Victor Alberto Bojorquez Flores

Expediente 84/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
84/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
20/03/2018

Partes del expediente

  • Victor Alberto Bojorquez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y en atención al estado procesal de los presentes autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio constitucional respecto de unos actos reclamados y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal con relación a otros, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentren agregados los acuses de recibo de las autoridades responsables que radican fuera de esta ciudad, con los cuales se haga constar que fueron debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en virtud de que resulta innecesario, pues carecen de legitimación para en un momento dado, interponer el recurso de revisión, toda vez que la sentencia no les perjudica, pues el sobreseimiento de este juicio de amparo y el negar el amparo y protección de la Justicia Federal, sólo podría, en su caso, agraviar a la parte quejosa, a quien ya le transcurrió el término para interponer el medio de impugnación correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguna a la citada autoridad recurrente.". En consecuencia, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, en razón de que por resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio constitucional respecto de unos actos reclamados y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal con relación a otros; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y sentencia inherentes al presente juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. De igual forma, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, por consiguiente, deberán conservarse el auto y la resolución interlocutoria en los cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. Lo anterior, en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis de este asunto, se advierte que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda, de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, así como del auto y la resolución interlocutoria en los que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por último, al resultar innecesario seguir conservando las constancias certificadas correspondientes al expediente de origen número 131/2015 del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las cuales fueron remitidas por la titular de dicho órgano judicial, al rendir su informe justificado; devuélvanse dichas constancias al citado juzgado de primera instancia y solicítese el acuse de recibo correspondiente; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  2. Principal

    se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso Véctor Alberto Bojórquez Flores y al tercero interesado super mercado santa fe, s.a. de c.v. através de su autorizado o apoderado legal la resolución dictada el veitiocho de febrero de dos mil dieciocho cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Víctor Alberto Bojórquez Flores, contra actos del Agente de la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Alberto Bojórquez Flores, respecto de la orden de reaprehensión y su ejecución, que se precisaron en el considerando séptimo y respecto de las autoridades señaladas en dicho considerando

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