensión, a pesar de que ambas incidan en la privación de la libertad personal, debiendo afirmarse que en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal, según sea el caso, y la orden de aprehensión en el citado precepto constitucional". Asimismo, es aplicable la tesis VIII.1o.11 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Penal, Tomo V, enero de 1997, página 508, con número de registro 199688, del siguiente rubro y texto: "ORDEN DE REAPREHENSION. DIVERSA FUNDAMENTACION JURIDICA. Tomando en cuenta que la orden de reaprehensión reclamada deriva de la exigencia de cumplir o ejecutar la sentencia condenatoria de segunda instancia que revocó la absolutoria de primer grado, es evidente que para su emisión no es necesario el cumplimiento de los requisitos estatuidos en el artículo 16 constitucional, por cuanto hace a la existencia de la denuncia, acusación o querella y demás requisitos establecidos en su párrafo segundo, atenta la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ésta y la orden de aprehensión en sí, a pesar de que ambas órdenes incidan en la privación de la libertad personal, debiendo afirmarse que en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal según el caso, y la orden de aprehensión en el artículo 16 constitucional". No pasa inadvertido que el quejoso ofreció las siguientes pruebas documentales: (1) Recibo de depósito con folio 153519 de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, con sello de la Tesorería Judicial del Poder Judicial de la Federación del Estado de Tabasco. (2) Copia simple del oficio 1767 signado por la entonces Juez de Paz del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco. (3) Copia simple del oficio 1773 singado por la entonces Juez de Paz del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco. (4) Cedula de notificación del auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno dictado por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, dictado dentro del expediente 454/2019 de su índice. (5) Escrito de quince de junio de dos mil veintiuno, suscrito por Víctor Emmanuel Ramos Yáñez. (6) Cedula de notificación del auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, dictado dentro del expediente 454/2019 de su índice. Al respecto, cabe establecer que, en lo tocante a las documentales identificadas con los arábigos 1 al 3, no pueden ser tomadas en consideración en el presente asunto, ya que, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Si bien, el aludido precepto legal prevé que en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. También establece que, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En el caso, como quedó evidenciado en su oportunidad, el quejoso sí tuvo la oportunidad de ofrecer las pruebas de mérito en el procedimiento del cual derivan los actos reclamados, ya que fue notificado de los acuerdos donde fue prevenido para que cumpliera con las condenas impuestas en la sentencia respectiva, sin que lo hiciera. Razón por la que esta juzgadora se encuentra impedida para incorporar esas documentales y otorgarles valor probatorio para los efectos que pretende el impetrante. Por las anteriores consideraciones, se niega al quejoso la protección de la justicia federal. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercera interesada, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Emmanuel Ramos Yáñez, contra los actos reclamados al Juez de lo Penal de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando TERCERO de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Víctor Emmanuel Ramos Yáñez, por las razones expuestas en el considerando SEXTO de esta resolución. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

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