Victor Emmanuel Ramos Yañez
Expediente 80/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 26 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 14/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Victor Emmanuel Ramos Yañez
- Juez de Paz de Cárdenas, Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
MESA 7.- VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el cual transcribe el proveído de doce de junio del presente año, emitido en el recurso de queja 45/2019, en el que informa que el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, se declaró sin materia; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales
- Principal
MESA 7.-VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista la certificación; se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de diecisiete de mayo pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 54 a 72), se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Víctor Emmanuel Ramos Yañez, contra el acto reclamado al Juez de Paz del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco y otras autoridades. El nueve de mayo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma (fojas 129 y 130). Mediante el oficio recibido el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en la causa penal 56/2015 de su índice, relacionado con el cumplimiento al fallo protector (fojas 137 a 147). Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: a) Dejara insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal 56/2015; b) Con plenitud de jurisdicción, dictara otra en la cual, dejando intocado lo relativo a la fianza personal, estableciera de manera fundada y motivada lo atinente a la multa y reparación del daño. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se despende que dejó insubsistente el acto reclamado y que el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictó nueva resolución en la que declaró procedente el incidente de reducción de caución planteado por el aquí quejoso ante esa instancia. Ahora bien, en el fallo protector se estableció respecto de la multa fijada por la juez de paz: ". si bien la responsable al determinar la multa hizo referencia que el salario mínimo diario en noviembre de dos mil nueve, era de $51.95 (cincuenta y un pesos 95/100, moneda nacional), es omisa en establecer de dónde obtuvo ese importe, lo cual impide que el procesado pueda ejercer una adecuada defensa al respecto". Al respecto, en la nueva resolución incidental, la juez de paz expuso: "Así las cosas, tenemos que las circunstancias antes señaladas, aunadas a la discrecionalidad que la ley otorga a esta Juzgadora, sin caer en excesos o "arbitrariedades, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 24 del Código Penal en vigor, tenemos que la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado que se fijará en días multa pero nunca podrá ser inferior al salario mínimo vigente en el lugar que se cometió el delito; por lo que es menester tomar en consideración lo establecido por la Secretaría del Trabajo, a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ubicó al estado de Tabasco, dentro de la zona geográfica "C", a la cual en la época de la comisión del delito y que lo fue en el año dos mil nueve, le correspondió un salario mínimo general equivalente a $51.95 (CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.). En razón de lo anterior, resulta procedente fijar como PROBABLE MULTA la cantidad de $2,597.50 (DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) que es el resultado de multiplicar $51.95 (CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.) (que es el valor del salario mínimo vigente en el mes de noviembre del dos mil nueve, fecha en la que probablemente incurrió el procesado en el delito que se le atribuye), por cincuenta días multa, que es la cantidad. mínima de días prevista por el artículo 206 del Código Penal en vigor para el delito que se le atribuye en grado probable al hoy procesado, esto considerando que se dijo desempleado, datos obtenidos de su dicho en diligencias de declaración preparatoria con la previa instrucción de sus derechos y asistido de su defensor particular, diligencia en la que el procesado aseveró encontrarse desempleado, aunado a que sólo cuenta con estudios de preparatoria (consultable a folio 231 del principal), por lo que no se aprecia obtenga ingreso alguno con motivo del desempeño de alguna profesión, razones éstas por las que quien resuelve, ponderó aplicar el parámetro mínimo aplicable al rubro de probable multa, toda vez, que el delito de Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar se castiga con multa de cincuenta a doscientas cincuenta días multa, y que el dicho del procesado respecto a sus ingresos tiene valor de prueba.". De lo anterior se puede advertir que la responsable atendió a lo indicado en el fallo protector, al exponer que el importe relativo al salario mínimo vigente en la época de los hechos imputados al procesado, aquí quejoso, que tomó en cuenta para la fijación de la multa correspondiente, lo obtuvo de la Secretaría del Trabajo, a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que ubicó al Estado de Tabasco dentro de la zona geográfica "C". Por otra parte, en cuanto a la reparación del daño determinada por la responsable, en la ejecutoria de amparo se estableció: ". aun cuando para ello tomó en cuenta lo manifestado por la ofendida y el inculpado, realiza una deficiente valoración de ello. En efecto, en lo tocante a lo declarado por la ofendida, la responsable no expuso porqué le concedía valor probatorio para cuantificar el monto de la reparación del daño. Asimismo, respecto de lo declarado por el procesado de mérito, si bien le da valor indiciario, omite fundar su criterio para tomarlo en cuenta en la determinación del monto de la reparación del daño. Sobre el particular, en la nueva resolución incidental la juez de paz expuso: "Es por ello, que al concederse al inculpado la concesión de su libertad provisional a la cual tiene derecho, se debe fijar una caución suficiente que garantice la reparación de daños y perjuicios que en todo proceso penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, afín de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del imputado, conciliando una manera ágil de reparar el daño ocasionado por el delito, por lo que al ser parte de una condena impuesta en el procedimiento penal debe acreditarse en éste y no en otro; sin embargo hasta la incipiente etapa procesal no se está hablando de una sentencia condenatoria, sino que como ya se dijo en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o víctima para garantizar la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; por lo que en tal razón se tiene a bien fijar como PROBABLE REPARACIÓN DE DAÑOS, la cantidad de $70,132.50, (SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N), misma que se impone tomando en cuenta primeramente el dicho de la querellante, quien ante el Órgano Investigador y asistida de su asesor particular, en lo toral y bajo protesta de decir verdad dijo que el periodo que el acreedor alimentario hoy procesado VICTOR EMMANUEL RAMOS YAÑEZ, debe a los deudores alimentarios de identidad reservada, es el comprendido desde el mes de octubre del dos mil nueve al mes de mayo del dos mil doce, a razón de $2,337.75 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.) mensuales, el cual fue decretado como medida provisional dentro del expediente civil número 711/2009, relativo al juicio especial de alimentos; asimismo se desprende que la propia querellante reconoció que el hoy procesado ha cumplido una sola vez con el pago de la pensión alimenticia provisional, fijada por el juez segundo Civil, siendo está depositada el día veintinueve de octubre del dos mil nueve, por la cantidad de $2,337.75/100m.n; lo que significa que el mes de octubre fue cubierto, de tal suerte que los meses que probablemente el procesado dejó de cumplir con su obligación alimentaria a favor de sus menores hijos de identidad reservada, van desde noviembre del dos mil nueve a Mayo del dos mil doce, y de la operación aritmética de multiplicar los treinta meses a los que equivalen los meses reclamados por la querellante por la cantidad de $2,337.75/100 m.n. que dijo fue la pensión provisional que le fue fijada al procesado por el juez segundo civil de este distrito judicial, lo que asciende a la cantidad de $70,132.50. (SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N). Deposición a la cual se otorga valor indiciario, conforme a los artículos 107 y 110, del Código de Procedimientos Penales en vigor, toda vez que fue rendida ante el Representante Social, por quien se dijo agraviada y representante de los menores igualmente ofendidos de identidad reservada, quien compareció ante autoridad competente para hacer de su conocimiento hechos de carácter para que la Fiscalía con las facultades conferidas por el artículo 21, Constitucional, diera inicio a la indagatoria correspondiente; narrativa de los que se infiere que el indiciado VICTOR EMMANUEL RAMOS YAÑEZ, dejó de proporcionar desde el mes de noviembre del dos mil nueve al mes de mayo del dos mil doce los medios necesarios para la subsistencia de su cónyuge y de sus menores hijas, a razón de $2,337.75 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.) mensuales, cantidad que fue decretada como medida provisional per concepto de pensión alimenticia dentro del expediente civil número 711/2009. El dicho de la agraviada se corrobora con las copias certificadas de los autos de fecha doce de agosto y uno de septiembre del año dos mil nueve, así como del recibo de depósito que por concepto de alimentos realizó el imputado de cuenta, que ampara la cantidad de $2,337.75 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.), que refiere la pasivo fue decretada como medida provisional por la autoridad civil antes mencionada, mismas que obran en copias certificadas por la secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de este municipio de Cárdenas, Tabasco, dentro del expediente civil 711/2009. Documentales que adquieren valor jurídico pleno, en términos de lo establecido en el artículo 109, fracción II, del Código de Proceder en la materia, por reunir las características enunciadas en el precepto 102, del ordenamiento legal invocado, probanza con la que se demuestra lo declarado por la pasivo MARTHA GEORGINA ALCANTARA LÓPEZ, en el sentido que promovió el juicio especial de alimentos y sobre la medida provisional que le fue decretada al indiciado la cual realizó un único depósito el veintinueve de octubre del dos mil nueve, por lo que le adeuda los meses de noviembre del dos mil nueve al mes de mayo del dos mil doce, fecha en el que probablemente el activo dejó de proporcionarles el numerario que como "pensión alimenticia" le suministraba de manera mensual a los agraviados: Luego entonces, se advierte que el hoy procesado VICTOR EMMANUEL RAMOS YAÑEZ, al realizar un único pago por concepto de alimentos para los agraviados y que corresponde al mes de octubre del año dos mil nueve, la cantidad que es de tomarse en consideración para cuantificar lo que debió depositar el indiciado por concepto de alimentos a los agraviados, y si bien es cierto se trata de una medida provisional, mas cierto es que la misma fue emitida por la autoridad competente en la que se le impuso al hoy procesado dicha medida cautelar para bastecer las necesidades básicas de sus acreedores alimentarios, a más que dicho imputado no realizó otro depósito por esa u otra cantidad que estuviera en posibilidades de depositar; de ahí su desinterés de dejar en completo desamparo económico a los agraviados. También es de tomar en consideración el testimonio de MARIA DE LOS ANGELES ALCANTARA LÓPEZ, quien en lo que interesa refirió: que su hermana MARTHA GEORGINA ALCANTARA LÓPEZ, contrajo matrimonio con VICTOR EMMANUEL RAMOS YAÑEZ, con el cual procrearon dos hijos; que en el mes de enero del dos mil nueve éstos se separaron y su citada hermana promovió juicio especial de alimentos en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de este municipio de Cárdenas, Tabasco, en el cual se decretó como medida provisional la cantidad de $2,337.75 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.), mensuales, que solo hizo un deposito por dicha cantidad el veintinueve de octubre del dos mil nueve. Deposición que tiene valor probatorio en términos del numeral 109, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales en vigor, ya que fueron rendidas por persona cuya edad, instrucción y capacidad le permitieron conocer de los hechos por sí mismos y no por inducciones o referencias de terceras personas; además que dichas declaraciones resultan ser claras, precisas, sin dudas ni reticencias sobre las sustancias y circunstancias principales de los hechos depuestos; sin que obre en autos prueba alguna de que dichos testigos hayan actuado impulsado por el miedo, engaño, error o soborno; los cuales robustecen el dicho de la querellante en el sentido que la pasivo promovió juicio especial de alimentos y en el que se le ordenó al activo a pagar la cantidad ele $2,337.75 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.), de forma mensual, el cual solo hizo un depósito el veintinueve de octubre del dos mil nueve, sin que realizara algún otro depósito por ésta u otra cantidad; de lo que se desprende que el procesado ha incumplido con sus obligaciones alimentarias desde el mes de noviembre del dos mil nueve, por lo que los meses reclamados por la pasivo MARTHA GEORGINA ALCANTARA LÓPEZ asciende a la suma de $70,132.50, (SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N), por los meses no suministrados oportunamente y que como ya se dijo fue ordenado por la autoridad competente para ello, pues como se ha indicado la cantidad antes señalada es únicamente en calidad de probable reparación de daños, ya que será hasta en una sentencia definitiva que se establezca el valor real que han de tener o deba restárseles a dichos atestas. Aunado a los anteriores medios probatorios, no se pasa por inadvertido que el propio procesado VICTOR EMMANUEL RAMOS YAÑEZ, en audiencia incidental de revocación, refirió que "... pues en relación a la fianza, me es imposible cubrirla, toda vez que no tengo un trabajo fijo, ya que apenas me da para pagar la pensión de la vía Civil, siendo todo.", es decir, deja ver con meridiana claridad jurídica que apenas le alcanza para hacer pago de pensión en la vía civil, sin embargo, ante esta autoridad y hasta este estadio procesal, no ofreció prueba alguna que indique que haya suministrado alguna otra cantidad inferior a la decretada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, que indique haber cubierto de acuerdo a sus posibilidades económicas los alimentos de las personas con las que tiene el deber legal, que en el caso particular lo es su cónyuge y sus menores hijos de identidad reservada sino que por el contrario, resulta más que evidente su desinterés en no querer suministrarlos. Cabe hacer mención que el si bien el imputado VICTOR EMMANUEL RAMOS YAÑEZ, ofreció en su favor los testimonios de cargo de LEONARDO NOTARIO DOMÍNGUEZ E ISAÍAS ZURITA TAPIA, dichos testimonios en nada lo benefician, pues no les constan que el hoy procesado haya suministrado de manera oportuna los medios necesarios para la subsistencia de sus acreedores alimentarios, sino que por el contrario el primer atesto refiere sobre el único pago que realizo el imputado de cuenta y no si posterior a dicho deposito hubiera realizado algún otro.". Como se desprende de lo expuesto por la juez de mérito, en lo tocante a lo declarado por la ofendida, expuso porqué le concedía valor probatorio para cuantificar el monto de la reparación del daño. Ello es así porque, además de concederle valor probatorio indiciario conforme a los artículos 107 y 110, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, consideró que el dicho de la agraviada se corrobora con las copias certificadas de los autos de doce de agosto y uno de septiembre del año dos mil nueve, así como con el recibo de depósito que por concepto de alimentos realizó el imputado de cuenta, que ampara la cantidad de $2,337.75 (dos mil trescientos treinta y siete pesos 75/100, moneda nacional), decretada como medida provisional dentro del expediente civil 711/2009 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco; documentales a las que les otorgó valor jurídico pleno en términos de lo establecido en el artículo 109, fracción II, del ordenamiento jurídico precitado. Aunado a lo anterior, se apoyó en la testimonial de María de los Ángeles Alcántara López, a la cual le dio valor probatorio en términos del numeral 109, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco y estimó que el referido ateste robustece el dicho de la querellante en el sentido que promovió juicio especial de alimentos y en el que se le ordenó al activo pagar de forma mensual la cantidad de $2,337.75 (dos mil trescientos treinta y siete pesos 75/100, moneda nacional). Asimismo, respecto de lo declarado por el procesado Víctor Emmanuel Ramos Yáñez, la responsable adujo que ante esa autoridad y hasta ese estadio procesal, no ofreció prueba alguna que indique que haya suministrado alguna otra cantidad inferior a la decretada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de ese Distrito Judicial, que indique haber cubierto de acuerdo a sus posibilidades económicas los alimentos de las personas con las que tiene el deber legal. Con base en los anteriores medios de convicción, la juez de paz determinó que el procesado, aquí quejoso, ha incumplido con sus obligaciones alimentarias desde el mes de noviembre del dos mil nueve, por lo que fijó como probable reparación de daños, la cantidad de $70,132.50 (setenta mil ciento treinta y dos pesos 50/100, moneda nacional), misma que obtuvo de multiplicar $2,337.75 (dos mil trescientos treinta y siete pesos 75/100, moneda nacional) -pensión provisional mensual decretada dentro del expediente civil número 711/2009, relativo al juicio especial de alimentos- por los treinta meses reclamados por la querellante. CONCLUSIÓN Por las anteriores consideraciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, como en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.
- Incidental
MESA 7.-VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista, la certificación que antecede, de la que se desprende que con esta misma fecha en autos del juicio 80/2019-7, se declaró cumplido el fallo protector emitido en el citado asunto y se ordenó su archivo; por tanto, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívese el presente cuaderno incidental. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas, por tanto, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DEL AUTO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. MESA 7.-VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista, la certificación que antecede, de la que se desprende que con esta misma fecha en autos del juicio 80/2019-7, se declaró cumplido el fallo protector emitido en el citado asunto y se ordenó su archivo; por tanto, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívese el presente cuaderno incidental. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas, por tanto, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación.
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