Victor de la Rosa Dominguez
Expediente 122/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 28 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 13/12/2021
Partes del expediente
- Victor de la Rosa Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que no se le giró oficio a la tercero interesada Cynthia Quezada Moreno, Agente del Ministerio Público, con sede en esta ciudad, del proveído dictado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; empero tal determinación no le irroga un perjuicio; por tanto, adjúntese copia de la determinación en cuestión al oficio que derive de este asunto, para que tenga conocimiento del mismo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Cuadernos incidentales. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, puesto que fue concedida la suspensión provisional y la definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias a la autoridad. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el disco compacto que remitió con su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Se sobresee en el juicio fuera de audiencia. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de veinte días hábiles otorgado a la parte quejosa en proveído de cinco de octubre del año en curso, para que realizara las gestiones y acreditara que hubiese hecho las mismas para lograr la publicación de los edictos ordenados para emplazar al presente juicio de amparo a la tercero interesada Rita Alejandra Ramos Hurtado; sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, ante la omisión de la parte quejosa de recoger ante este órgano jurisdiccional los edictos girados para lograr el emplazamiento de la aludida tercero interesada, y por ende, acreditar haber efectuado las gestiones conducentes para efectuar su publicación, aunado a que tampoco hizo manifestación alguna en el sentido de informar que contaba con imposibilidad para cubrir el gasto relativo a su publicación, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de cinco de octubre del año en curso; por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 64/2002 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." No está de más decir, que el sobreseimiento por la causal antes invocada no sólo tiene cabida en el supuesto de que los edictos no sean entregados para su publicación, sino también ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena el emplazamiento por este medio, como el imperativo de recogerlos dentro del término que se le otorgó. Pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio. Robustece a esta determinación, la tesis aislada I.10o.P.1 K (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la tercero interesada Rita Alejandra Ramos Hurtado no ha sido emplazada al presente juicio de amparo y a la fecha en que se actúa se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días hábiles que se otorgó a la parte quejosa en proveído de cinco de octubre de dos mil ventiuno, a efecto de que realice las gestiones necesarias a fin de lograr la publicación de los edictos ahí ordenados, ya que fue notificada de ello el once de los actuales. Asimismo, está pendiente de que transcurra el plazo de ocho días hábiles a las partes para que se impongan del contenido del informe justificado rendido en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno Diferimiento. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta al que se anexa el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Causal sobreseimiento. Téngase a la autoridad manifestando que se actualiza la causal de sobreseimiento que relaciona; de lo que se toma nota y podrá ser considerado al momento de dictar la sentencia correspondiente. Notifíquese.
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