Victor Delgado Delgado
Expediente 93/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Victor Delgado Delgado
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en este juicio de amparo, dentro del plazo ... se declara que el auto por el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes...remítase el expediente de que se trata como concluido al ARCHIVO de este órgano jurisdiccional para su resguardo. .. Notifíquese.
- Principal
RADICACIÓN DE LA DEMANDA Con la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del representate legal del Departamento Jurídico y/o Jefe de Personal de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Petróleos Mexicanos; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 93/2023 y dese de alta en el sistema correspondiente. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Representate legal del Departamento Jurídico y/o Jefe de Personal de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Petróleos Mexicanos La negativa a recibir el escrito de petición, por el que solicita se otorgue copia certificada de la resolución de pensión alimenticia. .. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo y su anexo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, ... Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de este juzgador, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. ... De la interpretación de estos numerales se deduce que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por leyes o actos emitidos por una autoridad, transgresores de la Constitución, con el propósito de defender a los gobernados por las violaciones a sus derechos fundamentales tutelados constitucionalmente a través de las garantías individuales. De ahí que, de una intelección de esos numerales, también se obtiene que el juicio de amparo deviene improcedente cuando en éste no se reclamen actos de autoridad, misma que para efectos de este juicio es la que teniendo las características de órgano público que le confieren las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella Entonces, para efectos de resolver la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario determinar cuándo se está ante un acto atribuible a una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Estudio de los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, es de indicarse que, tradicionalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del amparo, son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular 4) Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, quien no reúne esos atributos, no puede ser autoridad responsable; y el juicio de amparo contra los actos que emita resulta improcedente. ... Atento a lo anterior, es de advertir que no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios que ha integrado, sostiene que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Asimismo, para determinar si los actos reclamados son de aquellos que se encuentran considerados por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se debe precisar si quienes los realizan se encuentran actuando con el imperio de la ley, para lo cual se debe atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación que regulen dichos actos. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, sin embargo, en este supuesto también se pueden encuadrar algunas de las relaciones entre particulares con el estado, en las cuales, éste último no reviste su carácter de autoridad y está sujeto a una igualdad de planos con el particular. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características un acto no se puede considerar como de autoridad. Así, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, entre sujetos colocados en diferentes planos. Por tanto, es autoridad para efectos del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, aquella que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que [1] la parte quejosa Víctor Delgado Delgado se duele de que el representate legal del Departamento Jurídico y/o Jefe de Personal de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Petróleos Mexicanos, se niega a recibir el escrito de petición, por el que solicita se otorgue copia certificada de la resolución de pensión alimenticia, de igual manera, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; [2] pues es patente que, atendiendo a la naturaleza y contenido de los actos reclamados, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, esto es así, porque no se ubica en una posición de supra a subordinación respecto del quejoso; ya que, como se vio, el acto reclamado consiste en el descuento realizado en el fondo de ahorro del quejoso. Por tanto, es de concluirse que en el caso el Representate legal del Departamento Jurídico y/o Jefe de Personal de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Petróleos Mexicanos, no tiene carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque la relación entre la autoridad y la parte quejosa no es de supra a subordinación; no se advierte que su actuación fuera unilateral; ni está determinada en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como autoridad del Estado con un margen de discrecionalidad. Se afirma en ese sentido, pues el representate legal del Departamento Jurídico y/o Jefe de Personal de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Petróleos Mexicanos actuó en un plano de coordinación, donde las designadas como responsables actúan como patrón y no como autoridades y, por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente, ya que tal acto, en su caso debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo; de ahí que es evidente que, con motivo de los actos que se le reclaman, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de este juicio de amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Sirve de apoyo la jurisprudencia que dice: .... De ahí que, queda patente que la relación jurídica que une a la parte quejosa con Petróleos Mexicanos, a la que pertenece la autoridad señalada como responsables, es de naturaleza laboral, pues los actos reclamados a las responsables no lo hacen con su potestad de autoridad, sino con el carácter de patrón y representante del trabajador, respectivamente, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese órgano con su personal, en el caso, con los beneficiarios de éste, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .. DESECHAMIENTO Por las razones expuestas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los diversos 1 y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. DOMICILIO Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado, como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngase como autorizados a las personas que se mencionan en el escrito de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que en esos términos lo pide la parte quejosa, y para ello la Ley de Amparo no exige que dichas personas tengan autorización para ejercer la profesión de abogado. Por otra parte, de conformidad con el artículo 257, fracción I del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", téngase por señalado el correo electrónico y número telefónico que menciona el quejoso, a fin de entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES Por economía procesal, se autoriza a las personas que tiene designadas el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. .. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 4,618 expedientes
- Vicente Joaquín Santiago Vásquez24/2019
- Vicente Toledo Morales209/2017
- Vicente Velasco Castillo136/2015
- Víctor Alfonso Espinosa Revuelta555/2019
- Víctor Cano Bautista167/2022
- Víctor de Jesús Toledo170/2018
- VICTOR FELIPE CABAÑAS MORENO y Otros.318/2016
- Víctor Flores Rosado140/2020
- Víctor Gabriel Berron Fontan416/2017
- Victor Hugo Alanis Reyes583/2022
- Víctor Hugo Martínez Orozco215/2017
- Víctor Hugo Pizano Santiago41/2018