Victor Eduardo Meza Torres

Expediente 530/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
530/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Victor Eduardo Meza Torres
  • VICTOR EDUARDO MEZA TORRES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentre agregado el acuse de recibo de las autoridades responsables, en el cual se haga constar que fueron debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en virtud de que resulta innecesario, pues carecen de legitimación para que en un momento dado, interpongan el recurso de revisión, toda vez que la sentencia no les perjudica, pues el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría en su caso, agraviar a la parte quejosa, a la que ya le transcurrió el término para interponer el medio de impugnación correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que al rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO.". Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio en términos de los considerandos Tercero y Quinto del presente fallo.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por oficio 14473/2021 remite copia certificada del oficio que fue girado al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Culiacán, Sinaloa, oficio que fue recibido con fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, por dicha autoridad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por recibidas en este acto las documentales que anexa, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Dese vista con las mismas a la parte quejosa, para que se imponga de su contenido.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el pasado veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se requirió de la responsable enviara diversa documentación que es necesaria para resolver el presente juicio de amparo, sin que se cumpliera con dicha petición; sin embargo, aquélla no acató lo solicitado, y solo se limitó a enviar copia certificadas del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora, lo pedido a la responsable se hace consistir en copia certificada de la guía de mensajería acelerada o del correo certificado donde se advierta que remitió el exhorto girado al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, como lo precisa en su acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 62 y 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por ser necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita a este juzgado la copia certificada de la guía de mensajería acelerada o del correo certificado, antes señalada o, en su caso, el acuse de recibo a esa autoridad exhortada. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, en la sentencia respectiva, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.163/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 319, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, correspondiente al mes de enero de dos mil seis, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las diez horas con veinte minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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