Vicente Joaquín Santiago Vásquez
Expediente 24/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Vicente Joaquín Santiago Vásquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de once de enero de dos mil diecinueve (fojas 13-15), dentro del plazo de cinco días que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Vicente Joaquín Santiago Vásquez, queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve Vicente Joaquín Santiago Vásquez, contra actos del jefe de personal de la Terminal Marítima "Pajaritos" de Petróleos Mexicanos, con residencia en Pajaritos, Veracruz; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número 24/2019. Ahora, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, acorde con lo ordenado en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que se cita a continuación: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Cabe precisar que por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto . En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que encuentra su fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. Al efecto, los artículos 61, fracción XXIII; 1º, párrafo último, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1°.- (...) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste sólo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra a subordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios y las funciones del ente que las realice deben estar determinadas por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, la lectura íntegra de la demanda de amparo revela que el quejoso Vicente Joaquín Santiago Vásquez, reclama del jefe de personal de la Terminal Marítima "Pajaritos" de Petróleos Mexicanos, con residencia en Pajaritos, Veracruz, lo siguiente: "III. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: De la responsable se reclama la omisión o falta de contestación al correo electrónico que le fue enviado a las 07:56 p.m. del día seis de diciembre de 2018, el Cap. Alt. COSME GARCÍA ROMÁN, del BT Ignacio Allende Capitán, donde a solicitud del suscrito VICENTE JOAQUÍN SANTIAGO VÁSQUEZ, F-422016 quien labora en la Categoría de Contramaestre con régimen de planta Sindicalizado, le solicita se me otorgaran vacaciones, que por derecho me corresponden en el ciclo anual del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, a pesar de que mi petición fue hecha por escrito y de manera respetuosa, en términos de lo establecido por el artículo 8º Constitucional." En dicha promoción se aprecia que el quejoso se duele de la omisión de la autoridad responsable, de contestar su petición de seis de diciembre de dos mil dieciocho, en el que solicita se le otorguen vacaciones. De lo que se colige, que la relación que existe entre el quejoso Vicente Joaquín Santiago Vásquez y el jefe de personal de la Terminal Marítima "Pajaritos" de Petróleos Mexicanos, con residencia en Pajaritos, Veracruz, es bilateral, de coordinación y no de supra a subordinación, toda vez que éste actúa como patrón en relación con el justiciable, con aspectos enmarcados dentro del ámbito del derecho del trabajo, lo que se evidencia del propio acto reclamado que la relación jurídica se entabla precisamente por su relación patrón- trabajador. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 347, tomo III, abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el título y contenido siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". Por ese motivo, no puede considerarse que la citada autoridad que señala como responsable, realice actos equivalentes a los de autoridad, puesto que no deriva de un acto unilateral (sino bilateral) en el que se ejerza una facultad de imperio. En tal orden de ideas, el juicio de amparo que se intenta resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, pues existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en consecuencia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Por otra parte, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda; como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Inocencio Lalo Azcona, toda vez que acredita contar con cédula profesional para ejercer la profesión de abogado, tal como quedó asentado en la certificación secretarial de cuenta, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a Jorge Michi Aquino e Isabel Galeana Campos, porque en esos términos los autoriza.
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